La sección 101 del proyecto que crea la Junta de Control Fiscal, claramente establece: “Pursuant to article IV, section 3 of the Constitution of the United States, which provides Congress the power to dispose of and make all needful rules and regulations for territories, which include the Commonwealth of Puerto Rico, there is hereby established the Puerto Rico Financial Oversight and Management Board, consisting of members, appointed by the President in accordance with subsection (b)”. Eso es la vuelta al colonialismo más crudo. Volvimos a la Ley Foraker de 1900. En aquella instancia la legislación fue determinada por la situación geopolítica de Puerto Rico y el Caribe. Hoy, por un asunto meramente fiscal del gobierno territorial de Puerto Rico. (Véase Lyman J. Gould, La Ley Foraker: Raíces de la Política Colonial de los Estados Unidos.)
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El proyecto original de Ley Foraker contenía la ciudadanía americana, pero dicha cláusula fue eliminada a última hora. Entre las razones que se esgrimieron: los puertorriqueños no nos sabemos gobernar. Los años pasaron hasta que en 1948 tuvimos el derecho a votar por nuestro propio gobernador, y lo hicimos. En 1950 comienza un proceso de vistas públicas en el Congreso para autorizar a los puertorriqueños a adoptar su propia constitución. Sin embargo, quedaron para la historia unas palabras que en vistas públicas vertiera Luis Muñoz Marín y que retratan de cuerpo entero la realidad política de entonces, y la de ahora, sin duda: “Usted sabe, por supuesto, si el Pueblo de Puerto Rico se volviera loco, el Congreso siempre puede moverse y legislar de nuevo. Pero estoy seguro que los puertorriqueños no harán eso. Ello invitaría a crear legislación congresional que les quitara algo que se les otorgó al Pueblo de Puerto Rico como buenos ciudadanos americanos.”
Las palabras de Luis Muñoz Marín serían un anticipo de aquellas tristes palabras que vertiera Rafael Hernández Colón en vistas públicas del Comité del Interior del Senado en 1989: “Las soberanía seguiría estando en el Congreso”.
Con esta demostración de incompetencia gubernamental que las administraciones, mayormente del Partido Popular, han demostrado, el Congreso se ha visto forzado a intervenir y ofrecer una camisa de fuerza con este proyecto de ley para evitar que los gobernantes nuestros no nos hagan más daño. Ante este cuadro histórico el Gobierno Federal ha tenido que aclarar que Puerto Rico es un mero territorio y el Congreso ha reaccionado ejerciendo sus poderes plenarios sobre nosotros. Con ambas acciones el mito y la mentira del ELA han sido destruidos. Falta ahora que el Tribunal Supremo federal también declare que Puerto Rico carece de soberanía.
Es irónico, o tal vez una justicia poética de la historia, que de las tres ramas de gobierno en los Estados Unidos, dos de ellas -el Ejecutivo y el Legislativo-, hayan expresado que Puerto Rico no tiene soberanía. Son expresiones que contradicen las dichas desde 1953 hasta ahora. Es la nueva posición de los Estados Unidos acorde los tiempos. Porque en el marco constitucional americano solo hay tres esferas de soberanía: el Gobierno Federal, el gobierno de los estados, por virtud de la Décima Enmienda y las tribus indias. Estas últimas tienen su gobierno, salvo que la constitución no les exige que sea de forma republicana, como lo exige a los estados.
Lo creado en 1952 fue una autonomía legislada. Lo más parecido a un gobierno municipal. El poder del Congreso sobre el territorio es omnímodo; deriva de la cláusula territorial. Tal vez, en un día aciago, legislarían para que en Puerto Rico el arcoíris solo salga en blanco y negro.
Mario Ramos Méndez Historiador
Cámara derrota medida contra la Junta de Control Fiscal
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
La comparación suele hacerse con las ciudades de Nueva York (Nueva York) y Washington D.C., como si fuera lo mismo.
Pero, no lo es.
La respuesta preliminar del liderato republicano de la Cámara de Representantes estadounidense a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico ha sido proponer imponer a los residentes de la Isla una nueva capa de autoridad que asuma el control fiscal del gobierno puertorriqueño y promueva un proceso de reestructuración de deuda.
Cuando a la ciudad de Nueva York se le impuso una junta de control fiscal en la década de 1970, la decisión provino del gobierno estatal.
Sus residentes aún podían reclamarle acción a su gobernador, a los legisladores estatales, congresistas y al presidente de EEUU.
Aun en el caso de Washington D.C., que siempre ha estado mucho más controlado por el Congreso que Puerto Rico, sus residentes participan de la elección del presidente de EEUU.
En Puerto Rico – aunque como ha indicado el procurador general de Estados Unidos, Donald Verrilli, los poderes plenarios del Congreso sobre la Isla nunca se redujeron-, por lo menos desde 1952 se ha dejado a los residentes de la Isla formar un gobierno estatal.
Una autonomía limitada. Un sistema colonial. Pero, por lo menos el funcionario electo ha tenido que dar la cara a sus constituyentes.
Con una junta federal de cinco personas nombradas por el presidente de EEUU, cuatro de ellas recomendadas por los principales líderes del Congreso y uno solo de ellos con residencia o negocio principal en la Isla, la democracia representativa quedaría reducida a elegir alcaldes.
Las decisiones presupuestarias finales – incluyendo toda la legislación que tenga un impacto fiscal-, serían tomadas por funcionarios designados por el presidente de EEUU que no tienen que rendirle cuentas a los residentes de la Isla.
Hay consenso de la clase política y en grupos de la sociedad civil que hacen opinión pública en contra de esa junta federal, por diversas razones, incluida la falta de un proceso hacia la descolonización del país.
La propuesta del liderato republicano de la Cámara de Representantes tiene suficiente rechazo de los demócratas para seguramente quedar frenada en el Senado, si es que la medida lograra superar la oposición que genera entre conservadores y liberales de la Cámara baja federal.
“Los poderes excesivos que tendría la junta de supervisión propuesta en el borrador… no están ni cerca a algo que los demócratas podrían apoyar. En su forma actual, la junta propuesta ejercería un control indebido y antidemocrático sobre los residentes y el gobierno de Puerto Rico”, indicó la portavoz de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi (California).
Bernie Sanders, precandidato presidencial demócrata y senador por Vermont, advirtió que rechazará una junta federal como la que proponen los republicanos.
“Déjenme ser claro: establecer una junta de supervisión no electa a la que se le otorgarán poderes para infligir más sufrimiento económico sobre 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico será un paso en la dirección equivocada. Tiene que ser derrotada”, indicó Sanders.
La oposición de Sanders, quien probablemente no estará solo entre los demócratas, confirma que los republicanos necesitarán por lo menos seis demócratas para poder llevar a votación un proyecto de ley en el Senado que incluya una junta federal de control fiscal que limite más los poderes de los funcionarios electos de la isla.
Hay quien ve esa junta federal como una oportunidad para poner un cuidador de niños a los políticos de la Isla. Una oportunidad para poner la clase política en sindicatura. Pero, obvian que son los mismos electores de Puerto Rico lo que pierden poder y representación. Deberían ser ellos los que tomen esas decisiones.
La realidad es que con esa junta federal la clase política de Puerto Rico va a seguir en sus puestos, con menos responsabilidad, pero más tiempo para aún contratar a sus colaboradores y hacer campaña. (Me pregunto qué dicen los precandidatos a gobernador en campaña cuando los electores les recuerdan que sus grandes decisiones a nivel local dependerán de una junta federal de control fiscal)
La junta federal podrá controlar las grandes decisiones fiscales y presupuestarias de políticos de la isla. Y eso a usted le puede parecer bien o mal. Pero, ¿cómo podrá usted que reside en Puerto Rico reclamar control y transparencia a los miembros de esa junta? ¿Cómo los miembros de esa junta le van a rendir cuentas?
