El gobernador Alejandro García Padilla se expresó en torno al borrador propuesto por el Congreso de una Junta de Control Fiscal federal, y destacó que convocará a una reunión con los candidatos a la gobernación y otros sectores del país para discutir dicho plan.

“Esta semana estaré convocando para reunión a los candidatos a la gobernación de todos los partidos políticos y a otros sectores gubernamentales y no gubernamentales para unirnos en ese reclamo básico, sin distraernos con la discusión político partidista, para adelantar la recuperación de nuestras futuras generaciones”, dijo García Padilla, quien recalcó que los puertorriqueños deben presentar un frente unido en oposición a una junta que priva al país de un gobierno propio.

García Padilla fue enfático al destacar que si a cambio de la facultad jurídica de reestructuración ordenada de la deuda, es necesaria una junta de supervisión, ni su punto de partida ni su conclusión, puede ser el asesinato de la democracia puertorriqueña.

“En este momento histórico donde podría estar en riesgo a muy corto plazo la continuación de la provisión de servicios esenciales a nuestra gente, cualquiera que pretenda reducir este asunto a una mera discusión del estatus, exclusiva de la dinámica partidista, le hace daño al país y a sus posibilidades. El anteproyecto debe verse solo como el acercamiento inicial del Congreso para cumplir con su compromiso de brindar a Puerto Rico una solución comprensiva a la situación fiscal”, mencionó.

El primer mandatario indicó que la reciente discusión sobre los méritos del anteproyecto preparado por la Cámara baja del Congreso de los Estados Unidos evidencia que se ha comprendido que la deuda, según contraída por pasadas administraciones, es insostenible y tiene ancladas las posibilidades de recuperación del pueblo de Puerto Rico.

“El liderato de la mayoría Republicana ha accedido al reclamo que se ha realizado para brindarle a Puerto Rico las herramientas legales para una reestructuración ordenada de la deuda”, comentó.

García Padilla esta claro en que el anteproyecto reconoce la necesidad de una reestructuración amplia y destaca la oportunidad para la misma. Sin embargo, no avala que ese poder de reestructuración no sea oponible a los acreedores hasta que una junta federal lo determine.

“De la manera propuesta resulta deshonroso y degradante. A costa de más y mayores sacrificios de los puertorriqueños -en beneficio de nuestros acreedores– se lograría acceso a ese mecanismo de reestructuración tan necesario. Esa condición no es aceptable”, agregó.

Asimismo, destacó que el estado de derecho sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no permite dejar sin efecto la Constitución del Estado Libre Asociado para concentrar el poder del gobierno en un cuerpo no electo por los puertorriqueños.

“De aprobarse una legislación como esa, Puerto Rico la impugnará inmediatamente en los tribunales federales y ante la comunidad de naciones. Confío en que, en lo que se refiere a la junta, la legislación que finalmente se apruebe diste considerablemente de la que se discute y reitero mi disponibilidad para continuar trabajando con el Congreso en lograr una solución bipartita que respete el derecho inalienable de los puertorriqueños a autogobernarse”, concluyó.