La forma unilateral con que el Congreso ha reaccionado a la crisis fiscal de Puerto Rico es claro reflejo de la condición territorial de nuestro pueblo, el cual merece y necesita que las autoridades gubernamentales en Washington se muevan de una vez a resolver, mediante un proceso justo con los puertorriqueños, el dilema del status político que entorpece nuestro desarrollo y desluce a Estados Unidos en el ejercicio de la democracia.

No se trata de desacreditar los beneficios que en su momento la actual relación legal con Estados Unidos tuvo para Puerto Rico, en lo relativo al establecimiento de un gobierno propio electo por los puertorriqueños y el acceso a recursos federales que elevó el nivel de vida a través de la educación y servicios salubristas.

Si fuera por los Miles y Miles de «Noticias» Espectaculares y Rimbombantes y Y Huecas y Sonantes AGP sería Mejor Gobernador que LMM y LAF.

Pero la relación enmarcada en un engranaje legal y económico de dependencia del cual el gobierno estadounidense puede disponer según sus propias necesidades, como sucedió con el hoy erradicado crédito contributivo de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal sobre el cual se erigió la que fue una potente industria manufacturera, mantiene en un estado de vulnerabilidad las avenidas de desarrollo de Puerto Rico.

En este momento, lo que está en juego es la propia sobrevivencia económica de nuestra Isla.

Sobran los ejemplos de cómo la indefensión constitucional y estatutaria corta las alas puertorriqueñas para mover la economía mediante el impulso de iniciativas que proporcionen el nivel de competitividad necesario para lograr hasta lo básico: que nuestra gente se quede en casa porque cuenta con empleos para proveer calidad de vida y un futuro de progreso para su familia.

Resaltamos que ante la presente cruda realidad de insolvencia de nuestras arcas, el Congreso ha articulado la fuerza de sus poderes sobre Puerto Rico con una propuesta unidireccional de atención a la crisis que, aunque incluye la necesitada creación de una entidad federal que supervise adecuadamente las finanzas locales, margina la participación efectiva de Puerto Rico y excluye la asistencia económica. La propuesta ni siquiera cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobada.

En estos momentos críticos para el futuro de nuestra Isla, el Congreso desnuda, con una elocuencia que no pasa inadvertida para nuestro pueblo y el mundo, la urgencia de resolver el status político. La ausencia de herramientas propias o federales para atender como es debido la crisis fiscal nos obliga a replantear la interrogante del status.

No abogamos por ninguna de las opciones políticas que se debaten desde hace décadas: la estadidad, la independencia o variantes fortalecidas del estadolibrismo. Corresponde al Congreso, que ostenta el poder decisional sobre los territorios de Estados Unidos, poner sobre la mesa los mecanismos para que el pueblo escoja, comprometerse a respetar la voluntad de la mayoría y ponerla en vigor de manera diligente.

Recomendado por la Comisión de Status creada en 1966 por el Congreso y la Legislatura local y constituida por el presidente Lyndon B. Johnson, el plebiscito celebrado en 1967 ha sido el ejercicio de consulta al pueblo más cercano a contar con aval del gobierno de Estados Unidos. Desde entonces las circunstancias económicas y sociales de nuestra Isla han cambiado.

El proceso de discusión del status que tuvo lugar de 1989 a 1990, liderado por el entonces senador demócrata J. Bennett Johnston y en el que participaron los proponentes del Estado Libre Asociado, la estadidad y la independencia, aunque considerado el más serio de décadas recientes, fracasó en proporcionar una ruta hacia la solución definitiva al status.

Tras la celebración de posteriores consultas al pueblo, el Congreso no ha dado paso al inicio de un proceso, cuyo resultado sea vinculante con el gobierno federal y que vaya dirigido a corregir de forma definitiva la relación legal entre ambos pueblos.

Llamamos a solucionar la indefensión política, económica y social puertorriqueña mediante un diálogo entre Puerto Rico y Estados Unidos que lleve a una pronta definición conclusiva.