Tres años después de declarar que “salvaron las finanzas”, el gobierno admite que no puede hacer los pagos del servicio de la deuda que vencen en mayo y julio por $1,700 millones. Sin embargo, llegar a este punto ha sido la consecuencia natural de un gobierno que decidió claudicar y echar por la borda la credibilidad de Puerto Rico y el futuro de su gente. Dejaron para después las reformas necesarias; dejaron para después los estados financieros auditados; dejaron para después asumir sus responsabilidades básicas. Hoy nadie le presta al gobierno, los recaudos de Hacienda no alcanzan los estimados, y se han agotado los trucos y malabares para sacarle dinero a consumidores y corporaciones. Esa es nuestra cruda realidad.

Otra sería la cosa si hubiésemos tomado el toro por los cuernos, apretándonos los cinturones y haciendo lo necesario para pagar lo que tomamos prestado y gastamos, a la vez que tomábamos medidas para estimular la economía y detener la emigración al continente. Pero haber hecho esto sin pedirle ayuda a nadie, con las herramientas y poderes que tenemos, cumpliendo con nuestra Constitución y orgullosos de haber superado una crisis por cuenta propia requería liderato, acción afirmativa, credibilidad, sacrificio de todos… y había que comenzar hace tres años.

Por eso, después de numerosas audiencias públicas, el Congreso propone una Junta Fiscal y ya tenemos una propuesta a la que se le están haciendo cambios sustantivos, muchos de los cuales han sido solicitados por el comisionado Pedro Pierluisi.

La propuesta básicamente pide que el gobierno tenga un plan fiscal con un presupuesto balanceado a cinco años, consistente con nuestra capacidad fiscal, y que se hagan los ajustes en ingresos o gastos cada tres meses para asegurar su cumplimiento. Eso es prácticamente lo que exige nuestra Constitución, así es que no nublemos la discusión de lo propuesto con apasionamientos ni discursos para las gradas. Lo triste es que, por no haber hecho lo que nos correspondía y por el mal manejo gubernamental de la crisis, Puerto Rico ha perdido toda credibilidad ante el Congreso.

Está claro: si la cosa no es como antes, tampoco estas elecciones pueden ser como antes. El electorado no se puede equivocar: la principal función que hoy se le exige a cualquier funcionario electo es desempeñar sus funciones con tal verticalidad y diligencia que logremos recuperar nuestra credibilidad ante el gobierno federal, proyectando el respeto y la seriedad que debe reflejar toda figura que aspira al servicio público, sobre todo tratándose de la gobernación y la comisaría residente.

Hay que evaluar los candidatos con criterio y responsabilidad, no por apasionamientos ni simpatías personales. Me siento confiado en que Pedro Pierluisi y este servidor tenemos la capacidad probada para esa histórica encomienda.