El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de presentar un alegato ante un tribunal federal en Illinois argumentando que las Islas de las Marianas del Norte (NMI) lograron un “commonwealth” con gobierno propio garantizado por disposiciones de mutuo consentimiento y con protección de su cultura y valores.

O sea: que tal cosa existe, según el mismísimo Departamento de Justicia que en los pasados años viene negándole esas cualidades al Estado Libre Asociado.

Suponiendo coherencia y no hipocresía por parte del DOJ, ¿cuál es la diferencia que ve entre las NMI y Puerto Rico?

En el 1993 el Noveno Circuito concluyó que el pacto de las NMI limita los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial. Dijo en Richards v. De Leon Guerrero:

“Even if the Territorial Clause provides the constitutional basis for Congress’ legislative authority in the Commonwealth, it is solely by the Covenant that we measure the limits of Congress’ legislative power”.

Eso parece haber influido la manera de pensar del DOJ en su alegato reciente en Segovia v. Board of Elections Commissioners.

¿Por qué ese pacto limita los poderes del Congreso y el del ELA alegadamente no?

El DOJ plantea que las NMI es el único territorio que decidió de manera independiente hacerse parte de los Estados Unidos. Que era uno de los cuatro protectorados a quienes en los años setenta Estados Unidos les dio la opción de libre asociación o commonwealth. Tres escogieron libre asociación y las NMI escogió ser un commonwealth. A partir de esa decisión entró en un proceso de negociación que culminó en un pacto.

Por tanto, según el DOJ, las “NMI came under U.S. Sovereignty of its own accord and its own terms” en un pacto que describe como un “quasi-international Treaty reached through extensive negotiations with the NMI populace”.

La diferencia para el DOJ se reduce a dos factores:

1- que el pacto fue negociado

2- que fue voluntario, características que aparentemente ve ausentes en el proceso de la Ley 600.

Esto luce ser una diferencia fatula, más de forma que de sustancia, pues bastante negoció Fernós Isérn con el Congreso para darle forma al ELA y bastante voluntario fue el voto mayoritario en el referéndum de la Ley 600. Pero no es la primera vez que se hace esa diferenciación.

Entre el 1973 y 1976 se intentó reformar el ELA con un pacto que remplazara la Ley de Relaciones Federales. Lo redactó un comité designado por el presidente y el gobernador. En las vistas públicas, el representante Clausen de California, que había sido miembro del comité, expresó como falla del proceso que no se siguió la vía de negociación que se utilizó con las NMI.  Dijo:

I can tell you in all candor that the set of circumstances under which the draft compact and the membership of the Ad Hoc Group had to work was in itself unprecedented and left a great deal to be desired. Icontrast that with the kind of working relationship we had on Northern Marianas Covenant wherein we had a professional negotiator that served with ambassadorial status who went to the Marianas and discussed the objectives, the ideas and the concerns on the part of the people of the Marianas and also came back and worked with you and me and the other members of this committee, Mr. Chairman. I found that this kind of liason in drawing up the Puerto Rican compact was, in fact, absent.

Quizá tenía razón.

Si el DOJ prevaleciera en Sánchez Valle, lo cual dudo, acaba de ilustrar en Segovia una manera aceptable para ellos de resolver las supuestas deficiencias.