La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene hasta el miércoles para explicarle a un juez federal por qué no debe emitir órdenes en su contra y en contra de su presidente, Alberto Lázaro, por acciones tomadas en la agencia contra la exvicepresidenta de Administración y Finanzas, Ivonne Falcón, quien fue arrestada y acusada a nivel federal por corrupción en el caso del recaudador popular Anaudi Hernández.

La solicitud de Falcón al juez federal Pedro Delgado fue provocada por el inicio de una acción disciplinaria de parte de la AAA contra la ejecutiva para destituirla, y también por expresiones públicas que hizo Lázaro al diario El Nuevo Día y otros medios a los efectos de que realizan investigaciones que podrían revelar más actos ilegales de parte de Falcón.

La ejecutiva le pidió al juez que emita una orden para que Lázaro no haga más comentarios sobre el caso, en vista de que Lázaro es también un testigo anunciado en el caso federal, y para que el tribunal detenda el proceso disciplinario en su contra o, en la alternativa, que le permita llamar al propio Lázaro como testigo en ese proceso disciplinario administrativo.

La AAA notificó a Falcón de la acción disciplinaria el 5 de marzo y le concedió 15 días para solicitar una vista informal o, de lo contrario sufriría suspensión inmediata de empleo y sueldo hasta que culmine su caso.

Según el pliego federal, Falcón recibió regalos de Hernández a cambio de actuaciones oficiales suyas en favor de empresas con las que el recaudador estaba relacionado y también a cambio de darle información privilegiada al recaudador que lo ayudaba a conseguir contratos.