El informe sobre la propuesta Junta de Control Fiscal que el senador Ángel Rosa está circulando en el Congreso de los Estados Unidos no fue aprobado por el pleno del Senado ni por los miembros de la Comisión de Gobierno que supuestamente elaboró el documento.

Ayer, sin embargo, el informe era enviado por Rosa y por el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral, a distintos miembros del Congreso como uno oficial de la Comisión de Gobierno del Senado.

 

“Aquí no se ha completado ningún proceso”, dijo la senadora novoprogresista Migdalia Padilla, quien pertenece a la Comisión de Gobierno que preside Rosa.

“No se votó sobre el informe. Ni siquiera se ha circulado a los miembros de la comisión”, señaló, por su parte, la senadora penepé Margarita Nolasco.

“Hasta donde conocemos no se ha rendido ningún informe”, apuntó, entretanto, Aníbal José Torres, portavoz de la mayoría popular en el Senado y presidente de la Comisión de Reglas y Calendario. Esta aprobación sería necesaria para que el documento fuera visto como una expresión con la que está conforme el Senado, admitió el líder popular.

Rosa, en unas declaraciones escritas, indicó que “el documento concluirá su trámite en la Comisión conforme al calendario legislativo”. Indicó que como presidente de la comisión solicitó el análisis sobre los alcances y las consecuencias de la aprobación de la propuesta de la junta, información que compartió esta semana en sus reuniones en el Congreso.

El pasado lunes, al anunciar su viaje a Washington, Rosa indicó que el informe se fundamentó en la Resolución del Senado 116 que le permite a la Comisión de Gobierno iniciar investigaciones sobre una amplia gama de temas de gobierno. Rosa explicó que debido a que la propuesta de ley conocida como el “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (o Promesa Act) tiene el potencial de cambiar el funcionamiento del gobierno, la comisión que preside tiene jurisdicción.

Sin embargo, el Sistema de Información del Trámite Legislativo muestra que desde que se aprobó la resolución en el 2013 no hubo acción alguna con la medida hasta el 15 de enero de este año, fecha en que se llevó a cabo una audiencia en el Centro Cultural Baudillo Vega Berrios en Mayagüez.

Después de eso no hay trámite alguno registrado en el sistema oficial de la Legislatura.

De ordinario, los informes que se elaboran en las comisiones legislativas son aprobados por los miembros de dichas comisiones en reuniones ejecutivas. El documento entonces es referido a la oficina de trámites y récord y luego enviado a la Comisión de Reglas y Calendario que lleva la aprobación del informe ante la consideración del pleno del Senado. Nada de esto ocurrió.

“Resulta lamentable que la discusión del asunto se reduzca a un mero tema burocrático, obviando el profundo contenido del documento”, objetó, entretanto, Rosa.

El senador viajó a inicios de semana a la capital federal en un intento por cabildear a favor de cambios en la legislación federal propuesta. El legislador, que aspira a la candidatura como comisionado residente en Washington, entiende que la medida no atiende el problema de fondo de la crisis fiscal de Puerto Rico, que es el estancamiento de la economía. Además condenó que la medida le quite poderes a las instituciones democráticas del gobierno puertorriqueño. La expectativa de Rosa era reunirse con miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes estadounidense, ente con jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico.