Evolución del Pensamiento Estadista – Ensayos sobre el status y la estadidad** – Por Hernán Padilla

04/23/2016 | Filed under: Campaña | Posted by:

Evolución del Pensamiento Estadista

Hernan Padilla

Dr. Hernán Padilla, MD

 Ensayos sobre el status y la estadidad**

Hernán Padilla

** Referencia

Ensayos publicados como columnas en la sección editorial de El Nuevo Día, del 2008 al 2012.
Estimados amigos;

Presento a  mis lectores algunos de los ensayos que he presentado en forma de columnas relacionadas al status y la estadidad. Mi propósito es compartir datos, ideas, conceptos y mi propio análisis sobre la condición de déficit político que afecta a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Confío que estos ensayos los motiven a explorar otras publicaciones relacionadas, en particular el Manual de La Estadidad dedicado a la lucha por la Igualdad.

Encontraran una gama de temas, entre los cuales están:

Congreso y Casa Blanca

  • Responsabilidad moral del Congreso para que se celebre un referéndum oficial que resuelva final y definitivamente el status político e Puerto Rico.
  • Informe del Grupo de Casa Blanca sostiene que el ELA Mejorado NO es Constitucional.

El Territorio, colonia, fracaso del ELA y la estrategia separatista del PPD

  • La contradicción de los soberanistas que apoyan el status colonial en el plebiscito.
  • El ELA no tiene una base jurídica que lo apoye.
  • El Pacto nunca existió.
  • El poder de los Hispanos en Estados Unidos
  • Las debilidades del ELA y la dependencia de ayudas federales. Ayudas federales sostienen el ELA. Sin transferencias federales habría miseria.
  • El nombre y realidad política del El US Commonwealth de PR
  • La condición sine qua-non del ELA Soberano, la Republica Asociada es la separación de Estados Unidos
  • La definición soberanista y separatista del PPD

Mandato Plebiscitario

  • Resumen del Proyecto del Plebiscito y las implicaciones de la Consulta Plebiscitaria del 2012
  • El mandato plebiscitario de las elecciones del 2008

Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos

  • La Constitución de Estados Unidos vs. la Constitución de Puerto Rico
  • La Ciudadanía Americana y el Acta Jones

Estadidad

  • La Estadidad no implica ni traerá cambios radicales
  • Fundamentos y razones estadistas
  • La fuerza política que se obtiene con la estadidad
  • La lucha por la Igualdad política, derechos y progreso económico
  • Protección, seguridad y progreso con la estadidad
  • No seremos dependientes. Tendremos desarrollo económico y mayor progreso La Estadidad motivará inversiones, crecimiento económico, progreso y más empleos
  • Importancia de los Estados Unidos para Puerto Rico
  • Beneficios de la estadidad

Cultura y la Estadidad

  • Estados Unidos aceptara a Puerto Rico como somos, como un estado Hispano-americano
  • La estadidad fortalecerá la cultura puertorriqueña porque estamos integrados y somos parte de la cultura pluralista americana

Hernán

Índice                                                         Página

  1. La colonia más antigua del Planeta (abril, 2008) 5
  2. La Crisis de la Vergüenza (mayo, 08) 6
  3. El ELA No Tiene Zapata Jurídica  05/19/08 8
  4. Novenario, (julio, 08) 10
  5. No va a caer nieve  agosto, 08 11
  6. Más claro no canta un gallo  (octubre, 08) 13
  7. Impacto electoral sobre los partidos y el status  (nov., 08) 14
  8. Estado Federado y Soberano (agosto, 09) 16
  9. 9. La colonia suplicante (enero, 10) 17
  10. Celebración de la Ciudadanía Americana (marzo, 10) 19
  11. ELA, modelo político vetusto y fracasado (julio, 10) 20
  12. A librarnos del yugo político. (Abril, 11) 21
  13. Constitución, territorio/colonia o estadidad (julio, 11) 23
  14. Consultas plebiscitarias: responsabilidad y derecho 24

31 de octubre 2011

  1. Decisión crucial: Ser o no ser.  (dic. 12, 21011) 26
  2. Fundamentos y principios estadistas 21 de dic. 2011 27
  3. Status de Puerto Rico-101 9 de enero, 2012 29
  4. Colonia/Territorio o Estadidad     23 de enero, 2012 30
  5. Plebiscito y la igualdad ciudadana      6 de febrero, 2012 31
  6. La razón de ser estadista 20 de febrero 201233
  7. Vínculos inquebrantables con EEUU    5 de marzo, 2012 34
  8. “US Commonwealth of Puerto Rico” 19 de marzo, 2012 36
  9. Riesgos vs. Reafirmación 2 de abril, 2012 37
  10. Lucha por la igualdad 16 de abril, 2012 39
  11. Estadidad, visión futura 30 de abril, 2012 40
  12. Admisión de un estado hispano 14 de mayo, 2012 42
  13. Cultura e idioma       28 de mayo 2012 43
  14. No seremos una carga 10 de junio. 2012 44
  15. Esencia de la Estadidad 25 de junio, 2012 46
  16. Republica Asociada 9 de julio, 2012 47
  17. ¿Quo Vadis PPD? (Revisada) 23 de julio, 2012     49

 

Datos Biográficos del autor                                     51

  1. La Colonia más antigua en la faz de la Tierra: Puerto Rico abril, 08

La discusión y aprobación por el Comité de Recursos Naturales del informe al Congreso endosando el proyecto HR 900 es un evento histórico interesante y contradictorio en la “saga” política de millones de Ciudadanos Americanos de segunda clase de Puerto Rico en su aspiración interminable para poner fin al centenario status colonial de la Isla.

Felicito al Comisionado Residente Luís Fortuño y al Congresista Serrano por haber logrado que el Comité aprobara el informe. Personalmente, y como fiel creyente en la Estadidad Federada, me alegra que el Congreso discuta públicamente y acepte el hecho histórico que Puerto Rico es un Territorio colonial bajo el poder plenario, absoluto y exclusivo del Congreso.

El éxito principal del logro del Comisionado Residente es que el ELA ha quedado al desnudo, destrozado, desprestigiado y en vías de desaparición.

El informe y la discusión del Proyecto HR 900 hacen evidente que Puerto Rico es la colonia más antigua sobre la faz del Planeta; que el concepto de Estado Libre Asociado, en ingles Commonwealth, ni es libre, ni es asociado; que el Congreso tiene poderes exclusivos y plenarios sobre el Territorio; y que el status Territorial y colonial del ELA nunca ha sido, ni será  permanente. Los puertorriqueños son pupilos bajo la tutela jurídica del Congreso.

Respetuosamente difiero con algunos líderes defensores de la Estadidad Federada. Estimo que el “incrementalismo” como estrategia política no es la solución para conjurar cinco siglos de existencia colonial.

Resulta moralmente ofensivo a la sensibilidad de todos los puertorriqueños que el Congreso, que conoce muy bien la historia de la despótica y tirana colonia española y el fracasado experimento Congresional colonial americano desde el 1898, no tome la acción ahora para que los puertorriqueños finalmente escojan un status permanente.

https://www.facebook.com/igualdadus/videos/421945607870218/

Aprobar un Plebiscito para consultar a los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico si desean continuar con el status de Territorio (colonia) bajo la supervisión del Congreso, es una contradicción. Concurro con el Congresista Serrano que resulta inmoral ofrecer la opción de continuar como colonia en una consulta plebiscitaria.

Están en juego los Derechos Civiles de los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico. También está en juego la defensa de una verdadera Democracia en los Estados Unidos. En consideración del bienestar de más de cuatro millones de puertorriqueños, y por el honor de los Estados Unidos, el Congreso tiene que actuar de una manera definitiva AHORA. No me sorprendería si la comunidad internacional acusa al Congreso de los Estados Unidos por aprobar un engaño más para extender el régimen colonial.

Uno mi voz a los millones que claman al Congreso para que libre a Puerto Rico de esta existencia colonial de más de cinco siglos. La libertad Jeffersoniana bajo la democracia tiene una connotación moral muy poderosa.  La libertad es la posibilidad u opción que tiene el ser humano para actuar correctamente. Es hora que el Congreso haga lo correcto para Puerto Rico. Es hora de aprobar una ley simple que explícitamente y sin ambigüedades nos ofrezca a los puertorriqueños la oportunidad para resolver el status colonial y vergonzoso mediante una consulta digna y democrática.

El Congreso tiene la obligación inexorable y única de viabilizar un Plebiscito final entre las dos alternativas soberanas y permanentes: la Estadidad Federada o la Independencia.

  1.  La Crisis de la Vergüenza (mayo, 08)

Inicio esta conversación política, enmarcada en un tono racional, respetuoso y constructivo. Me motiva la verdad, mi responsabilidad profesional, mi amor por Puerto Rico y mi compromiso con los valores sagrados en la Constitución de los Estados Unidos de América.

El tema será, el presente y futuro político de Puerto Rico.

El 28 de julio del 1898, el General Nelson Miles emitió la Proclama al pueblo de Puerto Rico:

“No hemos venido a hacerle la guerra a un pueblo dominado desde hace siglos. Todo lo contrario, hemos venido para protegerlo, para garantizar sus propiedades, promover la prosperidad y para dotarlo de las inmunidades y bendiciones de las constituciones liberales de nuestro gobierno”.

Este es el compromiso legal y moral del Congreso de los Estados Unidos a par con el Pueblo de Puerto Rico.

Así inicio el experimento colonial.

Los puertorriqueños somos pupilos bajo la tutela jurídica del Congreso. El Congreso tiene total, pleno y exclusivo poder temporal y legal sobre los cuatro millones de puertorriqueños en la isla.

Resulta difícil explicar y comprender lo que Puerto Rico es dentro del esquema político-constitucional de la Nación Americana.

Con el fin laudable y compasivo de aliviar la crisis económica de la post-guerra en el 1920, el gobierno norteamericano envió alimentos para los más sufridos en la Isla. El pueblo llamo “El Mantengo” a estos donativos de los “americanos”.  Los donativos se extendieron hasta el 1942, cuando el plan de asistencia federal ofrecía alimentos a más de 138,000 niños.

En el 1968 el Congreso asigno $25 millones para el PAN, programa de distribución de alimentos. Estos alimentos de primera necesidad se convirtieron en “moneda de cambio” en la economía informal-subterránea. Así comenzó del síndrome del “Mango Bajito” y consecuentemente un agente destructivo del tejido social.

Los programas federales alcanzaron cifras multimillonarias para salud, educación, seguridad y bienestar social, y fondos para transportación, infraestructura, economía, industria, agencias gubernamentales, y para los municipios.

Estadistas, como Don Luís Ferre, han visto estas ayudas como logros para mejorar la condición de vida y como pasos que nos acercan más a la Nación Americana.

Consistentemente, los líderes coloniales aun se contradicen. Predican  “soberanía” bajo una Republica Asociada en Puerto Rico. Luego visitan al Congreso para mendigar tratamiento igual a los cincuenta Estados. Acusan a los Estados Unidos de intervención a la vez que piden y reparten mil doscientos millones de los contribuyentes americanos para estimular la economía. Mientras más huyen, mas lloran.

Más de un siglo de coloniaje, cinco décadas del ELA y políticas públicas equivocadas hicieron  daño catastrófico a la fibra ética del tejido social.

Don Luís Muñoz Marín predicaba acertadamente “vergüenza contra dinero”. Ahora los lideres coloniales defienden “dinero contra vergüenza”, y practican la estrategia del “mango bajito” y el síndrome del “dame, dame” sin importarles las consecuencias.

Contrario a un espíritu de honestidad y dedicación al servicio Público, notaras como unos pocos listos y perversos, dentro y fuera del gobierno, ahora son ricos, poderosos y arrogantes.

Olvidaron la procedencia de los billones de dólares que envían los contribuyentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Olvidaron las disposiciones constitucionales y la existencia del poder judicial federal, que por ser independiente es la garantía máxima de la democracia constitucional Americana.

El sistema judicial Americano es lento. Oportunamente detecta, investiga y condena a los que mienten, roban y atentan contra la estabilidad y paz social. Persigue a los funcionarios gubernamentales corruptos en todos los estados y la colonia. La corrupción es un acido que corroe todo el andamiaje gubernamental, y constituye un peligro social.

Cierro refiriéndome a la colonia. Veo con asombro como Acevedo Vila reclama soberanía bajo una alegada Republica Asociada. Acevedo y los defensores de la colonia cayeron en su propia trampa.

El “embeleco” de Republica Asociada que ellos proponen no tiene cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. Fíjate lector, Puerto Rico tendría que rechazar la Unión Permanente, pedir la independencia y convertirse en una Republica Independiente antes que Estados Unidos considere un “pacto” con la nueva Republica.

La colonia no resiste más. Llego la hora cero. Adiós al ELA. El Affaire Acevedo Vila la mato.

El Congreso tiene que resolver el status final de la colonia.

  1. El ELA No Tiene Zapata Jurídica  05/19/08                                     

Los amables lectores que respondieron a mi columna reflejan  confusión cuando Acevedo habla de soberanía y  un pacto bilateral.

El Informe aprobado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso  sobre el status de Puerto Rico llega a la conclusión inescapable, el ELA carece de zapata jurídica constitucional. Así lo entiende el Congresista Serrano, puertorriqueño serio y valiente.

Aquellos que creen en la mentira del “pacto bilateral”,  entiendan que un plebiscito ordenado por el Congreso seria regido por las Leyes Federales. Los Tribunales Federales tendrán jurisdicción exclusiva para resolver controversias. ¿Cual “pacto bilateral”?

La Constitución de Los Estados Unidos define solo cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios.

La Cláusula Territorial cede al Congreso el poder de gobernar los territorios, como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales. El Tribunal Supremo decidió que los Estados Unidos pueden ejercer soberanía y gobernar los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Los derechos Constitucionales no aplican automáticamente a los Territorios.

La Ciudadanía Americana, que apreciamos los puertorriqueños,  la concedió el Congreso mediante una ley, no la Constitución. La Ciudadanía Americana la cobija la “soberanía” de la Nación Americana.

La Ley 600 autorizo a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La relación Territorial continua bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. El alegado “pacto” nunca existió.

Muñoz Marín acepto públicamente que la Ley 600 no elimino el poder plenario y exclusivo del Congreso sobre Puerto Rico. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria.  El Congreso administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado.

La Constitución de Puerto Rico no define un cambio político. Las Leyes del 1950 y 1952 no autorizaron “libre asociación” con los Estados Unidos. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico.  Esta es la cruda realidad de la colonia.

El “Commonwealth” no es un “status político y no implica un status diferente. Puerto Rico es un Territorio; no es una Nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Esta es la gran mentira. Su nombre es ELA, su apellido colonia.

El Tribunal Supremo Federal dictamino que la Cláusula Territorial opera en PR. El Congreso tiene el poder para aprobar todas las reglas y reglamentos sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982).

La nueva propuesta del ELA culminado  contiene principios que fueron “rechazados” y no aceptables para al Congreso.

La Administración del Presidente Clinton determino que la propuesta del PPD de un ELA culminado (Enhanced Commonwealth) viola la Constitución y no es aceptable. La propuesta de “consentimiento mutuo” (pacto bilateral) no es aceptable. El Congreso no puede obligar a futuros Congresos. La soberanía que ellos reclaman convertiría a Puerto Rico en una Nación Independiente. La Nación de Puerto Rico no puede ser parte de los Estados Unidos.

 

Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano.

 

Un futuro plebiscito o Convención Constituyente solo puede considerar y escoger entre Independencia, Estadidad, y una Nación Independiente asociada con los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico tiene que pedir la Independencia y luego solicitar un acuerdo con los Estados Unidos.  Acuerdo que es revocable unilateralmente.

 

Amigo lector, la Republica Asociada es una de las únicas tres alternativas aceptables bajo la Constitución Americana y el derecho Internacional. Puerto Rico solo puede considerar un status que sea compatible con la Constitución,  las leyes básicas  y la política pública de los Estados Unidos.

 

El ELA Culminado (Enhanced Commonwealth) no es un status viable y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.

 

Bajo la “soberanía” que reclaman los líderes de la colonia, crearían una Nación Independiente sin votar por la independencia, y asociarla a Estados Unidos antes de ser una Republica, como en “Republica Asociada”. Las nuevas generaciones no serian Ciudadanos Americanos.

 

El ELA no tiene zapata. No existen cimientos para sostenerla. La solución final es inaplazable. El Congreso Americano tiene que actuar AHORA.

 

  1. Novenario, (julio, 08)

 

Durante el acto de Luís Muñoz Rivera, los líderes de la colonia dijeron que “sin la ruta y la fuerza autonomista el ELA se muere”, y “si no evoluciona va a desaparecer”. ¡Palabras con luz!

 

El periodo de luto tiene varias fases: culpabilidad, negación  y finalmente aceptación. Ya van en camino. La frustración popular dará paso a la aceptación, sin pena y dolor.

 

Acevedo Vilá compareció recientemente ante la ONU como parte del ritual político, hueco e inconsecuente, defendiendo el alegado pacto del 1952. Por noveno año consecutivo, ante el desacreditado Comité de Descolonización, el portavoz del Partido Popular fracasó en su intento de resucitar a un muerto político. Hay que darle sepultura.

 

Amigo lector, sin ánimo de llover sobre mojado, llamo la atención a las siguientes verdades incómodas.

 

En el 1897 España otorgó por Real Decreto la carta de Gobierno Autonómico para Puerto Rico. Luís M. Díaz Soler, historiador y profesor distinguido de la Universidad de Puerto Rico, indica que en ese documento se menciona a Puerto Rico 37 veces como “colonia”.

 

En el 1898, El Tratado de París, en su artículo 9, señala claramente que el Congreso podrá decidir sobre la colonia de Puerto Rico y sus habitantes. Estados Unidos reclamó a Puerto Rico como compensación de guerra (botín de guerra).

 

La Carta Autonómica y su gobierno fueron derogados por el gobierno militar norteamericano. El Congreso legisló la Ley Orgánica, conocida por la ley Foraker, para establecer el gobierno civil de Puerto Rico. La ley definió a los habitantes de la isla como “ciudadanos de Puerto Rico”, careciendo de soberanía.

Hemos dicho, y se ha enfatizado muchas veces, que la soberanía de la colonia radica exclusivamente en el Congreso de los Estados Unidos. Esta es la verdad jurídica, amarga e incómoda. Muchos críticos señalan que Estados Unidos se convirtió en una potencia colonial con la Ley Foraker.

 

En 1917, el Congreso aprueba la Ley Jones, que otorga la ciudadanía estatutaria norteamericana a los habitantes de la Isla. En los pasaportes de Estados Unidos de América se hace referencia a esta realidad jurídica utilizando el término “national”. Otra vez y más sencillo, lo que esto significa es que la ciudadanía americana fue concedida por el Acta Jones y no como un derecho Constitucional.

 

En el 1940, Puerto Rico se convirtió en un bastión militar importante para la marina de guerra de Estados Unidos. Se nombró al Almirante Lehy como gobernador de la colonia de Puerto Rico. El Congreso autorizó el nombramiento de Jesús T. Piñero, y la elección de Luís Muñoz Marín. La Constitución de Puerto Rico sigue el modelo americano de los Poderes de los Estados sobre asuntos insulares.

Desde entonces ha llovido mucho. Juan Manuel García Passalacqua  escribió un resumen de las opiniones y conclusiones emitidas  por el Congreso, la Casa Blanca  y el Departamento de Justicia de la Rama Ejecutiva, y el Tribunal Supremo  de los Estados Unidos. Lo felicito por explicarles clara y sencillamente a los amigos del “velorio” que las tres ramas constitucionales de los Estados Unidos sostienen que “fuimos y somos un territorio, una colonia”.

 

Repito, Puerto Rico es una colonia sin soberanía alguna. El Congreso tiene poder exclusivo y plenario sobre Puerto Rico. Luego de 110 años del fracasado experimento colonial y el engaño  sobre el ELA durante 56 años, llegó la hora de que el Congreso Americano descargue su responsabilidad legislando un plebiscito final y obligatorio para que los puertorriqueños escojan entre las únicas dos alternativas soberanas, Estadidad Federada o Nación Independiente. La única “unión permanente” es la Estadidad Federada.

 

El famoso “pacto” nunca existió. El ELA, como lo vendieron en las campañas, fue un engaño político y publicitario. La culminación de esa “mentira política” en una república asociada, reteniendo todos los beneficios de la Ciudadanía Americana, no tiene cabida bajo la Constitución Americana. Cualquier acuerdo entre naciones independientes es revocable unilateralmente y nunca puede ser permanente.

 

Cuando termine el novenario del ELA, que repiquen las campanas de la soberanía de Puerto Rico en el Siglo XXI. Nosotros queremos los poderes de un Estado Federado, como los define la Décima Enmienda de la Constitución, y disfrutar plenamente de la soberanía compartida dentro de la nación americana.

  1. No va a caer nieve  agosto, 08

Cuando Puerto Rico se integre como Estado Soberano a la Federación de Estados de los Estados Unidos, no seremos los únicos 4 millones de hispanos en la nación. Compartiremos nuestra cultura y nuestro idioma  con 41 millones de hispanos que definen la característica multicultural de la nación americana, Los Hispanos son la minoría más grande de la Nación Americana con 45 millones de ciudadanos.

La estadidad, como consecuencia lógica del crecimiento hispano en los Estados Unidos no implica perder nuestra identidad puertorriqueña.

La población hispana en los Estados Unidos era 45.5 millones en julio del 2007. Datos de la Oficina del Censo revelan que los hispanos son el grupo étnico o “minoría” más grande de la nación, 15% de la población total, y el grupo minoritario más grande en veinte estados.

 

El  Departamento de Comercio federal, con el objetivo de celebrar el mes de la hispanidad, apunta que de una de cada dos personas que se han sumado a la población entre julio del 2006 a julio del 2007, es de origen hispano. El crecimiento de 1.4 millones de hispanos en un año los sitúan como el grupo minoritario de mayor crecimiento en la nación.

 

Estados Unidos tiene más gente de origen hispano que cualquier nación en el mundo, menos Méjico; más que los 40 millones en España. Se proyecta que para el 2050 la población hispana será de 102.6 millones, más del 24% de la población total en los Estados Unidos.

 

Treinta y cuatro millones de residentes mayores de cinco años hablan español en sus hogares, pero han aprendido ingles y se desenvuelven normalmente en sus trabajos y la comunidad. Aunque no todos han logrado fluidez en el segundo idioma, reconocen que aprender inglés es necesario y natural para todos los ciudadanos americanos. Inglés es el idioma oficial en más de 50 países, las Olimpiadas y el comercio internacional.

 

La edad promedio de la población hispana es de 27.6 años, una mucho más joven que el promedio nacional de 36.6 años. Jóvenes que llegaron en busca de libertad y oportunidades económicas quieren ser americanos, juran defender la Constitución, pero mantienen sus raíces culturales.

 

La población hispana ha aprovechado las oportunidades económicas. Más de 1.6 millones de negocios pertenecen a dueños hispanos El número de negocios de dueños hispanos ha tenido un crecimiento de más de 31%  entre el 1997 y 2002. Esos negocios generaban más de $222 billones de ingresos.

 

¿Sabías que el inglés no es considerado un idioma oficial en Estados Unidos de América a nivel federal?: ¿Tiene EE.UU. un idioma oficial? http://www.blogueandoparatodos.com/2012/10/tiene-eeuu-un-idioma-oficial.html

Entre miles de profesionales, 82,000 hispanos son ejecutivos, 46,200 médicos y cirujanos, 53,600 maestros de escuela secundaria, 43,000 abogados, y 5,700 analistas de noticias, periodistas y corresponsales.

 

En New Jersey, el programa de las 6 PM de la estación hispana, WXTV, tiene más popularidad entre la audiencia más joven de 49 años que ABC, CBS y NBC. En Los Ángeles, KMEX tiene más televidentes en todas las categorías que las estaciones tradicionales en inglés.

 

4 millones de puertorriqueños que residen en los 50 estados de la unión constituyen el 9% de todos los hispanos, y 16% si se cuenta la población en la Isla. Hay más puertorriqueños en Orlando y en New York que en cualquier ciudad de Puerto Rico.

 

Las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo son el sueño de millones de personas que quisieran ser americanos. La Primera y la Decimocuarta  Enmienda de la Constitución Americana, y el “Voting Rights Act” le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías lingüísticas en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.

 

Es un derecho aprender inglés y es una obligación ofrecer programas educativos para aprenderlo. Ser bilingüe es un rasgo positivo. Saber inglés en la isla es beneficioso para el turismo, negocios, comunicaciones internacionales, trabajos y publicaciones científicas, nueva tecnología y enriquecimiento cultural.

 

Los puertorriqueños que hablan inglés, no han dejado de ser puertorriqueños, como tampoco dejarán de serlo los cuatro millones que viven en la isla por ser bilingües. La nación a la cual queremos integrarnos con dignidad y soberanía plena como Estado Soberano Federado es multicultural y multi-étnica. Cuando Puerto Rico sea Estado Federado, no va a caer nieve. Seremos puertorriqueños y ciudadanos americanos.

 

  1. 6. Más claro no canta un gallo  (octubre, 08)

 

Mañana se celebra el evento de mayor importancia en la vida democrática de los puertorriqueños: el proceso electoral. Me uno a la fiesta de pueblo que precede este importante encuentro con la conciencia colectiva de la mayoría de los ciudadanos.

 

Durante la campaña política, se presentaron y se debatieron programas de gobierno para el futuro. La discusión pública es la fuente que brinda información para tomar una decisión política  racional, lógica.

 

Sabido es que las elecciones generales no son plebiscitarias. El 4 de noviembre se eligen los representantes de las aspiraciones mayoritarias de los electores. Aquí radica la importancia ideológica del 4 de noviembre. Los problemas que enfrentan los electores son avasallantes: descalabro económico, desempleo, pobreza, deuda pública sin control, extrema dependencia de fondos federales, corrupción gubernamental, agricultura abandonada, pésimos servicios de salud, inseguridad galopante, monopolio de la AEE y un Departamento de Justicia parcializado y politizado, entre otros.

 

De no ser por las ayudas y transferencias federales multimillonarias de $23,324,000,000 de agencias como Educación, Salud, Vivienda, y programas como Medicare, Seguro Social, Sección 8 y Asistencia Nutricional,  los puertorriqueños vivirían en una pobreza extrema. Resulta innegable la realidad que la relación permanente con los Estados Unidos está en juego en estas elecciones. Los partidos y los candidatos han comunicado claramente su objetivo ideológico de resultar electos.

 

Acevedo quiere perversamente transformar la elección general en un referéndum sobre el status. El objetivo es continuar el engaño y convocar una Constituyente separatista para convertir a Puerto Rico en una República. Luego tratarán de negociar con los Estados Unidos para que brinden ayuda económica a los ciudadanos americanos que residan en Puerto Rico. Ese es el engañoso “pacto” .El PIP está claro. Quieren la independencia a como de lugar. Su meta no es administrar la colonia, es promover la independencia.

 

La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no son aceptables para al Congreso. Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano. Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres coloniales, crearían una Nación Independiente sin un voto a favor de la independencia  y más tarde tratar de asociarla a Estados Unidos, “República Asociada”. La nueva generación de puertorriqueños no serían Ciudadanos Americanos.

 

Luís Fortuño se compromete a defender vigorosamente la ciudadanía americana y luchar para retener las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo que brinda el modelo político-económico de Estadidad Federada.

 

La verdadera soberanía que aspira el pueblo de Puerto Rico es la soberanía del Estado Federado. La Estadidad garantiza autonomía local, los poderes de la soberanía estatal, igualdad en la Ciudadanía, prosperidad, la estabilidad de la unión permanente y brinda finalmente, tras 110 años de ignominiosa colonia, dignidad al pueblo de Puerto Rico.

 

Mientras los puertorriqueños no resuelvan su problema del status de  manera final, continuará la Gran Válvula de Escape, 4 millones de seres humanos con raíces puertorriqueñas residiendo en los Estados Unidos. Estudiantes, profesionales, jubilados y familias completas en todos los niveles económicos, se siguen sumando a la nueva generación de emigrantes viviendo en un Estado Federado. Todos en busca de seguridad y prosperidad.

 

Al final de la jornada eleccionaria, cada ciudadano tiene que asumir responsabilidad por las consecuencias que su decisión tenga sobre el futuro del país. El resultado final es un mandato legislativo, ejecutivo, gubernamental y administrativo. La ideología que obtenga  el respaldo de una mayoría robusta, reclamará que obtuvo un mandato claro para implantarla. Los candidatos del PIP impulsarán la independencia. El PPD movería cielo y tierra a favor de una republica independiente, asociada  y subsidiada. El PNP continuará en su trayectoria en defensa de la unión permanente, la ciudadanía americana y la Estadidad Federada.

 

Más claro no canta un gallo. El componente plebiscitario está presente en las elecciones. El país merece y reclama solución a los problemas, un buen gobierno y políticos honestos Queremos asegurar que el futuro estará ligado en unión permanente con los Estados Unidos. La decisión es tuya, amigo lector. Participa. Vota. Escribe tu historia.

 

  1. Impacto electoral sobre los partidos y el status  (nov., 08)

 

El resultado de las elecciones provoca un análisis serio de las implicaciones futuras sobre el status de Puerto Rico.

 

Por primera vez en la historia de Puerto Rico un candidato y un partido político que favorecen la estadidad obtienen una mayoría absoluta, casi 53%,  y eso sin contar los estadistas que votaron por un candidato estadista “write-in”.

 

Es evidente el desplome del Partido Popular. Sus propios líderes y encuestadores aceptan que miles abandonaron las filas del PPD y se unieron al PNP, y que miles se abstuvieron de ir a votar.

 

Las razones por el descalabro del PPD parecen obvias: el candidato, el mal gobierno, el desplome de la economía, y la trayectoria separatista y soberanista del Partido Popular. AAV ahora renuncia a la Presidencia del PPD. Deja libre el liderato a personas que no sean tan antiamericanas y separatistas.

 

La desaparición del PIP es muy significativa. Los “melones” eran vedes por fuera y rojos por dentro. Algunos independentistas le daban el voto al PPD para detener el avance de las fuerzas estadistas. Este año los líderes del PIP pidieron a los independistas que le dieran el voto al PIP. Las estadísticas de las elecciones no demuestran que muchos independentistas le dieran el voto al PPD. Líderes del PIP alegan que los independistas no afiliados le dieron la espalda. La realidad es que el PIP no tiene fuerza electoral, porque no tiene el respaldo del pueblo de Puerto Rico. Es una buena oportunidad para el PPD; puede convertirse en el PIP, pero se arriesga a desaparecer de igual manera.

 

EL candidato del cuarto partido recibió muy pocos s votos y apoyo electoral. La realidad es que la cultura y la fuerza de dos partidos principales en Puerto Rico no le da paso a los nuevos partidos.

 

La realidad es que las elecciones no eran plebiscitarias. Aún así, cada candidato y partido expresó y respaldó una trayectoria  ideológica clara y definitiva. El PIP predicaba la independencia. El PPD quería la separación bajo el embeleco de la autoría y soberanía de la república asociada y subsidiada. El PNP ha sido fiel a su historia y trayectoria estadista y defensor de la unión permanente y la ciudadanía americana.

 

Ante la de-certificación del PIP y la presencia legislativa del PPD gracias a la Ley de Minorías son la evidencia más contundente que Puerto Rico abrió las puertas del camino a la estadidad. Si el PPD quiere tener un futuro tendrá que cambiar radicalmente su postura soberanista y pro república independiente y asociada. Más del 97% de los puertorriqueños atesora la unión permanente con los Estados Unidos y la ciudadanía americana. El PPD no puede poner en riesgo la estabilidad económica de Puerto Rico.

 

Naturalmente, la responsabilidad histórica de dar un paso adelante hacia la estadidad está sobre los hombros de Luís Fortuño y el PNP. La población que no es estadista estará atenta y vigilante. Un buen gobierno puede servir de puente para que los que desconfían del movimiento estadista cambien de opinión y le de den una oportunidad a los que predicamos igualdad, progreso, seguridad y soberanía dentro del Estado Federado.

 

No creo en la astrología, pero como dice el pueblo, parece que los planetas se han alineado. La elección de Obama rompe el mito de los prejuicios contra las minorías. Los dos partidos nacionales han expresado su compromiso de darle atención al problema del status de Puerto Rico en este cuatrienio. Hay que ponerle fin a la colonia. Cuando las Naciones Unidas traigan el caso otra vez en dos años, los representantes de la estadidad llevaran consigo el apoyo de más de un millón de votos. Los separatistas llevarán a Hugo Chávez, Fidel Castro, Daniel Ortega y Evo Morales.

 

La gente quiere que se resuelvan los problemas principales, pero el electorado ha enviado un mensaje claro y contundente: no quiere que pongan en riesgo la ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos.

 

  1. Estado Federado y Soberano (agosto, 09)

 

Tomar prestado para pagar nomina y suplidores confirma el descalabro económico del ELA. Resulta oportuno examinar la futura Constitución del Estado Federado Soberano de Puerto Rico.

 

“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

 

“Todos los funcionarios y empleados del Estado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán, antes de asumir las funciones de sus cargos, juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y las leyes del Estado de Puerto Rico”.

 

Los líderes y defensores del “Commonwealth” no pueden oponerse a una expresión de lealtad a la Constitución y a la nación americana; ni pueden oponerse a la convivencia plena en Puerto Rico de la cultura americana y la cultura puertorriqueña.

 

No pueden, porque esos pasajes son expresiones de la Constitución de Puerto Rico según la propuso la Convención Constituyente, y la aprobó el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos en el 1952.

 

“La Constitución de Los Estados Unidos de América y de los otros 48 Estados fueron los modelos para la Constitución actual de Puerto Rico”. (Carmen Ramos Santiago)

 

La Constitución Americana, en su primer Artículo establece que “todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes. Puerto Rico tendrá derecho a elegir dos Senadores y seis Congresistas, más que 24 estados.

 

El Artículo II define el poder ejecutivo del Presidente de Los Estados Unidos que será elegido por el Colegio Electoral. Puerto Rico tendrá ocho Delegados. Solo 24 estados tendrían más votos que Puerto Rico.

 

La Primera Sección del Artículo III deposita el poder judicial de los Estados Unidos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales  de primera instancia que el Congreso establezca. El Tribunal Supremo Federal es el protector  de los ciudadanos puertorriqueños. El poder Judicial  resolvió que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y como tal  los isleños son pupilos del Congreso de los Estados Unidos.

 

La Tercera Sección del Artículo IV establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión. Vamos a exigir al Congreso que ordene un plebiscito final, que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico,  y acelere el proceso para que los puertorriqueños expresen su voluntad en contra de la colonia, en contra de la república, y a favor de la admisión como Estado Federado.

 

El Artículo VI expresa que esta Constitución y las leyes de los Estados serán la suprema ley del país. Cuando Puerto Rico sea admitido a la Federación se convocará una Convención Constituyente para proponer la Constitución del Estado de Puerto Rico en busca de la soberanía del Estado Federado.

 

La Décima Enmienda garantiza que “los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos, ni prohíbe a los estados, quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo”. Aquí surge la soberanía de cada estado. Este es el meollo jurídico constitucional de  la formula federativa nacional.

 

El Estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes que hoy en día aparecen en la Constitución actual: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo, el sistema de justicia; derecho a organizaciones laborales, protección de todo trabajador; crear municipios; imponer y cobrar contribuciones, emitir bonos; y un sistema electoral.

 

Tendrá los poderes que tienen otros estados; crear departamentos, agencias y corporaciones públicas; gerencia pública, hacienda, desarrollo urbano, administrar el sistema educativo, salud, servicios sociales, protección al ambiente, agua, suelo, energía, acueductos y alcantarillados, carreteras, promoción y defensa de la cultura, y todas las actividades para el disfrute de la vida, como el deporte, la recreación y el arte; desarrollo económico, agricultura, industrias, comercio, turismo, transportación, banca y seguros, cooperativismo, pensiones, y relaciones federales entre otras.

 

La Estadidad garantiza autonomía local, los poderes de la soberanía estatal, igualdad en la Ciudadanía, progreso económico, la estabilidad de la unión permanente y devuelve la dignidad al pueblo de Puerto Rico poniéndole fin a la centenaria colonia.

 

  1. 9. La colonia suplicante (enero, 10)

 

La reforma de salud en el Senado Federal evidencia la necesidad contundente de Puerto Rico de una auténtica representación tanto en la Cámara de Representantes y como en el Senado Federal. Los 400,000 puertorriqueños que no tienen un seguro de salud, la clase media que vive agobiada por el costo de la vida, los más de 1,500,000 seres que dependen de los beneficios de Medicaid para el (PAM) Programa de Asistencia Médica y la Tarjeta de Salud, y todos los que reciben beneficios de Medicare en la Isla se hubieran beneficiado automáticamente y con mejores beneficios si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión.

 

El resultado de las negociaciones entre legisladores y la fuerza electoral de distintos estados resulta de tanta importancia que si el status colonial del ELA se hubiera resuelto a favor de la estadidad, nuestros dos Senadores en el Senado Federal hubieran logrado extraordinarios beneficios en el proyecto que ahora va a Conferencia entre Cámara y Senado. La “colonia mendicante” es otra. El Comisionado Residente, sin voto en la Cámara, el Gobernador, ex gobernadores y múltiples funcionarios públicos, médicos y administradores de la salud claman por “paridad en los fondos federales”. No podemos arrodillarnos a pedir paridad en todos los programas federales cuando el pueblo no se ha expresado para resolver finalmente el problema del status. Las colonias no tienen derecho a exigir paridad, suplican.

 

Consistente con su historia, los defensores de la colonia y el status quo sugieren que una delegación bipartita vaya a la Capital Federal a suplicar que el Congreso le conceda un mejor trato a Puerto Rico en la Reforma de Salud. Es el mismo síndrome del “mango bajito” y del “dame-dame” que caracteriza el modelo del ELA, la colonia más vetusta del planeta.

 

Es hora que el pueblo comprenda el valor de una delegación legislativa con el poder de un Estado que tenga más Congresistas y más votos electorales que 23 otros estados de la Unión. Concurro con Luís Dávila Colón: “con una delegación congresional completa y el poder del voto presidencial, Puerto Rico tendría un poderío inmenso en la toma de decisiones nacionales, en la repartición del presupuesto, en la asignación de fondos y programas, en políticas de defensa, y la designación y nominación de funcionarios, jueces, y fiscales, jefes de gabinete, y directores de agencias”.

 

Dávila Colon tiene razón: “Puerto Rico está listo y pasado de que haga un reclamo contundente hacia su definición. Puerto Rico es un estado en su condición política, social y geográfica. Pero que “mientras vivamos en el Territorio del ELA, la ciudadanía americana no nos confiere todos los derechos, privilegios e inmunidades que nos corresponderían como ciudadanos americanos residentes de un estado de la Unión”.

 

La injuriosa condición de colonia nos confiere una ciudadanía hibrida y de segunda clase, una chatarra jurídica-constitucional. Buscar la solución del status no es incompatible con trabajar inteligentemente para sacar a Puerto Rico de la bancarrota moral, social, económica y fiscal en que nos ha sumido el status colonial del ELA desde el 1952. Mientras se prepara el camino a la estadidad, por el bien del ideal y de Puerto Rico, tenemos que administrar bien los pocos recursos de la colonia, defender a los pobres y la clase media, mejorar la educación, levantar la economía, generar empleos, derrotar el crimen, y educar a los puertorriqueños sobre la estadidad federada soberana.

 

El Gobernador, los funcionarios públicos, los legisladores y líderes políticos estadistas tienen que cumplir con su promesa de hacer un “buen gobierno”. Urge garantizar la seguridad pública, mejorar la economía, y eliminar los gastos superficiales e innecesarios del gobierno. Comiencen prohibiendo los contratos de asesores-políticos y los viajes de funcionarios que no benefician a PR.

 

  1. Celebración de la Ciudadanía Americana (marzo, 10)

El 2 de marzo del 1917, el Presidente Woodrow Wilson firmó el Acta del Congresista Walter Jones de Virginia otorgando la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Puso fin a la humillante ignominiosa condición política de la “ciudadanía en el limbo” de los puertorriqueños, “ciudadanos de Puerto Rico”. Este hecho histórico, poco examinado por los políticos insulares, merece ser celebrado y analizado.

 

Esta efeméride nacional marca el nacimiento sin precedentes en el Caribe español de una nueva personalidad jurídico-política en el marco constitucional norteamericano, una colonia territorial americana, no incorporada, pero cuyos residentes son ciudadanos de los Estados Unidos de América.

 

En el 1917 se da el primer paso constitucional para que los residentes de Puerto Rico se integren legalmente a la nación a través de una común ciudadanía. El Acta Jones, la Carta Organiza de 1917 de Puerto Rico establece que los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un estado de la Unión y sujeto a las disposiciones del artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos.

 

El Artículo 5, un acto de naturalización colectiva, define que todos los ciudadanos de Puerto Rico y todos los nativos de Puerto Rico que estaban temporalmente ausentes de la Isla el 11 de abril de 1899, y hayan regresado después y estén residiendo permanentemente en dicha isla, y no sean ciudadanos de ningún país extranjero, se declaran por la presente ciudadanos de los Estados Unidos, y serán considerados y tenidos como tales. Dispone además que todos los ciudadanos de los Estados Unidos que han residido o que en lo sucesivo residieren en la isla por un año sean legalmente ciudadanos de Puerto Rico.

 

Somos y seremos ciudadanos de los Estados Unidos de América. El Acta de Naturalización del 1941 garantiza que todas las personas que nacen en los Estados Unidos, Puerto Rico inclusive, se declaran ciudadanos de los Estados Unidos.

 

Es necesario señalar que los 900,000 ciudadanos que quedaron bajo la tutela militar colonial en Puerto Rico hasta el 1 de marzo del 1917 eran producto de una sociedad europea española altamente jerarquizada, con diferentes capas sociales claramente definidas, pero no existía igualdad ante la ley.  Era una sociedad de privilegio y privilegiados: realeza, nobleza, clero. Por otro lado estaban los trabajadores, labriegos o vulgo común y los pobres de la paupérrima colonia española de Puerto Rico. Ese es el cuadro sociopolítico histórico de valores morales a que llegan los “invasores Yankees.

 

En el 1916, el mismo Congresista Jones presentó y el Presidente firmó el Acta Jones otorgándole la independencia a Las Filipinas, que fueron cedidas por España en el Tratado de Paris, junto con Puerto Rico. No le otorgan la independencia a Puerto Rico. El Congreso, consiente y expresamente acordó incorporar a Puerto Rico jurídicamente al seno nacional otorgándole la ciudadanía americana a los puertorriqueños.

 

El análisis lógico histórico del Acta Jones nos obliga a concluir que la intención del Congreso y el Ejecutivo fue clara: establecer una relación permanente entre Estados Unidos y Puerto Rico. Rechazaron incorporar Las Filipinas y conceden la ciudadanía a los puertorriqueños como primer paso jurídico-constitucional para eventualmente admitirlo como estado federado.

 

El 2 de marzo nos corresponde peticionar al Congreso que finalice y haga válida aquella gestión histórica que tomó hace 93 años; y que le ponga fin a los 111 años de coloniaje que le ha negado la verdadera igualdad al pueblo puertorriqueño. El auténtico significado del Acta Jones nos da el derecho y la base jurídica, política y moral para peticionar al Congreso que admita a Puerto Rico como el Estado 51 de la gran Nación Americana.

 

  1. ELA, modelo político vetusto y fracasado (julio, 10)

 

El 25 de julio se celebró el día de la Constitución de Puerto Rico. Equivocadamente, algunas personas que no conocen la historia de la Isla, creen que en esa fecha se creó un nuevo status político, a un Estado Libre Asociado.

 

Nada más lejos de la verdad, Puerto Rico no es Estado como los otros 50 estados, no es libre como una república, y no está asociado como si hubiera existido un pacto entre “iguales”. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe. El ELA es una figura legal que crea un “estado de desigualdad” política.

 

Luego de crearse las Naciones Unidas, en el 1950 el Congreso de  los Estados Unidos se vio obligado a autorizar a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. Administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado. El propio estatus colonial requiere la Constitución de Puerto Rico sea aprobada por el Congreso. El ELA siempre ha sido transitorio.

 

El estatus colonial “Territorio No Incorporado” fue aparentemente beneficioso para la Isla. Durante las pasadas seis décadas, bajo el estatus colonial, gracias a la capacidad productiva de nuestra gente y a su vínculo con Estados Unidos, Puerto Rico mostró grandes adelantos en la economía, ciencia, justicia, salud, infraestructura, servicios, protección del ambiente, recreación y deportes; pero las limitaciones coloniales del ELA impiden los mismos derechos, privilegios y progreso económico de los otros cincuenta Estados

 

Aunque al principio, la Isla atrajo industrias, el ELA ha sido un fracaso como dinamo para impulsar la economía. Es evidente el desgaste del modelo de crecimiento bajo el ELA y la incapacidad de sus pilares de exención contributiva local-federal y el libre acceso al mercado estadounidense para propiciar crecimiento en el nuevo contexto de la globalización

 

Sin la “válvula de escape” hacia los Estados Unidos la economía se hubiera colapsado hace  tiempo. Hoy, cuatro millones de seres humanos con raíces puertorriqueñas residen en los Estados Unidos.  Estudiantes, profesionales, retirados y familias completas en todos los niveles económicos se siguen sumando a la nueva generación de emigrantes para vivir en un Estado Federado. El drenaje cerebral es imparable.

 

Bajo el modelo vetusto y fracasado del ELA, las ayudas federales sostienen la economía de Puerto Rico. Las administraciones anteriores bajo gobiernos estado-libristas dejaron un déficit de más de $3,300 millones. La nómina del gobierno representa el 76% del total de gastos del Fondo general. La deuda pública de $55 billones es un reflejo del descalabro de la economía de la Isla durante los últimos ocho años.

 

Buscar la solución del status no es incompatible con trabajar inteligentemente para sacar a Puerto Rico de la bancarrota moral, económica y fiscal. La incertidumbre sobre nuestro futuro político contribuye al estancamiento económico. La Estadidad, no solo le pone fin al colonialismo, sino provee un mejor marco de seguridad jurídica a la inversión productiva local, nacional y trasnacional. Bajo la Estadidad se asegura y se refuerza la red de seguridad social federal para salud, alimentación, vivienda, educación y servicios a los más necesitados.

 

El modelo económico de la Estadidad federada es la solución. En la Isla, más de 3.9 millones puertorriqueños reclaman los beneficios de igualdad política, los mismos derechos civiles y el mismo bienestar económico del resto de la Nación.

 

Cuando el pueblo de Puerto Rico, mediante una consulta democrática, solicite ser el Estado 51 el Congreso y la Nación le darán la bienvenida. Lo contrario sería cometer el más grande descarrío político y de justicia en contra de los ciudadanos americanos de Puerto Rico.

 

  1. A librarnos del yugo político. (Abril, 11)

 

El “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico” brinda una gran oportunidad a la Administración del Gobernador Fortuño para tomar acciones enérgicas y coordinadas con el Gobierno Federal en la búsqueda de soluciones a varios de los problemas que aquejan a Puerto Rico.

 

Aunque el Informe es solo uno con recomendaciones al Presidente, su contenido merece análisis objetivo y discusión abierta, madura y ponderada de cada uno de los planteamientos. La debilidad de este Informe es que el Grupo de Trabajo no tiene función Ejecutiva y muchos menos un mandato Congresional.

 

Me alegra que el Grupo de Trabajo interpretara que “el estatus sigue siendo de suma importancia para el pueblo de Puerto Rico” y se comprometiera  con “el objetivo de resolverlo en un periodo corto”.  Sentencian que “es hora que Puerto Rico de el próximo paso”.

 

El informe confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente y en cualquier momento. La ciudadanía americana no se garantiza permanentemente, y no se concede a las generaciones futuras.

 

Aunque las fuerzas colonialistas quieran ocultarlo queda claro que el Congreso puede alterar la relación con Puerto Rico unilateralmente, incluyendo declarar a Puerto Rico una república independiente. La autoridad constitucional exclusiva, jurídica, política y plenaria es el Congreso. Los territorios sin incorporar y las colonias como el ELA no son y nunca serán permanente. Punto.

 

Concurro con el Grupo de Trabajo cuando afirma que “la incertidumbre sobre el estatus está frenando a Puerto Rico en materia económica”. El modelo colonial del territorio no incorporado del ELA fracasó como experimento político, económico y social.

 

La realidad política es que a menos que Puerto Rico obligue al Congreso y al Presidente a ponerle fin a la colonia, no lo harán si no demostramos que la mayoría quiere un cambio político. Ante un Congreso que no puede aprobar un presupuesto, atender la deuda pública federal, manejar las guerras de Afganistán, Irak y Libia, reducir un desempleo de más de 9%, ni solucionar la crisis económica, dudo que se ocupen del estatus de Puerto Rico si no lo exigimos convincentemente.

Aunque los defensores del ELA prefieren que se consulte al electorado si desea continuar con el estatus territorial y colonial, el Gobernador Fortuño y el PNP proponen una consulta plebiscitaria entre Estadidad, Independencia y una República Asociada, efectivamente excluyendo al ELA en la primera consulta.

 

Para entender esta decisión es oportuno considerar la Resolución 1541 de las Naciones Unidas, los Principios de Descolonización y las formulas aceptables para resolver un estatus colonial.

 

Las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: cuando pasa a ser una República o Estado Independiente y soberano; cuando establece una libre asociación con otra nación o  Estado Independiente; y cuando se integra a otra nación independiente, como los cincuenta Estados de la Federación de Estados Unidos de América. Política e internacionalmente, el ELA es la última colonia del planeta.

 

Es de esperar que el tema del estatus predomine en la discusión pública. Pero el debate sobre el estatus no debe interrumpir el compromiso de un “buen gobierno”, mejorar la seguridad pública, luchar contra el narcotráfico y la corrupción, promover el crecimiento económico, creación de empleos, incentivar el turismo, reformar la educación y cumplir el compromiso de la Reforma Legislativa.

 

Llegó el momento de la decisión final en la lucha por la igualdad. Solo la Estadidad garantiza la protección Constitucional de la soberanía estatal y permanencia de la Ciudadanía Americana. Es hora de librarnos del yugo político colonial del ELA.

 

  1. Constitución, territorio/colonia o estadidad (julio, 11)

 

Hoy, 25 de julio, día de la Constitución e Puerto Rico, celebramos 113 años del inicio de la ocupación militar de Puerto Rico como colonia antillana de los Estados Unidos de Norteamérica.

 

La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para administrar asuntos locales. La historia legislativa reitera y el propio Muñoz Marín aceptó públicamente que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe.

 

Resulta oportuno señalar que la Constitución de Puerto Rico sostiene que:

“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

 

Como en otros capítulos en la historia de la humanidad, el contacto de la cultura anglosajona americana y la colonial española-puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña.

 

Procede reflexionar sobre el experimento político y traer un poco de historia a un pueblo que clama por que le pongan fin al estatus colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro.

 

Theodore Roosevelt, hijo del Presidente Teddy Roosevelt, luego de finalizar su término como Gobernador de Puerto Rico en el 1932, publicó su libro “Colonial Policies of the United States” (Archivo Nacional de los Estados Unidos, 1937 #E-713-R-66). Roosevelt se interesó en el concepto de Puerto Rico como un “dominio” con gobierno propio en el futuro. Pronosticó que la Isla tendría su propia Constitución para administrar los asuntos locales en el futuro.

 

El ex Gobernador Roosevelt dijo que el sueño imperialista del 1898 había probado ser irrealizable y reconoce que una “democracia como la de Estados Unidos” no puede administrar un imperio-colonial. Sentenció que la administración colonial en Puerto Rico  chocaba contra las tradiciones democráticas americanas y su pragmatismo gubernamental lo convenció que Puerto Rico era y siempre seria una carga económica para los Estados Unidos.

 

La Constitución para un gobierno propio colonial del 1952 es un instrumento político que en nada cambia el estatus territorial y cuyo nombre de Estado Libre Asociado solo tenía el propósito de engañar a la población insular y la opinión internacional. La intención era hacer creer que la Isla no era una colonia dentro del marco jurídico Constitucional y el Artículo 3, que reglamenta los Territorios y posesiones americanas en ultramar.

Ese fue el gran mito político-jurídico producto de mentes brillantes como el Juez el Supremo Abe Fortas, el Gobernador Tugwell y José Trías Monje,  defendido y difundido por Luis Muñoz Marín., el gran maestro político. Muñoz reconoció que Puerto Rico era una colonia americana bajo la tutela exclusiva del Congreso de los Estados Unidos de América.

 

Los Populares inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral, un pacto que nunca existió. Ahora quieren presentar la colonia como un territorio autónomo y soberano, un concepto jurídico ajeno a la Constitución Americana.  El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico

 

Tampoco podemos ignorar que la Tercera Sección del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión.

 

La Constitución nos garantiza el derecho a exigir al Congreso que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Cuando la mayoría de los puertorriqueños se exprese en contra de la colonia, en contra de una república independiente y a favor de la Estadidad convocaremos  la Asamblea Constituyente para redactar la Constitución del Estado de Puerto Rico.

 

  1. Consultas plebiscitarias: responsabilidad y derecho

 

Después de vivir 113 años bajo la bandera Americana, y a casi seis décadas de haber aprobado nuestra Constitución, el pueblo de Puerto Rico se acerca a la solución permanente del estatus político que define nuestra relación política con los Estados Unidos.

 

Celebro que el Gobernador Fortuño haya sometido a la Legislatura un proyecto de Ley que viabilice un Referéndum para consultar al electorado puertorriqueño sobre su preferencia ideológica.

 

En una democracia todos tenemos el derecho a opinar, pero discrepo respetuosamente de aquellos para quienes nunca es un buen momento para confrontar a Puerto Rico con su destino político y liberarnos el yugo político de la colonia.

 

El proceso es simple y claro. En la primera consulta, a celebrarse en agosto del 2012, se le preguntará al Pueblo si prefiere continuar con el estatus político actual (colonial) del ELA sujeto a la Cláusula Territorial de los Estados Unidos, o si prefiere un estatus político permanente no territorial ni colonial.

 

Si la mayoría escogiera un estatus político permanente y no colonial,  se llevará a cabo una segunda consulta en el 2013 para que el pueblo escoja entre (1) un Estado Federado de los Estados Unidos,  (2) una nación independiente de los Estado Unidos  o  (3) el Estado Libre Asociado Soberano (entiéndase republica asociada) .

 

Considero apropiado citar algunos pasajes de mi mensaje como Delegado Alterno de los Estados Unidos ante la 37ma Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 1982.

 

“En 1917 se extiende la Ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños y desde entonces cualquier ciudadano que nace en Puerto Rico es ciudadano americano con el derecho a la protección de sus leyes y disfrute de sus derechos”.

 

Estoy convencido que “los Estados Unidos sostienen una clara política de autodeterminación, y que aceptará, defenderá e implantará la decisión puertorriqueña sobre el asunto del estatus”.

 

Contrario a unas expresiones muy equivocadas y contrarias a la tradición democrática del Presidente Obama, “el Presidente Reagan dijo que el respaldaba la estadidad para Puerto Rico si esa era la selección de los puertorriqueños, que su administración aceptará la decisión de la mayoría del pueblo de Puerto Rico”.

 

“Somos nosotros los puertorriqueños los que tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de decidir nuestro sistema de gobierno y nuestra relación política con los Estados Unidos.

 

La Resolución 748 de 1953  sostiene que cualquier cambio en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos tomará en cuenta la voluntad del pueblo puertorriqueño y de los Estados Unidos”.

 

“En ese mismo proceso, la Asamblea General aprobó la Resolución 1541 que establece las alternativas disponibles al pueblo puertorriqueño y define que un Territorio ha alcanzado la plenitud de gobierno propio cuando (1) pasa a ser estado independiente, (2) establece asociación o (3) se integra a otro estado independiente”.

 

Precisamente, esas son las tres alternativas de la segunda consulta: Independencia, Republica Asociada y Estadidad.

 

“El pueblo puertorriqueño tiene el derecho Constitucional, dentro del marco de las relaciones  políticas con los Estados Unidos, y sostenido en nuestra propia Constitución, de alterar  y enmendar nuestra Constitución de acuerdo a nuestras necesidades  y convicciones políticas e ideológicas. Las Naciones Unidas en su Resolución 1541, Principio VII defiende ese derecho”.

Nuestro status político continúa siendo un asunto de primordial importancia en nuestra propia agenda del presente y del futuro. Al imperio británico le tomó 100 años liberar su “crown jewel colony”, Hong Kong. Confiamos que pasados 115 años, el Congreso atienda el reclamo de la mayoría de los puertorriqueños en las dos consultas plebiscitarias. Estoy convencido que rechazaran el estatus territorial/colonial en el 2012 y apoyarán la Estadidad como única relación permanente con los Estados Unidos en la segunda consulta.

 

  1. Decisión crucial: Ser o no ser.  (dic. 12, 21011)

 

Periódicamente se presentan oportunidades históricas para que nuestro pueblo participe en decisiones cruciales sobre su futuro. Ese momento es el que nos presenta la consulta sobre nuestro status político. Para comenzar, podemos analizar, debatir y llegar a conclusiones si queremos “ser o no ser un Territorio No Incorporado de los Estados Unidos” o si por el contrario  aspiramos a un status  no colonial y permanente.

 

El tema del status se ha discutido por más de un siglo, pero la responsabilidad está ahora en las manos de los líderes políticos electos. El pueblo de Puerto Rico debe exigir a los representantes de todos los sectores que discutan abiertamente sus argumentos en favor o en contra del estatus  colonial o “Territorio” bajo la tutela del Congreso, de manera que la decisión en las urnas sea una educada y bien informada.

 

Es necesario presentar un esquema de las áreas más importantes que merecen atención en el debate público. En ese esquema, no puede escaparse  “la dependencia económica y el fracaso del modelo económico” del ELA.

 

Durante el cuatrienio pasado y contrario a una sana administración y los principios de un buen gobierno, por ventajería política o desconocimiento, los políticos comprometieron recursos que no existían, prometieron e hicieron obras y programas que no se podían sufragar y se tomó prestado más allá de lo que pueden sostener las generaciones futuras. Algunos políticos ofrecen villas y castillas sin considerar el costo de la obra  ni los gastos de operación, mantenimiento y reemplazo.

 

Hay que reconocer que la Administración del Gobernador Luis Fortuño rescató la economía de una clasificación crediticia a nivel “chatarra’; gestó Alianzas con el sector privado para la Escuelas del Siglo 21 y para operar autopistas a nivel mundial y promueve múltiples proyectos de energía renovable para romper la dependencia del petróleo y bajar los costos de la energía que estrangulan la economía de Puerto Rico.

 

Un estudio por publicarse del Lcdo. Frank Rullán, revela que Puerto Rico ha recibido $133.6 billones netos del gobierno de los Estados Unidos, después de deducir pagos al Servicio de Rentas Internas (IRS), incluyendo pagos de Seguro Social y Medicare durante los últimos 11 años. Según “The Economist”, el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de Puerto Rico durante veinte años (1990-2009). Es importante reconocer que Puerto Rico pagó al gobierno federal (IRS) $73.7 billones durante esas dos décadas.

 

Durante el 2009, los gastos federales en Puerto Rico ascendieron a $7.7 billones por Seguro Social, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda y Sección 8 y Becas Pell; $4.4 billones por desempleo; $7.5 billones para ayudas federales; $600 millones para contratos y servicios; y $1.2 billones para empleados federales, la mayoría puertorriqueños.

 

Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico estaría sumido en la miseria. Durante el 2010, las transferencias federales ascendieron a $17.2  billones, de los cuales $16.3 billones fueron pagos directos a ciudadanos. El gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional y Mujeres, Infantes y Niños.

 

Bajo el ELA, Puerto Rico vive una ilusión óptica de la economía local. La población se ha acostumbrado a que los contribuyentes de Estados Unidos sostengan la economía insular. Las limitaciones coloniales del ELA impiden el progreso económico y un desarrollo igual al de de los otros Estados americanos.

 

Llegó la hora de la decisión crucial: “ser o no ser”: colonia, territorio, Republica o  Estado Federado. La aprobación de la consulta plebiscitaria sería la contribución más importante que esta Legislatura puede hacer para el desarrollo político y bienestar económico de los puertorriqueños. Es un deber moral y político para con Puerto Rico.

 

  1. Fundamentos y principios estadistas

 

La consulta plebiscitaria del 6 de noviembre marca un paso histórico para comenzar a resolver  el status político. Es una obligación ciudadana  promover una discusión racional sobre las alternativas aceptables al Congreso y la comunidad internacional: Estadidad, Republica Independiente y una republica asociada, llamada ELA soberano.

 

Es apropiado conversar públicamente sobre cada una de las alternativas ideológicas que definen la relación futura entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Haré un esfuerzo por explicar los criterios,  fundamentos y principios que me motivan defender la Estadidad Federada y la igualdad ciudadana.

 

Cuando se funda el Partido Republicano en 1899, el prócer puertorriqueño, Dr. José Celso Barbosa, defendió la “Anexión definitiva y sincera de Puerto Rico a los Estados Unidos” y la “Declaración de territorio organizado para Puerto Rico, como medio de ser luego un Estado de la Unión Federal”.

 

El ideal estadista, como todo ideal y desde su comienzo, fue y sigue siendo de profunda naturaleza emocional. Sin embargo, existen fundamentos pragmáticos y razones objetivas que fortalecen la defensa del ideal de Estadidad. Nos corresponde discutir algunos argumentos a favor de la Estadidad.

 

Para comenzar, podemos examinar algunos de los fundamentos que fortalecen la convicción Estadista. Los Estados Unidos de América es nuestra Nación, somos Ciudadanos de Estados Unidos y aunque tengamos raíces y cultura diferente la Ciudadanía de los Estados Unidos somos ciudadanos y Nacionales de los Estados Unidos

 

Mucho se ha debatido el tema de la autonomía y la soberanía, como si fueran exclusivas de una republica independiente. La realidad es que la Estadidad garantiza autonomía local y los poderes soberanos de un Estado Federado, más amplios que los que posee un Territorio no incorporado

 

El Estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes que hoy día aparecen en la Constitución de Puerto Rico y todos los poderes de un Estado Federado garantizados por la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Disfrutaremos plenamente de la soberanía compartida dentro de la Nación Americana.

 

El tema de la cultura siempre ha generado argumentos que no pueden ignorarse. Por el contrario, es la responsabilidad de los que apoyamos la Estadidad presentar y explicar nuestros argumentos.

 

El contacto de la cultura americana, la colonial española y la puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña. La estadidad no implica perder nuestra identidad puertorriqueña.

 

La realidad histórica, es que  nos hemos desarrollado inmersos en dos culturas: la cultura puertorriqueña y la cultura americana. Además, el sistema americano, según plasmado en la “Carta de derechos” representa libertad, democracia y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos.

 

La Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Americana, y el “Voting Rights Act” le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías raciales, culturales, religiosas y lingüísticas en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.

 

La importancia del idioma no puede relegarse a un segundo plano. Ser bilingüe es un atributo positivo. Saber inglés es beneficioso para el turismo, negocios, comunicaciones, empleos, nueva tecnología, investigación científica, desarrollo profesional y enriquecimiento cultural.

 

La economía debe ser parte del debate sobre el status. La Estadidad  le pone fin al colonialismo y provee un mejor marco de seguridad jurídica a la inversión productiva local, nacional e internacional. El modelo político económico de un Estado Federado tiene otro tipo de ventajas socio-económicas que están ausentes en nuestro agotado modelo colonial.

 

Don Luis Ferré predicaba que la Estadidad era para los pobres. Realmente, la estadidad garantiza la igualdad y será beneficiosa para todo el pueblo puertorriqueño. La Estadidad asegura y refuerza la red de seguridad social federal para salud, alimentación, vivienda, educación y servicios a los más necesitados

 

  1. Status de Puerto Rico-101

 

La exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 3648 es un curso concentrado sobre la historia, aspectos jurídicos y decisiones de política pública sobre el status de Puerto Rico. En vista del plebiscito del 6 de noviembre, es lectura requerida para todos los que quieran entender de dónde venimos y cómo vamos a llegar a donde queremos ir políticamente como pueblo.

 

Comparto algunas de mis notas. Desde 1898 Estados Unidos ejerce su soberanía sobre Puerto Rico conforme al Tratado de Paris y ratificado por el Senado de Estados Unidos el 11 de abril de 1899. El articulo 9 dispone que “los derechos civiles y la condición política de los habitantes en Puerto Rico eran determinados por el Congreso”.

 

Al presente la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá disponer o promulgar las reglas y los reglamentos necesarios en relación con el territorio”.

 

La Ley Jones del 2 de marzo del 1917 declaró que “los habitantes de Puerto Rico serán ciudadanos americanos con los derechos civiles y el estatus político determinado por el Congreso, consistente con un territorio no incorporado.”

 

La Ley Federal 81-600 del 3 de julio de 1950  concede a los puertorriqueños el derecho a redactar su propia constitución para gobernar los asuntos internos del Gobierno de Puerto Rico. El 3 de julio de 1952, el Congreso ratificó, con enmiendas, la Constitución de Puerto Rico y la Convención Constituyente aceptó la enmienda congresional sin consultarle al pueblo.

 

La Constitución de Puerto Rico establece una estructura de gobierno propio en relación a asuntos internos y administración de gobierno local, sujeto a la Constitución de los Estados Unidos y Leyes federales aplicables. La Ley 600 no creó un nuevo status político para Puerto Rico.

 

El Congreso no renunció de forma alguna a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico. Durante la aprobación de la Ley 600, el Comisionado residente Antonio Fernos Isern declaró que “ HR7674 would not change the status of the island of Puerto Rico relative to the United States… It would not alter the powers of sovereignty acquired by the US over Puerto Rico, under the terms of the Treaty of Paris”.

 

En diciembre del 2005, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca  expresó que bajo el ELA Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. De igual forma, expresó la inhabilidad constitucional del llamado “ELA Mejorado”.

 

El informe del Grupo de Trabajo  reconoce que las únicas dos alternativas constitucionalmente viables son la estadidad y la independencia. Reconoció además que la independencia puede tener varias formas: independencia tradicional o independencia mediante un pacto de libre asociación y en el 2007 concluye que un “pacto de libre asociación puede ser variado unilateralmente” y que la libre asociación es una forma de independencia.

 

El Grupo de Trabajo nombrado por el Presidente Obama en el 2009 rindió un informe en marzo del 2011 en el que expresa que el Estado Libre Asociado seguirá regido por la Cláusula Territorial que ha sido reafirmada por el Tribunal Supremo Federal que resolvió que el Congreso de Estados Unidos tiene autoridad para ejercer sus poderes sobre Puerto Rico al amparo de la Cláusula Territorial y tratarlo diferente que a otros estados.

 

Felicito al Gobernador Luis Fortuño y a  la Asamblea Legislativa por “viabilizar un proceso de autodeterminación que permita al Pueblo de Puerto Rico expresarse libremente sobre su futuro político y su relación con Estados Unidos de América, e iniciar el proceso de descolonización que permita conocer la voluntad de nuestro pueblo para exigirle al Presidente y al Congreso de Estados Unidos que respeten y viabilicen esa voluntad”.

 

  1. Colonia/Territorio o Estadidad    01/23/12

 

Mientras no se resuelva el problema fundamental que divide al pueblo puertorriqueño y que penetra todos los niveles de la sociedad, el gobierno y el razonamiento de las políticas públicas, Puerto Rico continuará por el camino de los colores y las pasiones ideológicas.

 

La condición territorial y colonial actual nunca ha sido, ni será  permanente porque carece de reconocimiento legal o garantías constitucionales.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos  resolvió que Puerto Rico es un “Territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la “Cláusula Territorial” y como tal  su soberanía reside en el Congreso. Esta subordinación colonial requirió que hasta la Constitución de Puerto Rico fuera aprobada y podría ser derogada unilateralmente por el Congreso.

 

Una verdad inescapable es que una libre asociación (Estado Libre Asociado Soberano)  no tiene cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. La “libre asociación es un tipo de independencia”, o un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento.

 

El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico, como lo afirmó el propio Luis Muñoz Marín durante el proceso que culminó con la aprobación de la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico. El Congreso tiene pleno y exclusivo poder legal sobre 3.7 millones de puertorriqueños en la Isla.

Contrario a lo que alegan los defensores del estatus territorial o colonial, el modelo político y económico actual es un fracaso absoluto. Urge adoptar otro modelo político-económico. Las limitaciones coloniales de nuestra condición subordinada impiden que se les apliquen a los ciudadanos americanos de Puerto Rico los mismos derechos, privilegios y progreso económico de los otros cincuenta estados.

 

El Congreso legisló la Ley Orgánica, conocida por la ley Foraker, para establecer un gobierno civil en Puerto Rico. Posteriormente, la Ley 600 fue aprobada por el Congreso y autorizó a Puerto Rico a tener su propia Constitución para regir sobre cuestiones locales en semejanza a las otras constituciones estatales.

La Constitución de Puerto Rico de 1952 que estableció un gobierno propio local y colonial es un instrumento político que no cambió ni alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación final.

 

Puerto Rico no es ni nunca ha sido una Nación independiente y soberana. Las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) no reconocen a Puerto Rico como una nación.

 

La Constitución Americana establece que la Unión está integrada por Estados que tienen sus propios poderes y áreas de jurisdicción. Aquellos poderes que no son ocupados por el gobierno federal les corresponden a los gobiernos estatales.

 

La Estadidad le daría a los puertorriqueños residentes en la Isla la garantía de estar representados en condición de igualdad y formar parte del poder político y decisional.

 

Esta representación se fundamenta con dos Senadores y cinco Congresistas puertorriqueños que tendrán voz, voto y antigüedad en las Comisiones donde se aprueban los presupuestos, programas y nuevas iniciativas gubernamentales. Puerto Rico tendrá puertorriqueños que presidan la Comisiones del Congreso, en las que se aprueban las políticas públicas.

 

El fracaso de la Embajadora nominada Mari Carmen Aponte representa la ausencia de poder político de la condición colonial actual. Aponte es víctima de la contradicción de su propia ideología: aspirar a representar la nación que su propio partido rechaza.

 

La estadidad les otorgaría a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el voto Presidencial y cinco votos en El Colegio Electoral. Además, se reconoce que actualmente hay 4.6 millones de ciudadanos de raíces puertorriqueñas en los estados que tienen un alto potencial para decidir la elección presidencial. Esta realidad, nos daría mayor influencia y poder político dentro de la Nación Americana.

 

  1. Plebiscito y la igualdad ciudadana     6 de febrero, 2012

 

Resulta moralmente ofensivo a la sensibilidad de todos los puertorriqueños que el Congreso incumpla su responsabilidad y que continúe posponiendo o evitando que los puertorriqueños finalmente escojan un status digno y permanente. El Congreso tiene la obligación inexorable y única de viabilizar un plebiscito final entre las dos alternativas soberanas y permanentes: la estadidad o la independencia (con o sin “libre asociación”).

 

La nación americana y el electorado de Puerto Rico no pueden ignorar que las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: (1) cuando pasa a ser una Nación Independiente y soberana (independencia); (2) cuando como nación independiente y soberana establece una libre asociación con otra nación independiente y soberana (independencia con libre asociación); (3) o cuando se integra en igualdad plena a otra nación independiente y soberana (estadidad).

 

El día de las elecciones generales, el pueblo tendrá la oportunidad de expresar si respalda o rechaza la condición territorial (colonial) para luego escoger una de las alternativas reconocidas internacionalmente: (1) Estadidad, (2) Independencia y (3) el Estado Libre Asociado Soberano fuera de la cláusula territorial (otra forma de independencia con libre asociación).

 

La estadidad es el único status que nos preserva y garantiza la Ciudadanía de los Estados Unidos. La ciudadanía establece que somos nacionales  americanos. Nuestra Nación jurídica, política y sentimental es Estados Unidos de América.

 

Un suceso extraordinario que cambió nuestro rumbo político e ideológico fue el Acta Jones, la Carta Orgánica de 1917 de Puerto Rico que estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un estado de la Unión y sujeto a las disposiciones del artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos.

 

Con la misma fuerza histórica, el Acta de Naturalización del 1941 garantiza que todas las personas que nacen en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, se declaran ciudadanos de los Estados Unidos.

 

Sin embargo, bajo los poderes unilaterales que la “Cláusula Territorial” le otorga al Congreso sobre Puerto Rico, éste cuenta con la potestad de revocar la ciudadanía estadounidense a los que nacieran en Puerto Rico a partir de una fecha futura. La Constitución y las leyes federales aplican  a los Territorios solo cuando así lo determine el Congreso.

 

La Ciudadanía concedida mediante Ley a los puertorriqueños es parcial e incompleta ya que es de carácter estatutario y toda ley puede ser enmendada o derogada unilateralmente por el Congreso. En cambio, la ciudadanía adquirida por virtud de nacer en un Estado de la Unión es permanente e inalterable, ya que es de carácter constitucional.

 

Los ciudadanos de un territorio no tienen derecho a considerarse iguales en su condición o derecho a los mismos beneficios bajo las leyes federales, como por ejemplo: votar en las elecciones federales/nacionales y tener su ciudadanía americana garantizada para futuras generaciones nacidas en el territorio, o preservarla si el territorio asume una soberanía separada.

 

Somos ciudadanos de segunda categoría de un territorio colonial jurídica y constitucionalmente imperfecto y limitado en autoridad. Como consecuencia de esa condición política, no tenemos el derecho a votar por el presidente, no podemos elegir dos Senadores y cinco Representantes al Congreso que nos correspondería si fuéramos Estado y carecemos de paridad en la asignación de los fondos federales.

 

Queremos y aspiramos a una ciudadanía con todos los derechos y responsabilidades de los demás ciudadanos de la Nación, por lo que en el plebiscito rechazaremos que pongan en riesgo la ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos. Sólo la estadidad nos garantiza la igualdad ciudadana.

 

  1. La razón de ser estadista 20 de febrero 2012

 

Cuando analizamos la “razón de ser” del sentimiento estadista del puertorriqueño que prefiere que Puerto Rico se convierta en un Estado de Estados Unidos, se descubre que cada ciudadano tiene múltiples razones para preferir el “ideal de la unión permanente con Estados Unidos”.

 

Resaltan la aspiración por la plena igualdad ciudadana y política; por los derechos y oportunidades que tienen los otros ciudadanos americanos y el convencimiento de que la estadidad es la única que garantiza constitucionalmente la ciudadanía americana; la participación democrática y plena en las tres ramas del gobierno federal; los derechos civiles de todos los ciudadanos en condición de igualdad; la estabilidad política y económica; el progreso y desarrollo socio-económico y la igualdad de beneficios y derechos como el resto de nuestra nación.

 

Predomina nuestra convicción por mantener la ciudadanía americana y llevarla a su grado de absoluta igualdad sobre cualquier otra razón, porque sentimos que somos parte de la nación de mayor libertad y progreso en el mundo. No nos conformamos simplemente con una ciudadanía americana  de segunda clase, aspiramos a un futuro mejor para Puerto Rico y exigimos lo mejor para nuestros hijos y las generaciones futuras.

 

La estadidad representa las aspiraciones de la mayoría del pueblo puertorriqueño que no quiere perder o poner en riesgo su ciudadanía americana. Los estadistas aspiramos a salir de la actual indefinición e incertidumbre política, acabar con cinco siglos de coloniaje y ponerle fin al coloniaje moderno del mal llamado Estado Libre Asociado.

 

La estadidad es la única herramienta para lograr la igualdad de todos los ciudadanos que residen en Puerto Rico con el resto de la nación. Dentro de la estadidad se aplican y se defienden todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso, se elimina la desigualdad política y constitucional entre los ciudadanos de los 50 estados y los ciudadanos residentes de Puerto Rico y se garantizan los mismos derechos y oportunidades. La estadidad nos garantiza que Puerto Rico nunca se convertirá en otra república.

 

Consideramos que Puerto Rico podría convertirse en uno de los estados con mayor influencia en la nación. Tendremos el derecho a votar por el Presidente de Estados Unidos y elegir a dos Senadores y cinco Congresista a la Cámara de Representantes. Como estado con lenguaje y cultura hispana, Puerto Rico podría servir como puente e interlocutor entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos.

 

Sin lugar a dudas, la economía de Puerto Rico está estrechamente ligada y depende de la economía de Estados Unidos. Debido a las condiciones existentes en la economía global, una isla pequeña, sobre poblada, con limitados recursos naturales y económicos como la nuestra necesita formar parte integral de Estados Unidos para poder competir, progresar y asegurar las mejores condiciones para nuestro pueblo.

 

La estabilidad política que representa la estadidad permitirá realizar gestiones para solucionar los graves problemas que confronta Puerto Rico. Tendremos más oportunidades de inversión y garantías económicas que fomenten nuevos negocios, industrias, comercio, turismo y actividad socio-económica que a su vez generará más y mejores empleos, mayores beneficios sociales y una mejor calidad de vida.

 

Como consecuencia del crecimiento y desarrollo de la economía, se  generarán más recursos para invertir en la educación, seguridad pública, protección ambiental, conservación de los recursos naturales, recreación pasiva y activa y servicios de bienestar y salud pública.

 

Estamos convencidos que la igualdad política nos brindaría la oportunidad de hacer alianzas con otros grupos hispanos para promover asuntos de interés común, como educación, salud y desarrollo de la infraestructura.

 

Merecemos ser parte integral y esencial de la nación mundialmente líder en la defensa de los valores democráticos y la libertad.

 

  1. Vínculos inquebrantables con EEUU     5 de marzo, 2012

 

Los ciudadanos que estamos comprometidos con los valores de la estadidad, tenemos la responsabilidad de explicar públicamente las razones que mueven a la mayoría de nuestro pueblo a defender los verdaderos lazos de unión permanente con nuestra nación americana.

 

Nos identificamos con los Estados Unidos porque su Constitución y  la “Carta de Derechos” son documentos fundamentales que se consideran como los más importantes de la humanidad y que sirvieron de modelo e inspiración para las Constituciones de los 50 estados, la Constitución de Puerto Rico y las de muchas naciones extranjeras.

 

Esos documentos históricos reconocen, protegen y promueven los derechos ciudadanos a la libre expresión, a protestar sin perjuicio, a practicar las creencias religiosas de preferencia, a ejercer el voto libre para seleccionar gobernantes, a tener libertad de movimiento dentro, entre los estados e internacionalmente y la libertad para tomar decisiones, discrepar y asumir responsabilidades. Estos documentos garantizan unas libertades democráticas en donde predomina el imperio de la ley y la justicia en todas las relaciones humanas individuales y comunitarias.

 

Estados Unidos es una democracia representativa, abierta y transparente que conduce a una transición democrática, pacífica y humanitaria evidenciada durante cambios de gobierno cada cuatro años. Es un sistema político de reconocida estabilidad gubernamental donde se fomentan y anticipan la participación democrática en todos los niveles de la sociedad.

 

Estados Unidos nos ha brindado la protección de la Constitución, la nacionalidad y ciudadanía americana. Esta es una sociedad predicada en la tolerancia y un sistema de justicia que garantiza el debido proceso de ley en todos los ámbitos del gobierno federal, estatal y local.

 

Aunque los puertorriqueños defendemos nuestra cultura con orgullo, al mismo tiempo valoramos, somos parte integral y aportamos a la cultura americana. Admiramos la estructura social representada por el respeto a las leyes, su disciplina, los servicios voluntarios y los beneficios que se reciben a cambio de las contribuciones que pagamos los ciudadanos.

 

Los cincuenta estados son la válvula de escape para miles de puertorriqueños que aspiran a una mejor calidad de vida. Es el hogar donde conviven 4.6 millones de conciudadanos de origen puertorriqueño. Por ser ciudadanos de los Estados Unidos, los puertorriqueños tenemos acceso libre para desplazarnos nacional e internacionalmente. Nuestro codiciado pasaporte es reconocido, aceptado y valorado mundialmente.

 

Nuestra nación Americana le brinda vastas oportunidades a los puertorriqueños para que demuestren sus talentos y sus dotes artísticas, científicas, deportivas y políticas entre otros. Nuestra representación valiosa en la defensa militar de los Estados Unidos está registrada en la historia de la nación. Los soldados boricuas, miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, han luchado con gallardía por esta gran democracia y los derechos humanos y nuestra nación americana reconoce su valentía y sacrificios.

 

Los puertorriqueños sentimos orgullo de la nación americana porque Estados Unidos es un líder democrático, tecnológico, comercial y cultural que es modelo de civilización mundialmente. Nuestra nación es altamente productiva, trabajadora, ingeniosa, científica y progresista en la cual predominan los adelantos y disponibilidad del nuevo desarrollo tecnológico, incluyendo el campo de la ingeniería, medicina, ciencias y las artes.

 

Los puertorriqueños celebramos y somos parte integral de las grandes proezas científicas y del progreso nacional, tales como el programa espacial de la NASA, las invenciones científicas, la protección ambiental, el manejo de las reservas forestales y Parques Nacionales, y las leyes para proteger y conservar nuestros recursos naturales. Nos satisface la importancia que el pueblo americano les brinda a las personas con necesidades especiales, a las mujeres, los niños, estudiantes y a los más necesitados de la población.

 

Todos esos valores viven y son parte fundamental de la cultura puertorriqueña y por ende inducen a atesorar los vínculos inquebrantables con nuestra nación americana.

 

  1. US Commonwealth of Puerto Rico 19 de marzo, 2012

 

Aunque el nombre de “Estado Libre Asociado” es una contradicción política y jurídica, la Ley Publica 600, la Constitución de Puerto Rico y el “US Commonwealth of Puerto Rico” viabilizan la transición de Puerto Rico a la estadidad.

 

La Ley Publica 600, aprobada por el Congreso en 1950, autorizó a Puerto Rico a adoptar su propia Constitución para crear un gobierno que rigiera sobre cuestiones locales, al igual que las otras constituciones estatales.

 

El entonces gobernador Luis Muñoz Marín, la Asamblea Constituyente, y el pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso: (1) que incluyese una carta de Derecho; (2) que crease un gobierno de forma republicana; (3) que estuviese de acuerdo y sujeta a las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos; y (4) que estuviese de acuerdo con la Ley Publica 600.

 

La intención primordial de estos requisitos es la de asemejar y hacer viable que todo territorio pueda ser un estado de la Unión en un futuro. De tal forma, la constitución de un territorio puede permanecer vigente cuando sea admitido como un estado de la Unión, como sería en el caso de Puerto Rico.

 

Obviamente, la Constitución de Puerto Rico tenía que subordinarse a la Constitución nacional,  ya que ésta prevalece y es de mayor rango que cualquier ley o constitución estatal o territorial. De la misma manera, la Constitución de Puerto Rico cumple con el requisito de ser un territorio organizado políticamente como un estado para poder ser admitido a la Unión.

 

El Preámbulo de nuestra Constitución sostiene que: “Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute colectivo de sus derechos y prerrogativas”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. Estos postulados son la base del camino hacia la estadidad.

 

No cabe duda, la Constitución que se aprobó en 1952 es la antesala a la estadidad.  En esencia, la comunidad política creada por virtud de la Constitución de Puerto Rico es como un estado no admitido, pero en proceso de ser admitido.

 

En el 1901 la Corte Suprema de los Estados Unidos creó la diferencia entre un “Territorio Incorporado” en vías a convertirse en estado y otro “No Incorporado”, con otras opciones. En el 1922, en el histórico y famoso caso Balzac vs. Porto Rico, la Corte Suprema efectivamente “legisló” que Puerto Rico era un “Territorio No incorporado” aunque sus residentes fueran nacionales y ciudadanos americanos.  Por suerte, parece que cuando el Congreso aprobó la  Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico, tuvo el efecto revocar el caso Balzac “en silencio”.

 

A pesar de ese desatino jurídico-constitucional, parece que el proceso de Puerto Rico como Territorio Incorporado comenzó en el 1917 a través de la concesión de la Ciudadanía Americana. Aunque no fue la intención del Congreso cambiar la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos, sino meramente disponer sobre su gobierno interno, la Ley 600 y la Constitución del 1952 se convierten en la antesala del “territorio colonial incorporado” en ruta a la estadidad.

 

De hecho, durante décadas nos han considerado como si fuéramos un estado llamado “the Commonwealth of Puerto Rico” y nos incluyen en muchos de los programas nacionales, como transportación, agricultura, justicia, ambiente, educación, vivienda, asistencia médica y asistencia nutricional entre otros.

 

Por tanto, no podemos negar que la federalización “de jure y de facto” del “US Commonwealth of Puerto Rico” tratando a Puerto Rico como si fuera territorio nacional incorporado, es otro paso irreversible y el preludio político-jurídico a la estadidad.

 

  1. Riesgos vs. Reafirmación 04/02/2012

 

Se acerca la fecha en que los puertorriqueños se encontrarán ante la disyuntiva de escoger entre la verdadera unión permanente con los Estados Unidos y una república independiente o asociada; tendrán que determinar si quieren poner en riesgo  la ciudadanía americana de las futuras generaciones.

 

Es innegable que toda la vida ciudadana, económica  y jurídica de los puertorriqueños está asociada a funciones federales: recursos naturales, justicia, seguridad pública, educación, salud, servicios sociales, comunicaciones, bancos, correo, puertos, carga marítima y hasta el IRS.

 

Como Puerto Rico es un territorio cuasi-incorporado de Estados Unidos y nuestra base económica está fundamentada y forma parte integral de la economía americana, tenemos libre acceso al mercado más desarrollado y con mayores recursos del mundo.

 

Los cincuenta estados nos ofrecen un potencial incalculable para mercadear los productos y servicios producidos en la isla. Exportamos $30 billones hacia los cincuenta estados, mientras que anualmente compramos $23 billones a los EEUU; un “balance positivo de $7 billones a nuestro favor. Siendo el turismo una de las principales fuentes de empleo, nuestra fuente turística de donde proceden más del 90%% de nuestros visitantes es Estados Unidos.

 

Por otro lado, Estados Unidos provee ayuda técnica y económica y supervisa el uso de fondos federales para beneficio del pueblo. Nuestras agencias estatales, municipios, centros universitarios, ciudadanos y corporaciones sin fines de lucro, participan activamente y se benefician directamente de más de 141 programas federales que facilitan esa ayuda para beneficio del pueblo puertorriqueño.

 

Aunque el verdadero trato de paridad solo se logrará con la estadidad, los puertorriqueños nos beneficiamos por la participación de nuestros ciudadanos en el Seguro Social, Medicare; Programas de Asistencia Médica (PAM) y Nutricional (PAN) ; ayudas para niños y adultos con necesidades especiales; servicios médicos y rehabilitación para veteranos en Puerto Rico; préstamos y Becas Pell para estudiantes universitarios; subsidios de alquiler por la Sección 8 federal y seguros federales para vivienda, agricultura y desempleo, entre otros.

 

Igualmente, las Agencias federales como Drug Enforcement Administration (DEA), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives  (ATF) y el FBI combaten el narcotráfico y las actividades criminales que amenazan la seguridad del pueblo. La Fiscalía Federal y el FBI también intervienen contra la corrupción gubernamental y el “crimen de cuello blanco”.

 

El Departamento de Justicia Federal monitorea a la Policía, supervisa los derechos de la población con retardación mental y el Tribunal Federal determina las condiciones y los servicios de salud y rehabilitación en las instituciones penitenciarias

 

“Homeland Security” ofrece a los pasajeros terrestres, marítimos y aéreos  todas las garantías de seguridad, mientras la “Federal Aviation Administration” supervisa las operaciones de los controladores de vuelos y el transporte aéreo, tanto de carga como de pasajeros.

 

La Guardia Costera protege nuestras costas y lleva a cabo operaciones de rescate marítimo. Las leyes, reglamentos, Órdenes Ejecutivas y decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos forman parte del diario ordenamiento de nuestra sociedad. Las dependencias de defensa nacional protegen nuestra isla de intervenciones ilegales y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) contribuye en aquello que pueda afectar los recursos naturales.

 

El correo, la moneda y el sistema bancario son aspectos particulares que están muy institucionalizados en nuestra cultura, modo de vida y economía. Tan es así, que el Morro, la Flor de Maga, el Yunque, la cotorra  y el coquí están forjados en monedas americanas.

 

Como ciudadanos americanos tenemos derecho a viajar libremente hacia y entre los cincuenta estados para pasear, residir, estudiar, trabajar, participar en reuniones científicas, políticas y de carácter intelectual y disfrutar actividades culturales a nuestra conveniencia.

 

Ahora es el momento de reafirmar que queremos la verdadera unión permanente o pondremos en riesgo las garantías, seguridad y el progreso que representa nuestra ciudadanía americana.

 

  1. Lucha por la igualdad 16 de abril, 2012

Una de las áreas que debe discutirse antes del plebiscito es el desarrollo económico de Puerto Rico durante las pasadas seis décadas bajo el estatus territorial colonial.

 

Las limitaciones de nuestra condición política actual impiden que Puerto Rico disfrute de los mismos derechos y privilegios de los cincuenta estados y un desarrollo económico sostenible. Esas debilidades y las malas administraciones de los defensores de la colonia destruyeron la clasificación crediticia y llevaron a Puerto Rico al borde del precipicio económico.

 

Estamos muy rezagados cuando comparamos el desarrollo económico local con los estados más pobres de la Nación. Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con cada uno de los 50 estados, Puerto Rico es el último con un GDP por persona de $23,380 cuando el promedio de Estados Unidos es $47,482.

 

Aunque importantes para nuestra economía, las transferencias federales no son el pilar principal que sostiene el ideal de la estadidad. Aún así, estamos obligados a luchar por un trato de igualdad ante el Congreso de los Estados Unidos para derrumbar las restricciones políticas que impiden un desarrollo apropiado.

 

Reconocemos que no podemos depender exclusivamente de la asistencia federal como una solución permanente o exclusiva a los problemas fundamentales de Puerto Rico. Sin embargo, es nuestra responsabilidad competir por los fondos federales para beneficio de toda la población, principalmente los desempleados, la gente de escasos recursos y la clase media, y por supuesto la infraestructura necesaria para nuestro desarrollo económico.

 

Es innegable que durante las últimas dos décadas (1990-2009), el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de Puerto Rico, de los cuales Puerto Rico pago $73.7 billones al IRS, (incluyendo pagos de Seguro Social y Medicare) dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4.

 

Los beneficios del Seguro Social y Medicare tampoco pueden ignorarse. Por ser ciudadanos americanos, en el 2010 los pagos del Seguro Social fueron de $6,829 millones, mientras que Puerto Rico aportó $2,528.4 millones, una diferencia favorable de $4,300.6 millones. Medicare reembolsó $2,509.9 millones, y los puertorriqueños aportaron $449.1 millones, una diferencia favorable de $2,060.8 millones. Bajo la Estadidad, los beneficios para los ciudadanos americanos que cualifican para Seguro Social y Medicare y residen en Puerto Rico seria mucho mayor en ambos programas.

 

Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico viviría en extrema pobreza. Basta señalar que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación, $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional, (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

 

Bajo el territorio colonial y la república asociada no se garantizan esos beneficios. Sin embargo, como estado Puerto Rico recibiría fondos federales adicionales para beneficio de todo el pueblo. Reclamaremos fondos, como derecho no como dadivas, para educación, salud, seguridad pública y la lucha contra el crimen, servicios sociales, vivienda, transportación, infraestructura, desarrollo económico, protección del ambiente y todo aquello que mejore la calidad de vida a los puertorriqueños.

 

Con la estadidad, ésta infusión de fondos federales adicionales tendría un efecto multiplicador sobre nuestro crecimiento económico y la creación de empleos. La estadidad contribuiría a reducir los niveles de pobreza prevalecientes bajo el status colonial actual, a combatir la desigual distribución de la riqueza y a reducir nuestra dependencia de fondos federales en el futuro.

 

Nuestra objetivo “no es ser dependiente de los fondos federales”, por el contrario, estamos convencidos de que con la estabilidad, permanencia y seguridad de ser un estado de la unión, se impulsará el desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.

 

Nuestra meta es convertir a Puerto Rico en estado para reclamar la igualdad política y económica que nos pertenece como ciudadanos de los Estados Unidos.

 

  1. Estadidad, visión futura 4/30/12

 

A pesar de que la reforma contributiva del Gobernador Fortuño redujo las contribuciones sobre ingresos, residimos en la jurisdicción americana donde más impuestos individuales se pagan. Esto tiene que cambiar.

 

Los que se oponen a la estadidad utilizan el tema de las contribuciones federales como uno de sus argumentos para fomentar el miedo en contra de la lucha por la igualdad. Tenemos la obligación de señalar las mentiras de los colonialistas sobre las contribuciones federales y demostrarle al pueblo la verdad.

 

Se estima que más del 75% de los contribuyentes individuales no pagaría contribuciones federales cuando Puerto Rico se convierta en Estado. La realidad es que más del 60% de nuestra población es de ingresos bajos o medios por debajo de $30,000 al año y NO pagaría contribución sobre ingresos.

 

La mayoría recibiría un crédito o un reintegro en base a “Work For Pay Credit”,  “Earn Income Credit” (EIC) o el “Child Credit” y debe quedar claro que nadie pagaría impuestos federales si su ingreso individual anual es menor de $10,700 y el de una familia de 4 personas menor de $21,400 anuales.

 

Los ciudadanos que cualifiquen pueden reclamar créditos por los costos para el cuido de niños y personas con limitaciones dependientes, crédito para personas de mayor edad o personas con limitaciones, créditos para educación  y créditos por ahorros para retiro.

 

Del restante 40% de la población que genera ingresos, la mitad devenga ingresos entre $30,000 y $45,000 anuales. Ese grupo, probablemente reciba un reintegro por el crédito de los impuestos pagados o terminen tributando una tasa mínima de su ingreso neto.

 

Solamente el 10% de la población de ingresos medios y altos tributaría a nivel federal. El impacto del pago de contribuciones federales sería de $1.5 billones por concepto de contribuciones federales por los individuos. Se puede proyectar que la Isla recibiría ingresos y pagos adicionales sustanciales; por ejemplo, por el concepto del Social Security Disability Insurance se recibirían entre $800-$1,000 millones para beneficio de los más necesitados en Puerto Rico.

 

Además de los beneficios económicos directos e indirectos de la estadidad, Puerto Rico puede ser un “enlace natural cultural, comercial, financiero, científico, diplomático, aéreo, deportivo y de servicios profesionales” entre Estados Unidos y América Latina. Ser Estado nos convertirá en un enlace comercial entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Como Estado Puerto Rico tendría más ventajas en la industria del turismo.

 

Internacionalmente, por nuestra posición geográfica y conocimiento de la cultura y las idiosincrasias de América Latina, el Puerto Las Américas de Ponce puede desarrollarse como uno de los “Puertos de Transbordo” comercial más importantes de los Estados Unidos y el aeropuerto internacional LMM será un verdadero “centro” de vuelos hacia el Caribe y América Latina.

 

El Estado de Puerto Rico puede atraer la sede de las oficinas o divisiones corporativas de las corporaciones transnacionales estadounidenses especializadas en los mercados caribeños y latinoamericanos. Podemos convertir a Puerto Rico en un centro internacional de producción y distribución de productos farmacéuticos y de investigación y desarrollo biotecnológico con divisiones especializadas en el Caribe y América Latina.

 

Con la estadidad, el Recinto Universitario de Mayagüez puede convertirse en un centro de investigación y desarrollo de agricultura tropical y en un centro de investigación de Ciencias Marinas para los Estados Unidos.

 

Finalmente, con la estadidad podemos proyectar que los ingresos adicionales permitirían al gobierno de Puerto Rico reducir la carga contributiva considerablemente ya que el gobierno federal estaría proveyendo los fondos necesarios para servicios y programas que ahora tiene que sufragar el gobierno estatal. De hecho, a nivel estatal, no existen contribuciones sobre ingresos en estados como Florida, ya que esa es potestad individual de cada Estado y lo sería igualmente del Estado de Puerto Rico.

 

  1. Admisión de un estado hispano 05/14//12

 

Aunque el inglés es el idioma publico-cotidiano en el cual se vive y desarrolla comercial y públicamente un estado federado, la cultura y nuestro vernáculo, de los cuales nos sentimos orgullosos, son rasgos positivos para nuestro ingreso a la Unión. Ya existen varios estados con origen y ancestro hispano (Colorado, Montana, Nuevo México, Arizona, Texas. Florida y California).

 

En su mensaje de Presupuesto, el Gobernador dijo: “nuestra visión para un futuro de oportunidades para nuestros niños está anclada en el convencimiento de que para poder alcanzar sus sueños es fundamental que dominen perfectamente no sólo las destrezas básicas de matemáticas y ciencias, sino también el español y el inglés. …es un asunto de igualdad de oportunidades para Todos nuestros niños”.

 

Se comprometió a implantar el abarcador programa “Generación

Bilingüe para lograr que en un plazo de diez años todos y cada uno de los niños que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico sean perfectamente bilingües, con pleno dominio de ambos, el español y el inglés”.

 

Cabe reafirmar que la falta de dominio del inglés perjudica a la juventud puertorriqueña, graduados de escuelas y/o universidades cuando solicitan empleos.

 

Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos de América provee los mecanismos para que Puerto Rico haga la transición y se convierta en un estado de la unión. La consecución de la estadidad está enmarcada en el proceso político, en el respaldo de los grupos y esferas de poder a nivel local y nacional, en la voluntad del Congreso y del Presidente y en una política pública presidencial respaldando la estadidad.

 

De estos emana la gran importancia del próximo plebiscito para iniciar finalmente el proceso de activismo político hacia una petición de admisión como estado de la Unión. Si la mayoría en Puerto Rico respalda la estadidad, nada ni nadie podrá impedirlo, aunque podrían intentar retrasarlo.

 

Una vez la mayoría de los puertorriqueños respalde la estadidad, Puerto Rico debe solicitar su admisión como Estado. Si fuera necesario, Puerto Rico, por su cuenta, elegiría dos Senadores y cinco Congresistas y los enviaría a reclamar sus posiciones como representantes electos por Puerto Rico, para que sean reconocidos oficialmente como miembros de igual rango en el Congreso, tal como lo hizo Tennessee cuando pidió admisión como Estado. Esa estrategia se conoce como el “Plan Tennessee”.

 

Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico, pero el Congreso no puede rechazar la estadidad, porque nuestra aspiración constituye el reclamo y la lucha por lograr la igualdad de los derechos civiles de sus conciudadanos americanos en Puerto Rico.

 

De la misma manera que con otros estados que han ingresado a la unión, el Congreso dentro del marco constitucional podría imponer ciertas condiciones para ingresar, tales como un proceso de transición económica organizado y la enseñanza de inglés en las escuelas públicas (como fue la experiencia en Nuevo México, Arizona y Oklahoma).

 

Por nuestra parte, como estado, la Constitución le garantizaría a Puerto Rico el poder y la autonomía para el inglés y el español como idiomas oficiales, tal como dicta la Constitución de Puerto Rico. No podemos ignorar que la experiencia de más de un siglo durante el cual nos hemos integrado y somos parte de la cultura americana, nos demuestra que Puerto Rico ha podido mantener su cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana.

 

Puerto Rico ingresaría como estado caribeño-antillano bilingüe a los Estados Unidos para que continúe enriqueciéndose como nación y como pueblo. La Constitución, la bandera mono-estrellada sobre un fondo azul y el himno del Estado de Puerto Rico… “La Borinqueña” de don Manuel Fernández Juncos, continuarían distinguiéndonos como pueblo puertorriqueño.

 

  1. Cultura e idioma      28 de mayo 2012

 

Los temas de la cultura y el idioma siempre han generado argumentos que no pueden ignorarse.  Con convencimiento aseveramos que la estadidad fortalece y garantiza la cultura y la identidad puertorriqueña que nacen de habernos desarrollado inmersos en dos culturas: la puertorriqueña del siglo 19 la cultura americana durante el siglo 20.

 

No cabe duda de que somos parte integral de la cultura americana. La cultura puertorriqueña complementa la cultura americana a la cual nos hemos integrado. Puerto Rico sentará una pauta como un estado multicultural y latino de los Estados Unidos de América. Contribuiremos a que nuestra Nación se enriquezca culturalmente.

 

La cultura americana, de la que formamos parte, se sostiene sobre los pilares de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos. La Primera y la Decimocuarta  Enmienda de la Constitución Americana le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías culturales y lingüísticas en los Estados Unidos. La selección de idiomas oficiales es la potestad constitucional de cada Estado. De hecho, en Nuevo México el inglés y el español son los idiomas oficiales, como lo son actualmente en Puerto Rico.

 

Estados Unidos es una nación compuesta por grupos de personas con costumbres, valores, religiones y culturas totalmente diferentes. La nación reconoce estos derechos de los ciudadanos provenientes de todas partes del planeta.  Mediante el proceso de naturalización, Estados Unidos ofrece y alienta a cualquier inmigrante que lo solicite de buena fe y cumpla los requisitos legales el privilegio de poder convertirse en ciudadano americano.

 

Una vez juramenta su alianza a su nueva patria, el ciudadano voluntariamente se integra político, cívico y socialmente a la nación americana, incluyendo como meta el aprendizaje del idioma inglés que une y sostiene la nación al proveer un denominador común.

 

Cabe destacar que muchos inmigrantes naturalizados han logrado ser electos al Congreso como Senadores y Representantes, condición que se les niega a los puertorriqueños y a todos los ciudadanos americanos que residen en la isla a pesar de que son ciudadanos americanos de nacimiento.

 

El uso del inglés es muy común en Puerto Rico, tanto en las agencias públicas como en la empresa privada. Por ejemplo, los planos y especificaciones de construcción para obras públicas y privadas se preparan en inglés. Las agencias estatales redactan muchos documentos en inglés para someterlos a las distintas agencias federales. Muchos de los textos usados en las universidades son en inglés, aun cuando los cursos se imparten en español.

 

Como recordarán, a principios de los 90 se celebró un referéndum y Puerto Rico favoreció mantener el inglés como uno de sus dos idiomas oficiales. Los estadistas apoyamos que se enseñe y se mejore la enseñanza de inglés y que ambos idiomas se impartan en las escuelas públicas. Los documentos oficiales deben redactarse en los dos idiomas oficiales y se debe atender a los ciudadanos en el idioma de la preferencia del ciudadano.

 

Es lógico que los proyectos de ley y las decisiones de los tribunales se publiquen en español e inglés y que estos idiomas oficiales sean los que imperen en cualquier procedimiento judicial. Después de todo, la Constitución protege el derecho de cada ciudadano a la libre expresión en el idioma de su preferencia.

 

Hasta ahora, el haberle limitado el beneficio de aprender y comunicarse en inglés a los puertorriqueños ha tenido el efecto negativo de que solo un pequeño grupo tenga el privilegio de ser bilingüe y como consecuencia logre mejores empleos y más oportunidades en el mundo moderno de la economía y los negocios.

 

Para defender ese derecho cultural puertorriqueño-americano, debemos rechazar el fracasado modelo colonial y el ELA Soberano (republica independiente asociada) y defender la verdadera unión permanente en el Referéndum.

 

  1. No seremos una carga 6/10/12

 

Es nuestra obligación corregir la desinformación existente y orientar a los que piensan que el Congreso no admitirá a Puerto Rico como un Estado por nuestra dependencia económica

 

El estancamiento económico, desempleo y pobreza del fracasado modelo político-económico  del ELA causado por una condición de indefinición política tiene un enorme costo social para Puerto Rico y un impacto al fisco federal $22 billones anualmente.

 

Puerto Rico NO sería una carga económica que impida la estadidad. Para los que equivocadamente creen  que admitir a Puerto Rico como Estado tendría un costo muy alto para el tesoro federal, les señalo que un estudio preliminar sugiere que el impacto dependería si la admisión de Puerto Rico es inmediata o si es un proceso con un periodo de transición.

 

Si adoptamos un periodo de transición de diez años para incorporarnos como estado, el impacto al tesoro federal sería $295 millones durante el primer año y seriamos menos dependientes de los fondos federales a medida que creciera la economía.

 

No es cierto que no aportemos al fisco federal. Nuestra Isla paga contribuciones federales y contribuciones corporativas y los ciudadanos residentes en Puerto Rico aportan directamente al Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo, entre otras.

 

Desde 1990 al 2009 Puerto Rico pagó $73.7 billones al Servicio de Rentas Internas federal. En el 2010, pagó $4,349 millones al Gobierno federal por servicios recibidos, como el pasaporte, aportaciones a Medicare, a los sistemas de seguridad social, primas al seguro de vida por servicio nacional, al sistema federal de retiro y al seguro Social. Las  industrias pagaron $98 millones, incluyendo aportación al seguro por desempleo, aportación patronal a sistemas de seguridad social, sistema federal de retiro, Seguro Social y seguro de salud y vida.

 

Bajo las leyes actuales, Puerto Rico aporta $2,528.4 millones al Seguro Social y $449.1 millones a Medicare. Aunque estos seguros proveen beneficios por $6,829 millones y $2,509.9 millones respectivamente, no recibimos los mismos beneficios a que tienen derecho todos los ciudadanos americanos.

 

Estados Unidos es nuestro mejor socio comercial. Ciudadanos, empresas y negocios en Puerto Rico importan del resto de la Nación Americana $25,000 millones en productos y servicios anualmente, mientras que exportamos $30,000 millones hacia los cincuenta estados, principalmente productos químicos y farmacéuticos que son de gran importancia en toda la nación.

 

Nuestra relación comercial beneficia miles de negocios, empresas y corporaciones en Puerto Rico y en los cincuenta estados. Se estima que  el comercio interestatal de productos, servicios y actividad económica genera más de un millón de empleos directos e indirectos en toda la nación, incluyendo a Puerto Rico.

 

Más allá de las consideraciones económicas, es importante resaltar la aportación de los puertorriqueños en todos los ámbitos.  Desde el 1917, miles de soldados puertorriqueños han luchado por los mismos ideales de libertad y democracia como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Aunque ya no existen grandes bases militares, Puerto Rico continúa brindando una importante plataforma para la defensa y la seguridad nacional.

 

Jueces boricuas han servido y sirven en los Tribunales Federales de los Estados Unidos representan al pueblo puertorriqueño. Un ejemplo es Sonia Sotomayor, la primera mujer hispana en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

 

Con orgullo nuestra juventud aporta sus talentos a nivel nacional.

La Universidad de Puerto Rico, en particular los recintos de Ciencias Medicas y Mayagüez (RUM), gradúa cientos de profesionales que se desplazan por la nación para brindar servicios necesarios y especializados en medicina, enfermería e ingeniería.

 

Ante la realidad de que el ELA y la propuesta republica asociada no son ni será la mejor solución política y económica, admitir a  Puerto Rico como Estado será beneficioso para el pueblo puertorriqueño y el pueblo americano en general.

 

  1. Esencia de la Estadidad 25 de junio, 2012

 

Desde el 1898, el pueblo puertorriqueño no ha podido desprenderse del conflicto sobre su identidad socio-política y lograr una relación política permanente con los Estados Unidos como un estado de la unión.

 

Para comprender la esencia de la estadidad es necesario conocer el concepto del federalismo. James Madison defendió al pueblo sobre los líderes gubernamentales y enfatizaba que el poder no era del gobierno sobre el pueblo sino del pueblo sobre el gobierno.

 

El federalismo plasmado en la Constitución de los Estados Unidos le da vida, permanencia y estabilidad al derecho, la ley, el orden, el predominio poder del poder del pueblo sobre los gobiernos, la garantía de la libertad de expresión y prensa y la responsabilidad ciudadana que son la esencia del ideal de estadidad.

 

El prócer puertorriqueño José Celso Barbosa predicaba que la estadidad es un ideal y como tal vive en el corazón, la emoción, la fe, la esperanza y las aspiraciones de igualdad del pueblo puertorriqueño.

 

Creemos que la “Carta de Derechos” de la Constitución Americana es el pilar fundamental  que sostiene la aspiraciones del pueblo puertorriqueño: la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y los derechos civiles privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, incluyendo el derecho a la libre expresión, a protestar sin perjuicio, a practicar las creencias y religión de preferencia, el voto libre para seleccionar gobernantes, la libertad de movimiento dentro y entre los estados e internacionalmente y la libertad de los ciudadanos para tomar decisiones y asumir sus propias responsabilidades.

 

El Estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes incluidos en la Constitución de Puerto Rico y  además todos los poderes de un estado de la unión, como los define y garantiza la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con los mismos derechos, privilegios, deberes y progreso económico que tienen los ciudadanos de los otros cincuenta estados.

 

Disfrutaremos plenamente de la soberanía compartida dentro de la nación americana sin que el Congreso, a su antojo y unilateralmente, pueda restringir los poderes autonómicos del estado. Nos convertiremos en socios, en igualdad de rango, de la federación de estados de una nación multi-étnica y multicultural, y del segundo país del mundo con más ciudadanos con raíces hispanas del mundo. Puerto Rico sería reconocido mundialmente como uno de los estados de los estados Unidos y será el estado hispano con más poder e influencia en el mundo.

 

La estadidad garantiza la igualdad ciudadana y será beneficiosa  para todo el pueblo puertorriqueño. Es la mejor herramienta para poder lograr todas las garantías constitucionales como ciudadanos americanos y nacionales de los Estados Unidos. La estadidad es el único status que nos preserva y garantiza la Ciudadanía de los Estados Unidos.

 

La estadidad nos permite votar en las elecciones federales/nacionales; elegir cinco Representantes y dos Senadores al Congreso;  el voto presidencial; representación en el Colegio Electoral y nos daría amplia influencia y poder político dentro de la Nación Americana.

 

El Estado de Puerto Rico hará realidad el compromiso del preámbulo de la Constitución de Puerto Rico: “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

 

La estadidad fortalece y garantiza la identidad puertorriqueña que nace de desarrollarnos en dos culturas, la puertorriqueña y la americana y sentará una pauta como un estado multicultural e hispano de los Estados Unidos de América.

 

Será la culminación de la lucha por la igualdad que representa la soberanía del pueblo: el derecho a votar y elegir los líderes políticos toman las decisiones que afectan al pueblo de Puerto Rico. Eso, en esencia, es el arreglo constitucional que conlleva la Estadidad.

 

  1. Republica Asociada 9 de julio, 2012

 

Los soberanistas del PPD sostienen que “somos una NACION”  y que apoyan los principios de soberanía, asociación y responsabilidades compartidas con Estados Unidos. Definen el ELA Soberano como una asociación política libre y voluntaria entre EEUU y PR como naciones independientes y soberanas.

 

Mienten cuando prometen “una asociación política, no colonial ni territorial entre Puerto Rico y los Estados Unidos” cuando obligan al PPD a votar “SI” por el status colonial/territorial actual. Su verdadero propósito es convertir a Puerto Rico en una republica independiente disfrazada detrás del mal llamado ELA Soberano.

 

El PPD abandonó los postulados de Muñoz Marín de “unión permanente y el derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos”.

 

Quieren un pacto como el de las Republicas Asociadas del Pacifico, pero ignoran que sus ciudadanos son nacionales de cada republica independiente y no son ciudadanos americanos, con la excepción de las “Marianas del Norte” que  prefieren continuar como territorio no incorporado.

 

A cambio de servir en las Fuerzas Armadas Americanas solo le conceden un permiso especial para viajar a Estados Unidos. El modelo político-económico del Pacto de la Republicas Asociadas de Micronesia, Marshal y Palau predicado en luna conveniencia geopolítica-militar NO es la alternativa que buscamos los puertorriqueños que defendemos la unión permanente, la ciudadanía americana, votar por el Presidente y tener dos Senadores y cinco Congresistas que nos representen en el Congreso.

 

El PPD promete convocar una Asamblea Constitucional de Status para que los representantes de Puerto Rico NEGOCIEN con el Congreso y la Rama Ejecutiva de los Estados Unidos, las definiciones y fórmulas aceptables para la solución del status. Ignoran que bajo el status territorial actual, el Congreso tiene poder absoluto sobre Puerto Rico.

 

Ante el fracaso económico del ELA que depende de ayudas y transferencias federales de más de $22,000 millones anualmente, el PPD propone transformar las relaciones económicas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Su propuesta de una republica asociada llamada el ELA Soberano, dependerá de pedirles a los contribuyentes de los cincuenta estados un fondo especial a manera de un “Block Grant”. Pretenden  NEGOCIAR con el gobierno de Estados Unidos poder cancelar  los programas federales que ayudan al pueblo puertorriqueño a cambio de un donativo en bloque que sostenga su visión de soberanía e independencia.

 

La republica asociada que pretende el PPD quiere Representación Internacional y tener Embajadas del ELA; control de asuntos laborales y de comunicaciones; control de inmigración; negociar y suscribir tratados comerciales; control de las aguas hasta 200 millas; redefinir uso de instalaciones militares americanas; control de los puertos marítimos y aéreos; controlar asuntos ambientales solo bajo las leyes de Puerto Rico, y hasta redefinir la ayuda que recibe Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros

 

El PPD y su presente liderato pretenden eliminar el Tribunal Federal en Puerto Rico, la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Guardia Costanera, la presencia del TSA y Homeland Security y muchas otras agencias y programas que le sirven bien al Pueblo de Puerto Rico, incluyendo FEMA.

 

Juegan con las imprecisiones de lo que constituye soberanía y autonomía pero no quieren resolver el “déficit democrático” que representa no participar en la elección del Presidente ni tener representación con voto en el Congreso.

 

En el derecho Internacional, específicamente en la Resolución 1541 de la Décima Quinta Asamblea General de la ONU se reconocen tres formulas descolonizadoras no coloniales y no territoriales: la estadidad, la independencia y la libre asociación (Republica Asociada). El único camino que tiene el PPD es pedir la independencia para tratar de convertirse en una republica asociada.

 

Nosotros, los orgullosos ciudadanos americanos, sabemos y apoyamos vigorosamente, la única solución jurídico-política autentica, validad, democrática y constitucional: la estadidad.

 

  1. ¿Quo Vadis PPD? (Revisada) 23 de julio, 2012

 

Para entender cómo piensan, cuáles son sus compromisos ideológicos y hacia dónde nos quieren llevar los soberanistas, es conveniente examinar algunas de las expresiones de los líderes y figuras prominentes del PPD.

 

Es conocido que el status de Puerto Rico de un territorio no incorporado y sin representación Congresional sitúa a los puertorriqueños en una gran desventaja en comparación con los 50 estados de la unión. No solamente no tenemos la representación congresional que nos corresponde como Estado, tampoco tenemos derecho a votar por el Presidente de los Estados Unidos.

 

Precisamente, es en la Casa Blanca donde se fija la política pública que rige a los estados y los territorios incluyendo la defensa nacional. Los ciudadanos americanos en Puerto Rico respaldan la igualdad de todos los derechos políticos con los otros ciudadanos americanos de la nación, incluyendo el voto presidencial. El 86% de los puertorriqueños quieren votar por el Presidente… esa es la realidad.

 

La excepción son los soberanistas que claman por una república asociada, liderados por Alejandro García quien expresa: “yo no creo en votar por el Presidente de Estados Unidos” (Prensa Asociada, 2007) y su candidato a Comisionado Residente que dijo: “nunca he visualizado la evolución del ELA a través de la concesión del voto presidencial”.

 

Ellos no se identifican y no consideran a Estados Unidos como nuestra nación. AGP dice que: “a pesar de que tenemos una relación, buena o mala, hay que entender que Estados Unidos es una nación que es distinta a la nuestra”. Esa misma posición ha sido expresada por miembros activos del PPD. Abiertamente sostienen que “Puerto Rico es una nación” y que “no somos americanos pero vamos a seguir utilizando el Pasaporte de los Estados Unidos”.

 

Alejandro García, la misma persona que en el 2008 votó a favor de la plataforma ideológica de su partido que sostiene que “el PPD cree en una asociación política, no colonial ni Territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos”, ahora ordena a los seguidores de su partido a votar a favor del status actual bajo la cláusula territorial  del ELA colonial y le impone la mordaza a los que piensen diferente.

 

El extremo de la contradicción la representa el candidato popular a Comisionado Residente al sostener “el ELA tiene elementos coloniales que son deficientes para Puerto Rico y necesita una transformación”. Su posición es clara cuando afirma: “Me parece que la relación actual tal y como está configurada tiene modalidades coloniales con las cuales tenemos que acabar”. Y agrega: “el elemento colonial mas definitorio de la relación actual es que el Congreso legisla indiscriminadamente para Puerto Rico, sin que los puertorriqueños tengamos nada que decir”.

 

Para no quedarse atrás, su candidata a la Alcaldía capitalina sostiene: que “las Cortes Federales y el FBI tienen que desaparecer” (de Puerto Rico), que “otra gran muleta bajo este sistema político-económico es la ciudadanía americana” y que: “Puerto Rico es una colonia a merced de la cláusula territorial”.

 

No hay margen para dudas sobre cuál es la posición de los líderes populares. Uno de sus candidatos al Senado insiste que “la unión permanente es un concepto inventado por los políticos de Puerto Rico”, sin excluir a Don Luis Muñoz Marín.

 

Para cerrar, pero sin excluir a otros que piensan igual, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago, afirmó que Puerto Rico debe renegociar con Estados Unidos los términos de la relación política entre ambos países y enfatizó: “Con el gobierno norteamericano de tú a tú, de nación a nación”.  Cerró con broche de oro, cuando la periodista le cuestiona si Puerto Rico debe obtener la independencia previa a sentarse a negociar los nuevos términos de una asociación, Santiago dijo: «seguro la soberanía tiene que ser parte fundamental, esa es la pieza inicial en ese proceso».

 

Ante estas verdades, los populares que NO quieren poner en riesgo la verdadera unión permanente, la ciudadanía americana, el derecho a votar por el Presidente, la protección del FBI y las Cortes Federales deben rebelarse y enviarle un mensaje a los líderes de su partido votando que NO en la primera pregunta del plebiscito. A menos que deseen seguir la ruta política de los denominados soberanistas que conduce a su partido a la tumba política.

 

La soberanía que garantiza la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a los estados y la representación en el Congreso del estado federado son el destino final y honroso para el pueblo de Puerto Rico.

 

  1. Exigimos igualdad 20 de agosto, 2012

El plebiscito del 6 de noviembre es crucial para el futuro de Puerto Rico. Hay que votar NO en contra del status territorial actual y la colonia más antigua del planeta.

Envía un mensaje al Congreso para que libere a Puerto Rico de esta incertidumbre colonial. El mal llamado ELA nunca ha sido, ni será  permanente, porque el Congreso tiene poderes exclusivos y plenarios sobre el territorio. Sencillamente, los puertorriqueños estamos bajo la tutela jurídica del Congreso.

Respaldar el status territorial actual es abrir las puertas hacia la república asociada que proponen Alejandro García y Acevedo Vilá. Esta no tiene cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos. Para ser república, Puerto Rico tendría que rechazar la Unión Permanente, pedir la independencia y convertirse en una república independiente antes de que Estados Unidos considere un “pacto” con la nueva república.

 

La verdadera soberanía que merece el pueblo puertorriqueño es la del Estado Federado. La Estadidad garantiza autonomía local, los poderes de la soberanía estatal, igualdad en la Ciudadanía, prosperidad, la estabilidad de la unión permanente y tras 110 años de ignominiosa colonia, brindará dignidad al pueblo de Puerto Rico.

El pueblo que se preocupa por la economía de la Isla tiene la oportunidad de votar que NO tolera más un modelo político y económico fracasado que sitúa a la Isla en la posición 52 en comparación con los otros 50 estados y Washington DC.

Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico se sumiría en la miseria. Durante el 2010, las transferencias federales ascendieron a $17.2  billones, de los cuales $16.3 billones fueron pagos directos a ciudadanos. El gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional y Mujeres, Infantes y Niños, entre otros.

 

Votar que NO queremos continuar bajo el status territorial sin representación en el Congreso y sin el derecho a votar por el Presidente de los Estados Unidos será un mensaje contundente a la Nación Americana y a la comunidad internacional.

 

NO queremos poner en riesgo la ciudadanía americana de las futuras generaciones.  NO queremos perder las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.

 

Digamos NO a los que prefieren la independencia de una república asociada detrás del engaño del Estado Libre Soberano. NO al riesgo de perder la protección de la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos y la protección de la Corte Federal y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para los puertorriqueños.

 

NO a los que ponen en riesgo los beneficios que ayudan a madres embarazadas, niños, estudiantes, educación y personas con limitaciones físicas o mentales. NO a la posibilidad de perder los beneficios del Seguro Social, Medicare y Medicaid y el derecho a participar de los programas federales para la salud, protección ambiental, vivienda como la Sección 8

NO a los que ponen en riesgo los derechos del programa de asistencia nutricional y asistencia médica para los más necesitados.

 

NO para reafirmar que no queremos perder la presencia en Puerto Rico de las Agencias Federales que combaten la criminalidad y el narcotráfico y que protegen las costas de Puerto Rico, el ambiente y los recursos naturales, y mucho menos perder los fondos y ayuda técnica para apoyar la educación, la construcción de nuevas escuelas, las Becas Pell y las ayudas directas a los estudiantes y centros universitarios en Puerto Rico.

 

Pon tus prioridades en orden. Rechaza la condición territorial, la colonia y la separación.  Exige igualdad… en la segunda pregunta vota por la estadidad.

 

  1. 33. Queremos un futuro seguro 3 de septiembre, 2012

 

La historia y las estadísticas reflejan el cuadro real del desastre político, económico y social que viene afectando a nuestro pueblo.

 

Bajo el modelo fracasado del ELA, las ayudas federales sostienen la economía de Puerto Rico. De no ser por las aportaciones y transferencias federales multimillonarias ($23,324,000,000) provenientes de agencias como Educación (incluyendo las becas Pell), Salud, Vivienda y programas como Medicare, Seguro Social, Sección 8 y Asistencia Nutricional, los puertorriqueños vivirían en una pobreza extrema.

 

El 42% de las “familias” viven bajo el nivel de pobreza, más de cuatro veces el promedio en los cincuenta estados. El 45% de los puertorriqueños caen bajo el nivel de pobreza, tres veces mayor que el resto de la nación, y el doble de cualquier otro estado.

 

El gobierno federal subsidia 525,000 familias para las necesidades básicas, vivienda y alimentación. 1,500,000 personas reciben servicios de salud de “Medicaid”. Más de 700,000 niños viven debajo del nivel de pobreza y dependen por completo de las ayudas federales para la salud, vacunas, educación pre-escolar, comida en las escuelas, y servicios sociales y 409,747 infantes dependen del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para su alimentación.

La deuda pública de $55 billones es un reflejo del descalabro de la economía y la actual relación política. La deuda pública constituye el 93.7% del Producto Bruto de Puerto Rico a pesar de que los economistas consideran que el 60% es el máximo razonable para un desarrollo económico sostenible. Peor aún, bajo el ELA, las agencias que establecen la clasificación crediticia de Puerto Rico determinaron que el crédito es de alto riesgo. Clasificaron los bonos del ELA de 5 a 6 escalas por debajo de los de la Florida, casi chatarra.

 

Aunque en el pasado, la Isla atrajo industrias, la realidad revela que el ELA ha sido un fracaso para desarrollar la economía. Es evidente el fracaso del modelo económico del ELA y su incapacidad para propiciar crecimiento en el nuevo contexto de la globalización.

 

El desastre del ELA es el factor principal que obliga a miles de puertorriqueños a emigrar hacia uno de los otros cincuenta estados en busca de igualdad, empleos y mejor calidad de vida.  Mientras que la población de Puerto Rico disminuyó en 2.2%,  la población del estado de la Florida aumentó en casi 18% durante la pasada década.

 

Estamos muy rezagados cuando comparamos el desarrollo económico local aún con los estados más pobres de la Nación. Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con cada uno de los 50 estados, Puerto Rico es el más bajo con un GDP por persona de $23,380, comparado con el promedio nacional de $47,482.

 

El ELA empobrecido es poco atractivo para atraer nuevas inversiones e industrias que generen empleos. Bajo el ELA fracasado no existen las ventajas y los incentivos que tienen estados como Florida. Si un inversionista extranjero estuviera contemplando realizar una inversión significativa y tuviera como opción Puerto Rico o el estado de la Florida, nosotros estaríamos en desventaja.  Puerto Rico vive bajo un status político incierto que no puede garantizar las inversiones a mediano y largo plazo.

 

Contrario al fracaso del ELA, con la estabilidad y el progreso de la estadidad, Puerto Rico podría competir favorablemente con Florida y otros estados. La estadidad traerá seguridad y y crecimiento económico. La gente no tendrá que emigrar a los 50 estados. Muchos puertorriqueños podrán regresar a la Isla, incrementando la demanda por servicios, viviendas y negocios que generan nuevos empleos.

 

El ELA es el yugo que nos mantiene atados y marginados como ciudadanos de segunda clase. Luchemos para salir del hoyo. Vota por el orgullo puertorriqueño. Rechaza el ELA fracasado y vota por la estadidad, que sí garantiza un futuro seguro.

 

  1. Nuevo país, ELA soberano y la república asociada son lo mismo 17 de sept. 2012

 

Uno de mis lectores, preocupado por la incertidumbre y el futuro del status territorial, resume la preocupación que siente un gran sector del pueblo puertorriqueño luego de leer el “Proyecto de País y un supuesto Fideicomiso para el Futuro” que promueven Alejandro García, Cox Alomar y Aníbal Acevedo.

 

Bajo ese “nuevo país del ELA soberano y la república asociada”, perderíamos innumerables beneficios que nos garantiza la ciudadanía de los Estados Unidos.

 

Viviríamos en un país extranjero. Perderíamos los beneficios de Medicare, pues el Seguro de Medicare no paga por servicios en el extranjero. Tampoco paga la Administración de Veteranos por los servicios médicos a Veteranos que residen fuera de los Estados Unidos.

 

Se acabarían los fondos de Medicaid para sufragar los servicios médicos de las personas de recursos limitados, por lo que  desaparecería la tarjeta de “Mi Salud” que cubre 1,500,000 beneficiarios en Puerto Rico…

 

No existirán el Programa de Ayuda Nutricional (PAN) ni los programas de ayuda para madres y niños (WIC). Desaparece el seguro por desempleo federal para los “desempleados” en Puerto Rico.

 

Se perjudicarían los planes para continuar el programa de construcción y remodelación de las Escuelas del siglo 21. También se perderían las ayudas federales para Head Start y educación para los niños de edad pre-escolar. De la misma manera se afectarían los fondos que recibe el Departamento de Educación para todos los servicios educativos, incluyendo salarios de los  maestros de programas especiales y comedores escolares.

 

A nivel universitario se acabarán las Becas Pell, las ayudas para préstamos, y las asignaciones para investigaciones y pago a estudiantes post-graduados; lo cual provocarían el cierre de múltiples centros universitarios públicos y privados.

 

Las familias de recursos limitados no tendrían acceso a los subsidios de vivienda de la Sección 8 y perderíamos los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de más de 70,000 unidades de vivienda pública que albergan unas de 400,000 personas en la Isla.

 

La Administración Federal para el Manejo de Emergencias, (FEMA) dejaría de existir y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos no podría hacer los trabajos para mitigar inundaciones. En casos de emergencias, no existirían las ayudas federales para socorrer a los afectados o reconstruir puentes y carreteras.  Tampoco recibiríamos fondos federales para el dragado de las bahías, la conservación y ampliación de los puertos ni para nuevas facilidades portuarias.

 

Desaparecería la Agencia Federal de Aviación (FAA) y se perderían los fondos para la operación, construcción, mantenimiento y ampliación de nuestros aeropuertos. Se iría Homeland Security y con ellos la protección y seguridad en nuestros puertos y aeropuertos.

 

Con el ELA soberano (república asociada) desaparecen los préstamos que garantiza la Administración de Pequeños negocios (SBA)  y el FDIC que garantiza los depósitos bancarios.

 

Y más importante, bajo una república perderíamos la protección a nuestros derechos civiles y libertades bajo la Constitución de los Estados Unidos de América, la protección del FBI y la presencia del Tribunal Federal de Puerto Rico. Perderíamos la protección de todo el gobierno federal que garantiza a los puertorriqueños el disfrute de las libertades y derechos provistos por la Constitución americana: libertad de expresión y asociación, prensa libre,  habeas corpus, debido proceso de ley, presunción de inocencia, elecciones libres y seguras, y otras.

 

En fin, perderíamos la oportunidad a una mejor calidad de vida bajo la bandera americana. El futuro y nuestro destino están en nuestras manos. Vota NO y en contra del “nuevo país”, el ELA soberano del territorio fracasado (donde predomina la extrema pobreza) y la república asociada que proponen los líderes soberanistas Alejando García y Acevedo Vilá.

 

Vamos a rescatar a Puerto Rico. Vota por la estadidad, la única garantía de mantener y fortalecer la Unión Permanente con los Estados Unidos.

 

  1. NO al ELA Soberano 1 de octubre, 2012

 

El PPD reconoce que el ELA no responde a las necesidades de nuestro pueblo. Lamentablemente, la solución que proponen es totalmente contraria a nuestras aspiraciones. Es imperativo traer a la discusión pública citas del liderato soberanista que revelan su derrotero político e ideológico.

 

Para ellos “El pueblo puertorriqueño constituye una nación”, aparte de los Estados Unidos de América. Traicionan el concepto de unión permanente de Muñoz predicando un “pacto de asociación con los Estados Unidos” basado en una “relación” estrecha con los Estados Unidos.

 

El liderato soberanista popular busca que “Estados Unidos y Puerto Rico suscriban un “Pacto de Asociación no colonial, y no territorial basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países con plena validez internacional de conformidad con la Organización de las Naciones Unidas”. Solo dos naciones independientes y soberanos pueden acordar semejante pacto.

 

Apoyar el ELA Soberano significa reclamar la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos. Una nación soberana, de acuerdo al derecho Internacional, es una nación Independiente.  Para lograr su propósito, proponen “sustituir  la Ley de Relaciones Federales para que no pueda ser modificada unilateralmente”; propuesta que viola la Constitución y la soberanía de los Estados Unidos.

 

Apoyan  “el desarrollo autonómico del ELA partiendo de los principios de soberanía, asociación y responsabilidades compartidas con Estados Unidos”. Están comprometidos a ponerle fin a los programas federales a los que tienen derecho los ciudadanos americanos residentes de Puerto y descartar las relaciones actuales entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

 

Quieren “eliminar el Tribunal Federal en Puerto Rico, la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión Federal de Comunicaciones” y casi todas  las agencias federales que le sirven bien al Pueblo de Puerto Rico.

 

El presidente del PPD y candidato a la gobernación, apoya un programa de gobierno que propone “un ELA soberano fuera de los poderes del congreso y de la cláusula territorial”, una nación independiente donde no aplique la Constitución de los Estados Unidos.

 

Alejandro García apoya “la menor intervención posible del gobierno federal en los asuntos de Puerto Rico” ya que considera a “los Estados Unidos como un país extranjero”. Es un soberanista-independentista que rechaza la propuesta de Luis Muñoz Marín a favor del voto presidencial para Puerto Rico.

 

García Padilla votó a favor del proyecto para un “Nuevo País” adoptado en la Plataforma del PPD para un ELA Soberano. Esconde y no quiere discutir públicamente el informe de la Comisión de Status del PPD y la misión de convertir a Puerto Rico en una república independiente y soberana.

 

La estrategia de votar a favor para mantener a Puerto Rico bajo el status territorial-colonial actual sin que tengamos representación congresional y negándole a los puertorriqueños el derecho al voto presidencial es una artimaña politiquera para entorpecer la solución del status y engañar al pueblo una vez más.

 

Puerto Rico tiene ante sí la decisión de revocar la unión permanente y todo lo que significa la ciudadanía de los Estados Unidos. Los pilares básicos del “ELA soberano” que propone ese liderato soberanista/ independentista son: una “nación independiente y soberana”, que establece una “relación” para “negociar” mediante una “asociación” con los Estados Unidos, sobre la base de una república independiente sin la protección de la Constitución de los Estados Unidos. Adiós unión permanente.

 

El pueblo que aprecia y quiere la verdadera unión permanente, los puertorriqueños que anhelan ser parte y participar en condiciones de igualdad dentro de la Federación de los Estados Unidos solo tiene un camino: votar NO en contra del status territorial actual que mantiene a Puerto Rico en condiciones de inferioridad política y ciudadana. En la segunda pregunta, debemos exigir la igualdad de los derechos ciudadanos y la soberanía compartida que existen  en los cincuenta estados de la unión  votando por la estadidad.

 

  1. Llegó el Momento de definirse 15 de octubre, 2012

 

Estados Unidos espera que el pueblo de Puerto Rico se exprese de una manera definitiva para resolver el status que se ha convertido en  un escollo para nuestro crecimiento y desarrollo económico. Advierto que  si nosotros no expresamos claramente nuestra posición, entonces el Presidente y el Congreso decidirán por nosotros.

 

La posición de Casa Blanca, es clara:  a través de su Agenda Demócrata, expuso que el estancamiento económico de Puerto Rico está fundamentado en que no hemos resuelto el problema del status. Un reciente estudio del Congreso define el ELA soberano como independencia, con otra etiqueta.

 

Es evidente el desgaste del modelo de crecimiento bajo el ELA. Ramón Luis Nieves, Candidato al Senado del PPD, dijo que el modelo económico del ELA se agotó”, que “el tiempo se ha encargado de demostrar las serias limitaciones del ELA actual; mientras que  la candidata al Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín sostiene que: “estamos ante un ELA estancado que ya no representa una herramienta para enfrentar los problemas de Puerto Rico.” Ambos tienen razón

 

El liderato del Partido Popular de hoy no es el Partido Popular de Muñoz Marín quien apoyó el voto presidencial y defendía la “unión permanente con los Estados Unidos”.

 

Ramón Nieves sostiene que “La Unión Permanente’ es un concepto inventado por los políticos de Puerto Rico” y  Carmen Yulín ordena a sus seguidores que “los que quieran la unión Permanente deben irse al PNP y apoyar la estadidad”.

 

El PPD es controlado por personas como Alejandro García-Padilla quien dice: “yo no creo en votar por el Presidente de Estados Unidos” y sostiene que “hay que entender que Estados Unidos es una nación que es distinta a la nuestra”. Su candidato a Comisionado residente, Cox Alomar expresa que  “Nunca he visualizado la evolución del ELA a través de la concesión del voto presidencial”.

 

El ELA Soberano que García Padilla y el liderato del PPD te esconden y no desean debatir ni explicar no es otra cosa que una República Independiente que pudiera tener negociaciones con Estados Unidos!  AGP y el PPD, como parte de su plan del ELA Soberano, quieren imponer un Fideicomiso que le pone fin a todos los programas Federales. Adiós a todos los programas de ayuda federal para  Puerto Rico: Asistencia Nutricional (PAN), Asistencia médica (PAM), Sección 8, Head Start, Becas Pell y muchos otros.

 

Los soberanistas no quieren que la Constitución de Estados Unidos aplique en Puerto Rico como en los 50 estados, tampoco quieren la presencia del Tribunal Federal y las agencias que garantizan justicia y la protección de los derechos civiles en la Isla.

 

El contraste entre el movimiento estadista y la posición de los soberanistas no puede ser más contundente. Contrario a los que predican la separación de Puerto Rico y quieren poner en riesgo la ciudadanía americana para generaciones futuras, los estadistas defendemos la ciudadanía americana, las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo que brinda el modelo político-económico de la Estadidad Federada.

 

Contrario al desastre que propone Cox Alomar,  la estadidad le garantiza la plena participación del Seguro Social a 863,737 ciudadanos y 406,756 retirados y recibiríamos $3.5 billones en pagos adicionales para los beneficiarios en Puerto Rico.

Con el Estado 51, convertiremos al pueblo puertorriqueño en socio, en igualdad de rango, de la federación de estados de una nación multi-étnica y multicultural, y del segundo país del mundo con más ciudadanos con raíces hispanas del mundo.

 

El pueblo que quiere la verdadera unión permanente, solo tiene un camino: votar NO en contra del status territorial actual que mantiene a Puerto Rico en condiciones de inferioridad política y votar por la estadidad bajo la estrella del Estado 51.

 

  1. La Estadidad vs. La Isla del desencanto 29 de octubre, 2012

 

Desde su descubrimiento, Puerto Rico padece de un gran conflicto sobre su identidad política y su relación política, económica y social. Desde el 1898, esta condición ha impedido lograr la igualdad de derechos y beneficios que le corresponden a los Estados de la Unión americana.

 

La esencia del ideal de la estadidad se fundamenta en unos principios básicos.  El federalismo le da vida, permanencia y estabilidad al derecho, el orden jurídico, el predominio del poder pueblo sobre los gobernantes, la fuerza de la libertad de expresión y de la prensa y la responsabilidad ciudadana que son la esencia de nuestro ideal.

“Los ciudadanos de todos los estados, independientemente de su origen, son iguales ante las constituciones y las leyes de la Nación y las de cada uno de los estados. Gozan, además, de completa libertad de movimiento, comercio, industria y empleo en todos los estados. Millones de puertorriqueños disfrutan de esas libertades en los estados”. Cita de José Garriga Picó, Doctor en Ciencias Políticas.

 

El Estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes incluidos en la Constitución de Puerto Rico y además todos las potestades de un estado de la Unión Americana, como lo define y garantiza la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con los mismos derechos, privilegios, deberes y oportunidades económicas que tienen los ciudadanos de los cincuenta estados federados.

 

La soberanía reside en el pueblo y es el pueblo quién sostiene el poder político. Con la estadidad, disfrutaremos plenamente de la soberanía ciudadana y estatal, compartida dentro de la nación americana sin que el Congreso, unilateralmente, como lo puede hacer ahora bajo del ELA territorial, restrinja los poderes autonómicos del estado.

 

Le pondremos fin a la condición de inferioridad política colonial de un “territorio” sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Bajo la “Cláusula Territorial”. La estadidad es el único status que nos preserva y garantiza la ciudadanía para las futuras generaciones. Asegura la igualdad ciudadana y todas las garantías constitucionales como ciudadanos americanos y nacionales de los Estados Unidos.

 

La estadidad nos reconocerá el derecho de votar en las elecciones federales/nacionales; elegir cinco Representantes y dos Senadores al Congreso;  el voto presidencial y poder político dentro de la Nación Americana.

 

La estadidad hace realidad el compromiso del preámbulo de la Constitución de Puerto Rico: “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

 

La estadidad fortalece y garantiza la identidad individual puertorriqueña que nace de habernos desarrollado inmersos en esas” dos grandes culturas”. La cultura puertorriqueña no es incompatible con la cultura americana a la cual nos hemos integrado.

 

La estadidad sostiene y garantiza las aspiraciones de ley y orden, el debido proceso legal, libertad personal y económica y oportunidad para labrar un futuro feliz en armonía productiva, conjuntamente con nuestros conciudadanos de los Estados Unidos de América.

 

Fuera de la  estadidad federada en la Unión Americana, Puerto Rico permanecerá en un limbo político; condenado al desorden social y la miseria económica. Puerto Rico sería la “Isla del Desencanto».

 

Que no quepa duda, este Referéndum es plebiscitario y definitorio. Advierto a los que han considerado votar SI bajo ELA territorial fracasado, que es un voto a favor de la pobreza, el desempleo, a favor del discrimen del actual discrimen en viviendas, servicios de salud, a los veteranos y educación y un rechazo al derecho a la igual protección de la Constitución de Estados Unidos. Sería auto-flagelación política.

 

Para garantizar un futuro seguro, todos los defensores de la estadidad y los muchos populares que quieren la unión permanente y valoran la ciudadanía americana tienen una sola opción: Votar que No al ELA territorial fracasado y votar bajo la Estadidad, la estrella y el 51.

 

  1. Estado 51 Guía Electoral 2 de noviembre, 2012

         

La consulta plebiscitaria será definitoria. La unión permanente con los Estados Unidos está en juego en estas elecciones. Solo la Estadidad garantiza la protección Constitucional de la soberanía estatal y la ciudadanía americana a las futuras generaciones.

 

Nuestro ideal es lograr la igualdad de los derechos civiles que disfrutan los otros ciudadanos americanos; garantizar constitucionalmente la ciudadanía americana; la participación plena en las tres ramas del gobierno federal y las mismas oportunidades de progreso y desarrollo socio-económico que tienen los 50 estados federados.

 

Contrario a los soberanistas, NO queremos continuar bajo un status territorial y colonial. Tampoco queremos ser “una NACION”  independiente, separada y distinta a los Estados Unidos.

 

Defendemos los postulados de la Constitución de los Estados Unidos, la existencia de la  Corte Federal y el Tribunal Supremo, que son los guardianes de nuestras libertades, derechos y privilegios que nos brinda nuestra ciudadanía.

 

NO queremos vivir en una republica extranjera huérfana de  protección de las agencias federales que combaten la criminalidad y el narcotráfico, hacia donde nos quieren llevar los opositores de la estadidad.

 

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Jurídico

La Ciudadanía concedida mediante Ley a los puertorriqueños es de carácter estatutario y la pueden perder  las futuras generaciones. En cambio, la ciudadanía adquirida por virtud de nacer en un Estado de la Unión es permanente, inalterable, y de carácter constitucional.

 

El Congreso tiene poder incuestionable sobre el ELA territorial colonial. El ELA soberano y la republica Asociada  no tienen cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. Antes que Estados Unidos considere un “tratado” con la nueva República que puede ser revocado unilateralmente por el Congreso, tendríamos que rechazar la unión permanente, pedir la independencia y convertirnos en una república independiente.

 

La verdadera soberanía a la cual aspiramos es la soberanía del Estado Federado, claramente definida en la Constitución de los Estados Unidos y con poderes mucho más amplios que los que posee el ELA colonial.

 

Como Estado 51, Puerto Rico tendrá los poderes señalados en la Constitución de Puerto Rico y todos los poderes reservados a los 50 estados en la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo votar por el Presidente y el poder de un estado con cinco Congresistas y dos Senadores.

 

Cultura

No existe impedimento constitucional para admitir a la federación un estado hispano. La Constitución Americana y el “Voting Rights Act” le garantizan al futuro Estado 51 de Puerto Rico el poder para mantener el inglés y el español como nuestros idiomas oficiales.

 

Queremos retener nuestro idioma y nuestra identidad puertorriqueña, que nacen de habernos desarrollado inmersos en dos culturas, la puertorriqueña del siglo 19 y la cultura americana durante todo el siglo 20.

 

La cultura y la identidad puertorriqueña se fortalecerán con la estadidad, pero sin separarnos de la soberanía nacional de los Estados Unidos. Hemos mantenido nuestra cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana durante 114 años.

 

La importancia del idioma no puede relegarse a un segundo plano. La cultura y nuestro vernáculo, del cual nos sentimos orgullosos, no son impedimentos para admitir a Puerto Rico como el Estado 51. Nuestra nación americana NO tiene un idioma oficial y ninguna iniciativa por establecer un idioma único y oficial ha prosperado a nivel nacional.

 

Economía

La Casa Blanca sostiene que el “status y la economía están estrechamente vinculadas”. La estadidad es la única fórmula política-económica que estimulará la inversión de fondos privados, federales y locales para sacar a Puerto Rico del barranco económico del ELA territorial. Sólo con la estadidad tendríamos representación para proteger a Puerto Rico contra futuros recortes presupuestarios,

 

Solo con la Estadidad lograríamos igualdad respecto a fondos federales.  Recibiríamos más de $17,500 millones adicionales en Medicare, Medicaid-PAM, Seguro Social, Asistencia Nutricional y otros fondos, fortaleciendo nuestra red de seguridad social federal. El influjo de nuevos fondos motivará gran desarrollo económico, riqueza y prosperidad para nuestro pueblo.  Se podrían reducir o eliminar nuestros impuestos estatales, aliviando la carga contributiva total para el 95% de los puertorriqueños.

 

Proceso

Moralmente, el Congreso no puede rechazar la estadidad, ya que la misma ha sido la única ruta que han tomado todos los territorios organizados. La Constitución establece que el Congreso administra la Cláusula Territorial y provee los mecanismos y condiciones para la incorporación de Puerto Rico como Estado Federado.

 

Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico. En ese caso, se llevará a cabo un nuevo referéndum para refrendar los acuerdos antes de ingresar como estado.

 

Proponemos un periodo de transición económica de diez años para garantizar que Puerto Rico disfrute de todos los derechos, beneficios y oportunidades que tienen los cincuenta estados y a la vez se prepara para cumplir con todas las responsabilidades compartidas.

 

Es vital tu participación para decidir tu destino final. Los puertorriqueños que anhelan ser parte y participar en condiciones de igualdad dentro de la nación americana solo tiene una opción: votar NO en contra del status territorial actual que mantiene a Puerto Rico en condiciones de inferioridad política; y VOTAR por la ESTADIDAD (Estado 51)  para adquirir la igualdad de los derechos ciudadanos de los cincuenta estados de la unión  Americana.

 

  1. Mensaje  Pre-plebiscito 17 de octubre, 2012

 

El Plebiscito del 6 de noviembre será uno que va a decidir las futuras relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

 

Debido a lo convulso que está el mundo y sus economías regionales, los puertorriqueños debemos tener muy en claro que el único estatus que le garantiza estabilidad, seguridad y futuro es ser parte de la Unión Norteamericana como un estado.

 

La estadidad es el único camino hacia una unión verdaderamente permanente!

 

Cada día más regiones y países soberanos del mundo se están dando cuenta que en la fuerza del desarrollo económico y de crecimiento no está en la independencia o soberanía,  sino el federalismo al estilo estadounidense.» La Academia Sueca de las Ciencia otorgó el Premio Nobel de  la Paz a la Unión Europea, en reconocimiento e impulso hacia la unificación de múltiples estados soberanos.  El mundo se mueve hacia la interdependencia y unificación de bloques que comparten los mismos intereses y visión de futuro”.

 

En Estados Unidos, aunque la economía no está creciendo como se esperaba, muestras indicios de estabilización y crecimiento. Ya los mercados de bienes raíces recuperan sus niveles de años anteriores y las solicitudes de permisos para la construcción de la vivienda nuevas va en aumento.

Mientras tanto en Puerto Rico, de acuerdo al Censo del 2010 hay 262-mil unidades de viviendas vacías generadas por la emigración que a su vez fue promovida por el fracasado plan social, político y económico del ELA Territorial y las propuestas nacionalistas, separatistas y soberanistas de la administración Popular.

 

Para complicar más la grave situación en que se encuentra Puerto Rico, el liderato soberanista del PPD presenta “El Proyecto de País”, un plan para ponerle fin a los programas Federales, eliminar las agencias federales, sustituir la Ley de Relaciones Federales y desvincularse progresivamente de los Estados Unidos.

 

UN MENSAJE  CLAVE
El Mensaje que envíen los electores como resultado del Plebiscito al Presidente y al Congreso va a ser emblemático de la dirección que escogemos como destino. Este no es un plebiscito más, va a ser un plebiscito definitorio.
El reciente estudio hecho por el Servicio de Investigaciones del Congreso expresó que los resultados de este plebiscito serán analizados por el Congreso y al mismo tiempo tendrán que responder al mensaje que envíe el pueblo de Puerto Rico.

 

No cabe duda alguna que el resultado plebiscitario enviará un mensaje sobre si queremos mantener nuestra relación con Estados Unidos o si seguimos el camino de separación y de soberanía independentista que promueve el liderato presente del Partido Popular.»

 

Los puertorriqueños tenemos que decidir si optamos por la ruta independentista para lo cual tenemos dos opciones en la papeleta que son el llamado ELA Soberano y la Independencia; o si defendemos la ruta de la unión permanente, la cual garantiza todos los derechos políticos y económicos que disfrutan los ciudadanos en los cincuenta estados.

No hay dudas que el liderato Popular persigue un ELA Soberano y el propio estudio del Congreso hecho público recientemente establece que su definición no es otra cosa que una independencia con otra etiqueta.

 

Es más importante que nunca que todos entendamos que en este plebiscito hay que ir a votar y enviar un mensaje sólido de que

“rechazamos el presente ELA territorial y que el único estatus que defiende la única unión permanente con Estados Unidos es la estadidad.»
«El Pueblo de Puerto Rico no puede darse el lujo de desperdiciar este plebiscito ya que en el mismo nos jugamos el futuro de las relaciones con los Estados Unidos”.

 

En el limbo

Puerto Rico, fuera de la Unión Americana, estará en la nada política; sumido en el desorden social y miseria económica durante el Siglo 21.

 

Advertencia

Advierto a los que han considerado darle oxígeno al estatus moribundo del ELA Territorial que Votar SI bajo ELA territorial es un voto negativo, ya que elegiríamos la pobreza, el desempleo, menos oportunidades de estudios, más familias sin  viviendas, menos carreteras, menos programas de salud, menos escuelas, menos becas, y menos ayuda para nuestras personas de mayor edad.

 

En los círculos de poder considerarán que apoyar quedarnos como estamos es una expresión en contra de los beneficios del Seguro Social Suplementario,  beneficios completos de Medicare y Medicaid, sin trato igual para veteranos, sin voto presidencial y representación congresional plena y la dignidad de haber resuelto nuestro status colonial.

 

Enviarle un mensaje contradictorio a Washington le da un cheque en blanco al Gobierno Federal para que al momento de hacer los recortes federales masivos del año que viene, (no importa quién sea electo Presidente en los Estados Unidos), Puerto Rico sea la jurisdicción más afectada.

 

Para asegurar nuestro futuro social, político y económico hay que votar por la ESTADIDAD. Lo contrario es actuar en contra de nosotros mismos. Hay que votarle NO al ELA Territorial en la primera pregunta y votar por la estadidad, bajo la estrella y el 51 en la segunda.»

 

Post plebiscito

  1. Mandato plebiscitario: Igualdad 12 de noviembre, 201

La elección se transformo en un robusto, claro y vigoroso mandato plebiscitario por la estadidad. El sentir ciudadano por la lucha por la igualdad y rechazar el status territorial tiene más vigencia que nunca. El pueblo puertorriqueño atesora la unión permanente con los Estados Unidos. Una mayoría no quiere poner en riesgo la ciudadanía americana.

 

El Pueblo hablo claro. Por primera vez, inequívocamente dio a la estadidad un margen histórico sin precedentes. El triunfo de la Estadidad sobre el  ELA soberano (independencia solapada) y la Independencia fue masivo. Votaron 62%  por la Estadidad y solo 38% por la independencia y el ELA soberano.  La derrota y rechazo del status territorial colonial fue contundente (54% contra 46%). Abren el camino para que el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos impulsen el destino político final de la Isla de Puerto Rico como el Estado 51 de la Nación Americana.

No debe sorprender que el Congresista demócrata José Serrano dijera “los resultados reflejan un claro reclamo de los puertorriqueños para cambiar el status de la isla y buscar un nuevo camino en torno a su futuro político”.

Una mayoría ciudadanía rechazó enérgicamente la plataforma de los estado-libristas, los soberanistas y los independentistas del Partido Popular.  El Gobernador, electo por escaso margen y con solo 47.85% de respaldo electoral, NO tiene un mandato para una Asamblea Constituyente para adelantar la causa de la separación de Estados Unidos. Tiene que respetar el mandato. El pueblo puso un freno soberano en contra del status territorial.

Otorgaron un mandato los gobernantes para que los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en Puerto Rico logren la igualdad que se merecen bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos y en condición de igualdad absoluta con los con-ciudadanos americanos que residen en los cincuenta estados de la Unión.

 

El Congreso tiene la obligación inexorable y única de viabilizar la admisión de Puerto Rico como estado de la federación Americana. El Comisionado Residente se comprometió a presentar e informar al Congreso y la Casa Blanca el resultado del plebiscito.

 

IGUALDAD, iniciativa ciudadana/no partidista, cumplió su misión: educar con la verdad sobre el contenido fundamental que define la estadidad federada. El “Manual de la Estadidad”, los “Ensayos sobre el plebiscito y la Estadidad” y los artículos de los columnistas comprometidos con la lucha por la igualdad,  ofrecen una guía para viabilizar el mandato del pueblo de Puerto Rico.

 

Los patriotas Jaime Benson, Héctor Ríos Maury, José Garriga Pico, Carmen Mirabal y José Manuel Saldaña explicaron brillantemente el camino de la evolución y la transformación ideológica hacia la estadidad.

 

 

IGUALDAD se ha convertido en el instrumento táctico-político para que los nuevos líderes eduquen a este pueblo de las desventajas de un status territorial-colonial, el principal responsable de la pobreza, el desempleo, inseguridad general y un futuro sin porvenir para nuestras futuras generaciones. Invitamos al pueblo estadista se integre activamente a IGUALDAD para continuar  la lucha por la igualdad.

 

Exhorto al pueblo estadista promuevan un plan estratégico para educar a los ciudadanía sobre las desventajas del ELA territorial y convencer a los centros de poder en los Estados Unidos que es necesario resolver el estatus, la causa principal de la pobreza y dependencia económica de Puerto Rico. Igualdad ha dado los primeros pasos para diseñar y presentar una estrategia global.

 

IGUALDAD continuara siendo la conciencia ideológica; continuara promoviendo el claro mandato que emitió el Pueblo Estadista con una súper mayoría para la estadidad aquí y en Estados Unidos. Igualdad defenderá el respeto a este mandato.

 

IGUALDAD abre las puertas a los distintos grupos ciudadanos que atesoran la Estadidad a presentar un frente unido para viabilizar el mandato plebiscitario sin perder su personalidad política y jurídica. Es nuestra obligación moral.

 

  1. Antesala a la estadidad 10 de dic. 2012

 

Algunos medios informativos no le han dado suficiente atención a las razones que motivaron que el 54% del electorado rechazara el ELA territorial. El status territorial perdió porque nos condena a un “estado de desigualdad” política y a un evidente déficit democrático, sin voto presidencial ni representación congresional y en condiciones de desigualdad de derechos civiles.

 

Aunque quisieran restarle importancia al mandato plebiscitario, los que defendieron el ELA colonial, refrendaron el resultado porque utilizaron fondos públicos, votaron con papeletas abiertas ante los medios de comunicación y participaron en campañas públicas a favor del SI. Ahora están obligados a acatar la voluntad del pueblo expresada en un proceso democrático financiado por el pueblo y validado con la participación del 78% del electorado de Puerto Rico.

 

El pueblo votó por un cambio de rumbo ideológico. La lucha por la igualdad logró un triunfo resonante de la estadidad sobre las dos formulas de independencia combinadas.

 

Es oportuno compartir algunos pasajes de mis columnas anteriores para enfatizar lo obvio. Sugiero a los nuevos administradores de la colonia que examinen la actual y futura Constitución de Puerto Rico.

 

El Preámbulo de nuestra Constitución sostiene que un “sistema democrático es aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, que: “Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”,  “la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. Estos postulados constituyen la base fundamental del camino hacia la estadidad.

 

Todos los funcionarios y empleados del gobierno de Puerto Rico, sus agencias, departamentos y subdivisiones políticas prestarán un juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y las leyes de Puerto Rico.

 

En palabras sencillas, los nuevos administradores del estatus territorial-colonial, que predican que Puerto Rico sea una nación separada a los Estados Unidos, vienen obligados a expresar su lealtad a la Constitución y a la nación americana y a aceptar la convivencia de la cultura americana y la cultura puertorriqueña.

 

No cabe duda de que  la Constitución aprobada en 1952 es la antesala a la estadidad.  En esencia, la comunidad política creada por virtud de la Constitución de Puerto Rico es como un estado en proceso de ser admitido a la unión. Los pasos en la lucha por la igualdad son  irreversibles.

 

La innegable realidad es que el ELA territorial-colonial fue derrotado. Llegó la hora de que el Congreso descargue su responsabilidad legislando un plebiscito final y obligatorio para que los puertorriqueños escojamos entre la Estadidad, Independencia o una nación independiente asociada con los Estados Unidos.

 

La Constitución Nacional solo define cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios. La Administración del Presidente Clinton determinó que la propuesta del PPD de un ELA culminado (soberano) viola la Constitución de los Estados Unidos y es inaceptable. El ELA soberano o republica asociada convertiría a Puerto Rico en una nación y aparte de los Estados Unidos.

 

El modelo político-económico de la estadidad es la única solución que satisface el reclamo de los beneficios de igualdad política, de nuestros derechos civiles, las mismas oportunidades  y  bienestar económico del resto de la Nación. La estadidad, no solo le pone fin al colonialismo, sino que  provee una garantía permanente de seguridad jurídica a toda  la inversión local, nacional y global que se lleve a cabo en Puerto Rico.

 

La estadidad, hace permanente las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo que son el sueño de millones de personas que quisieran ser ciudadanos americanos.

 

  1. Ciudadanía Americana y Puerto Rico 18 de febrero, 2013

 

Honramos al prócer, amigo y defensor de la ciudadanía americana y la estadidad Don Luis A Ferre.

 

El 2 de marzo se cumplirán 96 años desde que el Acta Jones, la Carta Orgánica de 1917, le otorgó la ciudadanía americana a los puertorriqueños.

Se les concedió una ciudadanía estatutaria voluntaria a los que no eran ciudadanos de los Estados Unidos y de acuerdo a los poderes que tienen el Presidente y el Congreso.

Como tal, desde marzo del 1917, hasta enero del 1941, los hijos de los que se convirtieron en ciudadanos bajo el Acta Jones se consideraban ciudadanos de “jure” y no por naturalización.

 

En 1922, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó que Puerto Rico era un territorio no-incorporado. (Balzac vs. Puerto Rico) Determinó que la Constitución no aplicaba en los territorios con la misma fuerza (full force) que en los estados de la unión y excluyó a los puertorriqueños-ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico de la misma protección de la Constitución.

 

El Acta de Naturalización de 1941 garantizó que todas las personas que nacen en una jurisdicción subordinada a los Estados Unidos, incluyendo el territorio de Puerto Rico, serían ciudadanos de los Estados Unidos.

 

No obstante lo anterior, no fue hasta 1952 que el Presidente Truman reconoció oficialmente que “toda persona que hubiera nacido en Puerto Rico después del 13 de enero del 1941, era ciudadano natural de los Estados Unidos”.

 

En el 1947, con la Ley Pública 362, (Ley del Gobernador Electo), se expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y se estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuese un estado de la Unión sujeto a las disposiciones del Artículo IV de la Constitución. Pero, los puertorriqueños no gozan de todos los derechos enumerados y las inmunidades que garantiza la Constitución a los demás ciudadanos americanos.

 

Esta decisión definió una ciudadanía de segunda clase en Puerto Rico y estableció una condición de segregación geográfica que le niega a los ciudadanos americanos residentes en la isla a votar por el Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

 

En efecto, se creó la condición de discrimen y segregación geográfica que apuntala el déficit democrático que limita los derechos ciudadanos y civiles de los puertorriqueños.

 

A los ciudadanos de un territorio, como Puerto Rico, nos niegan otros derechos políticos y la participación de la estructura constitucional; les  niegan el derecho a considerarse iguales en su condición y a los mismos beneficios bajo las leyes federales; participar en las elecciones federales/nacionales; elegir Congresistas y Senadores; y tener la ciudadanía americana garantizada para futuras generaciones.

 

Somos ciudadanos de segunda clase de un territorio colonial jurídica y constitucionalmente imperfecto y limitado en autoridad. Resuena todavía un pensamiento crítico del Dr. Martin Luther King en su lucha por los derechos civiles: “a quien se le priva de sus derechos constitucionales se convierte en extranjero en su propia nación.”

 

Creemos que los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico deben tener los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades que disfrutan los Ciudadanos Americanos en los cincuenta estados de la Unión.

 

No importa los logros anteriores, los residentes en Puerto Rico están sujetos a un sistema político que le niega igualdad absoluta como ciudadanos de los Estados Unidos y participación directa en el gobierno nacional.

 

Puerto Rico se manifestó en el plebiscito del 6 de noviembre. Rechazó el status territorial y solicitó un cambio de status político. Hoy honramos al Gobernador Luis A Ferré, defensor de la estadidad, el único status que garantiza constitucionalmente la ciudadanía de los Estados Unidos para las generaciones futuras.

 

  1. U.S. Citizenship and Puerto Rico

 

                                                            Hernán Padilla, MD **

 

On March 2nd, it will be 96 years since the Jones Act, the 1917 Organic Law of Puerto Rico, gave U.S. citizenship to Puerto Ricans.  Those that were not citizens of the United States were granted statutory citizenship according to the powers of the President and U.S. Congress.

 

As such, since March of 1917 and until January of 1941, the children of those who voluntarily became U.S. Citizens under the Jones Act, were considered “de jure” citizens (by law) and not by naturalization. This is statutory citizenship rather than citizenship arising from birth or naturalization in a state of the Union under the 14th Amendment of the U.S. Constitution.

 

In 1922, the Supreme Court of the United States (SCOTUS) ruled that Puerto Rico was an unincorporated territory. (Balzac v. Puerto Rico) The court determined that the Constitution and Bill of Rights did not apply in territories, such as Puerto Rico, in full force as it did in the states of the union. By doing so, the Supreme Court excluded Puerto Ricans (U.S. citizens) residing in Puerto Rico from equal protection under the U.S. Constitution.

 

The Immigration and nationality Act of 1940, (Naturalization Act, Jan 1941) guaranteed that all persons born in a jurisdiction subordinate to the United States, including the territory of Puerto Rico would be citizens of the United States.

 

Nevertheless, it was not until 1952 that President Truman officially recognized that «a person who was born in Puerto Rico after January 13, 1941, was a native (natural) citizen of the United States.»

 

In 1947, Public Law 362 (Elective Governor Act)), expanded the scope of the Constitution of the United States to Puerto Ricans and established that the rights, privileges and immunities of the United States will be respected in the territory of Puerto Rico to the same extent as if Puerto Rico were a state of the Union subject to the provisions of Article IV of the Constitution.  However, Puerto Ricans (American Citizens) who reside in Puerto Rico do not enjoy all of the rights enumerated and the immunities guaranteed by the Constitution to all other U.S. citizens who reside in any of the 50 states of the Union.

 

In effect, the SCOTUS decision defined a second class citizenry in Puerto Rico and established a condition of geographic segregation that denies U.S. citizens, Puerto Ricans included, residing in the island the right to vote for President and Commander in Chief of the U.S. Armed Forces.

 

U.S. Citizens who reside in U.S. Territories, like Puerto Rico, are denied other political rights and from participating in the constitutional structure of government; are denied the right to be considered equal in status and to the same benefits under federal law; cannot participate in federal/national elections; cannot elect Congressmen and Senators; and do not have the U.S. citizenship guaranteed for future generations.

 

We are second-class citizens of a colonial territory legally and constitutionally flawed and limited in authority. The critical thinking of Dr. Martin Luther King in the civil rights struggle still resonates, «who is deprived of his constitutional rights becomes a foreigner in his own country.»

 

We believe that U.S. citizens residing in Puerto Rico should have the same rights, responsibilities and opportunities enjoyed by U.S. citizens in all fifty states of the Union.

 

Regardless of past achievements, the residents of Puerto Rico are subject to a political system that denies them full equality under the law and U.S. Constitution as citizens of the United States and direct participation in the national government.

 

The people of Puerto Rico voted in a democratic, honest and fair referendum held on November 6th, 2012, The U.S. citizens of Puerto Rico rejected the consent of the governed for the current territorial status, defeated the current territorial status and voted in favor of statehood.

 

** Hernán Padilla, MD, Former Mayor of San Juan, Former President of the U.S. Conference of mayors and President of Igualdad ( Equality), a non-partisan organization that endorses statehood for Puerto Rico

 

  1. Igualdad y la Reforma Migratoria  4 de marzo, 2013

 

Estados Unidos es una nación compuesta por grupos con ancestros, razas, costumbres, valores, religiones y culturas muy diferentes. Pero, debemos ser ciudadanos de una nación con una sola Constitución y una sola ciudadanía para todos los ciudadanos americanos.

 

Ese no es el caso en el ELA territorial y colonial. Los puertorriqueños-ciudadanos americanos y miles de inmigrantes naturalizados que residen en la Isla no tienen los mismos derechos constitucionales que protegen a otros ciudadanos que residen en cualquiera de los 50 estados de la unión.

 

Siendo los puertorriqueños ciudadanos americanos de nacimiento, tenemos la obligación moral de participar en la discusión sobre la reforma migratoria que se lleva a cabo en estos momentos a nivel nacional.

 

El problema de los inmigrantes no es uno partidista. Hemos estudiado y adoptado algunos conceptos de organizaciones cívicas y líderes de ambos partidos nacionales. Concurrimos con los planteamientos de organizaciones cívicas como LULAC (League of United Latin American Citizens).

 

La nación Americana fue creada por inmigrantes provenientes de todo el mundo y en donde hay más de once (11) millones de inmigrantes indocumentados. La abrumadora mayoría de los inmigrantes indocumentados son seres trabajadores, dedicados, religiosos y leales que vinieron en busca del “sueño americano”, prosperidad y una mejor vida.

 

Por el bien de la nación, se hace necesario aprobar una reforma migratoria justa y humanitaria que mejore el proceso de inmigración legal de los Estados Unidos.

 

Entre los pasos a seguir, urge crear una clasificación migratoria temporera para aquellas personas que quieran legalizar su estatus de trabajadores. Hace falta una estrategia que use la tecnología moderna para mejorar el proceso de solicitar visas de entrada y permanencia en la nación.

 

Estados Unidos depende de una población migrante para muchas de las tareas temporeras agrícolas que cambian con las estaciones del año, así como para diferentes industrias agrícolas. Respaldo un vigoroso y amplio “Programa de Empleados Migrantes” que responda a las necesidades empresariales y demanda de obreros migrantes.

 

Es necesario aprobar nuevas leyes para atraer personas con conocimiento y adiestramiento especializado en ciencia, ingeniería, tecnología, computadoras, matemáticas, y áreas como el campo de la salud.

La nación se beneficiará con más visas y con un mejor programa y sistema de visas para empresarios, inversionistas y desarrolladores creativos para los negocios del futuro.

 

Existen miles de hijos de inmigrantes que solo conocen una nación y una patria, los Estados Unidos de América, pero a quienes no se les ha extendido la oportunidad legal para permanecer en tierra americana y viven con la amenaza de ser deportados, a pesar de ser excelentes jóvenes estudiantes.

 

Respaldo que se apruebe el proyecto del “Dream Act”  que les permita residir legalmente en la nación que conocen como la suya y que les señale un camino para que cualifiquen para la ciudadanía americana en el futuro.

 

También es necesario establecer procesos eficientes para controlar la entrada de inmigrantes sin permiso y para identificar y darle seguimiento a las personas a quienes se les expira la Visa correspondiente.

 

Creemos que todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, cualquiera que sea su origen, deben disfrutar de la igualdad y los mismos derechos y responsabilidades y oportunidades que disfrutan los que nacieron o se naturalizaron y residen en cualquiera de los cincuenta estados.

 

Nosotros también luchamos por el derecho a ostentar una ciudadanía americana con todos los derechos que se nos niegan bajo el status territorial colonial actual.

 

Convertir a Puerto Rico en estado de la Unión le garantizaría a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, incluyendo los miles de ciudadanos naturalizados y los que puedan beneficiarse de una futura reforma migratoria, la protección de la Constitución de los Estados Unidos y la plena participación en los procesos democráticos a nivel nacional.

 

  1. Camino a la Igualdad 05/13/13

 

Jackie Robinson, uno de los peloteros más famosos de grandes ligas, tanto por sus proezas en el campo de juego como por sus esfuerzos para derrumbar la barrera del prejuicio racial en el deporte, afirmó que “El derecho de cada ciudadano americano a disfrutar una ciudadanía de primera clase es el asunto más importante de nuestros tiempos”.

 

Esa sentencia  aplica a Puerto Rico hasta que se resuelva nuestra condición de ser un territorio colonial segregado y federalizado. Aunque tenemos autoridad delegada por el Congreso para administrar la colonia, elegir líderes locales y un Comisionado Residente sin voto en el Congreso, no tenemos la igualdad de derechos que tienen los ciudadanos que residen los 50 estados de la Unión. A los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico, se les aplica una ciudadanía americana inferior de segunda clase.

 

Los beneficios económicos de la estadidad no son la razón principal de nuestra meta, pero reconocemos que el derecho a la igualdad política está estrechamente asociado a la calidad de vida y al desarrollo económico. No se puede lograr la paridad de todos los beneficios de la estadidad sin que ocurra un cambio de estatus.

 

La ciudadanía a la cual aspiramos será de beneficio para todo el pueblo puertorriqueño y es la mejor herramienta para lograr todas las garantías constitucionales como ciudadanos americanos. La Constitución nacional garantiza los mismos derechos, privilegios, deberes y oportunidades para el progreso económico que tienen los ciudadanos en los estados.

 

El único status que conocemos es el ELA territorial, colonial e inferior, la causa principal de la pobreza, el desempleo y el estancamiento en nuestro desarrollo económico.

 

Por eso el movimiento estadista reclama la igualdad que reconozca el derecho a votar en las elecciones federales; elegir cinco Representantes y dos Senadores al Congreso;  el voto presidencial; y representación en el Colegio Electoral que nos otorgaría amplia influencia y poder político a nivel nacional.

 

Queremos los mismos derechos, beneficios y responsabilidades que disfrutan 4.7 millones de conciudadanos con raíces puertorriqueñas que residen en los estados de la unión. Ellos disfrutan los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía americana bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos que se les niegan a los ciudadanos residentes en Puerto Rico.

 

El Congreso tiene la obligación de viabilizar un proceso para que Puerto Rico se convierta en un estado. El proceso más expedito para lograr la igualdad es que se considere y apruebe un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado de la unión a presentarse por el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi.

 

Puerto Rico ha cumplido con las condiciones que se les requieren a los territorios para ser aceptados como estado, incluyendo tener un gobierno propio y una Constitución local similar a las de otros estados.

 

Reconocemos, sin embargo,  que  aumentar el Senado a 102 Senadores y redistribuir 435 Congresistas no se logra sin una amplia participación nacional. Esa realidad no debe detenernos para reclamar nuestra igualdad ciudadana.

 

Es necesario confrontar al Presidente, el Congreso y a la nación con la realidad constitucional y el estigma del imperio colonial. La Ley 600 y la Ley de Relaciones Federales y la Cláusula Territorial señalan el camino para convertir al Territorio de Puerto Rico en un estado.

 

El derecho a la igualdad es un derecho natural y vivir sin ese derecho en condiciones segregadas y coloniales no es aceptable bajo los principios e ideales democráticos de la Nación que defiende la democracia y la igualdad en el exterior pero nos los aplica en Puerto Rico.

 

Reitero el reclamo de hacer valer el mandato del plebiscito de noviembre del 2012 para que se le extienda total igualdad constitucional, política y ciudadana a los puertorriqueños convirtiendo a Puerto Rico en el Estado 51.

 

  1. Momento crucial estadista 05/27/13

 

Según se intensifique el debate sobre los procesos para lograr que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos de América se hará más necesario mantener informados a todos los ciudadanos, particularmente a los que defienden el derecho a la igualdad dentro de la nación americana.

 

El pasado noviembre, con una participación del 78%  de los electores inscritos, Puerto Rico derrotó al ELA territorial-colonial y revocó el consentimiento de los gobernados que frágilmente sostenía el status responsable del fracaso social y político-económico de Puerto Rico. El 61% electorado que ejerció el derecho del voto entre la Estadidad, el ELA Soberano, y la independencia se expresó a favor de la Estadidad.

 

Desde entonces, se han incrementado los esfuerzos para que el Presidente Obama y el Congreso cumplan con el compromiso de viabilizar una solución permanente al problema del status de Puerto Rico. La Organización “Igualdad” reclutó y adiestró más de 70 voluntarios para informar al Congreso y la Rama Ejecutiva sobre el resultado del plebiscito y a la vez intensificó la lucha por la igualdad de derechos constitucionales, políticos y ciudadanos para todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

 

Nos satisface haber colaborado con el Comisionado Pierluisi para lograr que 37 Congresistas apoyen y sean co-autores del HR 2000. Continuaremos con ese compromiso y trabajaremos en equipo hasta lograr la estadidad.

 

Me uno al clamor de los defensores de la estadidad para lograr que Puerto Rico sea admitido como un estado de la Unión a la mayor brevedad posible. Nos motiva el convencimiento de que el ELA territorial-colonial le niega a los puertorriqueños de recursos limitados los derechos, beneficios, calidad de vida, oportunidades de crecimiento económico y empleos que tienen otros ciudadanos americanos que residen en los 50 estados. No hay razón para mantener a Puerto Rico en la pobreza cuando la estadidad nos garantiza un futuro mejor.

 

Comprendo las razones que motivan a algunos estadistas a solicitar que se radique un Acta de Admisión, pero también reconozco que otros estadistas consideran otras estrategias basadas en la realidad política del Congreso que acelerarán el proceso.  Ambas son compatibles.

 

La Comisión de Estatus y el Directorio del PNP recomendaron “la presentación de legislación dirigida a establecer el proceso para lograr la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión”. Precisamente, el Proyecto de ley HR2000, del Comisionado Residente Pedro Pierluisi, pone en marcha “un proceso de admisión como estado”.

 

Si el Congreso aprueba el HR2000 aceptaría los resultados de noviembre y  daría paso al proceso hacia la Estadidad por ser la opción ganadora. En ese momento el Congreso consideraría la admisión de Puerto Rico como Estado y ordenaría un referéndum de ratificación para que el pueblo de Puerto Rico acepte o rechace los términos y condiciones en su oferta de  estadidad.

 

Puerto Rico no sería el primer territorio que es consultado más de una vez.

La mayoría de los 37 estados que fueron admitidos tuvieron varias votaciones para lograr su admisión. En algunos casos, como Alaska, se presentaron más de 4 proyectos de admisión antes de que el Congreso actuara y aprobara su admisión. La admisión es unos procesos largos que requieren la presentación de varios proyectos legislativos antes de que logren resultado.

 

Si el Pueblo de Puerto Rico acepta los términos de la admisión, el proyecto obliga al Presidente y al Congreso a actuar en un término no mayor de 180 días para aprobar y completar finalmente la admisión de Puerto Rico como estado, conforme a los términos dispuestos por el Congreso y ratificados por Puerto Rico.

 

El momento crucial que concluirá cinco siglos de coloniaje ocurrirá  cuando la mayoría de los votantes en Puerto Rico ratifiquen con su voto la unión permanente y la condición de igualdad de la Estadidad.

 

  1. La ONU, tres décadas después 06/1013

 

Hace tres décadas tuve el honor de haber sido nombrado por el Presidente Reagan como Delegado Publico de la Representación de Estados Unidos ante la Asamblea General de la Naciones Unidas y el 24 de septiembre del 1982 presenté un mensaje sobre el status de Puerto Rico *. Aunque los tiempos han cambiado, mis  palabras, con algunas explicaciones adicionales, son validas aún.

 

La comunidad internacional debe reconocer que en 1917 se le extendió la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños y que cualquier persona que nace en Puerto Rico es ciudadano americano con el pleno derecho a la protección de sus leyes y disfrute de sus derechos cuando reside en uno de los cincuenta estados.

 

Lamentablemente, no todos los derechos de la Constitución de los Estados Unidos se extienden al territorio de  Puerto Rico. Los puertorriqueños y todos los otros ciudadanos americanos que residen en la isla no tienen todos los derechos que los ciudadanos que residen en los 50 estados.

 

La comunidad internacional debe percatarse que en el 2012 se celebró un referéndum y que el 54% de los votantes rechazaron el status territorial y revocaron el consentimiento de los gobernados para continuar con el actual status territorial bajo el poder unilateral del Congreso de los Estados Unidos.

 

En una segunda pregunta, los electores escogieron entre las tres formulas que cumplen con los requisitos de la ONU y que el 61% de los que emitieron su voto se expresó a favor de la estadidad.

 

El status político es un asunto que compete a Puerto Rico y los Estados Unidos. Así  lo expresaron Don Luis A. Ferré en 1982 y Carlos Romero Barceló en 1978. Somos nosotros los únicos los que tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de decidir nuestro propio sistema de gobierno.

 

La Constitución de los Estados Unidos provee el proceso para que los ciudadanos de un territorio soliciten la incorporación y admisión como un estado. Hemos iniciado ese proceso y el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi radicó el proyecto HR 2000 para que el Congreso autorice  una consulta de ratificación para la admisión del estado de Puerto Rico.

 

Puerto Rico adoptó su propia constitución en el 1952. La Asamblea General la refrendó a través de la Resolución 748 del 1953 y en ese mismo proceso histórico aprobó la Resolución 1541 (XV) en la que enumera y define que un territorio ha alcanzado la plenitud de gobierno propio cuando: (1) pasa a ser un estado independiente, (2) establece asociación o (3) se integra a otro estado independiente. Esa fue la segunda pregunta del referéndum del 2012 en el que el 61% de los electores que votaron respaldaron la estadidad.

 

El pueblo puertorriqueño tiene el derecho constitucional y sostenido de alterar y enmendar nuestra Constitución de acuerdo a nuestras necesidades y convicciones políticas e ideológicas. Reclamamos la igualdad de derechos ciudadanos dentro de la Unión de Estados de los Estados Unidos.

 

En 1959 la Asamblea General aprobó la Resolución 1469 (XIV) reconociendo que Alaska Y Hawai habían logrado gobierno propio al ser admitidos como estados de la unión y le otorgó validez real, de jure y de facto, a la integración política como una formula convalidada a la comunidad internacional.

 

En este momento histórico, la Organización de las Naciones Unidas solo tiene una alternativa: comunicarle a los Estados Unidos que conforme a los resultados del plebiscito del pasado 6 de noviembre del 2012, dado el hecho que los puertorriqueños son ciudadanos americanos de nacimiento y que se han expresado libre y democráticamente en contra del status territorial-colonial actual y a favor de la integración como estado de la unión, que procedan a constituir a Puerto Rico como estado de los Estados Unidos en condiciones de plena igualdad individual y colectiva.

 

  1. ONU rechazó subordinación política del ELA 06/24/13

Lideres estadistas comparecieron ante el “ Comité Especial sobre la situación relacionada a la implantación de la declaración en favor de de los territorios coloniales” e informaron que Puerto Rico celebró un referéndum con una participación de más del 78% del electorado; que el 54% de los votantes rechazaron el actual status territorial y revocaron el consentimiento de los gobernados  para continuar la presente relación política con los Estados Unidos;  y que el 61% de los que emitieron su voto favorecieron la opción de estadidad.

La Constitución de los Estados Unidos provee el proceso y los mecanismos para que los ciudadanos americanos de un territorio soliciten la incorporación y admisión como un estado.

Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos que no goza de una democracia plena a nivel nacional. El gobierno de Estados Unidos está obligado legal y moralmente ofrecerle a Puerto Rico un proceso para resolver su status político y garantizarle a sus ciudadanos residentes en la isla el disfrute pleno de la ciudadanía americana bajo la protección de la Constitución con los mismos beneficios, oportunidades y responsabilidades que tienen sus conciudadanos en  los 50 estados de la unión.

Aun así, exhortamos al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que “si los Estados Unidos no responde a la petición hecha por el Pueblo de Puerto Rico, que recomiende a la Asamblea General que coloque a Puerto Rico en la lista de países que no han obtenido un grado significativo de gobierno propio y continua siendo una colonia”.

De hecho, al terminar las vistas, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó una Resolución reconociendo que en el plebiscito del 2012 los electores de la Isla rechazaron el actual status de “subordinación política”. En efecto, declarando al ELA un territorio colonial.

Me uno a las expresiones del Comisionado Pierluisi: «el estatus actual perdió su legitimidad democrática». “Puerto Rico retiró el consentimiento al estatus actual cuando ejerció su derecho de auto-determinación mediante una votación libre y democrática sobre el asunto del estatus”.

 

Mientras el Presidente y el Congreso no tomen acción para ofrecerle a Puerto Rico el proceso para lograr la unión permanente en condición de igualdad con los 50 estados de la unión, estamos comprometidos a continuar nuestra lucha por la igualdad a nivel local, nacional e internacional, si fuera necesario.

 

Respaldo la aseveración de Pierluisi de “que la comunidad internacional, al igual que el gobierno de Estados Unidos, debe respetar la voluntad del pueblo del territorio no incorporado de Puerto Rico”.

 

El contraste entre los que abogamos por la verdadera unión permanente y los representantes del colonialismo no puede ser más claro.

 

Los defensores de la igualdad constitucional presentaron argumentos convincentes demostrando que “Puerto Rico retiró el consentimiento de los gobernados al estatus actual cuando ejerció su derecho de auto-determinación realizando una votación libre y democrática.

 

Los miembros del Comité Especial de ONU escucharon que queremos la soberanía de un estado de la unión americana que garantice la unión permanente y la ciudadanía de los Estados Unidos para las futuras generaciones. Como ciudadanos de los Estados Unidos, queremos plena participación en el gobierno federal, representación congresional proporcional, el derecho participar en las elecciones nacionales para elegir el Presidente  y los mismos derechos, beneficios y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

 

A cambio, los representantes de la condición colonial  inferior y fracasada presentaron su visión y compromiso de abogar por, gestionar y lograr una asociación no colonial ni territorial con los Estados Unidos que reconozca la “soberanía nacional”  que solo se lograría convirtiendo a Puerto Rico en una republica soberana e independiente.

 

El pueblo de Puerto Rico, Estados Unidos y la comunidad internacional quedan debidamente advertidos  e informados.

 

  1. Territorio Organizado

 

“Ha llegado el momento para que el Congreso de los Estados Unidos reconozca que los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en Puerto Rico tienen derecho a todos los privilegios e inmunidades que se les otorgaron  el Acta Jones y específicamente la  Ley  del Gobernador Electo de 1947. La Ley de Relaciones Federales, la Ley 600 y  la Ley Pública 447  refuerzan el mandato histórico de que los territorios organizados están predestinados a convertirse en estados”.

 

Endoso estas expresiones del Asesor Legal de la “Organización Igualdad”, Lcdo. Alfredo Castellano, en su carta al Comité de Energía y Recursos Naturales.

 

Las doctrinas que surgieron de los notorios “casos insulares’ y la decisión de la Corte Suprema para justificar la “segregación constitucional” de los residentes de Puerto Rico y otros territorios (separados y desiguales) fue una “una anomalía’ intolerable y contradictoria en la lucha por la libertad y el reconocimiento de la igualdad de derechos  constitucionales y legales.

 

Sin embargo, la Ley del Gobernador Electo sostiene que “los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos americanos en PR se respetaran “como si PR fuera un estado de la Unión”.

 

Tampoco cabe duda que Puerto Rico y la Constitución de Puerto Rico cumplen con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente como un estado” para poder ser admitido a la Unión.

 

El pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso para cumplir con esos requisitos: (1) una carta de Derecho; (2) un gobierno de forma republicana; (3) y que estuviese de acuerdo y sujeto a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos; y de la Ley Publica 600.

 

Durante décadas nos  considera como si fuéramos un estado y el Congreso nos incluye en muchos programas nacionales. La federalización “de jure y de facto” del “US Commonwealth of Puerto Rico” tratando a Puerto Rico como si fuera territorio organizado, es otro paso irreversible y el preludio político-jurídico a la estadidad.

 

La federalización y la preparación de nuestro territorio hacia la estadidad se magnifica más aun cuando vemos como en la década de los 60, el Congreso autorizo la creación en nuestra jurisdicción de un Tribunal Federal  al amparo del Artículo III de la Constitución dejando en el pasado la existencia de Tribunales Federales creados por el Congreso para territorios no organizados.

 

La Corte Suprema nacional y el Tribunal Supremo de PR  reconocen que un territorio puede ser “incorporado” expresa o implícitamente y ha ocurrido una evolución de continua integración aprobada por el Congreso mediante la cual Puerto Rico ha evolucionado de un territorio no-incorporado a incorporado.

 

No podemos ignorar que la Juez O’Connor sostuvo que Puerto Rico parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados; no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados. Tampoco se puede ignorar  la decisión de la Corte Federal  que, como consecuencia de la “incorporación” gradual durante un siglo de la Isla y sus ciudadanos a la nación americana, las garantías constitucionales aplican en su totalidad en Puerto Rico.

 

Los ciudadanos de Puerto Rico solicitan del Congreso que  honre su responsabilidad con los Ciudadanos del territorio organizado de Puerto Rico. Cuando el Congreso entra en un “acuerdo” (compact) con un territorio organizado, como es el caso del Territorio de Puerto Rico, ese acuerdo siempre ha sido  un camino hacia la estadidad. Admitir a Puerto Rico es justo e inevitable.

 

Puerto Rico ha sido incorporado “de facto y es un territorio organizado de Estados Unidos. Peticionamos al Congreso que apoye la causa de los derechos y libertades humanas de nuestro pueblo y admitan a Puerto Rico como un Estado de la Unión.

 

  1. El paso de ser un territorio organizado no revoca el hecho histórico y la condición colonial del status actual

 

  1. Defensa de la voluntad del pueblo 07/22/13

Hernán Padilla

Para debatir los argumentos legales y oponerse al uso de fondos públicos para obstruir el mandato electoral del pueblo rechazando el status territorial-colonial actual y favoreciendo la estadidad, debemos considerar que esa estrategia partidista le  falta el respeto al Pueblo de Puerto Rico.

 

Nadie puede negar que el pueblo se expresó libre y democráticamente en la consulta de estatus cuando 970,910 votantes (53.97%) expresó no querer continuar con el estatus territorial actual, mientras que 828,077 votantes (46.03%) lo favorecieron. Puerto Rico revocó el consentimiento de los gobernados para continuar bajo el status actual.

 

Tampoco pueden negar que entre las tres opciones presentadas conforme a las definiciones aceptadas en el “Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico”, la opción de la Estadidad fue preferida por 834,191 votos (61.16%), la opción del Estado Libre Asociado Soberano obtuvo 454,768 votos (33.34%) y la opción de la Independencia obtuvo 74,895 votos (5.49%).

 

Ambas cifras contrastan con el respaldo minoritario de un 47.7 % que obtuvo el gobernador electo. Contrario a lo que alegan los administradores de la colonia, esos resultados no le permiten usar fondos públicos para imponer su agenda respecto al status de Puerto Rico, violar los principios democráticos y negar la voluntad del pueblo.

 

El Gobernador García Padilla, en función oficial,  envió una carta usando fondos y recursos públicos a todos los congresistas de la Cámara de Representantes Federal negando los resultados oficiales certificados por la Comisión estatal de Elecciones; y a través de la Administración de Asuntos federales (PRAFA) autorizó la erogación de $546,000 de fondos públicos para contratar cabilderos para rechazar la voluntad del pueblo en la consulta del estatus. El Director de PRAFA, Juan Eugenio Hernández Mayoral, admitió públicamente que esos fondos son utilizados para promover la política de García Padilla que rechaza los resultados del plebiscito.

 

El derecho al voto es un derecho fundamental del pueblo y es nuestra obligación hacerlo respetar. El uso de fondos públicos por parte del gobierno para impedir la implantación de los resultados de la consulta de estatus no cumple con lo expresado en las urnas.  Ese uso de fondos públicos viola la política pública del Presidente y es contrario a las normas del derecho internacional sobre “libre  determinación”.

 

Obstruir el proceso de autodeterminación de Puerto Rico contraviene el mandato del pueblo y constituyen actuaciones político-partidistas, no funciones públicas. El Gobernador no puede utilizar los fondos públicos para impulsar su agenda político-partidista, mucho menos para violentar los resultados de un referéndum favoreciendo una formula ideológica contraria a la suya. Le corresponde al PPD, no a los contribuyentes, costear cualquier oposición al mandato electoral.

 

Le corresponde a los que rechazan reconocer que Estados Unidos es nuestra nación y rechazan agencias federales en nuestro suelo que expongan su caso con sus propios fondos sin usar los recursos públicos, tan  necesarios para servir al pueblo y resolver los problemas en la Isla.

 

Tratándose de los postulados más elementales de nuestro sistema democrático y esquema constitucional, la utilización de fondos públicos para fines políticos partidistas lacera irremediablemente el sistema de equidad electoral.

 

Alerto a los medios que no han denunciado  el uso de fondos públicos para promover una causa política y les advierto a los legisladores y líderes políticos que esta acción sienta el precedente de usar fondos públicos para adelantar una causa ideológica en contra del deseo expreso del pueblo.

 

Esto no es un asunto trivial sino una tragedia; el que los colonialistas utilicen fondos públicos para contratar cabilderos que impongan el status territorial que mantiene a Puerto Rico segregado políticamente, sin igualdad de derechos constitucionales, políticos y ciudadanos y sumidos en la pobreza sin las mismas oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados de la Unión.

 

  1. Estamos preparados para ser Estado 08/19/13

 

Las vistas del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos celebradas el pasado 1 de agosto brindaron la oportunidad para que los partidos políticos locales definieran el status ideológico  de su preferencia.   No cabe duda que la presentación  del Presidente del PPD  y Gobernador de la colonia-insular, Alejandro García Padilla, dejó a sus huestes decepcionadas y al presidente del Comité, el Senador Ron Wyden, confuso.

 

García Padilla mintió cuando dijo que el “ELA-territorial no estaba en la papeleta” ni pudo explicar ni las preguntas más elementales sobre el status que proponen. No tuvo la valentía de mencionar el “nuevo país” y  el ELA Soberano  o cómo pretende sacar a Puerto Rico de la condición colonial y de inferioridad política del status territorial actual.

 

No se atrevió aseverar que Estados Unidos no es su nación, que no respalda la igualdad de derechos para los ciudadanos americanos de  Puerto Rico y que miembros del PPD rechazan la presencia del FBI y la Corte de Distrito Federal.

 

“Igualdad, Futuro Seguro”, aunque no participó en la vistas por ser una organización independiente no-partidista , sometió una ponencia escrita  en la que señala que su misión y único propósito es lograr que Puerto Rico se convierta en  el Estado 51 de nuestra nación. Sostenemos que la igualdad de derechos y la soberanía ciudadana y colectiva sólo se puede lograr bajo el orden constitucional de la estadidad.

 

Es  necesario  que el Congreso entienda que la presente condición política  le niega a 3.7 millones de conciudadanos los derechos constitucionales y civiles que les corresponden como ciudadanos de los Estados Unidos de América.

 

El principio fundamental de la unión americana es una “unión permanente entre los Estados y los ciudadanos”, mandato que se sostiene en el ejercicio de los principios democráticos. Lamentablemente una interpretación de la Constitución por la Corte Suprema de Estados Unidos durante una época racista y segregacionista privó a los puertorriqueños de los derechos fundamentales que pertenecen a todos los ciudadanos americanos.

 

Los “casos insulares” que surgieron del Tribunal Supremo, durante una época en la que negaba igual protección bajo la ley a todas las personas es un estigma del pasado que no debe considerarse  para definir nuestro futuro político.

 

El Congreso tiene ante sí el mandato del pueblo de Puerto Rico y la responsabilidad moral de poner fin al discrimen que priva a nuestro pueblo de los frutos de las libertades civiles y los beneficios de participar en nuestro sistema de gobierno “republicano” nacional. El pueblo de Puerto Rico demanda que nos reconozcan los derechos inalienables que solo se garantizan  con la estadidad.

 

El asesor constitucional de “Igualdad”, Lcdo. Alfredo Castellanos, puntualizó que el pueblo de Puerto Rico no aceptará otra alternativa a nuestro status actual que no sea la estadidad.  Nuestro pueblo reclama la aplicación de las leyes bajo las mismas garantías, protecciones y condiciones de la Constitución de Estados Unidos. Solo existe una Constitución y tiene que ser la misma para todos los ciudadanos americanos.

 

La independencia y el colonialismo son contrarias al orden constitucional americano y no son opciones para 3.7 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Solo la estadidad puede culminar el proceso de integración a la Unión de los ciudadanos residentes en Puerto Rico, para quienes en el 1947 el Congreso determinó reconocer los privilegios e  inmunidades de la ciudadanía americana como si Puerto Rico fuese un Estado de la Unión.

 

Más aún, somos el único territorio “organizado” en el que el Congreso creó un Tribunal de Distrito Federal bajo el Artículo III de la Constitución de Estados Unidos. El camino a la estadidad es irreversible porque estamos preparados para unirnos en condiciones de igualdad a los otros estados de la nación Americana.

 

  1. Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status 09/02/13

Hernán Padilla

Ante las contradicciones de los que pretenden celebrar una “Asamblea Inconstitucional de Status” según propone García Padilla,  es necesario considerar las expresiones públicas de algunos de sus aliados  y  la Constitución de Puerto Rico.

 

Puerto Rico tiene el derecho a reconocer las diferencias entre los que proponen  un juego político mediante un mecanismo que no tiene la menor oportunidad de resolver el problema del status  y los que abiertamente apoyamos que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos.

El ex-gobernador  Hernández Colon propone un proceso  sin límite de tiempo que “debe permanecer vigente hasta que logre su objetivo”. Reconoce también que no es tan fácil como pretende el PPD: «El procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente, según el Articulo VII de la Constitución de Puerto Rico, requiere que dos terceras partes de ambas cámaras legislativas lo aprueben y que esta decisión se someta a votación al pueblo, no al antojo del PPD, sino en las elecciones subsiguientes.

 

Rafael confirma la dependencia del ELA-colonial y acepta que si hubiera tal “Asamblea” es el “Congreso que por ley establece el proceso para considerar las propuestas y quien tiene la autoridad para rechazarlas”.

 

Sin embargo, Aníbal Acevedo Vilá pretende disfrazar la Asamblea “inconstitucional” y recomienda llamarla “Asamblea de Status” (elimina Constitucional) , como si fuera otra comisión de status, para que no se apliquen “las normas jurídicas de las convenciones constitucionales”. Igual que RHC,  reconoce  que dicha asamblea “no puede obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone”

 

No pueden ocultar que no quieren ser parte de los Estados Unidos. Aníbal afirma que “no le veo ningún problema a que se incluya la opción de libre asociación (sin ciudadanía americana) como una cuarta alternativa”.

La Comisión de Status del PPD propone:”suscribir un pacto de asociación no colonial, y no territorial con los Estados Unidos basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países (naciones independientes) y con plena validez internacional de conformidad con la Resolución 2625 (XXV) de la Organización de las Naciones Unidas. (Independencia o republica asociada)

 

Legisladores populares  radicaron proyectos y posponen su consideración    amparándose en una disposición constitucional para  consultar si el pueblo desea que se convoque a una convención constituyente aunque choque contra el poder del Congreso, que impuso restricciones a la colonia limitando los poderes para enmendar nuestra Constitución.

 

Ante la estrategia popular, el Artículo VII de la Constitución de Puerto Rico es fácil de entender. Sección 1, La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara”. Este requisito no se puede cumplir ya que los líderes estadistas se oponen a una Asamblea Inconstitucional.

Los estadistas basamos nuestra posición fundamentalmente en la Sección 3. “Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero”.

Más que eso, insistimos que la independencia no es opción y que el ELA mejorado, ELA Soberano o la republica asociada no caben dentro del orden constitucional americano.

No importa como la llamen, Asamblea Inconstitucional, Convención, Comisión o Asamblea de Status, la realidad es que todas son innecesarias e ignoran que el pueblo emitió su veredicto, derrotó el ELA-territorial-colonial, revocó el consentimiento de los gobernados y el 61% apoyó la estadidad en el referéndum del 2012. La próxima Constituyente será al amparo de la Constitución de los Estados Unidos para el Estado de Puerto Rico.

  1. Integración y Transformación cultural 09/16/13

 

Cuando se analizan algunos rasgos de nuestra manera de ser, pensar y reaccionar, tenemos que aceptar que Puerto Rico ha  estado  inmerso en la cultura de los Estados Unidos por más de 115 años.

 

No podemos negar el impacto que han tenido y tienen las agencias y programas federales sobre la vida de los ciudadanos americanos de Puerto Rico, porque la ciudadanía de los Estados Unidos define varias de las características que nos hacen puertorriqueños y americanos.

 

Veamos algunas referencias. Cuando ocurre una emergencia atmosférica, inmediatamente se identifica a FEMA  como la agencia que viene a socorrer a los damnificados;  si se afecta la agricultura recurrimos a los seguros agrícolas del Departamento  de Agricultura federal y cuando hay un problema en las costas de Puerto Rico o en alta mar, esperamos la asistencia del “Coast Guard”.

 

Si alguna acción afecta el medioambiente, los ambientalistas locales y los afectados reclaman que la EPA  federal tome acción.

Ya es parte de nuestra historia  el “National Park Service” en el Morro y  San Cristóbal;  y la presencia protectora de los recursos naturales del “USDA Forest Service” en El Yunque (Caribbean National Forest); el “US Fish and Wildlife Service” en Cabo Rojo, Culebra y  la Laguna Cartagena  y el “National Ocean Service” en el Estuario Nacional de la Bahía de Jobos.

 

También es parte de nuestra historia la participación de miles de militares puertorriqueños en la defensa de la democracia y la paz mundial, como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

 

Cuando hay que preparar comida para los comedores escolares, proveer fondos para las escuelas públicas, becas Pell y ayudas para los estudiantes universitarios,  dependemos del Departamento  de  Educación federal. Es evidente la transformación social que ha ocurrido gracias a los proyectos de Vivienda y  subsidios de alquiler del Departamento de Vivienda (HUD) federal.

 

Acudimos a Medicaid cuando necesitamos recursos para los programas de salud y especialmente para la cubierta del seguro de salud. Las personas mayores cuentan  con Medicare y los beneficios del Social Security para su seguridad.

 

A los puertorriqueños les gusta viajar, particularmente a algunos de los estados, donde residen muchos de sus familiares. Cada paso en el aeropuerto los envuelve más en la cultura de ley y orden americana. Pasan  Agricultura federal y “Security”, sus vuelos están controlados por el FAA y cuando regresan de un país extranjero los recibe Aduana federal.

 

La seguridad es tan importante para nosotros  que la mayoría aplaudimos cuando los fiscales federales investigan casos de corrupción gubernamental y el FBI interviene para proteger nuestros ciudadanos en todo Puerto Rico. EL FBI y la Corte de Distrito Federal son parte de la nueva cultura puertorriqueña.

 

No podemos olvidar el rol del Correo (USPS), pero no cabe duda que la nueva tecnología y los viajes frecuentes a los 50 estados  han promovido la integración y transformación del Puerto Rico moderno a la sociedad y cultura americana. No existe actividad humana en la que no se sienta el acercamiento cultural entre Puerto Rico y el resto de nuestra nación.

Nuestra fuerza laboral  se siente protegida por OSHA; el salario mínimo federal beneficia  los trabajadores de menor ingreso; y la Ley HIPPA protege la privacidad y la información de salud de las personas.

 

Este breve recuento pone indudablemente de manifiesto que 4.7 millones de ciudadanos americanos  puertorriqueños dejaron atrás  el complejo insular que los mantenía atados, sin esperanza y sin futuro.  La ciudadanía americana  y nuestros derechos constitucionales nos dan seguridad personal dondequiera que  vayamos y no son negociables.

 

La transformación cultural que ha ocurrido desde el 1898 es innegable, irreversible  y permanente. Ser ciudadano americano es parte de ser puertorriqueño y de esa realidad emana el reclamo por la igualdad de derechos  todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

 

  1. Huellas puertorriqueñas en Estados Unidos 30 de sept. 2013

 

Mientras se debate el futuro de Puerto Rico y nuestra nación celebra el Mes de la Hispanidad, es pertinente reflexionar sobre nuestras contribuciones  e  integración a la cultura americana.

 

Aunque nuestra nación se ha enriquecido culturalmente con nuestras aportaciones, los ciudadanos americanos en Puerto Rico no pueden disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que nuestros conciudadanos en los 50 estados.

 

4.7 millones de puertorriqueños residen en los 50 estados y se han insertado en todos los menesteres de nuestra nación complementando las aportaciones que Puerto Rico hace a la cultura nacional ya que todos formamos parte de la misma cultura americana.

 

Los puertorriqueños dejan sus huellas en todos los órdenes de la  actividad social, política, científica, artística, teatro, cinematográfica, música,  militar  y la cultura en general. Nos sentimos orgullosos de nuestros jueces de ascendencia  boricua en los tribunales federales de los Estados Unidos, entre ellos Sonia Sotomayor, la primera mujer hispana en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

 

Puerto Rico contribuye al enriquecimiento cultural de la nación con talentosos artistas en la cinematografía y el teatro, la música clásica y popular y la cultura en general. Artistas puertorriqueños del calibre del Jibarito Rafael Hernández,  Antonio Paoli, Chita Rivera, Justino Díaz, Rita Moreno, Benicio Del Toro, Marc Anthony, Jennifer López, José Feliciano y Raúl Juliá entre muchos otros, han  dejado una marca indeleble en la cultura americana.

 

Juano Hernández considerado la primera estrella afro-hispana de Hollywood, abrió paso a muchos actores de la comunidad afro americana dignificando al actor negro con su nuevo estilo. Rita Moreno, fue premiada con un Oscar, entre muchos reconocimientos. José Ferrer quedo inmortalizado  con «Cyrano de Bergerac», recibiendo premio Tony el Oscar como Mejor Actor.

 

Ya somos parte de la cultura de la nación como lo reconoce el Smithonian Museum al incluir nuestra música  como parte integral del legado cultural de Estados  Unidos.

 

En televisión se han destacado puertorriqueños como Ray Suarez (PBS), Geraldo Rivera (FOX) y María Celeste, entre otros. Asimismo, innumerables atletas puertorriqueños han hecho su marca en muchos deportes nacionales, entre otros Peruchín Cepeda, Luis Rodríguez Olmo, Roberto Alomar y Chi Chi Rodríguez. Recordamos especialmente a nuestro Roberto Clemente, quien murió en una gesta de caridad humana.

 

El Recinto Universitario de Mayagüez tiene la distinción de formar excepcionales ingenieros puertorriqueños con aportaciones importantes a la NASA, tecnologías de defensa y telecomunicaciones. El astronauta, Joseph M Acabá nos llevó al espacio.

 

Cabe resaltar que desde el 1917, miles de soldados puertorriqueños han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Como ejemplo, debemos honrar a Eurípides Rubio y Héctor Santiago Colón, condecorados con la Medalla de Honor.

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, 53,000 puertorriqueños sirvieron en el 65 de Infantería y durante la guerra de Corea, el Gen MacArthur dijo de los militares puertorriqueños; “Estos hombres están escribiendo una página brillante en el campo de batalla y me siento orgulloso de tenerlos bajo mi mando”.  Por su valentía, los «Borinqueneers» del 65 Infantería fueron condecorados con 10 Cruces por Servicio Distinguido, 256 Estrellas de Plata, 606 Estrellas de Bronce y 2,771 Corazones Púrpuras.

 

A pesar de haber cumplido con nuestras obligaciones ciudadanas y nuestras contribuciones culturales a nuestra nación, no podemos celebrar el mes de la hispanidad como ciudadanos americanos con todos los derechos constitucionales que nos hemos ganado con creces.

 

Ha llegado el momento para ponerle fin a la segregación y discrimen político en contra de los ciudadanos americanos y convertir a Puerto Rico en un estado de acuerdo al mandato plebiscitario del 2012, rechazando tajantemente el estatus colonial. Reclamamos la igualdad como un estado federado  que nos permita fortalecer nuestra cultura  y enriquecer la cultura americana. La celebración de la hispanidad en Estados Unidos será verdaderamente plena cuando logremos la completa igualdad de derechos.

 

  1. El  “Sueño Americano” 14 de octubre, 2013

                             

Es innegable que millones de puertorriqueños que han migrado para quedarse en uno de los 50 estados van en busca del “Sueño Americano” que no pueden disfrutar en Puerto Rico.

 

La idea del “Sueño Americano”  tiene raíces en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: “que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”

 

El sueño americano es la aspiración de lograr prosperidad y una mejor calidad de vida con oportunidades de progreso individual  y colectivo dentro de un orden social, económico y político que garantiza libertad, igualdad  de derechos constitucionales, progreso y oportunidades para todos.

 

Indudablemente ese “Sueño Americano”  se ha arraigado en la mentalidad de los puertorriqueños, porque somos ciudadanos americanos.  En contraste, durante décadas,  diversos sectores han propuesto y los gobiernos han aprobado planes que teóricamente mejorarían  la economía, generarían progreso, empleos y mejor calidad de vida. No obstante, desde el 1952  Puerto Rico no sale del colapso social, político y económico producto de un estatus político inferior, fracasado, sin progreso y sin futuro.

 

La retórica soberanista de la administración colonial, comunidades en franco deterioro y la pobre calidad de vida generalizada han destruido la confianza y suscitado  el éxodo.  Igualmente, la recesión económica que comenzó en el 2006, el desempleo crónico,  la criminalidad, un sistema judicial politizado y desconectado de la realidad puertorriqueña, inflación, alto costo de electricidad y alto costo de vida, los problemas con el sistema de educación, y servicios gubernamentales que no satisfacen a los ciudadanos han exacerbado dicho deterioro.

 

El éxodo del capital humano promueve a la vez la fuga del capital financiero y estancamiento económico. La industria manufacturera perdió 55,000 empleos entre el 2001 al 2008.  En 40 municipios, más de la mitad de la población está bajo el nivel de pobreza.

El movimiento de puertorriqueños hacia los 50 estados  es crónico y persistente; del 2005 al 2007 emigraron 174,706.  Medio millón de personas abandonaron la isla entre 2001 y 2010. De acuerdo al Censo Federal, hay casi 5 millones de personas con raíces puertorriqueñas en los estados y solo 3.51 millones en Puerto Rico. Expertos proyectan que para el 2050 solo quedarían en la Isla 2.3 millones.

Es necesario mejorar nuestra economía y calidad de vida y hacer todo lo posible por revertir el éxodo de puertorriqueños. Pero no podemos continuar ignorando el impacto negativo y la inestabilidad social y económica que provoca seguir posponiendo la solución permanente del status político de Puerto Rico. Los puertorriqueños residentes en la isla  no creen en más estudios y promesas bajo el ELA-fracasado porque solo logran prolongar nuestra agonía.

 

Aunque traten de distraer nuestra  atención con soluciones superficiales a corto plazo, no podemos continuar con el mismo experimento político, social y económico que ha fracasado una y otra vez  por más de medio siglo y esperar unos resultados diferentes.

 

La Declaración de  Independencia de los Estados Unidos sostiene: “para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”  Cuando una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios (como el ELA-colonial fracasado), el pueblo tiene derecho a reformarla o revocarla como hemos hecho. Es nuestro derecho instituir una nueva forma como un estado que se base  en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que genere nuestra seguridad, bienestar y felicidad y que nos permita desarrollar nuestro potencial como sociedad y como ciudadanos.

 

Para lograr que el “Sueño Americano” sea una realidad, y que Puerto Rico prospere de manera sostenible, es imperativo integrarnos formal, política y económicamente a nuestra nación americana como estado de la Unión en igualdad de condiciones.

 

  1. El padre del movimiento estadista moderno   28 de octubre, 2013

 

El pasado  21 de octubre se cumplieron diez años de la muerte del padre del movimiento Estadista moderno, Don Luis A Ferré. Tuve el honor de conocer a Don Luis durante las famosas Vistas Publicas de la Comisión de Status y compartir con él cuando se debatía dentro del Partido Estadista Republicano (PER)  si se participaba en un plebiscito diseñado por el PPD entre el ELA, la Estadidad y la independencia.

 

En la Asamblea de delegados de 1967 convocada para imponer el criterio del liderato del PER en el antiguo Hotel San Gerónimo, Don Luis surgió como el líder indiscutible y el padre del movimiento estadista moderno.  Junto a Don Luis, un grupo de nosotros nos dimos a la tarea de crear una organización cívica, no partidista, para representar la estadidad en el Plebiscito. Así nació “Estadistas Unidos”.

 

El resultado del plebiscito fue histórico. A pesar de que el PER se opuso y predicaba el retraimiento, Ferré tuvo el liderato y la valentía para movilizar al pueblo, inscribir  Estadistas Unidos y llevar el movimiento a romper las cadenas del pasado.

 

Luego del plebiscito, en una Asamblea de Estadistas en Carolina  se aprobó fundar el Partido Nuevo Progresista, como un partido estadista resultante de la contienda plebiscitaria del 67.

En el 1968, Don Luis fue electo democráticamente como el tercer Gobernador de Puerto Rico. Fue un gran gobernador estadista y tuve el privilegio de impulsar sus prioridades legislativas como Portavoz de la Mayoría en la Cámara de Representantes.

Entre sus muchos logros de justicia social está la distribución de parcelas y la concesión de título de propiedad a los “usufructuarios” de parcelas rurales; el bono de navidad para los empleados públicos y posteriormente los trabajadores de la empresa privada. Construyó carreteras y comenzó la un expreso de San Juan a Ponce;  creó la Junta de calidad Ambiental de PR antes que la EPA del gobierno federal; e  impulsó y logró la enmienda constitucional para bajar la edad de votar a los 18 años.

Nosotros también agradecemos el trabajo de Guillermo A Baralt por su libro “La Gran Tarea: la obra de gobierno de Luis A. Ferré 1969-1972”, que presenta los logros del primer estadista que gobernó a Puerto Rico, así como los artículos de  Carmen Dolores Hernández y Alba Y. Muñiz Gracia que captan para la historia reseñas de Luis Ferré.

 

Antonio Luis,  su hijo, durante la presentación del libro de Baralt, selló con broche de oro la caracterización de su padre, Don Luis, como el Caballero del Diálogo, el hombre que predicaba  “la razón no grita, la razón convence”.

“La persistencia, la paciencia y la elegancia de ser un caballero, ese ejemplo de trabajar de esa forma es algo que se ha perdido en Puerto Rico. Hoy día tenemos políticos, y no voy a mencionar a nadie, que usan mucho el insulto aún contra sus propios correligionarios”.

El historiador  Baralt resaltó el carácter de Don Luis “de tratar con firmeza, pero con respeto al adversario, de convencer sin antagonizar, de mantener un fino balance y así soslayar cualquier conflicto estéril e innecesario. Ferré insistía en los principios democráticos, la tolerancia a las opiniones ajenas y la participación igualitaria”.

Siempre recordaré a mi amigo, buen gobernador Estadista, ciudadano modelo, ingeniero, empresario, filántropo, político, músico y patrón de las artes a quien el Presidente Bush otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1991.

La imagen del padre del movimiento estadista moderno debe ser la luz que guíe a los que tienen la responsabilidad histórica de lograr que los ciudadanos americanos en Puerto Rico disfruten de la igualdad de derechos, oportunidades, progreso y responsabilidades que disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados y que Puerto Rico se convierta en estado de la Unión Americana.

  1. Estadidad rescatará a Puerto Rico  11 nov. 2013

Periódicamente, políticos, economistas, y organizaciones proponen nuevas estrategias para abordar los serios y  problemas crónicos que afectan nuestra sociedad y nuestra economía.

Puerto Rico ha estado bajo la bandera americana desde el 1898 pero los puertorriqueños-ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no disfrutan de los mismos derechos, oportunidades, progreso y desarrollo económico que nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Desde el 1948, distinto partidos políticos han dirigido el gobierno de Puerto Rico bajo el mismo status político. Luego de 6 décadas del status actual, el modelo económico del ELA-territorial es responsable de la mayoría de los problemas  que afectan la confianza, seguridad y calidad de vida en todos  los niveles de la sociedad puertorriqueña.

A pesar del fracaso del status territorial, existen conciudadanos que critican a los que persistimos, como prioridad absoluta, en resolver el problema del estatus. No quieren reconocer que el modelo político-económico de Puerto Rico ha demostrado que está exhausto desde hace varias décadas.

La historia ha probado que ambos modelos, el político y el económico, están integrados uno con el otro lo que imposibilita cambiar uno sin cambiar el otro. Reconociendo el hecho de que para que Puerto Rico sobreviva como sociedad es imperativo cambiar su modelo económico constituye también una de las razones fundamentales que nos obliga a cambiar con urgencia el modelo político.

La gran incertidumbre que causa nuestra indefinición de status, agravada por la falta de credibilidad de los actuales administradores de la colonia, desalienta  y paraliza la inversión privada interna y externa y es la causa fundamental de la actual depresión económica.

No podemos ignorar que la debilidad del status  territorial y el colapso social, político y económico del ELA-colonial motivan la  migración masiva hacia los 50 estados  de puertorriqueños provenientes de los sectores más productivos.  Ha llegado el momento de considerar seriamente que si no se resuelve el problema del status de Puerto Rico será imposible evitar o revertir  un colapso total, tanto en lo social, como en lo político y económico.

Ante el evidente fracaso generado por 4 siglos de coloniaje como posesión del gobierno Español y desde 1898 la ausencia de igualdad de derechos constitucionales, oportunidades de progreso y desarrollo económico sostenible,  surge la urgente necesidad de rescatar a Puerto Rico de nuestra condición de segregación política que le niega a 3.670,000 ciudadanos Americanos residentes en Puerto Rico los derechos de igualdad que disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Nuestra lucha en pos de la estadidad no solo es un reclamo de nuestros derechos ciudadanos, civiles y políticos, sino también la oportunidad que nos brindará cambiar hacia el mismo modelo económico que ha probado ser en los 50 estados de la unión el más exitoso en la historia de la humanidad.

La estadidad es la solución inmediata y permanente a nuestra actual crisis económica, y fiscal. La estadidad atraería inversiones, fomentaría el regreso de puertorriqueños que actualmente viven en los 50 estados y evitaría la emigración masiva de la población.

Estoy convencido que con dicho crecimiento económico acelerado se reducirán drásticamente el desempleo y la pobreza al igual que nuestra dependencia en el Tesoro federal.

Durante la transición para ser admitidos como estado, endosaremos y promoveremos planes comprensivos para un desarrollo económico sostenible, las políticas públicas de un buen gobierno, y los programas y obras que redunden en el bienestar del pueblo de Puerto Rico.

Ante la realidad innegable de que el pueblo de Puerto Rico revocó el consentimiento al status político-económico actual y por el bienestar del pueblo de Puerto Rico, debemos concentrar todos nuestros empeños y esfuerzos para lograr que Puerto Rico sea admitido como estado  a la mayor brevedad posible y así evitar el colapso catastrófico que resultaría si continuamos dentro del presente régimen colonial.

  1. Fracasó el experimento político-económico  25 Nov. 2013

 

El modelo político-económico está exhausto desde hace décadas y  para que Puerto Rico sobreviva como sociedad es imperativo cambiar ambos.

 

La evidencia del fracaso abunda: el colapso fiscal gubernamental y de la economía puertorriqueña; la pobreza que afecta a más del 50% de la población; 40 municipios bajo el nivel federal de pobreza y en condición de insolvencia operacional; y la emigración de los sectores productivos  y el consecuente envejecimiento de la población que requiere mayor atención a nivel social.

 

La crisis creada por la deuda del gobierno central y las corporaciones públicas ha resultado en la degradación del crédito de Puerto Rico casi a nivel de chatarra a consecuencia de la falta de credibilidad del régimen colonial.

 

Esta situación provoca un déficit en el gobierno que le obliga a refinanciar sus obligaciones, pero la capacidad del gobierno colonial para continuar financiando su deuda ha llegado casi a su fin. Por eso, las acreditadoras  como Moody’s, S&P Y Fitch  reconocen  que la deuda del ELA es mucho más arriesgada que su clasificación vigente, y auguran  que será inevitable la inminente degradación a chatarra.

 

Otra realidad del estatus colonial es su intervención en todos los sectores económicos, la asfixiante burocracia gubernamental y la lenta otorgación de permisos que evita que inversionistas promuevan proyectos  y nueva actividad económica.

 

Este  aparato gubernamental gigantesco impide el desarrollo adecuado  de los inversionistas privados.  El gobierno ahoga a los grandes, los medianos y pequeños con restricciones, contribuciones y requisitos que son impedimentos.

 

La emigración masiva de las clases más productivas, que contribuyen a la economía local, traerá consigo una contracción sin precedentes de la base contributiva del gobierno y la mayor insolvencia gubernamental.

 

Al reducirse drásticamente el segmento poblacional productivo, proporcionalmente crece el sector improductivo (dependiente). El impacto negativo de la migración sobre la industria de la vivienda requiere un plan poblacional especial ya que existen miles  de unidades de vivienda vacías.

Urge implantar un plan comprensivo para el desarrollo económico y recuperación de Puerto Rico que incluya una determinación final sobre el status político. Si no se resuelve el problema del status de Puerto Rico, será imposible evitar y revertir  el colapso total social, político y económico.

La admisión de un estado a la Unión es un evento  excepcional y una vez  Puerto Rico se incorpore los ojos de la nación y del mundo se enfocarán en nosotros. Fortalecidos por nuevos recursos, participaremos activamente en los mercados globales a los que EEUU tiene acceso. Con dicho crecimiento económico acelerado se reducirán drásticamente el desempleo y la pobreza al igual que nuestra dependencia en el Tesoro federal.

 

Por el contrario, las proyecciones económicas del Presidente de la Junta de Planificación para el 2014 son de un decrecimiento de -0.8 para el producto nacional bruto real. Peor aún, al ritmo actual, la erradicación de la pobreza podría tomarnos un siglo según un estudio realizado por Hernán Vera, Decano del Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de PUCPR.

 

Ante el fracaso del experimento político-económico del actual estatus si no se resuelve nuestro destino político continuaremos en una espiral descendente sin recursos para mitigar los graves problemas que enfrentamos.

 

Aunque reconocemos que no todos los problemas de Puerto Rico están vinculados al estatus político, no hay duda de que la crisis fiscal actual – la más grande en nuestra  historia – no se va a resolver con un modelo económico que colapsó y una decadente y deficiente administración pública.

 

Sólo podemos lograr una solución inmediata y permanente con un cambio de estatus hacia la unión permanente. Si no lo hacemos, la grave situación fiscal y de desigualdad que arropa a Puerto Rico continuará aumentando hasta que nos destruya.

 

  1. Reclamo por Igualdad gana fuerza 12/9/13

                   

El pasado 19 de noviembre, mientras celebrábamos el 520 aniversario del descubrimiento de Puerto Rico, un grupo de puertorriqueños se trasladó al Capitolio en Washington, DC, para crear conciencia que desde el 1493 Puerto Rico ha vivido  405 años como colonia española y 115 años como posesión territorial de los Estados Unidos sin la igualdad política que corresponde a los pueblos democráticos.

Puerto Rico ha sido una colonia desde el 1898 pero los puertorriqueños- ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, no disfrutan de los mismos derechos constitucionales, no pueden votar por el Presidente y elegir nuestros Congresistas y Senadores y no disfrutan de las mismas oportunidades que nuestros conciudadanos en los estados.

Ante el prejuicio político que impera en la Isla, ha llegado la hora de combatir la desigualdad a que se somete a los puertorriqueños  por el solo hecho de residir en un territorio-colonial engañosamente denominado “Estado Libre Asociado”.

Hace menos de dos años, al comenzar la discusión de un plebiscito en el 2012, se fundó una organización cívica, autónoma, independiente y no afiliada con otras organizaciones políticas o partidistas con el solo propósito de promover la lucha por la igualdad de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Desde entonces, “IGUALDAD” se ha convertido en la expresión de los ciudadanos americanos en Puerto Rico para que el Presidente, el Congreso y nuestros conciudadanos comprendan la injusticia de mantener a la Isla como una colonia de segregación política que le niega a los puertorriqueños los más elementales principios democráticos que predominan en los Estados Unidos.

El Congreso tiene ante sí el claro mandato del electorado puertorriqueño y la responsabilidad moral de poner fin al discrimen que priva a nuestro pueblo de las libertades civiles y los beneficios de participar en nuestro sistema de gobierno nacional.

Solo existe una Constitución y una ciudadanía de los Estados Unidos que tienen que ser idéntica para todos los ciudadanos americanos, incluyendo los que residen en la Isla de Puerto Rico.

Ha llegado el momento para que el Congreso reconozca que los puertorriqueños tienen los derechos que se les otorgaron con el Acta Jones y específicamente la Ley del Gobernador Electo del 1947 que sostiene que los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos americanos en Puerto Rico se respetarán como si Puerto Rico fuera un estado de la Unión.

Precisamente ese fue el planteamiento de la “Jornada por la Igualdad” del 19 de noviembre para que se reconozca nuestro derecho a la igualdad, uno de los derechos naturales y fundamentales de los seres humanos.

El reclamo de Igualdad para Puerto Rico caló profundamente. La presencia bi-partidista de Congresistas como Ileana Ross Lehtinen, Raúl Labrador, José Serrano Pedro Pierluissi y el Senador Martin Heinrich; Alfonso Aguilar-Director Ejecutivo de Latino Partnerships, el economista Grover Norquist, el líder religioso Niger Innis, el Director Ejecutivo de LULAC-Brent Wilkins, la Co-Presidenta del RNC-GOP Sharon Day y múltiples organizaciones cívicas y políticas convalidaron nuestro mensaje al Congreso.

La noticia no se confinó al Congreso. Múltiples medios, escritos y electrónicos le han dado seguimiento a nivel nacional e internacional. Entre muchos, Prensa Asociada, el Miami Herald y el Tampa Tribune de Florida, el Washington Post, el Tulsa World, The Seattle Times, Washington State y el National Institute for Latino Policy (NILP) han llevado ante la opinión pública que el apoyo al reclamo por la “igualdad’ como un derecho ciudadano está tomando fuerza entre los puertorriqueños residentes en distintos estados de la Unión.

Censuramos, que ante el éxito de las gestiones no partidistas para que el Congreso reconozca que el electorado revocó el consentimiento de los gobernados al ELA-colonial,  los administradores de la colonia continúen utilizando fondos públicos y pagando cabilderos mercenarios para negarle a los puertorriqueños su derecho ciudadano a exigir la igualdad dentro del marco constitucional americano.

  1. Colapso del Territorio colonial   12/23/13

                                       

Ante el colapso social, político-económico que vive Puerto Rico es nuestra responsabilidad definir el status que rige en la Isla y al que el pueblo le revocó su consentimiento.

 

El ELA es un territorio segregado donde impera una condición de discrimen político que niega la igualdad que tienen nuestros conciudadanos en los estados de la unión; igualdad que es imprescindible  para poder lograr nuestro desarrollo pleno con igualdad socio-económica y política, dentro del marco constitucional de los Estados Unidos

El nombre de “Estado Libre Asociado” es una contradicción política y jurídica ya que la Ley Pública 600, aprobada por el Congreso en 1950, no significó un cambio de estatus sino que autorizó a Puerto Rico a adoptar su propia Constitución que rigiera solo sobre cuestiones locales.

 

El ELA promueve un “estado de desigualdad” política ratificando nuestra condición de colonia. Impide la plena igualdad para garantizar constitucionalmente la ciudadanía americana para las futuras generaciones; así como la participación en las tres ramas del gobierno federal; la igualdad de derechos civiles; y la paridad de beneficios como el resto de nuestra nación.

 

El Estado Libre Asociado no es Estado como los otros 50 estados, no es independiente como una república y no está asociado como si hubiera existido un pacto entre “iguales”. La condición territorial y colonial actual nunca ha sido, ni será  permanente porque carece de reconocimiento en el derecho internacional.

 

La Constitución de Puerto Rico está supeditada a la Constitución y leyes de los Estados Unidos. Únicamente  estableció un gobierno local y no constituye un instrumento político que cambiara o alterara el estatus territorial. Es un régimen-colonial sin representación congresional proporcional de Senadores y Representantes y sin derecho a votar en elecciones nacionales por el presidente y vicepresidente.

 

Ante esa realidad, algunos de los llamados “soberanistas”, han propuesto un “nuevo país o Estado Libre Soberano (Republica Asociada) que no tiene cabida bajo la Constitución de los Estados Unidos de América.

El Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que la “libre asociación es un tipo de independencia”, un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento; y los senadores Ron Wyden y Lisa Murkowski del Comité Senatorial que estudia el status de Puerto Rico recomendaron  excluir la opción de un “Estado Libre Asociado” mejorado de cualquier proceso futuro, ya que no cabe bajo el ordenamiento constitucional americano.

 

Algunos no admiten que Estados Unidos es nuestra nación. Sostienen que Puerto Rico “es una nación y que aunque  dejemos de ser ciudadanos americanos podremos seguir utilizando el pasaporte de los Estados Unidos”. Tampoco quieren admitir que nuestra economía es parte integral de la economía de Estados Unidos.

 

El estancamiento y desplome del ELA, causado por una condición de indefinición política, tiene un enorme costo para Puerto Rico. La incertidumbre política obstaculiza solucionar los graves problemas que confronta Puerto Rico, desalienta la inversión y genera inestabilidad socio-económica.

 

El ELA fracasado no es atractivo para atraer nuevas inversiones que generen empleos. Bajo el ELA no existen las ventajas y los incentivos que tienen estados como Florida.  Puerto Rico vive bajo un status político incierto que no puede garantizar inversiones a mediano y largo plazo.

 

El estatus actual es sinónimo de colapso social, político y económico  que obliga a miles de puertorriqueños a emigrar hacia uno de los estados en busca de igualdad, empleos,  mejor calidad de vida, garantías constitucionales, derechos individuales, las libertades civiles y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo.

 

No puede sorprender que el Grupo de Trabajo de Casa Blanca afirmara que “la incertidumbre sobre el estatus está frenando a Puerto Rico en materia económica”. El modelo colonial del territorio del ELA fracasó como experimento político-económico y social y es necesario buscar una alternativa realista viable, la estadidad.

 

  1. CONSECUENCIAS DE MALAS DECISIONES POLITICAS  01/06/14

 

Muchos celebraron la partida del año 2013 con la esperanza de que el 2014 nos traiga paz, progreso, estabilidad económica y esperanza para el futuro. El 2013 fue un año que muchos quisiéramos olvidar ya que no se pueden identificar políticas públicas que hayan sido efectivas para incrementar la calidad de vida o estimular progreso a corto o largo plazo.

Para entender por qué predomina el pesimismo en la población basta con analizar la información publicada en “Muniland de Reuters” describiendo que el Banco Gubernamental de Fomento tuvo que aceptar que había tomado un “préstamo” de $110 millones del fondo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, a un interés de 8% con madurez para el 2017, 18 y 19 (por supuesto después de las elecciones del 2016).

Esta acción es una estrategia para simular “liquidez” en el BGF, y lo contradice ante inversionistas y casas acreditadoras ya que en octubre aseguraron que tendrían liquidez para financiar las necesidades del gobierno para el año fiscal 2014. Creando más dudas sobre la situación fiscal del BGF, el mercado de bonos tiene que depender de estimados del 2013, ya que la presente administración no ha hecho pública la situación financiera.

Ante la falta de transparencia del Banco, tenemos que recurrir a otras fuentes para interpretar la crisis actual. La Junta de Planificación publicó que en noviembre del 2013 el Índice de Actividad Económica registró una caída de 5.7% en comparación con noviembre del 2012.  Los componentes del Índice definen con precisión que la venta de cemento es 15.8% menor, el consumo de gasolina -8.1%, el consumo de energía -10.5% y la generación de energía -4.4%.

Cabe señalar que el Índice de actividad económica fue positivo todo el año 2012, pero ha sido negativo desde enero del 2013.

El impacto afecta todos los sectores económicos: entre enero y octubre unos 9,166 negocios se acogieron a procedimientos de quiebra. Los nuevos impuestos, la aplicación del IVU a más artículos, servicios, seguros, oficios, profesiones, trasferencias bancarias, así como la “patente colonial” y el aumento del costo de agua y energía eléctrica son factores negativos que afectan las empresas y pequeños negocios y paralizan la economía. En contraste, en el 2011 se inscribieron 14,716 nuevas corporaciones en la Isla y se aprobó la reforma contributiva que le devolvió $1,200 millones al pueblo. Lamentablemente la próxima etapa de rebajas fue cancelada en el 2013.

Se ha informado que16.9% de 445,700 hipotecas están en peligro por tener pagos atrasados. Lamentablemente se han eliminado los incentivos de los programas de “Impulso a la Vivienda”, “de Pagos de Gastos de Cierre y “Mi Nuevo Hogar”.

 

No pueden echarle la culpa al gobierno anterior.  El régimen de Acevedo Vilá entregó el gobierno en el 2009 con un déficit de $3,300 millones y millones adeudados sin recursos para pagarlos.

Aunque han paralizado proyectos, cancelado contratos y abandonaron la política pública para promover la energía renovable, quedan en pie las Fincas de Molinos de Viento en Santa Isabel y Punta Lima.

 

En el ámbito ideológico, en el 2012 el pueblo fue consultado y la mayoría revocó el consentimiento al status territorial-colonial que impone una condición de desigualdad a los puertorriqueños. Pero en el 2013 la administración de la colonia mal utilizó recursos públicos para combatir en Washington la voluntad del pueblo.

 

Pero no todo es negativo ya que el pueblo usó y disfrutó obras que se iniciaron en o antes del 2012  o que la administración actual inauguró en el 2013. Entre otras, 103 nuevas Escuelas del Siglo 21  más cinco de educación especial, la extensión de la Ruta 66 hasta Rio Grande, $260 millones en nuevas vías, el nuevo Puente Dos Hermanos y el Metro Urbano desde Toa Baja a Bayamón.

 

  1. Full equality for US citizens in Puerto Rico

The article “Make Puerto Rico the 51st State” by Dr. Jose M Saldaña, published last Friday, Jan 10th, in your blog section is a stark reminder that there are 3.6 million US Citizens who reside in Puerto Rico who do not have equal protected by the US Constitution and who do not have the same rights and opportunities as other American citizens in the 50 states.

During the past few months, the Committee on Energy and Natural Resources has been actively involved with the issue of “resolving the status of Puerto Rico”. Senators Ron Wyden, Chairman and Lisa Murkowski, Ranking Member sent a  letter to the presidents of Puerto Rico’s three political parties following up on the hearing that your Committee held last August which reaffirms that the U.S. citizens of Puerto Rico rejected their current territorial status.  It was an accurate and powerful reminder to the political leaders and people on the island that Congress did hear the collective expression of voters, and that it cannot be ignored.

 

Furthermore, their statements emphasizing that non-viable status options such as “enhanced commonwealth” should not be considered in any future formal process to determine the Island’s political status is also a very powerful pronouncement. It helps both political leaders and voters on the Island understand that efforts to resolve the political status issue should only contemplate constitutional realistic and viable options and that the demagoguery of those who continue to promote fantasies as alternatives to the now indisputably delegitimized territory status will not be accepted. These statements contribute to the further clarification of the political status debate. We are grateful that you have publicly expressed the truth.

Beyond clarifying the options available to Puerto Rico, the letter statements during the hearing last August serve to refute the arguments espoused by the opponents of change in Puerto Rico, who continue to try to impose their discredited perspective contrary to the democratic will of the majority of voters.

 

The root of the argument against the November 2012 plebiscite can be traced directly to the Popular Democratic Party’s (PDP) governing board resolution, dated February 11, 2012. That resolution clearly exposes the PDP’s fundamentally flawed logic for opposing the plebiscite. It wrongly asserts that the current “Commonwealth” status was not in the ballot, because in the PDP’s view, “the Commonwealth is not and should not be subject to the plenary powers of the U.S. Congress.”

 

Unfortunately, this perspective fails to accept the territorial nature of Puerto Rico’s current status which makes the Island subject to the authority of Congress under Article IV Section 3 of the U.S. Constitution. Therefore, opposition to the plebiscite or arguments questioning the validity of its results on that basis is invalid.

The PDP resolution tries to further rationalize their opposition to the plebiscite and its results, stating that the ballot did not include “enhanced Commonwealth.” However, as the Committee’s letter clearly pronounced: “non-viable status options such as the ‘enhanced commonwealth’ should not be considered, as they confuse the debate and undermine efforts to resolve this issue.” Consequently, this PDP argument, which served as a basis for their opposition to the plebiscite before it was carried out, as the sole basis for that party’s call for voters to leave the second question blank as a so-called form of “protest,” and as the basis for arguing that the official results of the second question in the plebiscite are invalid because of those very same blank answers to the second question, is not just baseless but completely deceptive.

Besides, our electoral statute in Puerto Rico establishes that blank votes are not valid and should not be counted in favor of any candidate or proposal. Secondly, both the U.S. Supreme Court and the Puerto Rico Supreme Court have upheld that blank ballots are not valid and should not be credited for any position or candidate or even taken into consideration in any determination of a majority. Additionally, the PDP never adopted the position that the votes should be cast blank. The PDP president and other leaders stated that they personally favored that position and at the same time other leaders stated the opposite. The PDP never campaigned for that position.

For informed observers of this debate, the letter to the presidents of the three political parties un Puerto Rico, directly refutes the core argument that the PDP employs to try to dismiss the official plebiscite results. The only rational and coherent interpretation of the results of the plebiscite is that a majority of voters in Puerto Rico oppose the current territorial condition, that among the only three valid and viable alternatives statehood has the most support, and that there is more support for statehood than for the current territorial status. What this means is that the only clear mandate in favor of changing Puerto Rico’s political status is for statehood.

Being the leaders of the committee that holds sole jurisdiction over this issue, this historic letter demonstrates a serious and sincere will to move this debate forward. I urge Senators Wyden and Murkowski you to use their power to initiate legislative action. As President of “Igualdad”** we petition the Committee to introduce a companion bill to H.R. 2000 or a similar bill that directly responds to the results of Puerto Rico’s political status plebiscite and provides a process to end our current territory status by opening the path to full equality within our American democracy for the 3.6 million U.S. citizens living in Puerto Rico.

 

** Igualdad, Non partisan Organization which favors Statehood for PR.

  1. MLK: luchador por la igualdad, lunes 20 de enero, 2014

El tercer lunes de enero conmemoramos el natalicio de Martin Luther King, Jr, líder en la lucha contra el discrimen racial y los derechos civiles.  El Reverendo Luther King  fue un líder religioso que predicó una resistencia pacífica para exigir igualdad irrespectivo del color de la piel y la defensa de los derechos fundamentales del ser humano.

 

Nació en 1929 en Atlanta y su padre fue Pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer, que rechazaba el prejuicio racial y la segregación.  Estudió en el Colegio Morehouse donde obtuvo un grado en sociología y luego en el Seminario Teológico Crozer. Se casó con Coretta Scott en 1953 y mientras preparaba su disertación doctoral fue nombrado Pastor de una Iglesia Bautista en Montgomery, Alabama.

 

En el 1955 Rosa Parks abordó un autobús público y cuando se llenaron los asientos para los blancos, el conductor le requirió que les dejara su asiento, rehusó y fue arrestada.  MLK aceptó dirigir un boicot contra el sistema de autobuses públicos que duró 382 días.  Su liderato le impartió energías a la lucha por los derechos civiles en Alabama.  La comunidad afro-americana demandó y por una decisión del Tribunal Supremo, la ciudad de Montgomery tuvo que derogar la ley de transportación segregada.

 

En el 1960 King regresó a Atlanta  y fue nombrado Pastor de la Iglesia Ebenezer. En octubre de ese año  King  y 75 estudiantes entraron a la cafetería de Woolworth y cuando les negaron servicio decidieron quedarse y fueron arrestados, aunque el Alcalde de Atlanta no procedió con los cargos.

 

En 1963 organizó una demostración en Birmingham. La policía atacó la demostración con perros y mangueras de agua, y King y un gran número de sus seguidores fueron encarcelados.

 

Desde la cárcel MLK publicó su teoría de “cero violencia”,  como “una acción dirigida a crear tanta tensión que la comunidad que siempre había rehuido se vería obligada a enfrentar  la situación”.

 

En agosto del 1963, ante más de 200,000 personas participando en la histórica marcha a Washington, MLK dirigió su famoso discurso “Yo tengo un sueño”. Cito algunas frases y oraciones:

 

“Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magnificas palabras de la Constitución y de la declaración de Independencia, firmaron la promesa que a todos los hombres, les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. “Ahora es el momento de hacer realidad estas promesas de democracia”.

 

“Este verano…. no pasará hasta que no haya un otoño vigorizante de libertad e igualdad.”  “Yo aun tengo un sueño profundamente arraigado en el sueño americano”. “Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: “Afirmamos que estas verdades son evidentes que todos los hombres son creados iguales”.”

 

Su entrega y activismo ayudaron a eliminar la segregación racial de ciudadanos afro-americanos y la aprobación del Acta de derechos Civiles del 1964 que autorizó al gobierno federal a declarar ilegal el discrimen en todas instalación pública.

 

Por su resistencia pacífica fue arrestado más de 20 veces, atacado y asaltado.  Recibió cinco títulos honoríficos, fue nombrado el Hombre del Año por la revista Times en 1963 y se convirtió en el líder simbólico de los afro- americanos y en una figura de relieve mundial. Fue reconocido mundialmente y se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en el 1964.

 

Del 1965 al 1967, MLK dio fuerza  al Movimiento pro-Derechos Civiles. En abril del1968 fue asesinado, luego de haber participado en una cruzada en defensa de los trabajadores de Sanidad de Memphis.

 

La celebración de su natalicio debe servir de ejemplo a nuestros conciudadanos  para ponerle fin a la segregación geográfica y discrimen político que afectan los derechos constitucionales de los puertorriqueños-ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.

  1. Legislación histórica para Puerto Rico, lunes 3 de febrero, ENDI

 

A raíz de la aprobación de fondos en el presupuesto federal que asigna fondos para celebrar un plebiscito con el aval del Presidente y el Congreso cuyo lenguaje requiere que el Secretario de Justicia valide que las fórmulas de estatus sean permanentes, no territoriales y no coloniales,  le corresponde al Gobernador García Padilla actuar como persona de estado y como líder responsable.

 

Esta acción sin precedente en 116 años obliga a los defensores del actual “ELA territorial colonial”  y a los proponentes del “ELA soberano” a definir su opción de status dentro el marco constitucional, legal y de política pública  de los Estados Unidos.

 

José Delgado, corresponsal del Nuevo Día en Washington, informó que  “No solo los líderes de los comités de Asignaciones hicieron suyas las condiciones para desembolsar los $2.5 millones, sino que fueron solicitadas por el presidente Barack Obama dentro de un proyecto de presupuesto que fue defendido por el secretario de Justicia, Eric Holder, en audiencias públicas”. En otras palabras, el Secretario de Justicia será quien determine si la campaña educativa, la papeleta electoral, las alternativas de status y los materiales relacionados a un próximo plebiscito en la Isla cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del Gobierno federal. (House Report 113-71).

El Comisionado Residente Pedro Pierluisi acentuó que dicho mandato “debe ser realizado entre una o más opciones que “RESUELVAN” el estatus de Puerto Rico” y que los fondos deben ser utilizados para un plebiscito.  Es decir, un voto directo del pueblo – no una asamblea constituyente o cualquier otro proceso o mecanismo que pudiera evadir o manipular el proceso democrático y socavar la inviolabilidad del principio  “una persona, un voto”.

Es un hecho que nuestro pueblo votó en contra del status presente y retiró cualquier consentimiento anterior que se le hubiere dado al mismo. Insistir en que esa votación contundente no es válida porque el status presente no figuró con la “etiqueta de ELA” menosprecia a nuestros electores, a nuestro pueblo y nuestra inteligencia.

 

La realidad irrefutable es que el pueblo rechazó mayoritariamente la imperante condición política. En resumen, los gobernados le revocaron su consentimiento. La papeleta electoral fue clara: En la primera pregunta el electorado  contestaría Sí o No  ¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual?  Personalmente, García Padilla  y el partido que preside, hicieron campaña a favor del “Sí” y utilizaron fondos públicos para participar en la consulta y fueron derrotados.

 

Si bien desistieron de efectuar una Asamblea Constituyente de Status por no cumplir con los principios constitucionales,  la nueva propuesta Asamblea de Status en efecto es una “Comisión de Status” disfrazada  que pretende ignorar que el pueblo YA  favoreció una opción de status. Dicha “Comisión”  constituye un desperdicio de tiempo y recursos cuyo único efecto es prolongar la condición de desigualdad  y desventaja social, económica y política que sufren los puertorriqueños bajo el actual status territorial y colonial.

 

La intención de perpetuar el presente status a pesar del rechazo del electorado, solo sirve el propósito de defender y prolongar el inmovilismo del status actual que no ha ofrecido la solución durante seis décadas, que no sirve bien al desarrollo y progreso de la Isla y que le niega los derechos a la igualdad de los puertorriqueños dentro del esquema constitucional de nuestra nación, los Estados Unidos de América.

 

En este momento histórico,  tras el voto contundente de los puertorriqueños,  y conociendo las conclusiones de la Rama Ejecutiva Federal y de los Comités del Senado y Cámara Federal respecto a la no-permanencia del ELA y la inviabilidad del llamado “ELA culminado, mejorado o soberano”, le corresponde al Gobernador  García Padilla actuar patrióticamente y desistir de continuar arriesgando nuestro futuro como ciudadanos de los Estados Unidos de América.

 

  1. Ciudadanía, esperanza para mejor futuro   3 de marzo, 2014

 

El 2 de marzo se conmemora el 97avo aniversario de la concesión de la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños; un momento histórico que sentó las bases para que Puerto Rico se fuera integrando a la cultura social, política y económica de la nación americana.

 

La ciudadanía de los Estados Unidos es una característica que define al puertorriqueño del Siglo 21, tanto aquí como a los 5 millones de ciudadanos de  extracción puertorriqueña que residen en los 50 estados. La ciudadanía estadounidense garantiza los derechos y  las libertades de la democracia americana y las oportunidades para  un mejor futuro.

 

Aunque en 1921, una corte determinó que la Constitución federal no aplicaba en Puerto Rico con igual fuerza que en los estados,  desde el 1941se reconoce que los oriundos de Puerto Rico somos ciudadanos americanos de nacimiento.

 

Desde entonces, han ocurrido hechos trascendentales que fortalecen la realidad de que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos  y que los ciudadanos americanos residentes en la isla tienen derecho a que Puerto Rico sea estado de la Unión.

 

La Ley del Gobernador Electo del 48, la Ley 600, la Constitución de Puerto Rico de 1952, la forma de gobierno republicano, las innumerables leyes que tratan a Puerto Rico como estado, los múltiples programas federales que consideran a los residentes en Puerto Rico como si residieran en un estado de la Unión, la designación de un tribunal de Distrito federal bajo el Articulo III de la Constitución federal, la presencia de las principales agencias federales en la isla, y la integración de la cultura puertorriqueña a la cultura nacional han cerrado la distancia entre el Puerto Rico del 1898 y el Puerto Rico-USA del 2014.

 

Es indudable que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y que la ciudadanía americana es parte del perfil puertorriqueño. No obstante, cinco millones de conciudadanos con raíces puertorriqueñas que residen en los cincuenta estados disfrutan de todos los derechos que garantiza la Constitución federal, lo que aun no ocurre en la isla.

 

Han transcurrido 116 años y los puertorriqueños y otros conciudadanos americanos que residen en la isla aún viven bajo un status político inferior que les niega esa misma igualdad de derechos constitucionales.

 

Como símbolo del impacto de la segregación-política  que afecta a toda la población,  la mujer puertorriqueña que reside en la isla es más vulnerable. En Puerto Rico, de unos 176,864 hogares encabezados por jefas de familia, el 60.7% vive bajo el nivel de pobreza, legalmente inelegibles a  los derechos y oportunidades de sus conciudadanos en los cincuenta estados de la unión.

 

Nadie sufre más que las madres cuando su familia no tiene los derechos que le corresponden como ciudadanos americanos porque residen bajo un estatus político que le niega representación congresional y el poder político de votar por el Presidente de nuestra nación.

 

Son las mujeres puertorriqueñas las que reciben el mayor impacto de la pobreza que afecta a más de la mitad de la población.   Por ellas, y por sus descendientes que no encuentran empleos es que debemos unirnos a reclamar la igualdad de derechos, oportunidades y progreso que les corresponde como ciudadanos americanos.

 

La proporción de mujeres que estudian y abandonan la Isla es mayor que la de los hombres. Aun cuando quisieran permanecer junto a su familia, se ven obligadas a emigrar en busca de un mejor futuro ante el fracaso abismal del ELA y la falta de oportunidades.

 

Hoy celebramos con orgullo la ciudadanía americana, pero a la vez,  con gran determinación rechazamos que los conciudadanos que residen en suelo puertorriqueño sean tratados como ciudadanos de segunda clase. Llegó la hora de exigirle al Congreso que convoque a un referéndum federal para que Puerto Rico pueda ser admitido como estado.

 

  1. Sin la igualdad, nos hundimos;   lunes 17 de marzo, 2014

 

Después de su encuesta, El Nuevo Día publicó un interesante artículo que invita a una reflexión ponderada sobre la crisis política y socioeconómica que aqueja a Puerto Rico. Que la encuesta revelara desasosiego y desesperanza en el pueblo no es sorpresa, tampoco, la inferencia de que existe una “aparente falta de voluntad de la sociedad para salir de los problemas tras el colapso del modelo económico y social”.

 

El economista Gustavo Vélez considera que “la emigración de los boricuas a los 50 estados alivia la presión social que causan los problemas fiscales”. Señala que casi la mitad de la población depende de ayudas federales, que reciben independientemente de la quiebra del gobierno local.

 

Algunas de las recomendaciones allí expuestas tienen mérito, pero no pueden adelantarse en un vacío político-ideológico. Entre otras, recobrar la esperanza y reforzar el valor de la dignidad del trabajo; formular un nuevo modelo económico que estimule la producción local y la inversión externa; revisar los programas de beneficencia para que estimulen la productividad; rendir cuentas y asumir responsabilidad por los desaciertos que se cometan; incentivar los empresarios locales y atraer inversión para aumentar la productividad; reestructurar el Gobierno para que sea más eficiente; y establecer una política pública que atienda los desafíos demográficos.

 

Ante el evidente descontento la del pueblo por el colapso social, político y económico del ELA-territorial, el Gobernador designó un grupo  de trabajo para atender solo cuatro problemas específicos: la economía informal, la emigración del talento joven, el envejecimiento de la población y la baja tasa de participación laboral. No obstante, los anteriores son realmente manifestaciones del verdadero reto que enfrentamos.

 

Tan baja es la expectativa de dicho Comité, que le ha encomendado producir recomendaciones para su próximo Mensaje de Estado. En otras palabras, un comité más entre otros tantos, cuyo solo propósito ayudarlo a redactar su mensaje.

 

Sobre esta gestión, el columnista B. Torres Gotay comentó, “el resultado del trabajo de ese comité está casi seguramente abocado al fracaso, porque todo el mundo sabe que cualquier plan serio toma más de los tres años”.

Concurro con Torres Gotay en “Que esos cuatro problemas no son el problema en sí, sino síntomas de desafíos más complicados que hasta ahora nadie en posición de hacer algo ha querido afrontar”. Entre otros, señala el estatus colonial que nos impide desarrollar un plan económico coherente.

 

El titular del Día, “Nos unimos o nos hundimos”, nos obliga a destacar otras verdades que no pueden ignorarse. Ni la encuesta, ni los panelistas, consideraron el estatus del territorio, tal como lo señala Torres Gotay, ni el Gobernador nombró representación proporcional de los electores en el Grupo de Trabajo.

 

No pueden enajenar al otro Puerto Rico. Tienen que aceptar que García Padilla fue electo por un margen minúsculo. Tampoco pueden ignorar que el 54% revocó el consentimiento al ELA, que el 61% favoreció la estadidad y que 93% atesora su ciudadanía americana. Al pretender soslayar esa realidad política, excluyen al segmento mayoritario de la población.

 

El experimento político de seis décadas de subdesarrollo colonial fracasó. Por tanto, mientras mantengan a PR bajo el actual modelo político-económico, la Isla seguirá hundiéndose irrevocablemente. Es preciso que cuenten con nosotros en el esfuerzo común para rescatar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el colapso social, político y económico. Para comenzar, hay que garantizarle a los puertorriqueños en la Isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

 

Tal como ocurrió con Hawái, la seguridad y estabilidad política de ser estado atraerá inversionistas y desarrollo económico. La Estadidad asegurará igualdad de derechos, progreso y oportunidades económicas.

 

Unámonos pues, como ciudadanos americanos en camino a la estadidad. “Sin igualdad nos hundimos y sin estadidad no hay igualdad como ciudadanos americanos”.

 

  1. Crisis poblacional 31 de marzo, 2014

 

Ante la crisis fiscal y el desplome social, político-económico que promueve una nueva ola de emigración, urge ampliar la discusión de la otra crisis: la crisis poblacional que opaca el futuro de Puerto Rico.

 

La pasada Administración aprobó la ley que creó el Comité de la Ley del Reto Demográfico para analizar el desarrollo poblacional y buscar alternativas para fomentar su crecimiento. El Suplemento Especial sobre Migración de la Junta de Planificación revela la gravedad de continuar perdiendo población.

 

El Tratado de Paris de 1898 cobijó bajo la bandera americana a 894,302 puertorriqueños, bajo la tutela del Congreso. En 1904 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los puertorriqueños podían entrar a los Estados Unidos sin restricciones.

 

Entre los primeros pasos para integrar a la Isla a la nación, se aprobó la Ley Jones, que estableció que “los habitantes que residan en la Isla y sus hijos nacidos con posterioridad a esa fecha serán como ciudadanos con derecho a protección de los Estados Unidos, con “derechos similares” a los nacidos en territorio continental”.

 

La experiencia migratoria puertorriqueña es un fenómeno de inmigración interna en el marco socio-político norteamericano. Entre los años 1940-60, el Gobierno de Puerto Rico promovió el éxodo masivo de cerca de un millón de personas como mecanismo de control poblacional.

 

En 1948, el gobierno insular, implantó el Programa de Migrantes, una estrategia para emplear puertorriqueños en faenas agrícolas en el continente que resultó en la migración masiva de puertorriqueños. En su mensaje a la Legislatura en 1954, Muñoz Marín  declaró que los que partían seguirían  el mismo curso de otros emigrantes en su integración al “melting pot”.

 

En la década del 2000 se inicio un segundo gran éxodo. A partir del 2001 más de 297,750 abandonaron la Isla, tornando el problema del éxodo en uno crónico. Actualmente, unos cinco millones de ciudadanos de extracción puertorriqueña residen en los 50 estados: 34% nacidos en la Isla; 66% nacidos allá, y se augura que ese número seguirá aumentando.

 

La criminalidad, un sistema judicial desconectado de la realidad, el alto costo de vida, un aparato educativo sin dirección ni gobernanza, servicios gubernamentales inoperantes, deterioro social, recesión económica, desempleo crónico, comunidades en franco deterioro, pobre calidad de vida, y la inacción del gobierno ante estos retos han destruido la confianza y precipitado el éxodo.

 

A causa de lo anterior, experimentamos hoy una fuga sin precedentes de capital humano, con el agravante que la mayoría posee una educación sobre el promedio poblacional. El “Perfil del Migrante 2012”, señaló que los puertorriqueños que emigraron ese año eran educados, activos en la fuerza laboral, con niveles de ingreso mayor que años anteriores y que 52% eran mujeres.

 

Concurro con el economista Gustavo Vélez: “La fuga de profesionales tiene un alto costo social y económico para la Isla”. Por ejemplo, “el impacto sobre el sector de la vivienda es devastador.  Perder 83,000 personas equivale a 26,900 unidades de vivienda que no se venden o se alquilan y que constituyen un serio problema para los dueños, la industria de la construcción y la economía.

 

Señala el amigo Franklin López que según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías. Mientras, la Asociación de Bancos informa para este año 77,000 unidades con 90 días o más de morosidad y 17,000 en ejecución; una reducción de $1,500 millones en depósitos bancarios; y un aumento de 19% en las quiebras versus el año anterior. Todo esto redunda en una merma potencial de ingresos de aproximadamente $3,000 millones.

 

Ante el colapso del ELA colonial, es apremiante acelerar el proceso hacia la estadidad, el único estatus que ofrece a los ciudadanos americanos en Puerto Rico la igualdad de derechos, oportunidades y potencial económico para atraer nuevas inversiones, empleos, y retener y aumentar nuestra población.

  1. Después del GAO, ¿Qué? Lunes 17 de abril, 2014

 

El Congresista Doc Hastings encomendó al Government Accountabilitty Office,  GAO, evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos del tesoro federal, así como el efecto que la  estadidad tendría sobre la economía y las finanzas publicas locales.

 

Sus hallazgos reafirman que los puertorriqueños y otros ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

 

El informe derriba múltiples barreras políticas, económicas y sociales. Destruye la falsa teoría colonialista de que la estadidad tendría un costo muy  alto para el Tesoro federal y el mito del “estado mendigo”. El GAO presenta datos categóricos  que demuestran que con la estadidad Puerto Rico dispondrá de las herramientas económicas para sacar su población de la pobreza y el estancamiento económico y que sería tan beneficiosa para la isla como para el tesoro federal.

 

El experimento político-económico del ELA fracasó estrepitosamente, creando en la isla una alta dependencia  de las ayudas federales, convirtiéndola en una carga para el Tesoro federal. La estadidad es la única  alternativa para que Puerto Rico se integre a nuestra Nación en condición de igualdad de derechos y responsabilidades que corresponden a todo ciudadano americano y el poder político que asegura el voto presidencial, la representación congresional y la participación plena en el gobierno nacional.

 

Durante el periodo de transición todos los estados han sentido los efectos positivos de la admisión como estado. En Puerto Rico se aceleraría  el progreso y desarrollo económico y la inyección de fondos adicionales que correspondan como ciudadanos americanos mejoraría sustancialmente la calidad de vida.

 

El GAO destaca además que con la estadidad los ciudadanos de menos recursos, los de mayor edad y los incapacitados recibirían ayuda directa del “ingreso suplementario (SSI);  Medicare aumentaría los desembolsos para servicios de salud a envejecientes y personas con limitaciones físicas;  Medicaid haría disponibles más recursos para la salud, aumentaría su cobertura a 900,000 puertorriqueños, y cubriría servicios de cuido extendido. El Programa de Asistencia Nutricional-SNAP ofrecería más fondos que bajo el PAN actual;  así como asistencia temporal para familias necesitadas y cubierta del Programa de Seguro Médico para niños.

 

Los beneficios de la educación con la estadidad son innumerables: garantizan las Becas Titulo I para agencias educacionales locales (LEA); becas para educación de veteranos, Becas Pell y el programa federal de préstamos para estudiantes universitarios, entre otros.

 

Los que demagógicamente invocan el tema de las contribuciones para menoscabar la estadidad versus el ELA-colonial, tienen que aceptar que en lugar de pagar contribuciones federales, los trabajadores de ingresos limitados recibirán compensación  por  “Earned income Tax Credit, Child tax Credit y American Opportunity Tax Credit”.

 

Es inconcebible que en un territorio bajo la bandera americana, los defensores del status colonial antepongan sus plataformas político-ideológicas para negarles a nuestras familias la oportunidad de progreso a la que tienen derecho como ciudadanos americanos.

 

Se aferran a un experimento fracasado que nos sume en la pobreza y rechazan la solución de la estadidad que erradicaría la desconfianza asociada a la incertidumbre del status y estimularía la inversión de capital en la isla.

Nosotros aspiramos a la estadidad porque garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades, progreso, crecimiento y vitalidad para todos los puertorriqueños. Concurro con el amigo constitucionalista Alfredo Castellanos: la estadidad nos hará socios activos del sueño americano, con las mismas oportunidades bajo la ley y los recursos que nos permitan aspirar a un nuevo y mejor futuro.

 

Las conclusiones del informe del GAO fortalecen la convicción del pueblo estadista que convertir a Puerto Rico en Estado es una realidad irreversible. Ya no se trata de dilucidar si seremos el Estado 51 sino cuán pronto seremos admitidos.

 

FYI: enlace para obtener el informe oficial  del GAO

http://gao.gov/assets/670/661703.pdf

 

  1. Plan Puerto Rico-Tennessee lunes 28 de abril

Hernán Padilla

Según nos acercamos a la estadidad, procede examinar las distintas estrategias que otros estados han utilizado para acelerar su admisión por el Congreso.

 

Cuando Carolina del Norte ratificó la Constitución de los Estados Unidos en el 1789, cedió al gobierno federal los terrenos de Tennessee. Más adelante, en 1796, la lucha de Tennessee por la descolonización y la admisión los llevó a adoptar el “Plan Tennessee”.

 

En un referéndum celebrado en el 1795, el 75% votó a favor de la unión. Posteriormente, el Gobernador convocó una Convención Constitucional, adoptaron la Constitución y la Carta de Derechos del Estado de Tennessee,  y “eligieron por adelantado dos Senadores y un Congresista”, convirtiendo  en efecto el territorio de Tennessee en un “estado” antes de solicitar admisión al Congreso.

 

Según  Luis Dávila y Rubén Cerezo (estudio Breakthrough from Colonialism), los pasos básicos del “Plan Tennessee” incluyen: haber radicado la solicitud  de admisión y que el Congreso no la hubiera atendido; aprobar una “Constitución Estatal” sin autorización del Congreso; celebrar elecciones para funcionarios estatales  y senadores y representantes congresionales; y finalmente enviar la delegación a Washington a exigir la estadidad  y lograr que el Congreso aprobase un Acta de Admisión.

Fue adoptado con éxito por  Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas y Alaska reclamaran y lograran su admisión como estados;  no así New México que tardo 62 años.

 

En el caso de este último, a finales del siglo 19 los ciudadanos del sureste de Alaska siguieron un proceso similar sin mucho éxito. Entre 1943 y 1953 se intensificaron las gestiones a favor de la estadidad y en 1946 la Estadidad obtuvo mayoría en un referéndum.

 

En 1950 se aprobó en la cámara federal de representantes  un proyecto de admisión que no fue considerado en el senado. En 1955 efectuaron la Convención Constitucional del Estado de Alaska y en 1957,  siguiendo el esquema del “Plan Tennessee”,  “eligieron delegados extraoficiales” para cabildear en el Congreso.  En enero de 1959. Alaska se convirtió en el estado número 49.

 

En lo que a Puerto Rico se refiere, el “Plan Tennessee” podría ser una ruta viable  en el momento oportuno pero ello requiere desarrollar un “Plan Puerto Rico”  dada las características particulares del territorio de Puerto Rico.

 

Es importante señalar que en el 2006 el PNP aprobó una resolución para adoptar el “Plan Tennessee” como “una estrategia adicional para descolonizar a Puerto Rico” y reclamar nuestra admisión.

 

La resolución fue un “mandato” para que al ser electos implantaran mediante legislación el Plan Tennessee en el 2009,  ratificaran  una “Constitución del Estado de Puerto Rico” y eligieran una delegación congresional que fuera a reclamar reconocimiento oficial y la admisión como estado. Dicho mandato obliga a nuestros potenciales candidatos a puestos electivos a comprometerse, de ser necesario, a defender una estrategia similar.

 

Dicho eso, el Plan Tennessee NO puede implantarse bajo un gobierno colonialista. Requiere un gobierno que reconozca y haga valer los resultados del plebiscito e instituya el proceso electoral para elegir una delegación, asigne fondos  y reclame la admisión.

 

Si el congreso no toma acción en un tiempo razonable,  o no ordena un referéndum vinculante para ratificar la voluntad del electorado en el 2012,  entonces se darían las condiciones para proceder con un “Plan Puerto Rico”.  Sin embargo, ahora no es el momento oportuno.

 

Urge unidad de propósito para lograr que el congreso auspicie un referéndum según establecido en el H2000  y el S2020 para acelerar el proceso de admisión.

 

No se puede poner a Puerto Rico primero dejando al status para después. Desde hoy hasta  noviembre del 2016, todos los estadistas que aspiren a puestos electivos  deben hacer del status el eje principal de sus campañas e impulsar  la estadidad como el instrumento para lograr  un mayor progreso y mejor calidad de vida para Puerto Rico.

 

  1. Proyecto de País o Estado 51 lunes, 12 de mayo, 2014

Hernán Padilla

Indudablemente, el colapso económico y socio-político del ELA  es responsable del éxodo masivo de puertorriqueños buscando un mejor futuro. Es igualmente innegable que la administración de la colonia hace todo lo posible por impedir una solución permanente del status con el propósito de encaminarnos hacia una relación distinta con nuestra Nación Americana.

 

En su desesperación, varias propuestas de la administración Popular para tratar de paliar la crisis no tienen cabida dentro del marco legal y constitucional americano. Noten que el Informe de la efímera Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento de Puerto Rico, más que un plan de desarrollo parece un reclamo de soberanía incongruente con el marco constitucional americano.

 

Sus recomendaciones pretenden que Washington considere a la Isla como una nación independiente para acordar tratados comerciales y otros, incluyendo eximirla de la cláusula del Comercio Interestatal. Sus propuestas contienen políticas públicas que van de la mano   con el llamado “nuevo país” formulado por el PPD y contradicen el reclamo de la mayoría en el plebiscito del 2012.

 

Recordemos que Acevedo Vilá reclamaba la soberanía bajo el lema de “nuevo país”, una especie de república asociada basada en un supuesto “pacto bilateral” que nunca ha existido. Una republica asociada, igual que el llamado ELA culminado, ELA mejorado,  o ELA soberano son sinónimos de una nación independiente con ciudadanía separada.

No obstante, el Informe sobre el Estatus de Puerto Rico del Comité de Recursos Naturales del Congreso concluyó que el llamado “ELA culminado” entraña lineamientos inconstitucionales inadmisibles para el Congreso.

 

Específicamente, la Administración Clinton determinó que la propuesta de un “ELA culminado” con una relación de “consentimiento mutuo” es inaceptable. La soberanía que ese modelo reclama convertiría a Puerto Rico en una nación separada de los Estados Unidos. Por tanto, fuera de la Independencia, el territorio puede solo considerar un estatus compatible con la Constitución, las leyes y la política pública de los Estados Unidos.

 

A la misma vez que proponen un llamado “Proyecto de país” y un “Fideicomiso para el futuro”, pretenden pedir fondos federales en bloque para disponer de los mismos a su antojo. En otras palabras, predican la “soberanía”, pero mendigan los beneficios y privilegios de la ciudadanía americana.

 

Los programas federales alcanzan cifras billonarias para salud, educación, seguridad, bienestar social, transportación, infraestructura, economía, industria, agencias gubernamentales y municipios.

 

Podemos concluir que bajo el llamado “ELA soberano, culminado o mejorado bajo la fórmula de la republica asociada” viviríamos en un país extranjero y los ciudadanos perderían todos los beneficios individuales y colectivos que ahora son parte de su ciudadanía americana, los que por el contrario aumentarán considerablemente bajo la estadidad.  No existirán el PAN, el WIC ni el seguro por desempleo. También se perderían el Head Start y educación para los niños de edad pre-escolar.

 

Se afectarían los fondos que recibe Educación para los servicios educativos y comedores escolares. A nivel universitario,  las Becas Pell, ayudas para préstamos y  asignaciones para investigaciones; las familias de recursos limitados no tendrían acceso a subsidios de vivienda de la Sección 8 y perderíamos los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de vivienda pública.

 

De vital importancia, además, resulta el hecho de que bajo una república perderíamos la protección a nuestros Derechos Civiles y libertades bajo la Constitución americana y el acceso a los foros federales que nos garantizan el disfrute de las libertades y derechos. La estadidad es la única garantía de lograr igualdad de derechos que corresponden a los ciudadanos americanos.

 

Es hora que esta administración defina el las fórmulas de status de la independencia disfrazada, incluyendo al ELA soberano o que someta al Secretario de Justicia una papeleta  modelo de “Estadidad SI o NO” para conducir el referéndum avalado por el Congreso y Casa Blanca.

 

  1. Poderes de ser Estado 26 de mayo, 2014

 

Hernán Padilla

 

El nuevo estado de Puerto Rico ganará poderes constitucionales, políticos y económicos que garantizarán estabilidad, seguridad, progreso y soberanía para Puerto Rico y los puertorriqueños.

 

La Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos claramente establece la soberanía de los estados: “los poderes que la Constitución no delega al gobierno federal  ni prohíbe a los estados, quedan respectivamente reservados a los estados o al pueblo”. Con la estadidad, Puerto Rico adquiere soberanía al quedar equiparado con los otros cincuenta estados soberanos de la Unión.

 

Además de la soberanía compartida de los estados, el poder político y económico que la admisión como estado representaría para Puerto Rico será el factor que potencie las fuerzas para el progreso, desarrollo económico y mejoramiento en la calidad de vida a que aspiran todos los puertorriqueños.

 

Queremos alcanzar el mismo progreso y desarrollo que es evidente en todos los estados de la unión. Reclamamos el poder político y la fuerza de la igualdad de derechos  y responsabilidades que representa la ciudadanía americana bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos. El entusiasmo de un pueblo sin la carga discriminatoria  colonial nos dará el poderío y recursos para conducir a Puerto Rico hacia un futuro mejor que el vivido en más de cinco siglos de coloniaje.

 

El poder político de dos senadores y cinco congresistas  y la participación en elecciones presidenciales y en el gobierno nacional traerá consigo  un trato  igual al de todos nuestros conciudadanos americanos. La ciudadanía dejaría de estar degradada  por la segregación y el discrimen político del estatus-territorial.

 

El poder de ser un estado bilingüe con nuestra propia cultura, resultado de la fusión de grandes culturas, nos abrirá las puertas para convertirnos en un enlace natural entre América Latina y los Estados Unidos. Seremos forjadores de nuestro propio destino y dejaremos de ser la colonia más antigua del planeta.  Nos liberaremos  del estatus temporero, frágil y sumido en la pobreza que representa el  ELA-colonial. Seremos líderes en el mundo Hispano.

 

 

Ser un estado de los Estados Unidos tiene una estatura y una credibilidad poderosa a nivel mundial en todos los campos políticos, económicos, comerciales, industriales y científicas que nos abrirá las puertas a nivel internacional.

 

Como un estado, Puerto Rico sería reconocido  como parte integral de la nación  más rica y poderosa del planeta  y será participe  del sistema democrático más sólido del mundo.

 

La seguridad, solvencia y estabilidad política tendrán un poder considerable para  atraer inversionistas y nuevas industrias que generen empleos. Cuando el gobierno del Estado del Puerto Rico o los puertorriqueños hagan contactos para generar interés en desarrollar negocios en la isla llevarán consigo una carta de presentación distinta a la del actual status sin reconocimiento, temporero, decadente y desacreditado.

 

La admisión de la Isla como estado generará una enorme promoción y publicidad en los 50 estados y a nivel mundial que se traducirá en un crecimiento turístico vigoroso como ocurrió en Hawái desde su ingreso en 1959.  La demanda de servicios para las industrias de turismo, hotelera, de transportación, vivienda, y entretenimiento y otras, creará  miles de nuevos empleos, así como innovadoras empresas locales.

 

Tan pronto el Congreso admita a Puerto Rico como estado se revertirá el éxodo masivo que ha ocurrido. Una vez admitidos, la seguridad de la estadidad atraerá nueva población y una vigorosa economía que rescatará miles de viviendas vacías o abandonadas y revivirá la industria de la construcción a niveles sin precedentes.

 

Los puertorriqueños, en todas las partes del mundo, viviremos orgullosos de que nuestra isla haya adquirido su igualdad como ciudadanos americanos y el poder político necesario para garantizarle un mejor futuro a las nuevas generaciones de familias puertorriqueñas.  La Estadidad es igualdad, orgullo y progreso para cada uno de nosotros, en esta hermosa isla.

 

  1. Devastador fracaso del experimento político-económico

Hernán Padilla

La crónica crisis que aqueja nuestra Isla y los eventos que ocurren a diario evidencian que el experimento político-económico colonial, falsamente llamado Estado Libre Asociado, ha fracasado y ha llevado a Puerto Rico al borde de un colapso fiscal.

 

Tan grave es la situación que en su intento por minimizar la discusión pública el gobierno publicó la noche del viernes el más reciente informe del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sobre el índice de actividad económica (IAE) para evitar que fuera primera plana el siguiente día.

 

Dicho informe (IAE) es un estudio que elabora el BGF de la condición económica comparando sus componentes con el mismo mes del año previo. Además, se observa la tendencia a través del año fiscal para determinar si la economía señala tendencias favorables o negativas.

 

La recesión comenzó bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá en el 2006, dos años antes que a nivel nacional. Según el informe, el índice de actividad económica  refleja un marcado decrecimiento,  que continúa anulando la mejoría que se logró en el 2012.

 

La actividad económica en abril de 2014 disminuyó por  1.3%  mientras a lo largo del año fiscal 2013-14 la pérdida  fue tanto como 3.3%.  De hecho llevamos 16 meses consecutivos que el IAE disminuye permanentemente.

Otro de los factores que muestra un decrecimiento  muy preocupante es la venta de cemento, directamente relacionada con la industria de la construcción. De acuerdo al BGF, en abril solo se vendieron 1,290,000 de sacos de cemento, para una merma de 17.5%  en comparación con abril del 2013 y del 14.6% para el año fiscal 2013-14.

 

Este hallazgo coincide con que se han radicado 9161 quiebras durante el año fiscal 2014.  A eso se añade el cierre de industrias,  la reducción en la industria manufacturera, el deterioro en ventas de propiedades y la revelación de que hay más de 200,000 unidades de vivienda vacías a causa de la fuga poblacional, el desempleo, la criminalidad  y el deterioro de la calidad de vida.

 

La caída de la actividad económica confirma lo que experimenta toda la isla: la población en más de 40 municipios vive bajo del nivel de pobreza y muchos gobiernos municipales carecen de recursos para proveer los servicios requeridos. Para colmo, el Departamento de Educación ordena el cierre de cien escuelas sin un plan que contemple la continuidad de las efectivas Escuelas del Siglo 21.

 

Los datos del BGFPR no sorprenden, sencillamente confirman el agotamiento del modelo económico del ELA-colonial. En abril existían solo 998,000 empleos para las 1,163,000 personas que buscan empleo, de  una población laboral de 2,878,000 con una tasa de participación de solo 39.9%  (versus 63% a nivel nacional).  Mientras, la  agricultura solo produce 15,000 empleos.

Las corporaciones públicas como la AEE y Carreteras  están al borde de la quiebra. La primera depende de la venta de energía para pagar por el combustible y una deuda  billonaria, cuando en comparación con el año anterior, generó  3.1%  menos energía. Carreteras, por su parte, depende del arbitrio de la gasolina para el servicio de su deuda con los bonistas, pero el consumo de gasolina para el año fiscal 2014 decayó 2.1% en comparación con el 2013.

El BGF y el Departamento de Recursos Humanos y Trabajo han rendido su último veredicto aplastante sobre condición terminal del fracasado experimento político-económico que comenzó hace más de seis décadas.

El pueblo de Puerto Rico selló su suerte en el plebiscito del 2012 revocándole el consentimiento de los gobernados al rechazar contundentemente el ELA-colonial y escoger la estadidad.

Les corresponde a los administradores de la colonia reconocer  el irreversible fracaso del status territorial y su modelo político-económico  que ha probado ser inviable y respetar el reclamo de igualdad de derechos constitucionales, oportunidades, progreso y mejor calidad de vida para todos ciudadanos y nacionales americanos residentes en la Isla.

 

  1. Viven de recuerdos de promesas; 23 DE JUNIO, 2014, endi

Hernán Padilla

 

Desde hace más de cuatro décadas, la Isla arrastra una crisis económica cada vez más difícil de resolver.  Aun así,  hay quienes defienden el estatus colonial y claman por tratos, concesiones e incentivos contributivos que solo prolongan  la agonía de un malogrado experimento político.

 

Todavía hay quien asegura que programas como la pasada Sección 936 del IRS rescatará a PR de la crisis económica al que ha suscitado una condición colonial que lo priva de disfrutar igualdad de derechos, oportunidades de progreso y responsabilidades con los cincuenta estados de la Nación.

 

Desde 1909, particularmente en el 1921, el Congreso ha aprobado estatutos que conceden exenciones contributivas a corporaciones continentales con subsidiarias  en los territorios,  sobre las ganancias allí  generadas y  “que no fueran repatriadas a la casa matriz en algún estado”.

 

Esto, a fin de incentivar la inversión y el desarrollo económico en los territorios, y compensar la desventaja debida a la falta de poderes políticos, paridad en asignación de fondos e incertidumbre sobre su futuro político.

 

Con la aprobación de la sección 936 en 1976, la exención contributiva  federal se extendió a ganancias “repatriadas a los estados de origen” de dichas corporaciones.  Esa enmienda incentivó la ubicación en Puerto Rico de “eslabones de producción de bienes de corporaciones transnacionales americanas para mediante la práctica de “transfer pricing” reducir su carga contributiva.

 

Por ejemplo: una farmacéutica de confección de pastillas anticonceptivas en Carolina le compraba el estrógeno a un laboratorio de la misma empresa en Francia a un precio por debajo del costo,  para reportar pérdidas y no pagar impuestos corporativos en Francia. La planta de Carolina las vende a sobreprecio a una empacadora de la misma empresa en NY reportando pérdidas y no paga impuestos federales.

 

Finalmente, las ganancias generadas en Francia y NY son transferidas a PR, donde están exentas, para luego repatriarlas a la casa matriz continental sin pagar impuestos federales.

 

El Tesoro federal planteó serias objeciones a estas maniobras contributivas  y finalmente abogó por la derogación de las 936, debido al alto costo para el fisco federal de los recaudos no devengados,  a cambio de la “creación de muy pocos empleos directos e indirectos en Puerto Rico”.

 

En resumen, la sección 936 fue un fallido mecanismo compensatorio, claramente demostrado por las altas tasas de desempleo y bajas tasas de participación laboral registradas durante sus 20 años de vigencia. La sección 936 era insostenible ante agudos déficits federales y las perdidas en recaudos del Tesoro federal identificados  durante su vigencia.

 

Arturo Guzmán, consultor sobre desarrollo internacional,  sostiene que la década entre el 1960 al 1970 fue la de mayor crecimiento económico para Puerto Rico a  consecuencia directa de la revolución Castro-comunista, la eliminación de Cuba como competidor y proveedor de productos y servicios, y la necesidad de reemplazar de inmediato los mercados e industrias de Cuba con instalaciones similares en Puerto Rico.

 

Debo advertir a los políticos, economistas y planificadores que ninguno  ha considerado el impacto económico que representará el regreso de Cuba a la comunidad de países libres.

 

El PPD solo vive del recuerdo de las promesas del experimento colonial político- económico del 1952, que descansaba en el aislamiento de Cuba y en el programa insostenible de las 936, que fue eliminado por el Congreso y el Presidente Clinton en el 1996. Mientras, la crisis económica se exacerba con la recesión criolla que comenzó en el 2006 bajo el ex gobernador Acevedo Vila, y  ahora con la improvisación de la presente administración sin un plan fiscal realista, creíble y sostenible.

 

Solo la admisión de Puerto Rico como estado puede salvarnos de la presente catástrofe económica y fiscal y ofrecerle los poderes y estatura política para garantizarle el progreso, desarrollo económico y mejor calidad de vida que merecemos los puertorriqueños.

 

  1. La estadidad es la única opción, 7 de julio, 2014, ENDI

Hernán Padilla

La crisis económica que aqueja perniciosamente la Isla evidencian que el experimento colonial, engañosamente llamado Estado Libre Asociado, ha llevado a Puerto Rico al colapso fiscal, y peor aún, la situación sigue empeorando dramáticamente.

 

La actividad económica disminuyó 1.3% en abril y 1.1% adicional en mayo. Las ventas de cemento cayeron 27.8% en abril sumado a 10.8%  en mayo. El consumo de gasolina se redujo adicionalmente  0.5%  en mayo.

 

La alegación de que se han  creado 55,000 empleos requiere corrección. La verdad fáctica es que a enero del 2013 se reportaron 1,030,000 empleos, los cuales descendieron a 992,000 en mayo del 2014, para una pérdida de 38,000 empleos. Si fuera verdad que crearon 55000 empleos,  se han perdido 93000 en 18 meses.

 

Ante la crisis económica y fiscal del gobierno central y las corporaciones públicas,   la solución de la administración fue aprobar una  ley para permitir las quiebras de las corporaciones y obligar a los acreedores a reestructurar las deudas y aplazar o reducir pagos de bonos.

 

Ante el menoscabo de sus obligaciones contractuales, la reacción de inversionistas y bonistas fue tan adversa  que ya presentaron una demanda inicial ante  el Tribunal Federal alegando la inconstitucionalidad de la ley que provocó nuevas degradaciones de las obligaciones generales del gobierno y múltiples corporaciones públicas al igual que la perdida de acceso a los mercados de capital.

 

Los separatistas y los colonialistas ignoran que posiblemente el mejor atributo que tiene Puerto Rico para atraer inversión  es ser parte de Estados Unidos. Sin embargo, no todos los que identifican a Puerto Rico reconocen que invertir en la Isla es invertir en Estados Unidos.

Lamentablemente, PR es percibido por algunos inversionistas como un territorio con un status político transitorio e incierto, cuyo impacto y sistema contributivo  es difícil de precisar y sujeto a cambios repentinos al antojo del gobierno actual.

 

La persistencia del PPD afirmando la existencia del llamado “ELA” con atributos de una republica independiente asociada fomenta esa falsa concepción. Como estrategia, el PPD ha forzado la denominación de “nacional” a programas y leyes estatales, como la infame “patente colonial”. No somos una nación y el pueblo mayoritariamente votó a favor de la estadidad y revocó el consentimiento de los gobernados a la colonia.

 

La razón de resaltar la imagen de PR como parte de Estados Unidos es sencilla y poderosa. Estados Unidos es el principal recipiente del mundo de inversiones extranjeras directas. Las empresas transnacionales  buscan hacer negocios en Estados Unidos para acceder al mercado mayor del mundo bajo la protección de un sistema legal transparente.

 

Cuando Puerto Rico se proyecta como una entidad geopolítica aparte de Estados Unidos pierde su atractivo porque los inversionistas prefieren capitalizar  en Estados Unidos y no en una colonia indefinible  que nadie sabe que cuánto tiempo más va a durar.

 

La inversión directa  es fundamental para incrementar la actividad económica y productividad, crear empleos de alto nivel, elevar las escalas salariales, promover la transferencia de tecnología y conocimiento,  incrementar las exportaciones y  fortalecerlos los servicios y la manufactura. Por eso existen iniciativas como “Select USA” establecida por el Presidente Obama en el Departamento de Comercio.

 

Fue  precisamente “Select USA” quien ayudó a que Lufthansa Technik tomara la decisión de invertir en Aguadilla, con el apoyo del “White House National Economic Council”, la Secretaria de Comercio Pritzker y el Vicepresidente Biden.

 

Puerto Rico tiene grandes fortalezas  y la Estadidad traería consigo una enorme inversión de corporaciones estadounidenses y extranjeras, Por ello, es imperativo promulgar y proteger el carácter de la Isla como parte integral de Estados Unidos.

 

El fracaso socio-económico y político del ELA provoca la urgente necesidad de resolver el status político. La estadidad es la óptima a opción para beneficiar  y garantizar un buen futuro para los puertorriqueños.

 

  1. Barbosa: Padre del movimiento estadista, 27 de julio, 2014, ENDI

Hernán Padilla

Mientras trabajamos hacia la resolución del status de Puerto Rico, honramos al Doctor José Celso Barbosa. El 27 de julio de 1857, fue el primer residente de raza mezclada en asistir al Seminario Jesuita de PR.  En 1875, se trasladó a New York  y posteriormente a Ann Arbor donde fue admitido a la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan en 1876 y se graduó con el más alto honor de la clase de 1880, convirtiéndose en el primer puertorriqueño con un grado médico estadounidense. En 1917 la Universidad de Puerto Rico le confirió el grado de Doctor Honoris Causa.

 

Con el cambio de soberanía del 1898, Barbosa vislumbró el sistema federalista americano y el ingreso de PR como Estado como solución ideal para el problema colonial. El 4 de julio de 1899 fundó el Partido Republicano de PR, en pro de la estadidad. José Barbosa, nieto del prócer, afirma que su republicanismo comenzó con el republicanismo español, que propulsaba la república para España.

 

En 1907, fundó el “El Tiempo”, el primer periódico bilingüe en la isla. En 1917, al constituirse el Senado de Puerto Rico, fue electo para ocupar un escaño legislativo, posición a la que fue reelecto en 1920. Se destacan, entre la legislación propuesta por Barbosa e incorporadas al sistema jurídico penal puertorriqueño, el juicio por jurado y Habeas Corpus.

En plena época de recrudecimiento  de la segregación racial, avalada por una decisión equivoca de la Corte Suprema  (Plessy vs Ferguson, 1896),

Barbosa fue designado al Consejo Ejecutivo del gobierno por todos los presidentes del 1900 al 1917, McKinley, T. Roosevelt, Taft y Wilson,

 

Hasta el día de su muerte en septiembre de 1921,  su norte fue el bienestar social y político de PR.  Se destaca su lucha en pro del cooperativismo como instrumento de justicia social frente a los movimientos antidemocráticos de la doctrina del marxismo. Como consta en el Proyecto de Ley 346 del 1999, Barbosa fue fundador  de la primera cooperativa de crédito en el hemisferio occidental.

 

Entre los reconocimientos a su vida y obra, en el 2006, la Cámara de Representantes Federal designó el edificio de correo de Bayamón como “USPO Dr. José Celso Barbosa”. Por su parte,  la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, denominó el “Parque del Tercer Milenio” en la isleta de San Juan como el parque Doctor José Celso Barbosa”.

 

“The Puerto Rico Herald” destacó a Barbosa como uno de los gigantes de la historia puertorriqueña, un gran puertorriqueño, ciudadano norteamericano, y uno de los hombres de raza negra más prominentes de su época.

 

Barbosa desarrolló una profunda afinidad con los principios del sistema político norteamericano. En 1898, ante un grupo de autonomistas, dijo: “Aspiramos a convertirnos en otro estado de la unión a fin de poder afianzar el carácter del pueblo puertorriqueño”. Lo que Barbosa promovió no fue la mal llamada “asimilación” sino el verdadero poder mediante los derechos que confiere la estadidad, tal como lo concibe  la lucha contemporánea por la igualdad.

 

Según el historiador  Mario Ramos, Barbosa planteó que su aspiración era “la autonomía del Estado, no la autonomía de la colonia” y vio en la Estadidad una manera de independencia por la soberanía que disfrutan los estados de la Unión (X Enmienda).

 

Reconocemos la imponente y única figura de Barbosa como el «Padre del movimiento Estadista». Que mejor forma para los estadistas que celebrar su natalicio proclamando  su apoyo a la Estadidad y exigiendo respeto absoluto por la voluntad expresada en el plebiscito del 2012, en la Marcha por la Estadidad y la Igualdad del próximo domingo 27 de julio.

Demostremos ese día que los que atesoramos y reclamamos la igualdad a través de la estadidad somos mayoría y que como Barbosa proclamamos  “Adelante, siempre Adelante  hacia la estadidad”.

 

  1.  La estadidad es la única opción, 7 de julio, 2014, ENDI

Hernán Padilla

La crisis económica que aqueja perniciosamente la Isla evidencian que el experimento colonial, engañosamente llamado Estado Libre Asociado, ha llevado a Puerto Rico al colapso fiscal, y peor aún, la situación sigue empeorando dramáticamente.

 

La actividad económica disminuyó 1.3% en abril y 1.1% adicional en mayo. Las ventas de cemento cayeron 27.8% en abril sumado a 10.8%  en mayo. El consumo de gasolina se redujo adicionalmente  0.5%  en mayo.

 

La alegación de que se han  creado 55,000 empleos requiere corrección. La verdad fáctica es que a enero del 2013 se reportaron 1,030,000 empleos, los cuales descendieron a 992,000 en mayo del 2014, para una pérdida de 38,000 empleos. Si fuera verdad que crearon 55000 empleos,  se han perdido 93000 en 18 meses.

 

Ante la crisis económica y fiscal del gobierno central y las corporaciones públicas,   la solución de la administración fue aprobar una  ley para permitir las quiebras de las corporaciones y obligar a los acreedores a reestructurar las deudas y aplazar o reducir pagos de bonos.

 

Ante el menoscabo de sus obligaciones contractuales, la reacción de inversionistas y bonistas fue tan adversa  que ya presentaron una demanda inicial ante  el Tribunal Federal alegando la inconstitucionalidad de la ley que provocó nuevas degradaciones de las obligaciones generales del gobierno y múltiples corporaciones públicas al igual que la perdida de acceso a los mercados de capital.

 

Los separatistas y los colonialistas ignoran que posiblemente el mejor atributo que tiene Puerto Rico para atraer inversión  es ser parte de Estados Unidos. Sin embargo, no todos los que identifican a Puerto Rico reconocen que invertir en la Isla es invertir en Estados Unidos.

 

Lamentablemente, PR es percibido por algunos inversionistas como un territorio con un status político transitorio e incierto, cuyo impacto y sistema contributivo  es difícil de precisar y sujeto a cambios repentinos al antojo del gobierno actual.

 

La persistencia del PPD afirmando la existencia del llamado “ELA” con atributos de una republica independiente asociada fomenta esa falsa concepción. Como estrategia, el PPD ha forzado la denominación de “nacional” a programas y leyes estatales, como la infame “patente colonial”. No somos una nación y el pueblo mayoritariamente votó a favor de la estadidad y revocó el consentimiento de los gobernados a la colonia.

 

La razón de resaltar la imagen de PR como parte de Estados Unidos es sencilla y poderosa. Estados Unidos es el principal recipiente del mundo de inversiones extranjeras directas. Las empresas transnacionales  buscan hacer negocios en Estados Unidos para acceder al mercado mayor del mundo bajo la protección de un sistema legal transparente. Cuando Puerto Rico se proyecta como una entidad geopolítica aparte de Estados Unidos pierde su atractivo porque los inversionistas prefieren capitalizar  en Estados Unidos y no en una colonia indefinible  que nadie sabe que cuánto tiempo más va a durar.

 

La inversión directa  es fundamental para incrementar la actividad económica y productividad, crear empleos de alto nivel, elevar las escalas salariales, promover la transferencia de tecnología y conocimiento,  incrementar las exportaciones y  fortalecerlos los servicios y la manufactura. Por eso existen iniciativas como “Select USA” establecida por el Presidente Obama en el Departamento de Comercio.

 

Fue  precisamente “Select USA” quien ayudó a que Lufthansa Technik tomara la decisión de invertir en Aguadilla, con el apoyo del “White House National Economic Council”, la Secretaria de Comercio Pritzker y el Vicepresidente Biden.

 

Puerto Rico tiene grandes fortalezas  y la Estadidad traería consigo una enorme inversión de corporaciones estadounidenses y extranjeras, Por ello, es imperativo promulgar y proteger el carácter de la Isla como parte integral de Estados Unidos.

 

El fracaso socio-económico y político del ELA provoca la urgente necesidad de resolver el status político. La estadidad es la óptima a opción para beneficiar  y garantizar un buen futuro para los puertorriqueños.

 

  1. El verdadero consenso   08/04/2014

Hernán Padilla

El presidente del PPD expresó recientemente el deseo de lograr un consenso para resolver el dilema del estatus político de Puerto Rico.  El “llamado a la unidad” choca con las múltiples facciones de su partido que no pueden definir el estatus. Tampoco puede haber consenso al establecer criterios ajenos a la unión permanente a la que aspiramos la mayoría de los puertorriqueños.

 

A pesar de que refrendaron el resultado al utilizar fondos públicos para el plebiscito del 2012, el gobernador pretende ignorar  la voluntad mayoritaria allí expresada, donde  el 54%  de los gobernados revocó su consentimiento al status colonial y adjudicó un triunfo contundente a la estadidad sobre las dos formulas de independencia combinadas. Están obligados a acatar la voluntad del pueblo expresada en un proceso democrático validado con la participación del 78% del electorado.

 

La Constitución de Puerto Rico  no define  un cambio de estatus. Su Preámbulo establece  que  “consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y  “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. La comunidad política creada y el lenguaje constitucional facilitan el proceso para que PR sea admitido como estado de la Unión.

 

Evidentemente el argumento de convocar  a “todas las fuerzas políticas a dialogar para encontrar un consenso”  es una farsa. Ahora pretenden que el territorio-colonial sea excluido de la Clausula Territorial de la Constitución Federal, obviando el requisito de resolver previamente  el status, sea hacia la estadidad o la independencia.

 

Para lograr su propósito, los líderes populares proponen “sustituir  la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”; lo que violaría la Constitución y soberanía de los Estados Unidos.

 

Ya la administración del Presidente Obama estableció que no es posible aceptar las cláusulas de consentimiento mutuo (pacto bilateral) porque cualquier Congreso futuro tiene el poder para modificar la relación unilateralmente”.  El Congreso, además, concluye que el “ELA mejorado o culminado” es inconstitucional e inadmisible.

 

A esto se suma que la Administración Clinton determinó que la propuesta de “consentimiento mutuo”  inaceptable porque contraviene la Constitución. Por tanto, fuera de la independencia, un territorio solo puede solicitar formulas compatible con la Constitución, las leyes y la política pública de Estados Unidos.

 

Cualquier dialogo sobre el estatus tiene que considerar que  el llamado “ELA soberano” nos convertiría en una nación separada de los Estados Unidos, mientras que el status territorial perpetúa la desigualdad política en derechos civiles y el evidente déficit democrático que representa la privación del voto presidencial y de representación congresional proporcional.

 

La Ley del Gobernador Electo de 1947 sostiene que “los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos americanos en PR se respetarán “como si PR fuera un estado de la Unión”. El Congreso tendrá que reconocer que sus conciudadanos puertorriqueños tienen igual derecho a todos los privilegios e inmunidades que les otorga la Constitución  a todos los ciudadanos americanos.

 

Puerto Rico cumple con los requisitos para ser admitido a la Unión la condición de acuerdo y sujeto a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y de la Ley Publica 600, a saber, ser un “territorio organizado políticamente como un estado”  tener  una Carta de Derechos, y una forma republicana de gobierno.

 

La Estadidad imparte la dignidad poniendo fin a la colonia, garantizando autonomía local, y extendiéndole los poderes de soberanía estatal, igualdad ciudadana, progreso económico y estabilidad.

 

El resultado del plebiscito del 2012–que el pueblo gallardamente validó en la “Marcha PR escogió la Estadidad”  representa un rechazo contundente al ELA colonial quebrado y fracasado y una afirmación ineludible que Puerto Rico demanda convertirse en Estado de la Unión.

 

Ese, seños Gobernador, es el verdadero consenso.

 

  1. El pacto silvestre  18 de agosto, 2014

 

El llamado debate “silvestre”  en el PPD demuestra que finalmente admiten que el ELA-colonial no es sostenible y que ya no le sirve bien a Puerto Rico para resolver los serios problemas que están destruyendo a nuestro pueblo.

 

Ante la crisis que priva de esperanza a las presentes y futuras generaciones, el electorado revocó su consentimiento al estatus colonial favoreciendo la estadidad con 61%, lo que  no deja la más mínima duda de que los puertorriqueños atesoramos nuestra ciudadanía americana.

 

Este contundente resultado ha desatado en el PPD un cruento debate por definir sus versiones de estatus.  La lucha entre los llamados soberanistas-independentistas  y los colonialistas-nacionalistas revela que el foco de su estrategia es tratar de alcanzar  un “pacto bilateral” con los Estados Unidos.

Las propuestas que han salido a la luz pública oscilan  entre el “ELA soberano”, “ELA culminado” y “ELA refundado”  que son en efecto una republica asociada. En su intento por retener aquellos populares que rehúsan arriesgar su ciudadanía americana, proponen “negociar” para retenerla.

 

El Artículo I de la Constitución obliga al Congreso a que las leyes que afectan la ciudadanía sean “uniformes” en “toda” la nación. La enmienda XIV de la Constitución consigna que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU y sometidas a su jurisdicción son Ciudadanos de EEUU y de los Estados en que residen”.

 

En resumen, la ciudadanía americana es uniforme.  El Congreso no puede crear una “nueva clase de ciudadano” diferente a lo que establece la Enmienda XIV. Tampoco puede ignorarse que la ciudadanía concedida a los puertorriqueños es estatutaria y que la adquirida por nacimiento en un Estado de la Unión es permanente, ya que es de carácter constitucional.

 

Los separatistas/soberanistas pretenden excluir a Puerto Rico de la Clausula Territorial de la Constitución que imparte al Congreso  el poder de legislar sobre todos los territorios de los EEUU.  La pretensión principal del “ELA-soberano o república asociada” es negociar un “pacto” bilateral entre Puerto Rico y la nación americana, “pacto” que ha sido explícitamente declarado inconstitucional por la Rama Ejecutiva y los líderes del Congreso. Entiendan que ningún “tratado” entre naciones puede enmendar la Constitución.

 

El PPD propone un “pacto y una ciudadanía americana diferente”, conceptos inaceptables dentro del marco constitucional americano. Bajo la independencia o la libre asociación,  el Congreso revocaría prospectivamente la ciudadanía estadounidense a los que nacieron en Puerto Rico. Al convertirse Puerto Rico en una república soberana,  los nacidos aquí no serían Ciudadanos Americanos.

Los que pretenden  un pacto similar al de las Repúblicas Asociadas del Pacífico, ocultan que sus ciudadanos son nacionales de repúblicas independientes y NO son ciudadanos americanos. Retamos a los que proponen ese modelo a producir un solo ejemplo de una república independiente asociada con ciudadanía americana.

 

Parafraseando a Martin Luther King: Los que somos Ciudadanos de los EEUU retendríamos la ciudadanía, pero seríamos extranjeros en nuestra propia tierra. Estaríamos renunciando a beneficios que reciben los ciudadanos americanos en los 50 estados pero  tendríamos que cumplir con todas las responsabilidades, incluyendo rendir planillas al IRS por ingresos en el extranjero.

 

La ciudadanía de los Estados Unidos define al puertorriqueño del Siglo 21 tanto los de aquí como a los 5 millones de ciudadanos de extracción puertorriqueña que residen en el continente. Actualmente somos Nacionales y Ciudadanos Americanos, según lo certifican documentos oficiales como el pasaporte, pero las nuevas generaciones estarían sujetas a procesos y estatutos pertinentes de naturalización, incluyendo obtener visado para viajar a Estados Unidos.

 

Ante esa proposición claramente perdidosa, nos reafirmamos en que los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en Puerto Rico no merecen menos que tener iguales derechos, responsabilidades y oportunidades que sus conciudadanos en los Estados de la Unión, y que la estadidad es la única opción que nos garantiza constitucionalmente nuestra preciada ciudadanía americana.

 

  1. Iglesias: Estadista reformista y líder obrero  1 de sept. 2014

Hernán Padilla

Concurrente con la celebración del “Labor Day”  rendimos también tributo al líder obrero, estadista y Comisionado Residente Santiago Iglesias Pantín. Nacido en España, emigró a PR en 1896 donde inició el movimiento obrero local, convirtiéndose  en el “líder obrero” de la Isla.

 

Luego de su primer “mitin” en 1898, Luis Muñoz Rivera, miembro del gabinete español, ordenó su encarcelamiento como “preso político”. Con elecciones convocadas para el 27 de marzo de 1898 por el Gobernador Macías, había que silenciar al propagandista obrero, para evitar su influencia. Al comenzar la guerra Hispano-Americana, Iglesias trató de escapar, pero las autoridades españolas lo encarcelaron hasta que el gobierno americano exigió la liberación de los presos políticos en octubre 1898.

 

Se mudó a New York en 1900, donde trabajó, estudió inglés, se hizo ciudadano americano y gestionó apoyo de las organizaciones laborales nacionales. A su regresó en 1901, reclamó aumentos salariales para los trabajadores, siendo nuevamente encarcelado por violar una ley que antecede el Tratado de Paris, pero el Tribunal Supremo lo absolvió.

 

Iglesias organizó la Federación Libre de Trabajadores y en 1915 el Partido Socialista, convirtiéndose en su portaestandarte. Sirvió en el Senado Territorial del 1917 al 1933.  En 1932, propició una Coalición entre los partidos Socialista y Unión Republicana que se enfrentó al Partido Liberal del senador Luis Muñoz Marín, entonces proponente de la independencia.

 

Iglesias fue elegido Comisionado Residente sobre una plataforma de justicia social y la estadidad como la mejor opción para los trabajadores. En su primer discurso en el Congreso resaltó la necesidad de incluir a PR en todas las medidas nacionales de rehabilitación de la economía.

 

Su gestión fue trascendental, ya que para aquella época el sistema financiero y la banca local y nacional atravesaban por una crisis similar. Durante su término congresional se aprobó  la Ley Bancaria del 1933 que creó el Federal Deposit Insurance Corporation, asegurando los depósitos de los ciudadanos en los bancos locales y estabilizando el sistema financiero.

 

Iglesias batalló  para que incluyeran a PR en el Seguro Social y finalmente logró la cubierta bajo el Buró de Niños y de Salud Pública para las comunidades rurales. En defensa de la industria azucarera puertorriqueña, exigió trato igual a los productores de azúcar domésticos  por ser PR parte de la nación.

 

El historiador Manuel Lin Iglesias destaca que en su primer mensaje ante la Cámara de Representantes, Iglesias enunció que “Puerto Rico es social y políticamente Americano”, “su comercio, practicas e industrias prosperan bajo la bandera americana”, y además que “los puertorriqueños son ciudadanos americanos desde el 1917”. Fue un legislador incansable promoviendo la estadidad para PR, reclamando mejores vínculos con la nación.

 

Los Archivos de la Cámara de Representantes federal destacan que su más importante gestión fue el proyecto para admitir a Puerto Rico como estado de la unión en 1935.  En su discurso enfatizó “la lealtad y sinceridad de propósito del pueblo de PR” y que “hemos cumplido con nuestra obligación y participado las penurias y las alegrías de la nación”. Nunca dejaba de recordarles que al Puerto Rico no tener  voto en el Congreso carecía del poder que tienen los Representantes de los Estados.

 

Iglesias fue herido de bala por el nacionalista Domingo Crespo en 1936. Las balas no lo detuvieron. Una semana más tarde regresó a Mayagüez con el mensaje de que “el bienestar de la gente de Puerto Rico solo se puede lograr dentro de las instituciones americanas”.

 

Honramos a Santiago Iglesias como defensor de la estadidad para el bienestar del pueblo puertorriqueño, líder obrero para mejorar las condiciones de los trabajadores, promotor de reformas económicas para rescatar nuestra economía de la pobreza y como un Comisionado Residente empeñado en el reconocimiento de Puerto Rico como parte integral de los Estados Unidos.

 

  1. El anzuelo de la Ciudadanía Americana 17 de septiembre, 2014

Hernán Padilla

El debate iniciado en el seno del PPD alrededor de la Ciudadanía Americana  expone los malabares de los defensores del estatus colonial, como un estatus temporal y con las maquinaciones del ala “separatistas-soberanistas” para persuadir engañosamente a sus propios correligionarios que no están dispuestos a sacrificar su Ciudadanía Americana.

 

Proponen, sin capacidad jurídica internacional que  “Estados Unidos y Puerto Rico suscriban un “Tratado de Asociación” no colonial y no territorial, reteniendo la Ciudadanía Americana, basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países según definido por las Naciones Unidas, lo que requeriría convertir a la Isla  en una republica independiente.

 

Promulgan un “tratado” al estilo de las Repúblicas Asociadas del Pacífico, pero omiten que sus habitantes no son ciudadanos americanos y ostentan la ciudadanía de cada república.

 

El PPD pretende “negociar” las definiciones y fórmulas para la papeleta del posible plebiscito, valiéndose de la ciudadanía como anzuelo para pescar incautos.  Con esa meta puramente electorera, hasta los “separatistas-soberanistas” favorecen una Ciudadanía Americana utópica para ellos, que nos privaría de los derechos, inmunidades y protección que tenemos bajo la Constitución.

 

Según ellos, “atesoran”  la Ciudadanía Americana, pero a la vez pretenden que el  tenga representación Internacional y Embajadas, determinar cuáles Agencias federales tendría  injerencia en PR, (especialmente las instituciones y Agencias de Ley y Orden), negociar y suscribir tratados comerciales y hasta dictaminar la ayuda que recibiría Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros.

 

Luego de defender por décadas la existencia de un “pacto bilateral”, finalmente el PPD acepta que el ELA no es permanente y que Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Ahora pretenden “un ELA soberano fuera de los poderes del congreso y de la cláusula territorial”, o sea una nación independiente donde no aplicaría la Constitución de los Estados Unidos ni seríamos  ciudadanos americanos.

 

Durante 62 años han sostenido que  el  alegado pacto “no podía ser modificado unilateralmente”. Ahora pretenden “sustituir  la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que supuestamente no podría ser modificado unilateralmente”, afirmación que no es posible  porque  violaría  la Constitución y la soberanía de EEUU.

 

Sus posturas  acomodaticias contradicen la realidad jurídica y constitucional.  Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca (Task Force) han expresado  que un ELA como pretende definirlo el PPD  es inconstitucional, que un “pacto de libre asociación puede ser variado unilateralmente” y que la libre asociación es una versión de independencia. También el Comité de Congresional de Recursos naturales ha llegado a conclusiones similares, sosteniendo además, que el ELA mejorado no es una opción legalmente viable por ser inconsistente con la Constitución.

 

Sobre la ciudadanía, tanto el “Task Force’ de Obama como el Comité Congresional y recientemente el Departamento de Justicia federal a través del caso  Tuaua v. US han expresado clara y contundentemente que si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos y que la ciudadanía del territorio no incorporado de PR es estatutaria y no está protegida por la decimocuarta enmienda de la Constitución.

 

Por ello, ningún estatus político que no sea la Estadidad  garantiza la permanencia de la Ciudadanía Americana a las generaciones presentes y futuras con igualdad ciudadana.  El Departamento de Justicia advierte que “la ciudadanía no es un derecho fundamental de los nacidos en los territorios no incorporados.

Es hora de aprobar una consulta simple, digna y democrática que explícitamente nos ofrezca la oportunidad de resolver el vergonzoso status colonial. El Secretario Holder tiene el mandato expreso de viabilizar un plebiscito sufragado con fondos públicos federales para resolver el estatus de Puerto Rico dentro del marco constitucional de EEUU que nos garantice nuestra Ciudadanía y todos los privilegios e inmunidades que ello conlleva.

 

  1. Abandonan el ELA buscando progreso  9/29/2014

Hernán Padilla

La desesperanza obliga a miles de puertorriqueños a abandonar la isla en busca de seguridad económica y mejor calidad de vida. Contrario al clima depresivo provocado por el fracaso del ELA-colonial,  es evidente que familias completas, principalmente generaciones de edad productiva y reproductiva miran hacia los estados buscando mejorar su destino.

 

La Junta de Planificación consigna que entre 1940 y 1960 la Isla perdió alrededor de un millón de personas resultado de una emigración masiva: “En la década del cincuenta alrededor de 460 mil puertorriqueños fueron a buscar trabajo a los estados”, y  “en la década del 2000, se observó un segundo gran éxodo cuando 297,750 abandonaron la Isla”.

 

Desde “el 2005 se ha notado que el mayor porcentaje de la migración ocurre en la población joven y se ha observado tienen mayor escolaridad. El 20.7% de las personas que emigraron eran profesionales o técnicos, y para el  2000 cerca del 30%  de los hombres nacidos en Puerto Rico con educación universitaria vivían en los Estados”

 

Del total, “96.6 por ciento emigraron hacia algún estado de la nación. El 30.5%  se mudó a Florida,  donde hay más 987,663 “floriricans”, mientras 20.6 % se fueron a New York.  No sorprende que de 78 municipios en Puerto Rico, 76  registraron pérdidas en población”.

 

De otra parte, según Pew Research del 1981-2000 la emigración neta fue de 12,000 personas anuales, que en los últimos tres años incrementa a 48,000 anuales. Mientras, la Agencia AFP informó que Puerto Rico se está despoblando aceleradamente, vía una  migración  masiva hacia EEUU en busca de empleo. A partir del 2010 se aceleró la fuga,  y entre 2010-13 perdimos 144.000 personas.

 

“La clase media puertorriqueña se está reubicando en los estados. De acuerdo al Departamento de Trabajo federal, desde diciembre 2012 se han perdido 42,129 empleos, y de una población civil de 2,872,000 sobre 16 años de edad, solo 988474 tienen trabajo.  No cabe duda de que el colapso político-económico del ELA-colonial es la causal de fondo de esta huida.

 

Otro factor determinante es la desigualdad económica. Según el Censo federal, el ingreso familiar promedio en Puerto Rico se redujo a $19,183, mientras que  el ingreso promedio familiar más bajo en los estados es de $37,479.

 

Reporta Noticel que el porcentaje de hogares que recibe asistencia pública en Puerto Rico está notablemente por encima del nivel nacional; 75 mil de nuestras familias son participantes del Programa de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas, mientras que 670,000 familias reciben beneficios del PAN.

Miles de jóvenes con grados universitarios han tenido que abandonar la Isla por no conseguir empleos proporcionales a su preparación académica: maestros, enfermeras, ingenieros y médicos, entre otros profesionales. Nuestros estudiantes y graduados acuden masivamente a las Ferias de Empleos,  donde agencias federales y empresas privadas vienen a reclutar para trabajos en los Estados.

 

Entre los años 2000 y 2010 aproximadamente 576,000 migraron fuera de Puerto Rico, lo que se estima ha representado una pérdida de ingresos potenciales de aproximadamente $3 mil millones. Según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías, situación que persiste e impacta el mercado y renta de viviendas.

 

Un hijo de padre norteamericano resiente que su padre perdió múltiples beneficios cuando se mudó a la Isla, mientras que la abuela de su esposa, naturalizada americana residente en Miami, tiene todos los derechos como ciudadana.  Sus derechos civiles se afectan por la única razón de residir bajo un estatus colonial de “apartheid” político, segregación ciudadana  y déficit democrático.

 

En resumen, el éxodo puertorriqueño obedece a la búsqueda de seguridad y progreso, plenas garantías constitucionales y mejor calidad de vida en un estado-USA. Además, rechazan la inferioridad, el desempleo y la desesperanza y la sed por igualdad de derechos y oportunidades que les corresponde como ciudadanos americanos.

 

  1. Discrimen geográfico y desigualdad política 13 de octubre, 2014

Hernán Padilla

 

Ante el debate sobre la ciudadanía americana que abruma el partido colonial, continuamos presentando información irrefutable sobre la historia legislativa  del Congreso, cómo se nos concedió la ciudadanía americana y cuál era el compromiso del Congreso y la Rama Ejecutiva con Puerto Rico.

 

El trabajo del Juez Federal José A Cabranes,  publicado en 1979 , es una joya de investigación que valida que la Ciudadanía Americana concedida a los puertorriqueños en 1917 es igual a la ciudadanía de cualquier ciudadano nacido en un Estado, tan pronto un puertorriqueño se muda a un estado.

 

El profesor, Dr. Manuel Gómez, en un artículo que analiza y reseña el trabajo del Juez Cabranes, concluye que la  “desigualdad”  es resultado del “discrimen geográfico” contra los ciudadanos estadounidenses residentes en el territorio colonial, denominado “Estado Libre Asociado”.

 

Dicho “discrimen geográfico” se hace patente en el informe  RL30257  del “Congresional Research Service” que sostiene que los ciudadanos nacidos en Puerto Rico son ciudadanos naturales por nacimiento y hasta pueden ser electos Presidente de los Estados Unidos.

 

Concurro, el discrimen no es contra el ciudadano individual, sino un discrimen geográfico colectivo que nos niega la igualdad de derechos constitucionales y que desaparece con meramente relocalizarse a cualquier Estado.

El proceso de concedernos la ciudadanía americana  comenzó aproximadamente 17 años antes de que se aprobara el Acta Jones en febrero del 1917.  Según reseña Cabranes, el Senador Foraker presentó legislación para concederle la ciudadanía a los puertorriqueños.

 

En el Tratado de Paris, las Filipinas y Puerto Rico eran solo “posesiones”. Cabranes  sostiene que el Congreso soslayó el término “territorial” de la Constitución, al tratar a los territorios como “posesiones o dependencias” sin compromiso alguno de ciudadanía o anexión.

 

En el 1916, cuando se decidió que las Filipinas se convertirían en una nación independiente y que Puerto Rico sería tratado como parte de Estados Unidos se nos ofrece la ciudadanía americana a todos los puertorriqueños. Además, Cabranes sostiene que la naturalización colectiva de los puertorriqueños en e1917 marcó un punto culminante en el desarrollo político de Puerto Rico.

 

Las deliberaciones del Proyecto Jones resaltaron la visión política de la Isla.  Luis Muñoz Rivera dijo que aunque prefería la independencia, eso era una cuestión de sentimientos, pero que el pueblo de Puerto Rico aceptaría la Estadidad. “Yet, if you tender statehood now, I, in the name of my people, accept statehood”.

 

Entiende Cabranes que la propuesta para la ciudadanía fue endosada por Muñoz Rivera, entonces Comisionado Residente, para lograr una “ley más liberal para el gobierno de Puerto Rico”, demostrando nuevamente que su sueño de independencia  era solo una “cuestión de sentimientos”.

 

El Congreso abrió las puertas para que la Isla fuese parte de los EEUU “para siempre”, cuando en el 1917 el destino de nuestro pueblo se convirtió en parte del destino de los Estados Unidos al aceptar voluntariamente la ciudadanía americana.

 

La ciudadanía no se impuso. Se le ofreció a los 1,200,000 residentes de Puerto Rico y sólo 288 la rechazaron. Importante consignar que Muñoz Rivera la endosó, y Luis Muñoz Marín, José de Diego y Pedro Albizu Campos NO la rechazaron.

 

Así, según Cabranes, se constituyó una ciudadanía de segunda clase sin expectativas de igualdad que perpetúa un estatus colonial. El discrimen geográfico contra Puerto Rico y sus habitantes, y la desigualdad política bajo el ELA- territorial violenta el derecho a la igualdad de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

 

Puerto Rico aspira a un futuro mejor sin tener que mudarse a un Estado para disfrutar de todos los derechos constitucionales y civiles que tienen nuestros conciudadanos. Para lograrlo, urge remover los obstáculos que impiden solucionar el estatus dentro del marco constitucional federal para el bien de todos los puertorriqueños, y un futuro lleno de esperanzas para las próximas generaciones.

 

Adenda

 

No cabe la menor duda que el discrimen geográfico afecta a todos y cualquier ciudadano de los Estados Unidos que se mude y es residente en Puerto Rico, sin importar dónde haya nacido, sea natural o naturalizado. Para los que nacieron en los cincuenta estados y se mudan a Puerto Rico, hasta cierto punto es “reverse discrimination”. Pierden sus derechos políticos una vez establecen residencia en Puerto Rico.

 

  1. Territorio-colonial sin consentimiento  Lunes 10 de nov. 2014

Hernán Padilla

Los resultados de las recientes elecciones y la composición del nuevo Congreso federal representan un gran reto, a la vez otra oportunidad para el pueblo puertorriqueño de reiterar su reclamo en contra del estatus territorial colonial

 

Un 69% de los participantes en la encuesta de END  expresó un gran pesimismo y entiende que PR va por mal camino.  Casi dos terceras partes desaprobaron la gestión del Gobernador, quien es el líder de los defensores de la colonia, y a la vez proponen un ELA soberano, independencia y/o una república independiente-asociada a los Estados Unidos.

 

Hemos advertido consistentemente que el fracaso del experimento del ELA-colonial es la causal primaria del colapso económico que mantiene a los puertorriqueños en un estado de depresión y promueve la fuga poblacional.

Para rescatarnos de un estatus de inferioridad como ciudadanos americanos, urge resolver el estatus que nos niega los mismos derechos de igualdad, poder político y oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

 

Es necesario trabajar con el Congreso y el Ejecutivo para que admitan que un territorio no incorporado, sin en el consentimiento de los gobernados, ya no tiene cabida en la democracia americana, por lo que es necesario viabilizar un referéndum y proceder a la admisión de PR como Estado.

 

Mediante el Acta Foraker,  Puerto Rico pasó a ser el primer territorio no incorporado bajo los poderes plenipotenciarios del Congreso, sin el consentimiento de los gobernados.  Según el artículo del Profesor Gómez citando al Juez Cabranes;  “cuando se le concedió en el 1917 la ciudadanía americana a todos los residentes de Puerto Rico tuvo el efecto de perpetuar el estatus colonial”.

 

El estatus “no incorporado” tenía el propósito de retener los territorios bajo la bandera americana, para que fueran posesiones sin formar parte integral del territorio americano y que la Constitución no aplicase a sus residentes. En palabras de Cabranes «The United States thereby acquired not ‘territories’ but possessions or ‘dependencies’ and became, in that sense, an ‘imperial’ power».

 

Después de la  Segunda Guerra mundial, EEUU se encontró con la embarazosa situación de que Puerto Rico era una colonia, pues no tenía el consentimiento de los gobernados. Trataron de resolver el problema mediante la Ley 600 que permitió que Puerto Rico creara su propia Constitución con el aval del Congreso, y a adquirir el máximo de autonomía compatible con aquella de los Estados de la Unión.

 

Ello permitió a los EEUU argumentar en los foros internacionales que ya Puerto Rico no era una Colonia, que su nuevo sistema de Gobierno tenía el consentimiento de los gobernados, y que ya no debía figurar en la lista de territorios coloniales. Sobre esto, el Juez Federal Gustavo Gelpí  argumentó que aunque Puerto Rico todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.

Esta interpretación fue valida hasta  el Referéndum del 2012, cuando el 54% de los electores rechazaron el estatus territorial colonial. El territorio no incorporado ya no tiene el consentimiento de los gobernados, y prácticamente sitúa nuevamente a Puerto Rico en la lista de territorios coloniales de la ONU.

Citando al Juez  Juan Torruellas”  Los EEUU deben sentirse avergonzados de negarle igualdad de derechos  a cuatro millones de Ciudadanos Americanos…. Si se requiere avergonzarlos para que extiendan igualdad de derechos a los ciudadanos de los Estados Unidos en Puerto Rico, una buena dosis es apropiada”. Mas reciente, el Senador Ron Wyden sentenció que la relación actual de PR con los EEUU como ELA colonial socava la integridad moral de los EEUU ante el mundo.

Ante esa realidad, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente que el Congreso termine el estatus colonial ofreciéndoles a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la opción de incorporarse a la Unión como un Estado federado.

 

83.Defínanse, cumplan con su obligación

Hernán Padilla

 

Es hora que el PPD defina los elementos del ELA soberano y lo someta al Secretario de Justicia para que determine si la “independencia solapada”  cumple con los lineamientos constitucionales y de política pública del gobierno federal.

 

Han tenido casi un año para cumplir con la Ley consignada en el presupuesto federal, pero tanto el Gobernador como otros líderes del PPD se esconden detrás de la lucha interna para eludir su responsabilidad patriótica. Esto, a la vez que admiten que el ELA-colonial no es sostenible y que no sirve pata resolver los serios problemas que destruyen a nuestro pueblo.

Evidentemente temen someterse al escrutinio constitucional del Departamento de Justicia. Las propuestas del PPD constituyen el colmo del absurdo, al pretender “negociar” con el Secretario de Justicia las fórmulas aceptables para la solución del status.

 

Su estrategia inicial es que la colonia sea excluida de la Cláusula Territorial. Su propuesta es “sustituir  la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”;, lo que violaría la Constitución y soberanía de los EEUU.

 

Olvidan que la administración de Obama afirmó que no son plausibles cláusulas de consentimiento mutuo (pacto bilateral) toda vez que cualquier Congreso futuro tiene la potestad de modificar unilateralmente la relación. El Congreso, concluyó que el “ELA culminado” es inconstitucional e inadmisible. Además,  la Administración Clinton determinó que el propuesto  “consentimiento mutuo”  es constitucionalmente inaceptable.

 

El PPD tiene que reconocer que  el llamado “ELA soberano” nos convertiría en una nación separada  y que el status territorial perpetúa la desigualdad política y el resultante “déficit democrático”.

 

Las propuestas del “ELA soberano, culminado  y refundado”  equivalen a una republica asociada que no tiene cabida alguna bajo la Constitución americana.

 

La “libre asociación equivale a la independencia” con un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente.  Bajo la “soberanía” que reclaman los líderes populares crearían una nación irrevocablemente independiente.

 

Tienen que aceptar que el ELA es un territorio-colonial segregado donde impera un discrimen político que nos niega la igualdad que tienen nuestros conciudadanos en los estados de la unión y que añoran los ciudadanos americanos en Puerto Rico para lograr nuestro pleno desarrollo dentro del marco constitucional americano.

 

Nuestra condición actual creó un “estado de desigualdad” política que perpetúa una ciudadanía de segunda clase que impide garantizarla a las futuras generaciones; excluye la plena participación democrática en las tres ramas del gobierno federal, y la igualdad de derechos civiles de todos los ciudadanos, el progreso y el desarrollo socio-económico.

 

Los líderes coloniales se contradicen cuando  reclaman  “soberanía”  a la vez que reclaman  fondos y trato  igual que los cincuenta estados. Se niegan a reconocer que bajo el territorio colonial o la república asociada no aplican esas prerrogativas. Son los mismos que insisten en que “somos una NACION”, que definen el ELA-soberano como una asociación política libre y voluntaria entre dos naciones independientes y soberanas, negando que Estados Unidos es nuestra nación.

 

AGP afirmó que: “a pesar de que tenemos una relación, buena o mala, hay que entender que Estados Unidos es una nación que es distinta a la nuestra”.  Los soberanistas no quieren que la Constitución federal aplique en Puerto Rico y rechazan la presencia del Tribunal Federal y las agencias que garantizan la justicia y los derechos civiles en la Isla.

Ello, a pesar del mandato claro y contundente del pueblo de PR en el plebiscito del 2012 demostrando preferencia por la Estadidad y el rechazo del ELA-colonial.

 

Nos corresponde a todos intensificar la lucha por la igualdad y exigir que el Gobernador cumpla con su obligación de someter las definiciones de estatus  al Secretario de Justicia Federal para darle pasó a una consulta plebiscitaria democrática avalada por el Congreso,

 

  1. Last vestige of American Imperialism, The hill, 12/06/14

 

Hernán Padilla, MD *

 

In 1898 Spain ceded Cuba, Guam, Puerto Rico, and portions of the West Indies to the United States. Additionally, Spain surrendered the Philippines to the U.S. for $20 million as part of the Treaty of Paris that ended the Spanish-American War. Cuba and the Philippines became independent nations and only Puerto Rico has been treated as a Territory on the path to statehood.

 

In the case of Puerto Rico, the Foraker Act of 1900 was signed into law by President McKinley, ending the military occupation and initiating a civilian form of government.  Puerto Rico became the first overseas organized possession under the American flag.

 

At the time, defining the island as an “unincorporated territory status” had the purpose of making Puerto Rico a possession, but not a fully integral part of the United States, such that the U.S. Constitution applied only selectively to its residents. In the words of U.S. Court of Appeals Judge José Cabranes, by so doing the United States acquired not «territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.»

 

In 1901.the US Supreme Court was left to define the relationship that the new possessions would have with the USA. The governing doctrine regarding the administration of the possessions is known as the «Insular Cases».  The above doctrine, according to First Circuit JudgeJuan R. Torruella, evolved into a “doctrine of separate and unequal” for the US Citizens of Puerto Rico.

 

The Jones Organic Act of 1917 granted the US Citizenship to all persons residing in the island and bestowed upon Puerto Rico a greater degree of self-government over local matters, moving Puerto Rico closer to becoming an incorporated territory destined for statehood.

 

In 1945, after WWII, the United Nations emerged as a powerful new institution to advance the cause of world peace and human rights. Central to the UN’s initial agenda was the eradication of colonialism, under which 750 million people around the world were then living.

 

In the international context, Puerto Rico’s “unincorporated territory” status became an embarrassment to the United States, because it is a status analogous to the possession of a colony.

 

Acting to address the problem, President Truman helped lead Puerto Rico even closer to statehood.  In 1947, Truman signed into law the Elective Governor Act, which establishes that the “constitutional rights, privileges and immunities of American citizens in Puerto Rico will be respected as if Puerto Rico were a State of the Union”.

 

Soon thereafter, through the Puerto Rico Federal Relations Act of 1950, Congress authorized the Legislative Assembly of Puerto Rico to draft a local, state-like Constitution that would provide Puerto Rico with the maximum degree of local governing autonomy as if it were a state and compatible with the United States Constitution.

 

The evolution of the Puerto Rico’s relationship with the rest of the Union, within our nation’s constitutional framework, was eloquently memorialized in more recent years by Associate Justice Sandra Day O’Connor when she stated that “although Puerto Rico is not a state in the federal Union, ‘it …seem[s] to have become a state within a common and accepted meaning of the word».

Notwithstanding the well intended opinion– that Puerto Rico and US Citizens who reside in Puerto Rico are still, to this day, subject to what amounts to geographic discrimination in the American body politic.

 

The United States’ Supreme Court’s justification of the “constitutional segregation” of Puerto Rico yet stands as an intolerable anomaly, and one that is clearly in conflict with the Founding Fathers’ original intent that no American territory be held as a colony indefinitely.

 

In 1952, a majority of the Puerto Rican people voted to approve the current Constitution. Though that Constitution was a positive step in terms of local self government, in terms of domestic civil rights, said development has not altered the treatment of Puerto Rico as an “unincorporated territory”, thus leaving the island as a colonial status.

 

Evidently frustrated with the discriminatory treatment of Puerto Rico, in 1979 Associate Court Justice William Brennan expressed in his “concurrent opinion   Torres vs. Puerto Rico” that the Insular Cases were anachronism and that the entire Bill of Rights of the US should be applicable to PR.

In the historic 2012 political status plebiscite held in Puerto Rico with 81% voter turnout, the people of the island voted by a clear majority of 54% to reject the current territorial status.  Thus solid majority of island voters rejected the notion of government without consent of the governed.

 

For its part, Congress needs to act to conclude the process that was initiated by the Jones Act of 1917, the Elective Governor Act and the Puerto Rico Federal Relations Act, among others, which are entirely conducive to the historical trajectory that substantially populated organized territories, like Puerto Rico, are on the path to becoming states of the Union.

 

It is incumbent upon Congress to act to correct this festering blemish from our nation’s imperial past, by treating Puerto Rico as a fully incorporated territory of the United States, and approving the necessary legislation to admit Puerto Rico as full member of the Union in equal footing.

 

*The author is former President of the U.S. Conference of Mayors. He served two terms as Mayor of San Juan and currently serves as President of the Founder’s Council of Igualdad, a non-partisan statehood advocacy organization.

 

  1. Acabemos este vergonzoso vestigio colonial, END, 12/08/14

Hernán Padilla, MD *

 

A raíz del Tratado de Paris del 1898, España cedió a EEUU a Cuba y Puerto Rico y recibió un pago de $20 millones por las Filipinas.  Evidencia de que siempre consideró a Puerto Rico de manera diferente, Estados Unidos le concedió la independencia a Cuba y Filipinas, mientras encaminaba a Puerto Rico hacia la estadidad.

El Acta Foraker estableció los pasos para terminar la ocupación militar creando un gobierno civil, y convirtió a Puerto Rico en la primera posesión “organizada”  bajo la bandera americana.

 

La Corte Suprema definió la relación con las nuevas posesiones. La administración de las posesiones se convirtió en una doctrina conocida como los “Casos Insulares”, la cual evolucionó a lo que el Juez Federal Juan R Torruella denominó como “separados y desiguales” al referirse a los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico.

 

El Acta Jones del 1917 fue un paso crucial para encaminar la Isla hacia un territorio incorporado y convertirse en Estado; otorgó la Ciudadanía Americana a todos los residentes en PR y amplió los podres del gobierno local sobre asuntos internos.

 

Sin embargo, el propósito de la designación como “territorio no incorporado”  fue mantener la Isla como una posesión tal que la Constitución federal aplicase de manera  selectiva a sus residentes.  En palabras del Juez José Cabranes, “the United States acquired not «territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.»

 

La creación de las Naciones Unidas trajo consigo el compromiso de eliminar el colonialismo que afectaba a más de 750 millones de personas mundialmente.  Como consecuencia, el estatus de “territorio no-incorporado” de Puerto Rico, equivalente a una posesión-colonial,  se tornó un una situación embarazosa para los Estados Unidos.

 

Sobre esas bases, el Presidente Truman firmó la Ley del Gobernador Electo– un paso que acercó más a Puerto Rico a la Estadidad– instituyendo que  se respetarán “los derechos constitucionales, privilegios e inmunidades  de los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico como si fuera un Estado de la Unión”.

 

Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley de Relaciones Federales y autorizó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a crear una Constitución con el aval del Congreso, similar a la de un Estado, que estableciera un gobierno local con el mayor grado de soberanía compatible con la Constitución de Estados Unidos.

 

La Juez Federal Sandra Day O’Conor opinó sobre la evolución de esta relación dentro del marco constitucional federal: “aunque Puerto Rico no es un Estado de la Unión se asemeja a un Estado dentro de los términos comúnmente aceptados para definir el concepto”.  No obstante, hoy día, Puerto Rico aún vive bajo un estatus de “discrimen geográfico”.

 

La justificación de la Corte Suprema de esta “segregación constitucional” es una anomalía intolerable que contradice la intención de los Fundadores de la Nación de que ningún territorio sería una colonia indefinidamente.

 

La Constitución actual de Puerto Rico fue un paso positivo hacia instituir un gobierno local similar a un Estado, pero en términos de derechos civiles no cambió el trato de Puerto Rico como un “territorio no-incorporado”. El Juez Asociado William Brennan expresó su descontento  con este trato discriminatorio en una “opinión concurrente” que enfatizó lo anacrónico de los “Casos Insulares” y que la Carta de Derechos debía ser aplicable a PR en su totalidad.

 

En el plebiscito del 2012, con la participación del 81% del electorado, un 54% rechazó el estatus territorial actual, revocando el consentimiento de los gobernados al ELA-colonial, y un 61% favoreció la estadidad.

 

El Congreso tiene la obligación de culminar el proceso que se inició con el Acta Jones conducente a la estadidad,  tomar acción para eliminar este vergonzoso vestigio colonial, dar a Puerto Rico tratamiento de “territorio incorporado”  y aprobar la legislación necesaria para su pronta admisión como Estado.

 

  1. Estadidad y productividad traerán progreso 12/26/14

 

http://www.elnuevodia.com/columna-estadidadyproductividad-1917159.html

 

Hernán Padilla

Un estudio ordenado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ELA dramatiza la desventaja de la Colonia que nos priva de la plenitud de beneficios que comparten los estados.

 

Paradójicamente, mientras ese costoso estudio persigue impulsar un plan para allegar más fondos federales, a la vez, el Gobernador y su partido conciben la Isla como una nación separada de EEUU, y entre sus líderes hay quienes proponen un estatus que amenaza la ciudadanía americana. Peor aún, Acevedo Vilá, uno de los encomendados por García Padilla para “definir el ELA”, pretende que los contribuyentes de los estados paguen la deuda pública a cambio de eliminar transferencias federales. Esto, ignorando el rol crucial de esos fondos para sectores de escasos recursos, la infraestructura y el gobierno local.

 

Gracias a las leyes y política pública promulgados por el Congreso y Ejecutivo, que permiten tratar la Isla como Estado para ciertos fines, muchos puertorriqueños han superado la pobreza, estancamiento y colapso del ELA-colonial. Considerando todas las fuentes de ingreso, el total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasa los $23.5Billones.

 

En transferencias directas, ello desglosa en: $12.9billones; préstamos, $2.4B; contratos federales, $1B; salarios, $851M; y $6.3B en más de 141 programas (grants) de los cuales participan activamente agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.

 

Los departamentos federales de Salud, Agricultura y Educación solamente, contribuyen a la Isla $6,414millones anuales. Según el informe, entre las agencias que más fondos reciben se destacan el Departamento de la Familia, la Administración de Seguros de Salud, el Departamento de Salud, Vivienda Pública y la UPR.

 

Sin las transferencias y subsidios federales PR sería un territorio pobre y hambriento. Basta señalar que el gobierno federal asigna $1.4B para Educación; $1.4Bs para Salud, $800M para Vivienda, y $2.2B para Asistencia Nutricional (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

La inferioridad en asignaciones federales del territorio versus los estados es abismal. Por ejemplo, en programas de Salud el promedio nacional es $892.34/persona, mientras que Puerto Rico solo recibe $375.37; en Transportación el promedio/persona es de $216.19, mientras en la Isla es solo $63.33;  y para Educación PR recibe $144.76, cuando el promedio nacional/persona es $241.13.

 

En resumen, más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno proviene de fondos federales. Antes de celebrar la noticia, entérese que la aportación federal para gastos operacionales de los estados es de solo $0.89/persona, versus la friolera   de $166.80/persona en PR. Esto es, la colonia le cuesta al gobierno americano 188 veces lo que utilizan 48 estados para gastos operacionales, a costa de dineros perdidos entre ineficiencias y corrupción que nunca llegan a “la gente”.

 

Evidentemente, el desarrollo económico local está muy rezagado, aún en comparación con los estados más pobres. La ineficiencia, corrupción y falta de paridad del régimen colonial actual impiden que Puerto Rico disfrute los mismos derechos y privilegios de los 50 estados, y obstaculiza un desarrollo económico sostenible basado en la productividad, efectividad y uso óptimo de los recursos.

 

Como ciudadanos americanos orgullosos de que Puerto Rico sea parte de la Nación, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente la igualdad en acceso a los recursos que traerá la Estadidad para beneficio de todos, principalmente, para los desempleados, los pobres y la oprimida clase media puertorriqueña.

 

Entre las opciones constitucionalmente reconocidas, solo la estadidad asegura la estabilidad, clima de inversión, y oportunidades de trabajo que solamente han experimentado en tiempos recientes los territorios admitidos a la Unión. Únicamente la combinación del impulso económico privado combinado con la infusión de fondos federales durante la transición y paridad permanente, garantiza un crecimiento económico conducente a reducir la pobreza, dependencia y ocio que han caracterizado la colonia.

 

Estadidad y productividad traerán progreso 12/26/14

 

http://www.elnuevodia.com/columna-estadidadyproductividad-1917159.html

 

Hernán Padilla

Un estudio ordenado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ELA dramatiza la desventaja de la Colonia que nos priva de la plenitud de beneficios que comparten los estados.

 

Paradójicamente, mientras ese costoso estudio persigue impulsar un plan para allegar más fondos federales, a la vez, el Gobernador y su partido conciben la Isla como una nación separada de EEUU, y entre sus líderes hay quienes proponen un estatus que amenaza la ciudadanía americana. Peor aún, Acevedo Vilá, uno de los encomendados por García Padilla para “definir el ELA”, pretende que los contribuyentes de los estados paguen la deuda pública a cambio de eliminar transferencias federales. Esto, ignorando el rol crucial de esos fondos para sectores de escasos recursos, la infraestructura y el gobierno local.

 

Gracias a las leyes y política pública promulgados por el Congreso y Ejecutivo, que permiten tratar la Isla como Estado para ciertos fines, muchos puertorriqueños han superado la pobreza, estancamiento y colapso del ELA-colonial. Considerando todas las fuentes de ingreso, el total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasa los $23.5Billones.

 

En transferencias directas, ello desglosa en: $12.9billones; préstamos, $2.4B; contratos federales, $1B; salarios, $851M; y $6.3B en más de 141 programas (grants) de los cuales participan activamente agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.

 

Los departamentos federales de Salud, Agricultura y Educación solamente, contribuyen a la Isla $6,414millones anuales. Según el informe, entre las agencias que más fondos reciben se destacan el Departamento de la Familia, la Administración de Seguros de Salud, el Departamento de Salud, Vivienda Pública y la UPR.

 

Sin las transferencias y subsidios federales PR sería un territorio pobre y hambriento. Basta señalar que el gobierno federal asigna $1.4B para Educación; $1.4Bs para Salud, $800M para Vivienda, y $2.2B para Asistencia Nutricional (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

La inferioridad en asignaciones federales del territorio versus los estados es abismal. Por ejemplo, en programas de Salud el promedio nacional es $892.34/persona, mientras que Puerto Rico solo recibe $375.37; en Transportación el promedio/persona es de $216.19, mientras en la Isla es solo $63.33;  y para Educación PR recibe $144.76, cuando el promedio nacional/persona es $241.13.

 

En resumen, más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno proviene de fondos federales. Antes de celebrar la noticia, entérese que la aportación federal para gastos operacionales de los estados es de solo $0.89/persona, versus la friolera   de $166.80/persona en PR. Esto es, la colonia le cuesta al gobierno americano 188 veces lo que utilizan 48 estados para gastos operacionales, a costa de dineros perdidos entre ineficiencias y corrupción que nunca llegan a “la gente”.

 

Evidentemente, el desarrollo económico local está muy rezagado, aún en comparación con los estados más pobres. La ineficiencia, corrupción y falta de paridad del régimen colonial actual impiden que Puerto Rico disfrute los mismos derechos y privilegios de los 50 estados, y obstaculiza un desarrollo económico sostenible basado en la productividad, efectividad y uso óptimo de los recursos.

 

Como ciudadanos americanos orgullosos de que Puerto Rico sea parte de la Nación, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente la igualdad en acceso a los recursos que traerá la Estadidad para beneficio de todos, principalmente, para los desempleados, los pobres y la oprimida clase media puertorriqueña.

 

Entre las opciones constitucionalmente reconocidas, solo la estadidad asegura la estabilidad, clima de inversión, y oportunidades de trabajo que solamente han experimentado en tiempos recientes los territorios admitidos a la Unión. Únicamente la combinación del impulso económico privado combinado con la infusión de fondos federales durante la transición y paridad permanente, garantiza un crecimiento económico conducente a reducir la pobreza, dependencia y ocio que han caracterizado la colonia.

 

Con la apertura de Cuba, ahora más que nunca, tenemos todavía menos tiempo.

 

  1. Cuba y Puerto Rico   01/05/15

Hernán Padilla

 

El Presidente Obama anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU indicando que iniciarían conversaciones para establecer algunos acuerdos mutuos.  Esas discusiones no pueden ignorar el reclamo que Cuba sea un país democrático libre de la dictadura que le niega a sus ciudadanos los más  fundamentales derechos civiles y humanos.

 

La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que los “derechos humanos,  libertades de expresión y prensa, la liberación de periodistas encarcelados y toda persona presa por su forma de pensar; las garantías “de libertades individuales y sociales, el respeto por la labor del periodista y el derecho del público a la información” deben ser la base para cualquier acuerdo.

 

Es imprescindible considerar la política pública de Estados Unidos y la Ley de Democracia Cubana de 1992 (Ley Torricelli), que establece “que EEUU buscará una transición pacífica a la democracia en Cuba mediante  la aplicación de sanciones al gobierno cubano”.

 

Como condiciones para que el Congreso considere enmendar las leyes vigentes, el gobierno cubano debe celebrar elecciones libres e imparciales, darle tiempo a la oposición a organizarse, respetar las libertades civiles y los derechos humanos y establecer un sistema económico de libre comercio.

 

En Puerto Rico el Senado de PR rindió un informe durante 1994 sobre el impacto al turismo cuando ocurriera la apertura de Cuba y en el 2007 Orlando Parga legisló para crear el Instituto Puertorriqueño para la Asistencia Mutua con Cuba Democrática.

 

Durante a años, el analista Arturo Guzmán le ha advertido al gobierno y los sectores que impulsan la economía puertorriqueña que se prepararan para cuando Cuba se reintegrara como un competidor en el comercio y turismo  Caribeño.

 

La década de mayor crecimiento en la historia económica de PR fue la de 1960-1970 y la razón fundamental fue el retiro de Cuba como factor competitivo regional según explica Arturo Guzmán.  Proyectó además, que una vez  Cuba se reintegre como competencia regional,  si no ha ocurrido un cambio del estatus político-económico de Puerto Rico, la Isla sufrirá un impacto devastador a  la maltrecha economía debido al fracaso del ELA.

 

Guzmán sostiene que aseverar que el ELA-colonial pudiera beneficiarse de la “reapertura” de Cuba es completamente errado. Puerto Rico no es único en el ofrecimiento de productos y servicios a una Cuba post-embargo.

 

Los que creen que PR tendrá ventaja ignoran la competencia de estados de la unión, que tienen el poder político, mejores recursos y costos más bajos; y que hemos perdido la exclusividad de acceso al mercado estadounidense por los tratados de libre comercio con Canadá, Méjico, Panamá y muchos otros.

 

“Antes del 1959, Cuba era el primer destino turístico del Caribe. El 70% de los visitantes procedía de EEUU, así que la reapertura de Cuba constituirá una irresistible atracción y recuperarían los mercados perdidos, incluyendo los barcos   cruceros que añadirían a Cuba en sus itinerarios a expensas de Puerto Rico.

 

En cualquier reunión, nuestra delegación de EEUU también tiene la obligación de representar a sus Ciudadanos en Puerto Rico. No puede ignorar que los Castro no han escatimado esfuerzos para subvertir nuestro derecho constitucional a convertir a Puerto Rico en estado.

 

En 1982, cuando fui  Representante Alterno de los EEUU, me dirigí a la Asamblea General de la ONU para recordarle a Cuba y sus cómplices que “la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto que, como ciudadanos americanos,  solo le compete a Puerto Rico y los Estados Unidos.

 

Le recuerdo al Presidente Obama, que hablando a nombre de los Estados Unidos, expresé que “la intervención internacional  afecta ese derecho e introduce un factor foráneo al proceso histórico que transcurre en Puerto Rico. Siempre he sostenido “que somos nosotros los puertorriqueños los que tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de decidir nuestro destino político”.

 

  1. PELIGROSO DETERIORO EN EDUCACION   01/19/15

Hernán Padilla

 

La revelación de que 114,097 puertorriqueños han abandonado la Isla entre enero y septiembre del 2014—que Implica una proyección demográfica de apenas 3 millones para el año 2020—tiene que ser motivo de alarma para todos los sectores.

 

La fuga poblacional, particularmente del sector de edad productiva, es otra evidencia del fracaso del experimento político-económico del ELA-colonial. Entre los  motivos que impulsan el éxodo masivo hacia los cincuenta estados predomina la aspiración de garantizar la mejor educación para sus hijos.

 

El 2014 selló el declive de las finanzas del gobierno cuando las agencias crediticias clasificaron los bonos del Gobierno Central y las principales corporaciones públicas como “chatarra” o de alto riesgo para los inversionistas. Esta caída a nivel especulativo más las erradas políticas públicas de la administración colonial se han convertido en una muralla, que junto a la merma poblacional, garantiza la continuación de la “depresión económica criolla” ya próxima a cumplir una década.

 

Puerto Rico no puede continuar ignorando la fuga masiva de ciudadanos competentes con potencial para generar actividad económica, El gobierno colonial parece estar empecinado en culminar la devaluación de su capital humano, empujando a nivel de “chatarra” el sistema público pre-universitario y universitario, condenando así a Puerto Rico a la bancarrota financiera y educativa, no solo de la presente sino de las próximas generaciones.

 

El estudio titulado “The Ascent and Decline of the Research and Graduate Studies University” in Puerto Rico1985-2014” documenta que la UPR marcó su pico de  productividad y desarrollo en 2012, resultado del esfuerzo concertado de dedicados profesores—cuya contribución la presente administración parece ignorar– lograron que el recinto de Rio Piedras  alcanzara la clasificación Carnegie de “Universidad Intensiva de Investigación”.

 

Está igualmente documentado que dicha  productividad comenzó a declinar después del 2012. Esto, aunque traten de crear la ilusión de que trabajan para adecuar la productividad a las corrientes de globalización, y una política pública que, a los fines de aumentar el número de “estudiantes admitidos” sin ningún criterio de calidad, llevará la institución a un sistema de “admisión abierta” de facto.

 

Ante la emigración de más de 576,000 puertorriqueños en la última década y la consecuente contracción de matrícula en el sistema público– de 640,000 en los 90 a menos de 400,000 hoy–tal parece que lo mejor que se le ocurre a la UPR es menoscabar los requisitos a fin de aumentar el número de estudiantes. Prefieren esta  salida fácil versus encaminar esfuerzos, difíciles pero urgentes, que garanticen que los que ingresen tengan las competencias necesarias para ser exitosos.

Como consecuencia de esta política pública populista, divorciada de lograr el aprendizaje y la competitividad, avoca a la UPR a convertirse en otro “colegio más de cuatro años”; haciéndola irrelevante como socio intelectual en la “economía del conocimiento” como herramienta  para que Puerto Rico progrese.

 

Mientras, el Secretario de Educación informa que el Departamento no cuenta con  suficientes maestros, a pesar de tener ahora una matrícula de 400,000.

 

Peor aún, pretenden resolver el problema rebajando los requisitos para los nuevos maestros a solo 15 créditos en la materia de enseñanza, y a un índice de 2.70, que apenas equivale a una clasificación de C. Pretenden también que  nuestros estudiantes cumplan con las expectativas del gobierno federal y que estén preparados para estudios universitarios, y propiciar una nueva generación de puertorriqueños competitivos en la “sociedad del conocimiento”

 

Mientras tanto, miles de maestros cualificados continúan uniéndose al éxodo en busca de mejores condiciones de trabajo, ingresos, y calidad de vida.  Ante el deterioro del sistema de educación pre-universitaria y el futuro incierto de la universidad del estado, familias enteras continúan mudándose a los 50 estados en busca de la igualdad de derechos, oportunidades y progreso que les niega el estatus colonial del mal llamado Estado Libre Asociado.

 

  1. Visión, aspiración y esperanza lunes 2 de feb.

 

El impacto negativo de las políticas de la administración popular y la fuga poblacional de más de 150,000 en 2014, patentizan el colapso del experimento político del ELA-colonial, y su inferioridad política que mantiene a 3.5 millones de ciudadanos americanos en la Isla clamando por un cambio que les brinde esperanza de un mejor futuro para ellos y sus familias sin tener que mudarse.

 

El Senador Rivera Schatz sostiene que “durante varias décadas, este pueblo vivió el espejismo de una colonia en supuesto desarrollo a base de las asignaciones federales extraordinarias después de la Segunda Guerra Mundial, financiado con fondos federales y predicado en que ese progreso podría ser permanente”. La realidad es que “El espejismo colonial se desvanece  y el ELA, ya no sirve, no funciona y no tiene solución.”

Diariamente nos enteramos de un nuevo problema y de la intensificación de la crisis fiscal resultado de un gobierno guiado por la improvisación, mala administración, y conflictos éticos motivado por el partidismo.

 

El gobierno ignora la expresión mayoritaria que revocó el consentimiento de los gobernados a la colonia. Ha llevado la clasificación de los bonos gubernamentales al nivel especulativo (chatarra) y parece estar resuelto a arruinar a Puerto Rico incrementando la deuda a altísimos intereses.

 

No obstante la crisis, contratan cabilderos para negarle a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la igualdad que garantiza la Estadidad. Sabiendo que la mayoría votará por la Estadidad en cualquier proceso avalado por el Gobierno Federal, obstaculizan el requerimiento de someter al Secretario de Justicia Federal una definición del ELA acorde con la Constitución y leyes de los EEUU.

 

Por un lado, el ex-gobernador Hernández Colon sostiene  “tenemos que asegurarnos que las definiciones se aprueben, que lo que ponemos ahí es constitucional, de tal forma que se pueda celebrar el plebiscito”.

 

También reconoce que el “pueblo de Puerto Rico no apoya la independencia y que para llegar a la Libre Asociación hay que pasar por la independencia, y que Puerto Rico se convierta en un País soberano para poder pactar a nivel internacional con los Estados Unidos”. Señala además, que su objetivo es evitar pasar por la independencia, aunque sabe que ello plantea serios problemas constitucionales que no se han resuelto.

 

Aun así, García Padilla y Hernández Colón insisten en “pedirle al gobierno de Estados Unidos que enmiende sus leyes para que Puerto Rico obtenga poderes adicionales”. Se empeñan en desarrollar el status territorial actual, aunque el concepto ha sido rechazado por las pasadas cuatro administraciones federales.

 

El ELA-colonial continuará sujeto a la cláusula territorial de la Constitución. Lo que proponen se basa en las falacias del “pacto bilateral” y “consentimiento mutuo” que son incongruentes con la Constitución y que pueden ser rechazados unilateralmente por el Congreso.

 

En vista que el PPD rehúsa someter su definición de estatus, Pierluisi ha propuesto una consulta Estadidad ‘Si’ o ‘No’. En respuesta, Hernández Colón  no ha tenido otra alternativa que reconocer que “una consulta de Estadidad ‘Si’  o ‘No’ la gana de calle la Estadidad”, y conminar a su partido a instrumentar un plebiscito con definiciones de estatus reconocidas por el Departamento de Justicia Federal.

 

La misión de los luchadores de la igualdad es lograr que Puerto Rico advenga a ser Estado para adquirir la plenitud de derechos, oportunidades, progreso y poder político que dicho estatus asegura, participar como iguales en el proceso democrático nacional, votar por el Presidente, tener su propia Delegación en el Congreso y convertirse en socio de la Federación de Estados que conforman los Estados Unidos.

 

Esa convicción ha ganado terreno aceleradamente, tal que se ha convertido en la aspiración y esperanza del Pueblo puertorriqueño, especialmente todos los que sufren los estragos del fracaso y colapso del ELA-colonial.

 

Aún el propio RHC admite era realidad histórica.

 

  1. La quiebra del ELA Lunes 16 de febrero, 2015

Hernán Padilla

En mi columna del pasado 2 de febrero describí el colapso del experimento político del ELA-colonial. Ante la crisis económica que ellos mismos precipitaron,  la administración legisló a toda prisa una ley improvisada y defectuosa para permitir la quiebra de corporaciones públicas, obligar a reestructurar sus deudas y aplazar o reducir pagos, que provocó numerosas degradaciones crediticias y la pérdida del acceso a los mercados de capital.

 

La reacción de los bonistas fue igualmente contundente: radicaron una demanda ante  el Tribunal Federal planteando su inconstitucionalidad. En su determinación el Juez Federal Besosa declaró inconstitucional la Ley de Quiebra Criolla: “la ley es invalidada por el código de quiebras federal y, por tanto, es nula de conformidad con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”.

Ahora, exacerban aún más la situación imponiendo una llamada “Reforma Contributiva”  y un Impuesto de Valor Añadido. (IVA)  que sumado a la infame “Crudita” afectará todos los sectores de la economía puertorriqueña, incluyendo la educación superior.

El Comisionado Residente Pierluisi sostuvo, desde un principio,  que “la restructuración del pago de deudas es un asunto federal que sólo puede atenderse de acuerdo a la Constitución y las leyes de los EEUU”.  En ese espíritu, acaba de radicar por segunda vez legislación para que PR tenga acceso como un Estado al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal tal que, de incurrir alguna agencia en una situación de insolvencia, pueda reorganizarse bajo un estatuto constitucionalmente  reconocido y validado  en numerosas ocasiones en entidades públicas similares a la AEE, ACT y AAA.

El experimento colonial ha llevado a la Isla  a la quiebra y la situación continúa empeorando aceleradamente. La evidencia abunda: la insolvencia fiscal gubernamental y de la economía puertorriqueña; la pobreza que afecta a más del 50% de la población; 40 municipios bajo el nivel federal de pobreza y en insolvencia operacional; y la emigración de sectores productivos.

La falta de credibilidad de la administración colonial de turno ha repercutido en los centros de poder político y económico nacionales e internacionales. Urge pues, implantar un plan comprensivo de desarrollo y recuperación de Puerto Rico que incluya la resolución del status político. Si no se resuelve definitivamente ese ancestral problema, será imposible revertir la situación económica.

 

La gran incertidumbre que causa nuestra indefinición política, agravada por la falta de competencia de los actuales administradores coloniales, desalienta la inversión privada y es causal fundamental de la presente depresión económica.

 

La estadidad es la opción óptima para garantizar un buen futuro para Puerto Rico, que le ganará poderes constitucionales, políticos y económicos que promoverán estabilidad, seguridad y progreso. La admisión como Estado potenciará las fuerzas para el desarrollo económico y mejoramiento en la calidad de vida que aspiran todos los puertorriqueños.

 

Como Estado de los EEUU, PR adquirirá una estatura que le abrirá puertas a nivel internacional. La seguridad, solvencia y estabilidad política tendrán un efecto considerable en allegar inversionistas y nuevas industrias que generen empleos.

 

La admisión de Puerto Rico como estado revertirá la perdida poblacional del presente.  La seguridad de la Estadidad atraerá nueva población que revitalizará la economía mediante el rescate de miles de viviendas vacías y abandonadas, así como la deprimida industria de la construcción.

Los ingresos adicionales que conlleva la Estadidad permitirían al gobierno local reducir considerablemente la carga contributiva,  ya que el gobierno federal supliría los fondos para servicios y programas que ahora sufraga a duras penas el erario estatal.

Ante la realidad innegable de que el pueblo de Puerto Rico revocó su consentimiento al status político-económico actual, es imperioso concentrar todos nuestros esfuerzos en lograr que sea admitido como estado a la mayor brevedad posible,  y así evitar el colapso dramático que se avecina si continuamos dentro del presente régimen colonial.

  1. Advertencias sobre el IVA   lunes 2 de marzo, 2014

Hernán Padilla

Deseo analizar algunos lineamientos del plan del régimen colonial para generar nuevos ingresos para el gobierno mediante un Impuesto de Valor Añadido de 16%  sobre productos y servicios, que aumentará el costo desde el origen de la cadena hasta llegar al consumidor y que hará daño a la gran mayoría del pueblo puertorriqueño.

 

Hacienda recaudaría $6.67 billones con el IVA, asumiendo una captación de solo el  75%. El ingreso neto al Fondo General sería $2,504 millones, ya que proyectan usar $700 millones para COFINA, más otros descuentos. El Banco de la Reserva Federal en Dallas concluyó que el crecimiento del gobierno disminuye el crecimiento económico general. El estudio de KPMG, que costó $4.7 millones, confirma el efecto adverso de una contracción de 0.53% que el IVA causaría en el Producto Bruto Interno.

 

La implantación y administración del IVA requerirá enormes recursos y cambios fundamentales en la estructura y operaciones de Hacienda, En un informe de 2008, el GAO concluyó que aun el modelo más simplificado del IVA le impone al sector privado mecanismos muy complejos que requieren más recursos gubernamentales  para asegurar cumplimiento.

Sergio Marxuach, del Centro para una Nueva Economía,  ha insistido en la regresividad del IVA y que lleva a pobres, jóvenes y ancianos a incurrir en gastos superiores a sus ingresos, que resulta en una carga impositiva relativamente mayor que en personas de mayores ingresos. Añade que “la imposición del IVA sobre los alimentos, medicinas, servicios médicos y servicios educativos es inmoral e injusta”.

 

En su publicación “Beware the Value-Added Tax”  Mitchell denuncia que un IVA es un mecanismo para sostener el gigantismo gubernamental, según demuestran los gobiernos europeos que lo han implantado.  Concluye que los países con IVA tienen impuestos totales más altos. Puerto Rico no será la excepción.

 

Otros estudios arrojan que un IVA promueve mayores gastos gubernamentales, la imposición de más impuestos, pérdida de empleos y retraso del crecimiento económico, porque transfiere los recursos productivos del sector privado al gobierno.

 

El IVA es un desincentivo a la inversión en iniciativas empresariales. Obliga a los negocios a convertirse en “cobradores de más impuestos” y a producir informes al gobierno que les acarrean costos operacionales insostenibles. De hecho, su implantación en Canadá provocó que el 25% de los negocios se refugiaran en la economía subterránea.

 

La oposición amplia contra la implantación del IVA en PR no es sorpresa. Un IVA de 16% debilitará aún más nuestra agonizante  economía incrementando los costos de productos y servicios,  Tendría un marcado efecto inflacionario, toda vez que  85% de lo que consumimos es importado y toda la red de distribución tendría que pagarlo.  Esto resultará  en menos dinero circulando en la economía por atrición y más compra por Internet.

 

Por otro lado, el efecto del IVA en las compañías que generan productos y servicios para exportación será devastador, y exacerbará el desbalance comercial entre exportación e importación,  que ya padece la deprimida economía colonial.

 

La economía local está integrada a la economía nacional.  En ningún Estado de la Nación  hay IVA. Su imposición  unilateral en PR podría constituir una medida hostil a las exportaciones e incluso violar el comercio interestatal al complicar y desalentar las transacciones comerciales con los estados y enajenado los negocios en PR. La Constitución prohíbe a los estados imponer impuestos en transacciones  comerciales interestatales porque promueve desventajas económicas.

 

Es preciso recalcar que como parte de la Nación americana disfrutamos de los beneficios de los tratados de libre comercio entre EEUU y otras naciones. Nuestros productos, al ser americanos, entran libremente en esos países al igual que sus importaciones entran libremente a la Isla. Por tanto,  advertimos que toda relación internacional y/o transacción comercial con el extranjero,  incluyendo impuestos,  están reglamentadas por las leyes federales que prohíben imponer impuestos a productos importados del extranjero.

 

  1. El IVA nos impacta a todos

Hernán Padilla

Los comentarios sobre mi columna “Advertencias sobre el IVA”  y la oposición a este impuesto han sido tan abrumadores que me obligan continuar a urgiendo a esta administración que desista del Impuesto de Valor Añadido de 16%  sobre productos y servicios que propone.

Han gastado $4.7 millones, sin incluir  partidas publicitarias, en un proyecto que será devastador para Puerto Rico. En la usual improvisación que caracteriza esta administración, ni los propios líderes legislativos tienen una idea clara de la forma final de este proyecto  ni a quienes aplicará este gravamen.

El efecto cascada del IVA encarecerá los bienes y servicios a los consumidores e impondrá unas cargas insostenibles a los comerciantes y profesionales. Ya que el IVA solo puede cobrarse a empresas con presencia física en la Isla, la inflación de los precios llevará a muchos ciudadanos a comprar por internet,  y como consecuencia muchos negocios quebrarán.

Los exportadores estarán sujetos a pagar IVA por varios productos que importan , incluso  los que no son materia prima, así como por los servicios requeridos para su operación, tal que no necesariamente podrán recuperar la totalidad pagada como crédito. Esto, sumado a la esperada baja en consumo, los hará menos competitivos (para exportar).

El gobierno proyecta recaudar unos $2.5Billones con la llamada “Transformación” que proponen, aun sabiendo que el aumento en impuestos provocará una contracción en la economía según el propio informe de KPMG.

Inicialmente, proyectaban recaudar $170 millones sobre la educación privada, y $480 millones sobre los servicios médicos.   Aun presumiendo que estos últimos sean eliminados, Clyde H Fasick Juliá, ex Presidente del Ashford Medical Center, sostiene que los médicos pagarán IVA por equipo, materiales y servicios, pero como no pueden cobrarle IVA a sus pacientes de Medicare y Reforma, se verán obligados a recuperar esos costos de sus pacientes privados. Advierte que oficinas donde la mayoría de los pacientes sean de Medicare y Reforma tendrán que cerrar.

Aunque es posible que las primas de seguros queden exentas, los demás componentes de la cadena del IVA no lo estarán. El impuesto de 16% aplicará al deducible que su plan tenga contratado según la póliza, y a aquella porción del tratamiento que el plan pague bajo dicha póliza.

El doctor Héctor Ríos Maury sostiene que aumentar un16 % en todas las fases de la cadena de un producto o servicio en medio de una recesión/depresión como la que vive PR será un grave error. Este gravamen provocará una inflación en una economía ya deprimida aumentando los costos de operación para los empresarios, disminuyendo su capacidad competitiva, agudizando la recesión, reduciendo las ventas y el  acceso a créditos y financiamientos, que redundará en un incremento en las quiebras corporativas.

 

Por otro lado,  el IVA desincentiva el espíritu empresarial. Los “Pymes” se verán impactados por la implantación de una tasa corporativa fija de 30% y los proveedores de servicios (como diseñadores) quedarán en desventaja contra competidores del exterior. Igualmente, las compañías de construcción de hogares verán aumentar significativamente el costo de su materia prima, en una industria sumamente decaída.

 

Concurro con las recomendaciones de Ramón Ponte, CPA, a los efectos que se presente un análisis completo del costo-beneficio de todos los incentivos contributivos y una propuesta sustentada  y específica de reducción de gastos gubernamentales, comenzando con la eliminación de gastos publicitarios, (y que incluya llevar nuevamente a votación la propuesta enmienda constitucional para reducir el número de legisladores).

Ante una oposición virtualmente unánime, tarde o temprano tendrán que desistir de este destructivo experimento que amenaza con terminar de ahogar al Pueblo.  En vista del fracaso del ELA-colonial, ya es hora que respeten la democracia y den paso al plebiscito para resolver el estatus de Puerto Rico como la verdadera alternativa para rescatar política y económicamente esta Isla.

  1. La verdadera solución  30 de marzo, 2015

Hernán Padilla

La intensidad del debate sobre el IVA, IVU y la llamada “reforma contributiva” refleja que el pueblo está profundamente preocupado por la crisis económica que impacta a toda la población y afectará las generaciones futuras.

No podemos analizar la economía sin reconocer que Puerto Rico ha estado bajo la bandera americana desde 1898 y que los ciudadanos americanos puertorriqueños  residentes en la Isla no disfrutan de los mismos derechos y oportunidades que nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Es innegable que no empece las diferencias en preferencia de estatus los partidos han conducido el gobierno desde 1948 bajo un mismo modelo político-económico. Mientras, la historia ha probado que ambas dimensiones, la política y la económica, son interdependientes, lo que imposibilita transformar una sin también transformar la otra.

Durante el mandato de gobernadores PPD se ha creado un déficit estructural permanente y una carga insostenible a la economía. En los ocho años de los gobernadores Calderón y Acevedo, la deuda pública se elevó por 135%,  de $24,000 a $57,000 millones.  Del 2006 al 2009, sobrestimaron el crecimiento económico por más de $8,300 millones y usaron proyecciones ilusorias para justificar presupuestos inflados.

Ignorando  que sufrimos una recesión desde febrero del 2006, cometieron el grave  error de aprobar legislación autorizando exenciones a la prohibición de cuadrar el presupuesto mediante préstamos, permitiendo obligaciones pagaderas con  contribuciones futuras y proyecciones sobrestimadas, exacerbando así el déficit.

La extrema precariedad del cuadro financiero del ELA bajo la incumbencia de García Padilla responde a la incoherencia e inefectividad de sus políticas. Bajo la presente administración,  las casas crediticias clasificaron el gobierno central, el BGF y las corporaciones públicas como riesgo especulativo o “chatarra”. En comparación, en el 2009, los 50 Estados de la Nación disfrutaban individualmente de una clasificación de A1. Es ineludible admitir que el modelo político económico de los Estados posee características y ventajas socio-económicas que están ausentes en el modelo del ELA-colonial.

Nuestra lucha es un reclamo por nuestros derechos ciudadanos y por la oportunidad  de integrarnos al modelo económico que ha probado ser, en los 50 estados, el más exitoso en la historia de la humanidad.

Este debate tampoco puede ignorar que las ayudas federales sostienen la economía de Puerto Rico. Mientras reniegan nuestro vinculo con la Nación americana, los defensores de la colonia quieren a la vez que PR disfrute de todos los programas federales, buscan paridad bajo el concepto de “equal protection under the law”, pero se oponen a la verdadera igualdad que solo garantiza la Estadidad.

Si no se resuelve el problema del estatus de PR será imposible evitar el total colapso político y socio-económico de nuestra Isla. Procurar la resolución del estatus no es incompatible con sacar a Puerto Rico de la bancarrota en que nos ha sumido el ELA-colonial desde el 1952.

La salida de la actual crisis  no es más impuestos ni una “reforma contributiva” que obstaculice nuestro ingreso a la economía de los Estados de nuestra nación. La ruta hacia la solución es erradicar la incertidumbre que causa nuestra indefinición política, agravada por la falta de confianza en los actuales administradores,  que desalienta  la inversión.

 

Para una verdadera recuperación, será necesario generar más de 28,000 empleos anualmente por los próximos 7 años, esto sin contar con la reducción de empleos en el gobierno o el cierre de empresas y negocios. La admisión como Estado traería inmediatamente más empleos federales e incrementará la actividad comercial.

Tenemos que rescatar a Puerto Rico de la depresión económica e inseguridad endémicas de un estatus colonial, inferior y sin futuro.  La estadidad es la solución permanente a nuestra actual crisis económica atrayendo inversiones, evitando la emigración masiva y fomentando la confianza y el optimismo, como ha ocurrido en todos los territorios cuando se convirtieron en Estados.

 

  1. La nueva frontera económica de EEUU lunes 13 de abril, 2015

 

Hernán Padilla

El Gobierno de Puerto Rico está al borde de la insolvencia fiscal, que puede desembocar en un cierre y/o impago de sus deudas. Nuestro sistema económico está a la deriva, al margen de la creatividad y flexibilidad características de la economía globalizada.

 

Complica más el cuadro que la actividad económica se contrajo por 2.5% y 1.6% en enero y febrero respectivamente, que el BLS Federal certificó 17,333 empleos menos que lo informado, y proyecta otra caída del Producto Neto Bruto.

 

Esta crisis tiene su raíz en el agotamiento del sistema político-económico imperante, el gigantismo gubernamental, gastos públicos desmedidos, y el endeudamiento, que la actual administración intenta  mitigar con más impuestos y préstamos, no empece a que las ayudas federales representan el 40% del ingreso por persona.

 

El tamaño del gobierno es desproporcional versus un ínfimo sector privado. Balancear el presupuesto será imposible sin ajustes considerables y sostenidos. El ciclo vicioso de una economía en contracción agravada por una incremental carga impositiva deprime aún más la economía. Tener el mayor tributo al consumo de toda la Nación, combinado con el menor ingreso per cápita, es la mayor evidencia de la insostenibilidad económica y política del sistema colonial.

 

La Isla ha perdido su atractivo a la inversión por la sucesión de desacertadas políticas que han paralizado y retrocedido su crecimiento económico. El Grupo de Trabajo de Casa Blanca reconoció la perenne  desconfianza/incertidumbre que ha  caracterizado el estatus colonial, y que lo frena económicamente.

 

Para comenzar a superar esta crisis, urge lograr un crecimiento económico rápido y sostenido que únicamente la Estadidad puede viabilizar, al brindar certeza y seguridad a la inversión vía nuestra plena integración a la economía nacional. La Estadidad garantizará la igualdad a los puertorriqueños, finalizará un estatus inferior y discriminatorio, y nos dará derecho a representación congresional proporcional, ofreciendo confianza a los inversionistas que su capital estará protegido por la Constitución americana.

No podemos ignorar que la economía puertorriqueñaestá integrada a la economía nacional y  es por tanto, incompatible con la de una nación independiente. PR  se rige por la Constitución americana y la Clausula de Comercio Interestatal. No puede emitir deuda “soberana” por ser una colonia bajo los poderes del Congreso y el Ejecutivo.

 

Aunque históricamente se ha tratado a PR como un “Territorio incorporado”, es una jurisdicción vulnerable a cambios unilaterales del Congreso. La falta del poder político, de paridad en programas federales, y la percepción equivocada ante el mundo de que no somos parte de EEUU genera incertidumbre y menoscaba el atractivo a la inversión.

Un atributo primario de Puerto Rico para atraer inversión es ser parte de Estados Unidos. Una vez encaminada la transición a la Estadidad, la Isla será percibida como “la nueva frontera económica de EEUU” lo que atraerá considerable capital local, nacional e internacional.

 

Con la Estadidad se establecerán nuevas agencias y empleos federales, y un ambiente de seguridad que atraerá nuevas oportunidades. Puerto Rico experimentará un auge de desarrollo económico similar al que disfrutaron los 37 territorios que ingresaron a la Unión.

 

Es preciso, a la vez, transformar el gobierno local, incluyendo agencias y dependencias, en agentes que asistan y faciliten la inversión privada como la fuente primordial en la creación de empleos, eliminando la competencia gubernamental y privatizando los bienes del gobierno que no cumplan un fin público esencial.

 

Aspiramos a la Estadidad, no para que la administración local obtenga más fondos federales para gastar, sino como ancla para estimular el crecimiento de una actividad económica no gubernamental que redunde en más empleos, mejores    salarios y menos dependencia del estado.

 

El cambio de estatus político-económico nos permitirá desarrollar y ampliar el modelo de una economía abierta, con un clima empresarial atrayente, y en un ambiente político internacionalmente reconocido, respetable y estable.

 

  1. ELA, el apartheid Americano;  miércoles 29 de abril, 2015

Hernán Padilla

Ante la crisis que atraviesa Puerto Rico luego de más de seis décadas bajo un estatus político-económico fracasado y mientras el Pueblo anhela la resolución del estatus hacia igualdad, resulta  imperativo examinar nuestra Ciudadanía y  Constitución americanas.

Puerto Rico es el primer territorio al que el Congreso concedió tener su propia Constitución y sistema de “Gobierno Republicano”. El Congreso y el Ejecutivo autorizaron parcialmente a PR poderes que corresponden exclusivamente a territorios encaminados a la admisión como Estados de la Unión.

No es hasta el 2012 que el Pueblo se expresó mayoritariamente en favor de la estadidad en un referéndum, no empece a que los líderes coloniales del PPD aún promulgan efectivamente una interpretación falsa, errónea, partidista y acomodaticia a sus resultados y deliberadamente  evaden el reconocimiento de que la Estadidad representa os la culminación del “Gran Experimento Americano” y la igualdad ciudadana.

El movimiento estadista, correctamente, continúa denunciando a nivel local y nacional el que no se ha resuelto el estatus tras ese mandato, mientras otros atribuyen responsabilidad al Congreso por no haber encaminado la admisión, especialmente, cuando los arquitectos del experimento americano rechazaron contundentemente la posibilidad de mantener “territorios coloniales permanentes”.

 

Como Ciudadanos Americanos, es fundamental comprender la Constitución de EEUU y que ha evolucionado, ampliando la definición  de “We the people” para incluir al Pueblo como los verdaderos soberanos de la República y que los poderes del Ejecutivo y del Congreso emanan del Pueblo.

No obstante, siendo PR un territorio no incorporado (incorporado de facto), la Igualdad que garantiza la Constitución Americana en su quinta y decimocuarta enmiendas no se ha hecho completamente extensiva a los Ciudadanos Americanos residentes en la Isla, quienes permanecen excluidos del pleno disfrute de muchos derechos fundamentales.

Mientras, no tengamos el derecho al voto Presidencial, a elegir una representación proporcional y a participar en igualdad en el gobierno federal, y no  disfrutemos de todos los derechos, privilegios y responsabilidades, la Nación tiene que reconocer que el estatus actual, las leyes existentes e interpretaciones del Tribunal Supremo de EEUU excluyen injustamente a sus conciudadanos en PR de ser parte integral de “We the People”.

Es sencillamente inaceptable que los conciudadanos de PR vivan bajo un déficit democrático, sin los derechos civiles y constitucionalmente fundamentales que nos corresponderían como Estado.

El Congreso no puede ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus Ciudadanos. Insisto que la Enmienda XIV creó una Ciudadanía Nacional y nos convirtió en una Nación de Ciudadanos, que exceptúa a PR, cuyos constituyentes carecen de los mismos derechos por no haber viabilizado la soluciona del estatus y ser admitidos como Estado.

El actual territorio colonial, erróneamente llamado ELA, equivalente a un “apartheid americano”. La Constitución establece el proceso para resolver esta injusticia, representativa de los últimos vestigios del colonialismo. La lucha por la igualdad de derechos, oportunidades, progreso y respeto como Ciudadanos Americanos es una lucha MORAL y constitucional para ser admitidos como Estado y disfrutar del poder natural y político que confiere la plena Ciudadanía Americana.

Cinco millones de puertorriqueños residentes en los 50 Estados ya disfrutan de todos los derechos constitucionales y se han convertido en “We the people”. Para que los ciudadanos americanos en PR logremos lo mismo, el Congreso tiene la obligación de viabilizar la verdadera solución democrática que nosotros nos merecemos: la Estadidad.

Ante la renuencia contumaz del la administración colonial de someter la definición de estatus requerida para un referéndum avalado por el Congreso, procede que  tanto el Congreso como el Ejecutivo apoyen  el referéndum  “Estadidad Si o NO”.

Ya basta de retorica.  Exijamos el final de esta imposición política humillante vergonzosa que mancha la gran Nación Americana y les niega la igualdad a los ciudadanos americanos en PR.

 

  1. Discrimen contra la Mujer Puertorriqueña, lunes 11 de mayo

 

Hernán Padilla

El colapso político y económico del ELA acareará consecuencias adversas para todos los sectores y en particular, la mujer.  Según el artículo sobre (Are we there yet?), “un grupo de mujeres profesionales que  busca abrir camino a las féminas en el mundo de negocios, erradicar prejuicios y que luchan por la igualdad en espacio laboral” conversaron sobre  “el prejuicio contra las mujeres que se ha convertido en el nuevo discrimen del siglo 21”.

 

Si bien felicito su iniciativa, ese esfuerzo no puede limitarse a la desigualdad en el trabajo y remuneración. Precisa igualmente analizar  las condiciones inferiores que adolecen todas las mujeres en PR por carecer de las mismas oportunidades, empleos, salarios y progreso que disfrutan sus conciudadanas en los 50  Estados.

 

Respetuosamente sugiero reclamen los derechos constitucionales que hoy se les niegan a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. La XIX Enmienda de la Constitución de EEUU establece que “el derecho de sufragio de los ciudadanos de los EEUU no será desconocido ni limitado por los EEUU o por Estado alguno por razón de sexo”. No obstante, las mujeres en la Isla permanecen privadas del derecho de votar por el Presidente y elegir una delegación Congresional que las represente.

 

La organización no partidista “Mujeres de Igualdad”, analizando los derechos de las mujeres en PR, sostiene que nuestra situación colonial las mantiene en una condición de inferioridad y discrimen y que la falta de igualdad política, la inequidad en el trato y la falta de oportunidades violentan sus derechos, es injusto e indignante para la mujer en Puerto Rico.

 

Durante el Foro “En busca de la Igualdad: Retrato de la Mujer Puertorriqueña”, (marzo 2014),  se reportó una población de 1.9 millones de mujeres residentes en PR para un 52% del total; 43% son jefas de familia; y que 6 de cada 10 estudiantes universitarios y 13 de cada 20 graduados de universidades son mujeres.

 

De las mujeres de 25 años o más que trabajan, miles viven bajo el nivel de pobreza federal. La pobreza es una realidad para el 63% de aquellas sin Escuela Superior, del 38% de las que tienen alguna educación postsecundaria o Grado Asociado, y del 14% de aquellas con Bachillerato o más.

Se estima que unas 110,000 mujeres migraron al Continente entre 2010-2014, 52% con edad mediana de 30 años y en la fuerza trabajadora. Se van de la Isla mujeres solteras o con hijos en edad productiva, privándonos de las próximas generaciones indispensables para la continuidad de nuestra sociedad.

 

En el 2014 Rita Moreno nos recordó cuando ella emigró en busca de mejores oportunidades. Rita es un maravilloso ejemplo de superación y de cómo la desigualdad conduce a una despoblación cada vez mayor de PR. Como ella,  mucha de nuestra gente talentosa y profesional se ve obligada a dejar nuestra Isla en busca de mejores probabilidades de éxito.

 

Mientras PR continúe bajo el estatus territorial- colonial, el fracaso económico  y la falta de igualdad de oportunidades con los estados de la unión continuarán motivando que miles de mujeres se unan a los 5 millones que ya residen en el continente.

 

Las mujeres puertorriqueñas llevan una carga desproporcional de injusticia e inequidad. Les afecta la falta de acceso a servidos de salud adecuados; mejor educación para sus hijos; desigualdad en el trabajo y una remuneración inferior a los estándares nacionales y en comparación con la de los hombres en Puerto Rico.

 

Exhorto a las mujeres ciudadanas americanas residentes en PR a que reclamen el derecho a la igualdad que ellas y su familia merecen; derecho que solo se garantiza con la estadidad para Puerto Rico. Ese reclamo también es nuestra responsabilidad porque lograr la igualdad para la mujer y la familia es una lucha de todos.

 

  1. Honor a nuestros héroes 25 de mayo, 2015

Hernán  Padilla

El último lunes de mayo, conocido como “Memorial Day”, honramos a los caídos en el campo de batalla. El Día de Recordación se instituyó  en 1868, luego de la Guerra Civil, en reconocimiento a los soldados fallecidos en ese conflicto.

 

El General de División William Navas, ex Jefe de la Guardia Nacional Terrestre, nos recuerda que en 1917 la conmemoración se extendió a los caídos en la Primera Guerra Mundial y en lo sucesivo a futuros conflictos. También en el 1917, mediante el Acta Jones, el Congreso le confirió a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense.

 

Es preciso reconocer y homenajear a los que han sacrificado sus vidas, así como encomiar a los hombres y mujeres que  se sacrifican por la democracia que garantiza el disfrute de los derechos y privilegios de esta gran Nación.  Entre esos héroes hay cientos de miles de puertorriqueños que han servido honrosamente en las Fuerzas Armadas  sin poder a cambio participar plenamente de una verdadera igualdad de derechos.

 

Tanto como 18,000 boricuas participaron en la Primera Guerra Mundial, 65,034 en la Segunda Guerra Mundial, y 61,000 en la Guerra de Corea. Cabe señalar que el General Douglas MacArthur expresó, “me hubiera gustado tener más tropas como los puertorriqueños del Regimiento 65 de Infantería 65, por su valor en el combate”.  El 65 fue el Regimiento más decorado en la Guerra de Corea.

 

Mientras, en Vietnam, sirvieron 48,000 puertorriqueños y 345 murieron en combate. Cuatro fueron reconocidos con la “Medalla de Honor del Congreso”: SPC4 Héctor Santiago Colon; Capt. Eurípides Rubio; PFC Carlos Lozada y Capt. Humberto Roque. El Sgto. Ángel Méndez, USMC fue condecorado póstumamente.

 

En su mensaje al “Puerto Rico Bar Association of Florida” en octubre del 2008, el General Orlando Llenza, ex Ayudante General de la Guardia Nacional de PR realizó un excelente recuento del rol de los puertorriqueños en el servicio a la Nación. El Mayor General Luis Raúl Esteves, quien fuera compañero de clase de Eisenhower y primer boricua graduado de la Academia Militar de West Point, fue quien organizó la GNPR.

 

El Teniente Frederick Riefkhol, primer puertorriqueño graduado de la Academia Naval de Annapolis fue nombrado  “Rear Admiral”  durante la segunda Guerra Mundial. El Capitán  Mihiel Gilormini (US Army Air Corps) fue condecorado por sus servicios en África, Sicilia, Italia y Francia, y a su regreso ayudó a organizar la  Guardia nacional Aérea de Puerto Rico junto  al Brigadier General Alberto Nido.

 

De acuerdo a Dennis Freytes, ex Comandante de Infantería que luchó para que el Congreso otorgara la Medalla de Oro al Regimiento 65 de Infantería (The Borinqueneers): “Les debemos mucho, a su noble sacrificio y el de sus familias”.

El soldado más condecorado de la Guerra de Corea fue el Sargento Jorge Otero Barreto, con 38 condecoraciones, entre ellas 3 Estrellas de Plata, 5 Medallas de Bronce por valentía, 5 medallas Purpura por heridas en combate, y 5 medallas aéreas.

 

Es triste pues, que después de servir con honor y valentía en las Fuerzas Armadas, nuestros militares y veteranos puertorriqueños regresen sin poder disfrutar de los derechos civiles fundamentales por los que han luchado y se han ganado: elegir el Comandante en Jefe y Presidente de los EEUU y por una delegación congresional que los represente.

Hoy enfrentamos otra batalla mucho más importante para Puerto Rico: la lucha por la igualdad como ciudadanos americanos para que los puertorriqueños disfruten plenamente de todos los derechos que le corresponden a los ciudadanos en los 50 estados.

 

El Pueblo ya se expresó y revocó el consentimiento al estatus territorial del ELA-colonial. Para honrar a los que ofrendaron sus vidas por nuestra Nación, nos corresponde lograr que el Congreso autorice el proceso para que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 de la Unión Americana.

 

Juventud reclama un cambio  lunes 8 de junio, 2015

Hernán Padilla

 

El estancamiento económico que experimentamos  limita las oportunidades de empleo personal y de creación de empleos a jóvenes empresarios. Han causado que miles de jóvenes abandonen la isla buscando nuevas y mejores oportunidades de educación, progreso  y mejor calidad de vida.

 

La crisis económica, política y social que vivimos bajo el ELA-colonial ha provocado el éxodo poblacional que a su vez debilita la cohesión familiar, afectando esa institución  como figura central de nuestra sociedad y la base de nuestra cultura.

 

Las estadísticas de la página web del “Instituto del Desarrollo de la Juventud”, sirven para entender la preocupación de los jóvenes que no disfrutan de las mismas oportunidades y progreso. El 41% de los hogares con niños y jóvenes necesitan ayuda del Programa de Asistencia Nutricional; 44% de niños entre 3 y 4 años no están matriculados en pre-kinder; el 57% de la población menor de 18 años vive bajo el nivel federal de pobreza; y el promedio intermedio de ingresos de familias con menores de 18 años es solo $20,459 (muy por debajo del Estado con menor ingreso y del ingreso nacional promedio).

 

Ante la crisis crónica que afecta a la juventud puertorriqueña, Anthony Carrillo, VP Caucus Hispano de Juventud Demócrata, insiste en que “la falta de oportunidades en la isla no puede estar desligada de nuestra relación política territorial actual”. Carrillo enfatiza que “el argumento del PPD de que el estatus no está en issue” pierde validez cuando observamos los datos y la evidencia sobre la fuga de talento joven en nuestra isla”.

 

Además, sostiene que el gobierno actual ha olvidado el llamado de miles de jóvenes que rechazaron el status actual y votaron a favor de la estadidad en el 2012.  Carrillo está convencido de que la Estadidad representa mayores  y mejores oportunidades;  garantiza igualdad política e inspira esperanza a nuestra juventud que demanda un cambio a nuestro fallido sistema sociopolítico; y promoverá mayor actividad económica, creación de riqueza y oportunidades de empleo para las nuevas generaciones.

 

Kevin McClintock, quien estudia Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad de Georgetown, resumió que aunque los puertorriqueños son  ciudadanos americanos, la vida de un niño puertorriqueño es muy diferente a la de sus hermanos residentes en los estados.

 

Se refería a las desventajas del  estatus colonial que afectan la vida  de un puertorriqueño desde que nace porque se siente la desigualdad tanto para el individuo como  para su familia.

 

Otra faceta de la desigualdad la experimentamos mientras vamos creciendo.  En Puerto Rico, no tenemos el derecho de votar por el Presidente de los Estados Unidos, ni por oficiales electos que nos representen con su voto en el Congreso. McClintock exclamó “Me siento desigual a mis compañeros de clase, porque ellos sí tienen el derecho de salir a votar cada dos años”.

 

No cabe duda que aunque Puerto Rico parece un estado por la manera que vivimos, el sistema de gobierno, y el hecho de que somos ciudadanos Americanos, nuestro status colonial nos niega la igualdad de derechos que se disfrutan en los 50 Estados.

 

Zulma Rovira, JD, Presidenta de la Juventud de Igualdad Futuro Seguro, sostiene que la estadidad es la mejor herramienta para lograr la igualdad a la que aspira la juventud para todos los ciudadanos de EEUU que residen en PR. “La igualdad como ciudadanos americanos brinda esperanza a la juventud y a los jóvenes profesionales”.

 

Dentro de la estadidad disfrutamos de todos los derechos de la Constitución de los Estados Unidos, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso, se elimina la desigualdad política y constitucional entre los ciudadanos de los otros 50 estados y los ciudadanos residentes de Puerto Rico y se garantizan los mismas condiciones, derechos y oportunidades para lograr un mejor futuro.

 

Igualdad en la salud; 22 de junio, 2015

Hernán Padilla

Aquellos que se empeñan en negar que EEUU sea nuestra Nación, pretenden hacernos creer que el ELA-colonial tiene los poderes y recursos para superar la crisis que se ha precipitado bajo el fracasado modelo del estatus territorial.

En una petición al Presidente Barack Obama, no reparan en aseverar que “los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, tributan los mismos impuestos de Seguro Social y Medicare como en los cincuenta estados, pero reciben menos fondos”, y “que el 60% de la población de la Isla recibe su cuidado de salud a través de Medicare, Medicare Advantage o Medicaid”.

El Plan de Salud del Gobierno “Mi Salud” enfrenta inmensas dificultades para cumplir  con los pagos a médicos, profesionales de la salud, laboratorios  y farmacias. Al punto,  que muchos especialistas, han dejado de aceptar a nuevos pacientes, y la migración de profesionales de la salud se ha exacerbado.

Toda vez que PR no es un Estado, al aprobarse Obama Care , asignaron $6,300 millones de Medicaid para implantar o expandir los servicios de salud  con la expectativa que dichos fondos alcanzarían hasta el 2019, cuando PR asumiría la responsabilidad de darle continuidad con sus propios recursos.

No obstante,  se han consumido estos fondos tan rápidamente que se agotarán al 2017. Complica la situación la determinación del gobierno federal de aplicar un recorte de 11% a los pagos de Medicare—que según El Nuevo Día equivale a $300 millones—que los planes tendrán que absorber a partir de enero del 2016, afectándose los pagos a  hospitales, farmacias y servicios en el hogar.

Existen 745,000 beneficiarios de Medicare en PR, 75% de ellos participantes de  Medicare Advantage. El colapso del sistema de Medicare Advantage suscitará una migración de hasta 250,000 beneficiarios de Medicare Platino, que administran las aseguradoras privadas,  hacia el Plan de Mi Salud, el programa Medicaid de la Isla, representando un costo adicional de $400 a $800 millones

De acuerdo a la llamada “Coalición para Atender la Crisis del Sistema de Salud”, “entre los recortes de Medicare Advantage y el agotamiento prematuro de los fondos de “Medicaid”, el déficit proyectado puede alcanzar $1,800 millones anuales.

El Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, ha expuesto que no siendo PR un Estado, recibimos un trato desigual por parte de los programas Medicaid y Medicare. La condición de territorio-colonial coarta un cuidado asequible y de calidad a las personas de edad avanzada e individuos con impedimentos suscritos a Medicare Advantage.

Ante la triple crisis, Pierluisi presentó legislación para asegurar pleno acceso a los fondos Medicaid y evitar que el sistema de salud de PR caiga en semejante precipicio fiscal

Propuso además, extender a PR el programa de Medicaid que otorga pagos a hospitales que atienden un porcentaje desproporcionado de pacientes de bajos ingresos; mejorar la tasa de pagos a los programas Medicare Advantage; que los hospitales reciban el mismo reembolso que los estados por la admisión de pacientes de Medicare Parte A; que los beneficiarios en PR tengan acceso automático a la Parte B de Medicare; y que las aportaciones federales a los planes Medicare Advantage sean justos, tal que puedan continuar proveyendo servicios asequibles y de alta calidad.

La ineludible realidad es que la debacle de “Mi Salud”, los Centros CDT, ASES y los Centros 330, los recortes  unilaterales en Medicare y la incapacidad de manejar prudente y efectivamente los fondos de  Obamacare de Medicaid, se deben fundamentalmente a que PR carece de los instrumentos necesarios para superar la presente crisis, consecuencia directa del ya caduco estatus territorial-colonial.

 

Es pues, imperativo, resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que  nos brindaría la Estadidad para enfrentar muchos de los problemas fiscales y operacionales que menoscaban  los servicios de salud a nuestro pueblo, especialmente los más desprovistos, aquellos con necesidades especiales y de edad  avanzada.

 

El  ELA soberano y la republica asociada;    6 de julio, 2015, END

Hernán Padilla

El ELA colapsó,  y ya no hay como definirlo y menos cómo defenderlo, al punto que nadie representó el estatus quo colonial en las recientes Vistas del Congreso.

En dichas vistas el Comisionado Residente Pedro Pierluisi defendió el HR 727  “Puerto Rico Statehood Admission Process Act” que representa el reclamo del territorio para que se resuelva finalmente su estatus. Sostuvo que «la única posición moralmente aceptable», es que los electores de Puerto Rico ratifiquen o rechacen que PR sea el estado 51 de Estados Unidos.

Por su parte, el Presidente del PPD ni asistió, ni remitió cual definición de estatus su partido propondría oficialmente para Puerto Rico. En su ausencia, Carmen Yulín Cruz-Soto abogó  por  un “Free Associated State”  (ELA soberano  o república asociada)  mediante un “pacto de asociación” que determine los “poderes que la Isla delegaría a EEUU”, proposición  que no es compatible con la Constitución Americana, porque la “libre asociación es un “tipo de independencia”.

 

En su testimonio, la Alcaldesa  Cruz-Soto propuso una  “asociación política, no colonial ni Territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos en la que “los EEUU sería un país extranjero”. Aunque rechazan a Estados Unidos como nuestra nación,  evaden mencionar el término “república asociada” porque saben que el pueblo no quiere la  independencia.

 

Recuerden que mientras Cruz-Soto reconoce que la mayoría de los puertorriqueños desea retener su ciudadanía, ha dicho públicamente que  “la ciudadanía americana es la gran muleta bajo este sistema político-económico”.

 

Por razones puramente electoreras, no quieren cumplir con la responsabilidad de definirse y someter el lenguaje al Departamento de Justicia federal para que determine si cumple con los requisitos legales, constitucionales y de política pública aplicables.  No lo hacen porque saben que el ELA Soberano no cumpliría con dichos requisitos y sería rechazado.

Dentro del imaginario del PPD, “Puerto Rico es una nación” y su verdadera agenda es  convertir la Isla en una república independiente tras el palio del llamado ELA soberano.  Proponen “un ELA soberano fuera de los poderes del Congreso y de la  Clausula Territorial” una nación independiente con representación internacional, control de asuntos laborales,  de comunicaciones y de inmigración. Quieren poder suscribir tratados internacionales, controlar límites marítimos, redefinir uso de instalaciones militares americanas, control de los puertos, controlar asuntos ambientales, y hasta redefinir la ayuda que recibe Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros.

Quieren además, eliminar el Tribunal Federal, la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Guardia Costanera, y muchas otras agencias y programas que le sirven bien al Pueblo de Puerto Rico.

No obstante, omiten que para conseguir la libre asociación  que desean, tendrían que lograr que el Pueblo de Puerto Rico rechace la “unión permanente”  y se conviertan en un país independiente,  antes de que Estados Unidos considere un “pacto” con la nueva república. Además, “sustituir  la Ley de Relaciones Federales para que no pueda ser modificada unilateralmente”; violaría la Constitución y la soberanía de los Estados Unidos.

Por tanto,  “un pacto de libre asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos  podría ser unilateralmente revocado por cualquiera de las partes en cualquier momento.  Queda demostrado fuera de toda duda que la República Asociada que ambicionan no tiene cabida alguna bajo la Constitución Americana.

Mucho más importante, el Pueblo de Puerto Rico ha expresado contundentemente que no quiere arriesgar su ciudadanía y la de las futuras generaciones,  las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo de los puertorriqueños y otros ciudadanos americanos que residen en la Isla. Tampoco, quiere arriesgar la protección de la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos y las garantías y  protección de la Corte Federal y del Tribunal Supremo.

 

Krueger y la quiebra del ELA, lunes 20 de julio, 2015, END

Hernán Padilla

Puerto Rico presenta un tétrico cuadro económico.  La economía ha colapsado, se reporta un  desempleo sobre 12.4%, una tasa de participación laboral bajo el 40%, una desmedida fuga poblacional, un índice de pobreza sobre 43% y una alta dependencia de aportaciones federales para alimentación, salud, vivienda y necesidades básicas

El debate sobre la deuda pública ha puesto de manifiesto el fracaso del estatus territorial inmerso en déficits presupuestarios y una deuda de $73 billones, de los cuales entre $29-$34 billones corresponden a los sistemas de retiro, y otros tantos a las corporaciones públicas, incluyendo $9 billones de la AEE.

Desde antes de tomar posesión,  las agencias crediticias advirtieron  al ELA de García Padilla que no continuar las buenas prácticas precipitaría la indigencia, por lo que posteriormente clasificaron el crédito del gobierno central, el BGF  y las corporaciones públicas en alto riesgo y chatarra.

Ante la incapacidad del gobernador de reducir gastos, balancear el presupuesto y negociar  creíble y ordenadamente con los acreedores, proclamó públicamente que las deudas son impagables, escudándose en un informe  a esos efectos contratado a Anne Krueger, ex funcionaria del Fondo Monetario Internacional.

 

La Representante Jennifer González denunció que dicho informe promueve el impago de PR para que el bufete que la sub-contrato lo instrumente, los mismos que formularon la llamada “Quiebra Criolla” y apelan su inconstitucionalidad ante el Supremo, que negociarán la reestructuración de la deuda y representarán a PR ante las esperadas demandas por incumplimiento.

 

Krueger sostiene que el déficit es mucho mayor de lo que se había asumido y que la ausencia de credibilidad es más severa que nunca.  Su informe intenta distanciar la Isla de la nación americana, proponiendo alternativas como si fuéramos una republica como Grecia,  y que redundan en destruir tanto al ELA-colonial como la viabilidad del ELA-soberano (república asociada). Entre otros, se atreve a recomendar la eliminación del salario mínimo federal, lo que impactaría 28% de los trabajadores puertorriqueños, y exacerbaría los crecientes niveles de pobreza.

 

Al afirmar que Puerto Rico no es un Estado destruye el nombre del “ELA”. Al sostener que el ELA no cualifica para la protección del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, confirmado por la Corte federal, evidencia que el ELA tampoco es “Libre “como alega el PPD.

 

Por su parte, la Congresista Nydia Velázquez, defensora del PPD y el estatus colonial, se encargó de destruir el calificativo de “Asociado”, cuando consigno por escrito al Presidente Obama que “PR es un territorio de los EEUU”. Igualmente, Ángelo Falcón, Director Ejecutivo del NILP, sostuvo que “la crisis de Puerto Rico es una crisis del colonialismo americano que no es viable”.

 

Reaccionando al informe Krueger, y en clara alusión a la falta de igualdad de poderes políticos,  el economista Gustavo Vélez  sostuvo  que “Por la relación política con los EEUU, Puerto Rico está en un estado de indefensión política y jurídica que le hace más difícil la salida de la crisis”.

En entrevista con El Nuevo Día, el Comisionado Pierluisi, rechazó la tónica  del informe y enfatizo que “Puerto Rico es un territorio con una economía regional dentro de la de EEUU, por lo que tenemos que ajustar nuestras estrategias al sistema político y económico de nuestra nación”.

Para abordar la crisis crónica que destruye nuestro futuro es perentorio resolver el estatus. La estadidad es punta de lanza para el crecimiento económico sostenido de Puerto Rico, ya que dará fin a la incertidumbre e inestabilidad inherente al ELA, que le resta atractivo a la inversión y la actividad económica.

La evolución y progreso de los 50 estados es más que elocuente, documentados por el ingreso per cápita, la capacidad de ingreso del gobierno y la calidad de vida de sus residentes, inmensamente  superiores a la experiencia colonial.

 

Operativo desesperado, 17 DE AGOSTO, 2015

Hernán Padilla

 

Ante el enorme crecimiento y militancia del movimiento Estadista, el descalabro del experimento territorial denominado ELA, y el fracaso estrepitoso de la administración colonial que ha hundido al Pueblo en la desesperanza, el Secretario del PPD intenta reorganizar su colectividad prometiendo una campaña “sistemática y combativa en contra de la estadidad”.

En su desesperación comienzan su operativo  mintiendo, alegando  que “esta crisis no es culpa del ELA”, cuando es incuestionable que su fracaso ha arrastrado a PR al abismo económico. Peor aún,  García Padilla proclama que hay que fortalecer el estatus colonial, mientras Perelló insiste en un ELA y un pacto que nunca existieron.

 

Para el movimiento estadista no es sorpresa que por décadas el PPD haya utilizado los recursos del gobierno para promover su ideología antiamericana tratando de desacreditar y atrasar la estadidad, el estatus que reclamó el 61% de los votantes en el plebiscito del 2012.

Para imponer su ideología antiestadista han propiciado un “apartheid cultural”  no empece que el preámbulo de la Constitución de PR afirma “Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América, la lealtad a los postulados de la Constitución Federal y la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Entre otros, eliminaron la enseñanza de inglés en las escuelas públicas, se arrogaron la designación  de “nacional;” para programas y estructuras de gobierno como si Puerto Rico fuera un país separado de los EEUU. Buscan el apoyo de dictadores en Cuba y Venezuela; y utilizan a PRAFA como punta de lanza para pagar cabilderos con fondos públicos para promover sus agendas  partidistas antiamericanas y anti estadistas.

García Padilla rehúsa definir el estatus en incumplimiento con el requerimiento del proyecto que asigna fondos para efectuar un referéndum avalado por el gobierno federal, porque reconoce que no es posible dentro de las leyes y la Constitución americana acoger un ELA soberano que no sea territorial ni colonial, que tenga los poderes de una republica separada de los Estados Unidos, y que retenga a la vez la ciudadanía americana y acceso a los programas federales.

Ante el presente escenario, muchos populares presienten una derrota aplastante y se mueven para tratar de rescatar lo que les queda del ELA-colonial. Carmen Yulín Cruz  afirmó, “El ELA  tal y como está, no funciona y el país NO QUIERE la independencia.  Aun así, propone “un ELA que no sea territorial ni colonial” y rechaza a EEUU insistiendo que “faltan herramientas de desarrollo económico porque estamos encadenados por los requisitos y las leyes de OTRO país”.

Cruz Soto sostiene que “no se podrá salir del problema debido al estatus político”  y propuso una asamblea constitucional para resolverlo. Acevedo Vilá pretende disfrazar dicha asamblea llamándola “asamblea de estatus” (eliminando Constitucional) aunque reconoce  que “no puede obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone”

Hernández Colón admite que una “Convención Constituyente”, según el Artículo VII de la Constitución de PR, requiere que dos terceras partes de ambas cámaras legislativas lo aprueben y que se someta a la votación del Pueblo.

Es por esas contradicciones que PR se sume en una crisis económica que destruye los cimientos. Irrespectivo del nombre, la realidad es que dicha asamblea es inconstitucional y que el pueblo emitió su veredicto en el referéndum del 2012, mediante el cual clara y contundentemente rechazó  al ELA imperante y apoyó la Estadidad.

Los líderes del movimiento Estadista han planteado inequívocamente que es crucial para superar la crisis cumplir con la voluntad de los puertorriqueños de convertir la Isla en Estado de la Unión. Y no les quepa duda  que la próxima consulta al Pueblo será al amparo de la Constitución de los EEUU para la admisión del Estado de Puerto Rico.

Palabras del Patriarca, lunes 17 de agosto, 2015, ENDI

Hernán Padilla

 

De cara a la crisis que estrangula al Partido Popular y el profundo conflicto interno que les impide articular una definición coherente de estatus,  conviene revisitar las posturas de su patriarca, Don Luis Muñoz Marín, para beneficio de aquellos que rechazan la nación americana y están dispuestos a arriesgar la ciudadanía imponiendo una república asociada disfrazada “ELA soberano”.

 

Es por lo que aquí expongo, que  García Padilla rehúsa definir el estatus,  reconociendo  en el fondo que un ELA soberano no territorial ni colonial, reteniendo la ciudadanía americana y la participación en programas y fondos federales, NO es constitucional y constituye una forma de independencia

El libro del Lcdo. Gregorio Igartúa, “Muñoz el Americano”, es una valiosa fuente de hechos históricos que confirman el compromiso “federalista” de Muñoz, que no daba cabida a la independencia  y mantenía viable la Estadidad como destino final.

 

Don Luis, en carta abierta al Gobernador Beverly se jactó de ser un “independista radical”, no obstante según Igartúa, “antes de ser gobernador abandonó su postura independentista”. De hecho, en 1955 admitió que “El pueblo de PR ha votado contra el separatismo, repetidas veces y en forma contundente”.

 

Los populares que rechazan a EEUU como nuestra Nación, saben que nuestra  Constitución comprometió legalmente a los ciudadanos americanos residentes en PR a una relación “federalista” con EEUU. El Pueblo ratificó ese compromiso en el Preámbulo….“dentro nuestra unión con los Estados Unidos”, estableciendo: “Que consideramos factores en nuestra vida la Ciudadanía de Estados Unidos y enriquecer nuestro acervo democrático y disfrute de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Federal; y la convivencia en PR de las dos grandes culturas.”

 

Aunque Muñoz predicaba que había creado un “estado” nuevo, artificiosamente llamado ELA, se ha demostrado a la saciedad que nuestra Constitución NO cambió el estatus territorial y que desde que se nos concedió la ciudadanía americana nos hemos ido integrando más a la Unión Americana.

 

Igartúa señala  que  “el Congreso autorizó la Constitución para que rigiera los asuntos internos de PR y plasmó una “relación federalista” al igual a la de los estados” donde  aplica la Clausula de Supremacía de la Constitución federal.

 

Ese cambio abrió las puertas a la Estadidad cuando Muñoz aceptó que Puerto Rico “puede llegar a la conclusión de que pudiendo pagar las contribuciones al tesoro federal, su pueblo quiera que se convierta en un estado federado de la Unión Americana”.  Además, se acercó más a la Estadidad al integrarse a la política nacional en 1959, respaldando junto al PPD el voto presidencial para PR en vistas Congresionales, y apoyando la participación de los puertorriqueños en las primarias de los partidos nacionales.

 

En su discurso de clausura de la Constituyente, Muñoz explicó que “como ciudadano de los Estados Unidos, si me dan a escoger entre que los EEUU estén formados por estados federados o estados confederados, yo daría mi voto por estados federados lo mismo que ahora”.  Repitió que “El desarrollo del futuro dentro de la Unión Americana puede ser hacia que Puerto Rico pase a ser un estado más de la Unión Federal igual que los demás estados…”

En cuanto a la ciudadanía americana, dijo sin ambigüedades: “Yo no creo que estemos cobijados por la ciudadanía americana; yo creo que nosotros contenemos dentro de nosotros mismos la ciudadanía americana.” “No se puede ser pro-americano, yo concibo aquí en PR que nosotros somos americanos.” “Como todos los buenos ciudadanos, nosotros enriquecemos la ciudadanía de los EEUU, además de llevarla por dentro con orgullo y de enriquecernos con los valores de esa gran ciudadanía.”

 

Finalizó  su discurso como un gran americano: “Qué Dios bendiga al Pueblo de Puerto Rico; Que Dios ilumine al Pueblo de la Unión Americana cuya ciudadanía contenemos en nuestro espíritu”.

¡Palabras del Patriarca!

 

Mandato 2017: dos prioridades cruciales, lunes 14 de sept. 2015

Hernán Padilla

 

Las repercusiones  de no pagar la deuda pública de Puerto Rico van mucho más allá del fracaso del modelo político-económico de nuestro estatus territorial-colonial.

 

Sergio Marxuach,  Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE) plantea que el endeudamiento público debe ser proporcional a la capacidad de pago y no debe utilizarse para “pagar gastos corrientes o financiar déficits operacionales”. “El problema es que en Puerto Rico hemos incumplido con ambas condiciones durante los últimos quince años”.

 

Nuestra  maltrecha economía y la mala imagen de incapacidad  para acometer la crisis que ha creado el gobierno colonial podrían afectar nuestra lucha para lograr las herramientas constitucionales y el poder político que solo se adquieren con la Estadidad, y que son indispensables para encauzar nuestro desarrollo económico.

 

Desgraciadamente, las expresiones públicas y las malas decisiones políticas y económicas de la administración popular levantan dudas sobre la estabilidad, el compromiso y seriedad para de nuestro pueblo para cumplir con las obligaciones de Puerto Rico y lograr un mejor futuro.

 

Si bien huelga señalar que apoyo la admisión como Estado lo antes posible, reconozco que es un proceso lento semejante a una carrera con obstáculos. De otra parte, concurro con Annabel Guillen, Directora Ejecutiva de Igualdad Futuro Seguro, en que  “el resultado del plebiscito abrió finalmente la puerta, ahora es que realmente comienza la travesía”.

 

Claramente,  la crisis económica no puede atenderse  aisladamente. El problema de deuda está intrínsecamente ligado a la indefinición política de un status sin poderes políticos.

 

El Lcdo. Francisco Rullán tiene razón cundo insiste en que la Estadidad y la igualdad son derechos que no deben estar atados a las deudas del gobierno territorial, ya que la Estadidad ayudaría a solucionar los problemas y falta de  crecimiento económico. Rullán advierte que “Ciudadanos Americanos no deben sufrir la falta de derechos civiles por culpa y negligencia de la clase política que administra el territorio”.

 

El profesor Héctor Ríos Maury opina que no se debe penalizar a millones de ciudadanos americanos condicionando su opción en derecho a trascender el colonialismo. Propone que la lucha por la igualdad, a tono con el federalismo, combine el reclamo de nuestros derechos civiles y constitucionales con la “Estadidad y un Buen Gobierno”.

 

Según el economista Jaime Benson, el problema de deuda es uno atado a la incapacidad  de crecimiento económico, y que la certeza, seguridad y estabilidad que traería consigo la plena igualdad de derechos políticos y ciudadanos, darían fin a la incertidumbre que impide dicho crecimiento. La Estadidad sería la resolución de nuestra relación colonial entre EEUU,  que sin duda ha sido la causa principal de la presente crisis económica y social.

 

La experiencia  histórica demuestra que todos los territorios que se han convertido en estado han mejorado significativamente  su situación económica. Con la Estadidad, esas jurisdicciones adquirieron el poder político necesario para atender las necesidades de su ciudadanía.

 

El Puerto Rico de hoy se parece más al Hawái del 1956 que a la Grecia del 2015.  La estadidad provocó en Hawái un aumento poblacional, y con ello un crecimiento del PIB, aumento de la inversión corporativa, el desarrollo de nuevas empresas, y un ingreso per cápita mucho mayor.

 

Como ciudadanos americanos, la Estadidad es nuestro derecho desde el mismo momento en que nos otorgaron dicha ciudadanía en el19017, y que fue reconocido en 1941 para todo aquel nacido en Puerto Rico. La estadidad es un destino inevitable e irreprimible, así que tenemos que continuar e intensificar la lucha para lograr y garantizar ese  mejor futuro para nuestra Isla.

 

Las próximas elecciones deben ser plebiscitarias, para que el Pueblo extienda al nuevo gobierno un mandato para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultáneamente encaminar agresivamente a PR hacia su derecho de convertirse en estado.

 

Crecimiento económico con la Estadidad  12 de octubre, 2015

Hernán Padilla

 

Hoy se celebra el “Día del Descubrimiento de América”, suceso transcendental en la historia moderna de la humanidad.  Desde entonces han ocurrido grandes cambios a nivel nacional, incluyendo Puerto Rico, por lo que estoy convencido  que los puertorriqueños hemos superado la barrera del aislamiento y del anacrónico “insularismo”. Estoy igualmente convencido que la inmensa mayoría ha llegado al entendimiento de que ponerle fin a la actual incertidumbre, producto de la indefinición y temporalidad política imperantes, contribuirá significativamente a sacar a PR del abismo en que se encuentra.

 

El economista Jaime Benson criticó la “transformación contributiva” propuesta por la administración  actual y la reforma del 2006, ambas enfocadas en aumentar recaudos para mantener los niveles de gastos y el gigantismo gubernamental. Afirma que el problema no es de insuficiencia de recaudos sino de falta de crecimiento económico, lo que resulta en déficits presupuestarios que se financian con una creciente deuda pública.

 

Benson enfatiza que la falta de poderes y la incertidumbre sobre nuestro futuro político que conlleva la presente condición territorial y colonial ha paralizado el flujo de inversiones, al punto que la inversión directa privada real decreció por 70.3% entre el 2004 y el 2012

 

Hoy también, enaltecemos la memoria de Don Luis A Ferre, fallecido el 21 de octubre del 2003. Para honrarlo, me referiré al trabajo publicado por el Instituto  de Política Pública Luis A Ferre,  Soluciones para Puerto Rico: La Estadidad. El Instituto es un brazo del PNP para capacitar,  fiscalizar, estudiar y proponer medidas de política pública para atender los problemas que enfrenta Puerto Rico.

 

Dicha publicación sustenta que Puerto Rico sufre las consecuencias de una relación política inservible a nivel socio cultural, político y económico, un discrimen en programas federales que provoca  un rezago en la educación, y un modelo económico que ha creado una reducción  insostenible de actividad económica

 

Benson, coautor del trabajo, considera que nuestra actual condición es una de inferioridad y subordinación política indigna, que mina la credibilidad y el prestigio de los EEUU. El presente estatus político causa gran inseguridad sobre  nuestro futuro político, conllevando que muchos inversionistas y empresarios opten por no invertir en Puerto Rico,  por el alto riesgo que representa hacer negocios en un territorio no incorporado (aunque incorporado de-facto) cuyo futuro  es incierto.

 

La falta de poderes políticos bajo el actual estatus territorial nos impide promover y defender nuestros intereses a nivel nacional, así como allegar los recursos necesarios para facilitar nuestro desarrollo económico. De hecho, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca sobre el status político de Puerto Rico de marzo de 2011 reconoció que los temas del estatus y la economía están estrechamente vinculados.

 

Por no ser estado, en el 2010 PR dejó de recibir $18,331 billones en programas federales. El estatus territorial-colonial permite que el gobierno federal nos niegue el derecho a la paridad de fondos en programas nacionales, que benefician a los 50 estados.

 

El informe del Instituto LAF reafirma que la estadidad es el vehículo que nos dotará de las herramientas imprescindibles para atender estos retos. Cuando la Isla sea admitida como Estado finalizará la incertidumbre que prevalece bajo el actual estatus territorial. Al igual que ocurrió con Hawái y Alaska, servirá para atraer inversiones de capital e iniciativas empresariales locales que traerán un crecimiento económico acelerado tan pronto sea incorporado.

 

Dicho informe concluye que la estadidad nos sacará del actual abismo económico en que nos encontramos debido a la incertidumbre, inseguridad, desigualdad, falta de derechos constitucionales y poderes políticos que padecemos bajo la actual condición colonial, que está paralizando el flujo y la diversidad de inversiones privadas.

 

La Estadidad redundará en una bonanza económica que provocará una reducción sustancial en el desempleo, la pobreza y el atraso económico que hoy padecemos bajo la colonia.

 

Caja de pandora política y constitucional 26 de octubre 2015

 

Hernán Padilla

Al decidir el Supremo Federal considerar la apelación del Secretario de Justicia referente a la decisión del Tribunal Supremo de PR sobre la aplicación de “doble exposición” en el caso del Pueblo vs Sánchez Valle, abrió una caja de pandora política y constitucional.

 

El Tribunal Supremo local entró en terreno sensitivo cuando determinó que el Territorio organizado de Puerto Rico no tiene los poderes ni autonomía  separada  como la de los estados de la Unión y que no pueden radicar cargos contra un acusado por los mismos hechos radicados a nivel federal.

 

Es irónico que los populares apelen dicha opinión, amparándose en el argumento de que somos jurisdicciones separadas. El PPD acepta que la Estadidad es buena para PR cuando reclama el poder de los estados para defender la doble exposición.

 

Reclaman la soberanía que corresponde a los estados y no al ELA que ellos definen como una relación bilateral. La ironía se magnifica al insistir que EEUU y PR suscriban un pacto de asociación no colonial, y no territorial basado en el ejercicio de la soberanía de dos países independientes (claramente contraria a la Constitución federal).

Al someterse a la Corte Suprema federal, aceptan que PR y las decisiones del Tribunal Supremo están sujetos a la autoridad federal, reafirmando así la supremacía que tiene el foro.

 

Es indudable que PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”, requisito para ser admitido como socio de la Unión. La Ley del Gobernador Electo, la cual el Supremo local omite en su opinión, obliga a  a reconocer que durante décadas el Congreso nos ha tratado como si fuéramos  estado. Los Tribunales federales le han conferido a PR la misma inmunidad y protección que a los Estados al amparo de la Undécima Enmienda.

 

El Tribunal Supremo local ignoró en su opinión que el Congreso autorizó la creación en nuestra jurisdicción de un Tribunal Federal al amparo del Artículo III de la Constitución y que las decisiones de nuestro Tribunal Supremo ya no se tienen que llevar primero a Boston, sino al Tribunal Supremo Nacional.

 

La Juez Asociada Hon. Sandra Day O’Connor sostuvo en una opinión que “Puerto Rico parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados; no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados”.

 

Tampoco pueden ignorarse las decisiones de las Cortes Federales que le han extendido a todos los ciudadanos de la Nación Americana, incluyendo a los que residen en Puerto Rico,  la mayoría de las “garantías constitucionales”.

El caso y la apelación pueden abrir las puertas para que SCOTUS intervenga y acelere la solución del estatus y le ponga fin al ELA.

 

En el 1947, con la Ley Pública 362, (Ley del Gobernador Electo), se expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y se estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si “Puerto Rico fuese un estado de la Unión” sujeto a las disposiciones del Artículo IV de la Constitución, aplicable solo a los Estados.

 

La Constitución de Puerto Rico estableció un gobierno propio local y colonial que nunca cambió ni alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre PR, como lo afirmó el propio Luis Muñoz Marín en el Congreso.

 

La Corte Suprema no debe ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus Ciudadanos,  incluyendo a los que residen en PR.

 

Tragedia y comedia del PPD – 5 de nov. 1015

Hernán Padilla

El libreto de la novela de horror publicada durante los últimos seis meses puede servir de referencia para los estudiosos de administración pública como ejemplo de mal gobierno y de líderes que viven cegados por sus compromisos ideológicos, políticos-partidistas.

 

A fines de junio, García Padilla se dislocó públicamente con su notoria expresión de que la “deuda de Puerto Rico era impagable”. Como consecuencia de la crisis, la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado federal realizó vistas públicas, en las que el gobernador no proveyó estados financieros auditados que le habían sido solicitados una y otra vez, advirtiéndole  de la necesidad de contar con evidencia creíble sobre la situación económica  y fiscal de PR al expresar, sin mostrar evidencia alguna, que históricamente se había emitido deuda con estados financieros ilegales, violando las nomas constitucionales. Esto aumentó la falta de credibilidad y la certeza de que no hay transparencia.

 

Ante el gasto excesivo que el gobernador trata de ocultar, el economista Carlos Colon De Armas expresó que la Constitución de PR requiere que el presupuesto del Gobierno esté balanceado” y que “Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.”

 

Sostuvo además que en 1974, el Secretario de Justicia De Jesús Schuck, emitió una opinión  que es contraria a varios conceptos básicos de economía y que se ha utilizado para permitir que se utilicen las deudas o financiamientos como recursos para balancear el presupuesto de gastos del Gobierno y permitirle al gobierno gastar en exceso.

 

Advierto que hasta que esa opinión sea derogada, negarse a pagar la deuda y escudarse detrás de haber emitido alguna deuda en violación a la Constitución de PR, tiene implicaciones muy serias. Lo que parece ser una estrategia política para ganar tiempo se ha convertido en una novela de horror que destruye el crédito y la economía vertiginosamente, y obstaculizara la solución de la crisis de PR.

 

Cuando se trata del PPD, la novela se torna en una tragicomedia.  Basta con reseñar algunos titulares de prensa: “García Padilla deja en el aire su candidatura”; “El gobernador no confirmó si se postulará nuevamente como candidato a la gobernación y declara que “El país no puede cambiar de avión a mitad de vuelo”.

 

La guerra interna del PPD es obvia. García Padilla le dio “un puntillazo a los alcaldes que han mostrado reparos a su candidatura porque podría poner en riesgo el triunfo del PPD en el 2016 y los acusó de tener motivaciones personales.

 

Acevedo Vilá opinó que la crisis interna del PPD “es más profunda” que un “juego de sillas y puestos políticos”. Añadió que: “Los puertorriqueños quieren saber y los populares tenemos que decirles si queremos que el próximo cuatrienio sea una continuación del presente”. Acevedo sabe que el ELA y el PPD han fracasado y quiere saber cómo nos van a sacar de la crisis.

 

Aparentemente no existe comunicación entre los funcionarios y líderes del PPD o la paranoia política se apodera de la Fortaleza. El portavoz de la mayoría del PPD en el Senado dijo en una entrevista radial que “el gobernador tiene personas cerca que no lo quieren…” y en respuesta a encuesta de ENDI, el secretario general del PPD  dijo “Aquí ha habido personas que por los pasados tres años han estado -continuamente- afectando públicamente el partido.

 

Ante el pésimo gobierno, políticas improvisadas, uso de recursos para fines político-partidistas y el daño económico y fiscal que le ha hecho a Puerto Rico, se presagia que el Pueblo castigará al PPD en el proceso electoral. El Gobernador García Padilla le dio la estocada final al ELA.

 

Estrategias para lograr la Estadidad  23 de nov., 2015

Hernán Padilla

 

Ya que la administración del PPD rehúsa cumplir con los requisitos para celebrar un referéndum que “resuelva” la indefinición del estatus, los candidatos del PNP tienen la responsabilidad de presentarle al pueblo los planes y estrategias para lograr la estadidad luego de las elecciones del 2016.

 

Por igual, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho constitucional de expresar nuestra opinión sobre esas propuestas, sin que ello implique una crítica personal al partido ni a sus candidatos. La verdadera democracia depende de que haya la libertad para discutir, en un plano de respeto mutuo, toda estrategia que sirva para adelantar la estadidad para PR.

 

En mi columna sobre un Plan PR-Tennessee de abril del 2014 opiné que aunque el pueblo rechazó el consentimiento al estatus territorial y apoyó la estadidad en el plebiscito del 2012, un “Plan Tennessee” no podría implantarse bajo un gobierno colonialista de tendencias separatistas. Así fue.

 

En un referéndum celebrado en Tennessee en 1795, el 75% votó a favor de la unión. Posteriormente, el gobernador convocó una Convención Constitucional, adoptaron la Constitución y la Carta de Derechos del Estado,  y “eligieron por adelantado dos Senadores y un Congresista”, convirtiendo a Tennessee en un territorio organizado antes de solicitar su admisión al Congreso. En el caso de Alaska, entre 1943 y 1953 se intensificaron las gestiones a favor de la estadidad y en 1946 la estadidad obtuvo mayoría en un referéndum y en 1955 “eligieron delegados” para cabildear en el Congreso.

 

Según  Luis Dávila y Rubén Cerezo (“Breakthrough from Colonialism”) los pasos básicos del “Plan Tennessee”, incluyen: radicar una solicitud de admisión y que el Congreso no la atienda; “celebrar elecciones” para funcionarios estatales, senadores y representantes Congresionales; y enviar la delegación a exigir la estadidad.

 

El caso de PR es muy distinto. Tennessee no era un territorio organizado. A penas tenían 77,000 habitantes en 1796. PR es un territorio organizado, “incorporado de-facto”, que cumple con los requisitos para ser admitido, incluyendo la Constitución, la Carta de Derechos y una forma de gobierno republicana aprobadas por el Congreso. Aún así, no disfrutamos de la igualdad de derechos y progreso de los estados.

 

Para que una delegación tenga carácter oficial en representación de todo el pueblo de PR no debe ser designada como un mero comité de cabildeo. Si la misma fuera a pedir admisión como estado, debe de ser electa para que sea reconocida por el Congreso, Cualquier ciudadano americano tendría el derecho a reclamar un proceso de elección que cumpla con las leyes. Para cumplir con la Constitución y la doctrina de “one man one vote” será necesario una redistribución electoral para Distritos Senatoriales y Congresionales, nominación, primarias si fuera necesario, elección de delegados, legislación que defina su función, mandato y la asignación de los fondos necesarios.

 

Para acelerar el proceso de admisión es fundamental que la nueva administración estadista en el 2017 haga gestiones para que se celebre un referéndum usando los fondos y la legislación aprobados por el gobierno federal para que los ciudadanos americanos residentes en PR le demuestren al Congreso y a nuestra nación que queremos y exigimos ser el Estado 51. Ignorar esa realidad sería en detrimento a nuestro reclamo.

 

Nuestra lucha y estrategia para lograr la estadidad debe atemperase a la realidad política, desarrollo histórico y proceso de integración de PR a la nación Americana. Una estrategia de presión sin haber agotado el mecanismo del referéndum que nos brinda el Congreso sería contraproducente y podría atrasar el proceso para lograr la estadidad.

 

Después del plebiscito hay que presentar un Acta de Admisión o Acta Habilitadora, entre otras opciones de admisión,  pero si el Congreso no toma acción en un plazo razonable, debemos exigir contundentemente al Congreso que admita a PR como Estado.

 

Caja de pandora política y constitucional 26 de octubre 2015

Hernán Padilla

Al decidir el Supremo Federal considerar la apelación del Secretario de Justicia referente a la decisión del Tribunal Supremo de PR sobre la aplicación de “doble exposición” en el caso del Pueblo vs Sánchez Valle, abrió una caja de pandora política y constitucional.

 

El Tribunal Supremo local entró en terreno sensitivo cuando determinó que el Territorio organizado de Puerto Rico no tiene los poderes ni autonomía  separada  como la de los estados de la Unión y que no pueden radicar cargos contra un acusado por los mismos hechos radicados a nivel federal.

 

Es irónico que los populares apelen dicha opinión, amparándose en el argumento de que somos jurisdicciones separadas. El PPD acepta que la Estadidad es buena para PR cuando reclama el poder de los estados para defender la doble exposición.

 

Reclaman la soberanía que corresponde a los estados y no al ELA que ellos definen como una relación bilateral. La ironía se magnifica al insistir que EEUU y PR suscriban un pacto de asociación no colonial, y no territorial basado en el ejercicio de la soberanía de dos países independientes (claramente contraria a la Constitución federal).

Al someterse a la Corte Suprema federal, aceptan que PR y las decisiones del Tribunal Supremo están sujetos a la autoridad federal, reafirmando así la supremacía que tiene el foro.

 

Es indudable que PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”, requisito para ser admitido como socio de la Unión. La Ley del Gobernador Electo, la cual el Supremo local omite en su opinión, obliga a  a reconocer que durante décadas el Congreso nos ha tratado como si fuéramos  estado. Los Tribunales federales le han conferido a PR la misma inmunidad y protección que a los Estados al amparo de la Undécima Enmienda.

 

El Tribunal Supremo local ignoró en su opinión que el Congreso autorizó la creación en nuestra jurisdicción de un Tribunal Federal al amparo del Artículo III de la Constitución y que las decisiones de nuestro Tribunal Supremo ya no se tienen que llevar primero a Boston, sino al Tribunal Supremo Nacional.

 

La Juez Asociada Hon. Sandra Day O’Connor sostuvo en una opinión que “Puerto Rico parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados; no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados”.

 

Tampoco pueden ignorarse las decisiones de las Cortes Federales que le han extendido a todos los ciudadanos de la Nación Americana, incluyendo a los que residen en Puerto Rico,  la mayoría de las “garantías constitucionales”.

El caso y la apelación pueden abrir las puertas para que SCOTUS intervenga y acelere la solución del estatus y le ponga fin al ELA.

 

En el 1947, con la Ley Pública 362, (Ley del Gobernador Electo), se expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y se estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si “Puerto Rico fuese un estado de la Unión” sujeto a las disposiciones del Artículo IV de la Constitución, aplicable solo a los Estados.

 

La Constitución de Puerto Rico estableció un gobierno propio local y colonial que nunca cambió ni alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre PR, como lo afirmó el propio Luis Muñoz Marín en el Congreso.

 

La Corte Suprema no debe ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus Ciudadanos,  incluyendo a los que residen en PR.

 

Cuestionables Decisiones jurídicas. 7 de diciembre, 2015

Hernán Padilla

La indefinición del ELA es la causa de muchos de los problemas que afectan a PR. Basta con leer la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el caso Casellas que concedió la petición de un nuevo juicio y revocó la sentencia alegando un nuevo estado de derecho determinado por el Tribunal Supremo de PR que establece que Puerto Rico no cuenta con soberanía dual para acusar a una persona que ya ha sido acusada en el foro federal.

 

En mi columna del 26 de octubre sobre la decisión del Supremo Federal de considerar la apelación de la decisión del Tribunal Supremo de PR sobre la aplicación de “doble exposición” en el caso del Pueblo vs Sánchez Valle, expuse que abriría “La caja de pandora política y constitucional”.

 

La defensa de Casellas reclamó que la Constitución de Estados Unidos exigía un veredicto unánime en un juicio por jurado. Cuando el Tribunal de Apelaciones revocó su sentencia de 109 años y le concedió un nuevo juicio abrió la caja de Pandora. Esta es una decisión cuestionable y la prensa reportó que el Secretario de Justicia indicó que esta podría provocar “una avalancha de solicitudes de excarcelación, y  convierte la Constitución de PR en una mera Ley».

 

Es correcto que a nivel federal el veredicto de culpabilidad en casos de juicio por jurado tiene que ser unánime, pero ello no aplica a nivel estatal. Existen importantes precedentes jurídicos que han validado el veredicto por mayoría a nivel estatal, porque el requisito de unanimidad no se considera un derecho fundamental disponible a los estados. El derecho a juicio por jurado garantizado por la sexta enmienda de la Constitución Federal no requiere que los veredictos tengan que emitirse por voto unánime.

 

Otro aspecto sobresaliente es que el Tribunal Apelativo se amparó en una decisión pendiente de revisión, ya que la decisión del Tribunal Supremo local de Pueblo vs Sánchez Valle NO es final y firme, debido a que está ante el Tribunal Supremo Federal(SCOTUS) que podría revocar la sentencia. En vista de que el Tribunal Supremo de PR no consideró la quinta y la séptima enmienda al tomar su decisión, ambas decisiones podrían ser revocadas.

 

Bajo ese racional, aplicaría la Séptima Enmienda y el derecho a juicios por Jurado en casos civiles en PR, y tendría que establecerse la institución del Gran Jurado porque de otra manera todas las acusaciones de delitos graves serían ilegales.  A la larga tendrían que reconocer el derecho a juicio por jurado, como si PR fuera un estado.

 

En el caso Pueblo vs Sánchez, el Tribunal Supremo local entró en terreno sensitivo cuando determinó que el territorio de PR no tiene los poderes ni la autonomía separada como la de los 50 estados, obviando el hecho de que el Congreso autorizó en nuestra jurisdicción la creación del Tribunal Federal al amparo del Artículo III de la Constitución y que sus decisiones pueden ir directamente al Tribunal Supremo Nacional.

Los casos del “Pueblo vs Sánchez” y la apelación al Supremo federal, y ahora la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la sentencia de Casellas abren las puertas para que SCOTUS le ponga fin al ELA.

 

No se pueden ignorar las decisiones de las Cortes Federales que le han extendido a todos los ciudadanos americanos, incluyendo a los que residen en PR,  la mayoría de las “garantías constitucionales”. La Corte Suprema no debe ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus ciudadanos que residen en la Isla.

 

Es hora que la Corte Suprema de EEUU no abdique su responsabilidad jurídica hacia los ciudadanos americanos que residen en PR y aplique a PR la Constitución americana en toda su extensión y en condiciones de plena igualdad.

 

Decisión Suprema 18 de enero, 2016

Hernán Padilla

La decisión del Tribunal Supremo de PR en el caso de Pueblo vs Sánchez Valle estableciendo que al no ser Estado, PR carece de autoridad soberana separada de la del Gobierno Federal  para acusar en los tribunales de PR a una persona que haya sido procesada por ese mismo delito en los tribunales federales, abrió las puertas para que la Corte Suprema de EEUU (SCOTUS) examine los puntales del ELA.

 

Basado en la preguntas en la “Vista Oral Argumentativa” los Jueces entraron de lleno en el tema del estatus. No debe sorprendernos que revoquen la decisión sobre doble exposición pero sostengan que la Ley de Quiebras Criolla es inconstitucional porque el Congreso es el único que puede tomar acción al amparo de la “doctrina del campo ocupado” por la Ley de Quiebras federal.

 

Los Jueces consideraron el impacto que la decisión del Tribunal Supremo podría  tener sobre el estatus y las relaciones de PR con el gobierno federal, según se resume en el escrito sometido por el Procurador General Verrilli aseverando que la decisión podrá afectar «la legislación y políticas federales relacionadas a PR incluyendo representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, quiebras, y otras».

Verrilli y Nicole Saharsky reconfirmaron que PR sigue siendo un territorio bajo nuestro sistema constitucional», «no posee soberanía independiente a la de los Estados Unidos y es un territorio sujeto a la autoridad plenaria del Congreso. Las expresiones de Verrilli dejan claro que la Constitución de PR estableció un gobierno propio local y colonial que no alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su ratificación. El pacto bilateral nunca existió, ni el Congreso cedió su autoridad sobre PR, como lo corroboraron repetidamente Luis Muñoz Marín y Antonio Fernos Isern en el Congreso.

Resulta irónico que el PPD apeló amparándose en el argumento de que somos jurisdicciones separadas e invocando la soberanía que corresponde a los estados y reclamando el poder estatal para defender la doble exposición. Al someterse al Tribunal Supremo, aceptan la supremacía del foro federal.

Es evidente que el Congreso se reservó el derecho exclusivo para determinar cualquier cambio al estatus de PR cuando enmendó la Constitución de PR para disponer que cualquier enmienda deba ser compatible con la Ley Pública 447, las disposiciones aplicables de la Constitución de EEUU y Ley Pública 600.

 

La opinión y decisión del Tribunal Supremo podría sorprender a los constitucionalistas más eminentes, pero los Jueces deben considerar la evolución constitucional que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus ciudadanos. El Juez Federal Gelpí argumentó que aunque PR todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.

 

PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”, para ser admitido en la Unión. La Ley federal del Gobernador Electo expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de EEUU se respetarán en PR hasta el mismo grado que si “Puerto Rico fuese un estado de la Unión”.

 

La Juez Asociada Sandra Day O’Connor opinó que “PR parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados (como los poderes y soberanía en transición hacia la estadidad); no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados”.

No obstante, siendo PR un territorio no incorporado, la igualdad que garantiza la Constitución Americana no se ha hecho completamente extensiva a los Ciudadanos Americanos en la Isla. Tenemos que concluir que la Constitución federal solo se aplicará en toda su extensión y en condiciones de plena igualdad cuando PR se convierta en Estado de EEUU.

Primarias presidenciales en PR  1 de febrero, 2016

Hernán Padilla

Estados Unidos se rige por una democracia participativa y transparente que propicia transiciones ordenadas durante cambios de gobierno y la mayoría de los ciudadanos americanos en PR nos sentimos orgullosos de nuestra ciudadanía americana.

 

Aunque el Pueblo le quitó el consentimiento de los gobernados al estatus territorial indebidamente denominado ELA y el 61 % de los electores que votaron favorecieron la estadidad en el plebiscito del 2012, existen líderes del PPD que, contrario a Don Luis Muñoz Marín, ignoran la importancia que tiene nuestra participación en los procesos electorales nacionales y proponen derogar la Ley de Primarias presidenciales en PR, proyectando  un mensaje de “separación”.

 

Olvidan que el pueblo ratificó su compromiso en el Preámbulo de nuestra Constitución: “dentro nuestra unión con los Estados Unidos”. Ignoran que Muñoz se acercó a la Estadidad integrándonos a la política nacional en 1959, respaldando el voto presidencial para PR en vistas Congresionales, y apoyando la participación de los puertorriqueños en las primarias de los partidos nacionales. ¡Su último voto fue en la Primaria Presidencial del 1980!

 

El 1ro de febrero comienza el proceso para seleccionar los candidatos presidenciales.  Los ciudadanos de Iowa se reunirán en miles de grupos para comenzar un proceso que finalmente elegirá a los  delegados que asistirán a las Convenciones Naciones de cada Partido.

 

A Iowa le sigue la primaria presidencial de New Hampshire el 9 de febrero. En South Carolina los republicanos votarán el 20 y los demócratas el 27 de febrero; y el 1 de marzo (Super Tuesday) se llevarán a cabo las primarias en 13 estados. Cinco primarias adicionales, incluyendo a Florida, se celebrarán el 15 de marzo.

 

En PR, las primarias republicanas se llevarán a cabo en “caucus abiertos” en 110 precintos el domingo 6 de marzo. Resalta que el GOP trata a PR como si fuera un estado. Puerto Rico tiene 20 delegados, 20 alternos y tres super-delegados.

 

La prensa ha informado que “Bush y Carson han sido los dos precandidatos que han endosado abiertamente la estadidad, mientras que Rubio, Trump, Christie y Kasich se han comprometido en hacer lo necesario para que la Isla se convierta en el estado 51 de la nación si los puertorriqueños lo deciden en un referéndum avalado por el Congreso.

 

Es necesario reconocer que celebramos la primera primaria presidencial el 23 de octubre del 1979 y que participaron 427-mil electores.  De acuerdo a Franklin D López, ex Presidente del Partido Demócrata de PR, la primaria presidencial fue el segundo gran paso de avance hacia el envolvimiento y participación democrática de PR en la política nacional y surgió en 1976 luego de que un movimiento estadista demócrata que luchaba por la causa de la igualdad promovió legislación autorizando la primera primaria para seleccionar delegados a las convenciones nacionales demócratas y republicanas.

 

Ese movimiento estadista sorprendió a RHC y al PPD, y eligieron 9 estadistas demócratas que defendían la candidatura de Jimmy Carter. Con esa fuerza exigieron incluir a PR alfabéticamente en la lista de votación y que se tratara a PR como a un estado en la asignación proporcional de delegados basándose en el número de votantes en las primarias.

Los que apoyamos la integración de PR al proceso democrático electoral de nuestra nación apreciamos que la Constitución de EEUU y la Carta de Derechos sirvieran de modelo e inspiración para redactar la Constitución de Puerto Rico.

 

Las primarias presidenciales en PR son un instrumento para combatir el déficit democrático bajo el estatus territorial/colonial que nos ha privado de votar directamente para elegir al Presidente y Vicepresidente de EEUU. Son un paso para lograr la verdadera igualdad y el poder político que merece PR. Nadie que verdaderamente crea en nuestra Constitución y sistema de gobierno puede negarle un proceso democrático a nuestro pueblo.

 

Rescatar a Puerto Rico, 15 de febrero, 2016

Hernán Padilla

El pueblo de Puerto Rico está preocupado por la crisis económica que lo impacta y por su efecto en las generaciones futuras. El ELA colapsó  y sus creadores no saben cómo definirlo y menos cómo resucitarlo. La Isla ha perdido su atractivo para los inversionistas por la sucesión de políticas desacertadas que han paralizado el crecimiento económico. El gobierno y la economía están a la deriva porque la crisis surge del agotamiento del sistema político-económico; aún cuando las transferencias federales representan  el 40% del ingreso por persona.

 

José Delgado publicó un artículo, “Los malabares del PPD”, en el que señala que  “la visión tradicional del PPD sobre el ELA, el cual han proclamado como un status único dentro del sistema federal, ha estado impugnada en Washington y ha quedado destruida a nivel político con más contundencia que nunca por el gobierno del presidente Barack Obama”.

 

El experimento territorial-colonial es uno de los factores que han llevado a la Isla  a la quiebra y la situación continúa empeorando. La evidencia abunda: la insolvencia fiscal gubernamental y de la economía; la pobreza que afecta a más del 50% de la población; 40 municipios bajo el nivel federal de pobreza y muchos en insolvencia operacional; y la emigración de sectores productivos.

 

El Congreso ha celebrado vistas públicas para buscar una solución temporal a la crisis, entre ellas, la creación de una Junta de Control Fiscal Federal. El CNE propone una Ley de Responsabilidad Fiscal. El Lcdo. Andrés Córdova, de la Facultad de Derecho UIAPR, afirma que “PR es un Territorio bajo el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso; la creación de una Junta…es un ejercicio legitimo de su poder político y el Congreso tendrá que atender…el problema de nuestro status político”.

Concurro con las gestiones del Comisionado Pierluisi para lograr una Junta de Control Fiscal Federal Balanceada que respete la autonomía de PR (como a un estado), tenga poderes para controlar las finanzas y pueda asistir al gobierno a reestructurar el pago de sus obligaciones. Que extiendan la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras a las corporaciones públicas,  y que cualquier medida de reestructuración obligue la transparencia y publiquen los estados financieros auditados y proceda con reformas gubernamentales esenciales. También insistimos en que se corrijan algunas de las disparidades que sufrimos en programas como el Medicaid y el de créditos contributivos federales.

La fuga poblacional corrobora el colapso del sistema colonial que mantiene a 3.36 millones de ciudadanos americanos en la Isla clamando por un cambio para un mejor futuro bajo un modelo político-económico que estimule el crecimiento de la actividad económica privada que produzca más empleos, mejores salarios y menos dependencia en el estado.

El PPD insiste en un ELA no territorial ni colonial mediante la libre asociación, pero a la vez reconoce que tendrán que suplicarle al Congreso que continúen brindándole a PR ayuda federal y la ciudadanía americana, lo cual es imposible bajo la Constitución de EEUU.

 

Ante las tendencias separatistas del PPD y el fracaso político y económico del ELA, tenemos que rescatar a PR de la depresión económica e inseguridades de un estatus colonial, inferior y sin futuro. La resolución del estatus es imprescindible para sacar a Puerto Rico de la bancarrota en que nos ha sumido el ELA-colonial.

 

Urge implantar un plan de desarrollo y recuperación de PR que incluya la resolución del status político. Si no se resuelve definitivamente, será imposible revertir la situación económica.

Por eso, repito mí llamado al pueblo y los líderes estadistas: Los compromisos durante las próximas elecciones deben producir un mandato claro e inquebrantable para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultáneamente encaminar a Puerto Rico a convertirse en Estado.

 

Crisis  en el territorio colonial, 29 de febrero, 2016

Hernán Padilla

Las noticias sobre la deuda pública de PR nos hacen concluir que la economía de PR atraviesa por una crisis sin precedente y que el gobierno colonial ha sido responsable de llevarnos al borde del precipicio  fiscal, económico, social y político.

 

El éxodo poblacional evidencia que la migración ocurre porque los puertorriqueños perdieron la fe en el futuro. No ven una pronta solución a la crisis y están convencidos de que la incertidumbre del  estatus territorial-colonial y las condiciones sociales, la pobreza, el desempleo, trabajos mal pagados, pobre educación, servicios de salud limitados, corrupción gubernamental, deterioro urbano, viviendas abandonadas, y alto costo de la vida le cierran las oportunidades y los motiva a buscar una mejor calidad de vida en los 50 estados.

 

Nuestros ciudadanos se sienten agobiados por los fracasos de política pública y mala administración de un gobierno que ha perdido la confianza del pueblo. Este gobierno con sus desacertadas acciones y aumentos contributivos ha provocado la pérdida de credibilidad y motivado miles de quiebras, pérdida de empleos y una alarmante reducción de los ingresos del gobierno que agrava aún más la crisis fiscal.

 

El Comisionado Pierluisi advirtió que si el gobierno cae en impago de la deuda la reputación de PR “se va a ir al piso”, e insistió que es necesario “recuperar la credibilidad de Puerto Rico ante los mercados de capital, reducir el gasto de operación gubernamental y la burocracia que atenta contra nuevos proyectos y la creación de Alianzas Público Privadas”.

 

La firma de abogados Zamansky LLC especialistas en el campo de valores e inversiones, publicó un artículo en el que predice que si PR no puede reestructurar la deuda se afectarían miles de inversionistas, incluyendo muchos puertorriqueños. Sobre el estado financiero auditado del gobierno correspondiente al año fiscal 2014, advirtió que “es una vergüenza colectiva” que aún no se haya presentado, ya que es fundamental para evaluar la crisis fiscal.

 

El presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Orrin Hatch, exigió que hagan públicos los estados financieros auditados y que contesten 47 preguntas críticas sobre el gobierno local, la crisis fiscal y las medidas que han tomado para mitigarla. Incluye los serios problemas de los sistemas públicos de retiro que operan con un déficit actuarial de más de $44 billones; y un desglose de los presupuestos para salud, vivienda y ayuda social, educación y pago de la deuda.

 

Esta presión los obligó a hacer público un borrador del informe financiero no- auditado. Es peor que admitan que existen “dudas sustanciales” de que varias agencias públicas puedan operar bajo las actuales restricciones fiscales” y que el Secretario de Hacienda dijera que “Si decimos insolvente como la incapacidad para pagar las deudas según se vencen, sí, estamos insolventes.

 

Luego de múltiples vistas Congresionales, la administración Obama auspició una mesa redonda, encabezada por el Secretario del Tesoro, Jacob Lew,  sobre la crisis fiscal de PR. Lew recordó que la crisis puede llegar a un punto culminante entre mayo y junio, cuando el gobierno de PR tiene pendiente sobre $2,000 millones en el servicio de la deuda pública y el BGF debe pagar $422 millones de la deuda para el 1ro de mayo. Hacienda confirmó que existe un déficit acumulado de $41 billones y no pagar las deudas a los suplidores del sector privado afectará la economía.

 

Ante la crisis, resuenan los señalamientos del Comisionado Pierluisi: «El récord demuestra que en PR no hay solo una crisis, sino una serie de crisis interrelacionadas.  Existen crisis económicas, fiscales, de liquidez, de deuda, de emigración y de administración pública» y  concluye: “la raíz de la crisis fiscal y de deuda pública de PR es su status territorial y la necesidad de atender las «intolerables» disparidades bajo los programas federales.

 

Fracasa política económica del ELA, 2016-03-14

Hernán Padilla

Un artículo de “CNN Money”, presentó la imagen de propiedades a la venta o abandonadas que se han convertido en la imagen del impacto de la crisis que afecta a PR y obligado a miles de puertorriqueños a irse en busca de un mejor futuro. Enfatizó que PR ha perdido más del 10% de la población en la última década y que la migración hacia Texas y Florida se ha acelerado desde que el gobierno declaró impago de la deuda en el 2015.

De acuerdo a CNN la situación les recuerda la quiebra de Detroit. Señalan que las ejecuciones de propiedades sobrepasaron el más alto promedio nacional. De acuerdo al artículo, son muy pocos los que quieren comprar viviendas mientras la Isla continúe en una crisis fiscal y un desempleo tan alto.

El gobernador García Padilla tiene la obligación de colaborar con el gobierno federal para encontrar soluciones para la resolver la crisis fiscal y promover un  desarrollo económico sostenible, pero ha reaccionado irresponsablemente a la solicitud del Senador Hatch que desde hace un mes solicitó que le sometiera un informe detallado sobre la deuda y las finanzas de PR antes del 1 de marzo.

En vez de cumplir y someter los estados financieros auditados, AGP nuevamente asumió una posición hostil y declaró que “el no responde a ultimátum de nadie”. Hatch insiste que se necesita “información detallada para poder desarrollar una solución que sea fiscalmente responsable”.

Increíble, pues, hasta cierto punto, el senador Hatch solicitó la misma información que todo  puertorriqueño tiene derecho a preguntar y recibir una contestación de parte del gobernador.

Ahora, AGP alega que colaborará con el Departamento de Tesoro para la redacción de un proyecto para una Junta de Control Fiscal. Mientras tanto, contempla una moratoria a los pagos del servicio de la deuda y una sindicatura a varias agencias públicas incluyendo el BGF, por no tener liquidez para los pagos de mayo y julio.

Parece que la administración PPD trabajo en un vacio y no le presta atención a los planteamientos del Congreso. El presidente del Subcomité de Investigaciones Financieras de la Cámara, Sean Duffy, alertó que reestructurar la deuda del territorio podría tener un impacto negativo sobre la economía de los estados donde hay tenedores de bonos de Puerto Rico.

Aparte de su inacción, el gobernador presento un mensaje que ha sido criticado como decepcionante por el Comisionado Pierluisi. AGP dedicó a adjudicar culpas en vez de asumir responsabilidad por la política que ha asumido durante los pasados tres años incluyendo ignorar el problema del estatus de PR, uno de los puntales de la crisis fiscal que provoca la emigración en masa.

Para complicar más nuestros problemas, el informe Krueger, contratado por la administración colonial, sugiere que se exima a PR del salario mínimo federal y se perjudiquen los trabajadores puertorriqueños que merecen igual paga por igual trabajo.

Según un amigo empresario: “Si bien es cierto que bajo el estatus territorial nuestra economía nunca será viable—por lo que es imperativo convertirnos en estado—también me he convencido que es igual de importante reformular la operación de nuestro gobierno. Tenemos que alejarnos de la política económica Keynesiana con la que acumulamos la descomunal deuda que hoy nos agobia a todos. Nuestros líderes hicieron mal uso de esa (desacreditada) política económica bajo el pretexto de que el gobierno tiene que mantener la economía en tiempos difíciles”, y el resultado ha sido un fracaso rotundo”.

 

Concluyo endosando las palabras del Comisionado: “Como estadista, aspiro a que los ciudadanos americanos en Puerto Rico tengan los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los ciudadanos americanos en los estados. El estatus territorial actual priva a Puerto Rico del poder, la dignidad y las herramientas básicas para enfrentar nuestros retos”.

Tenemos que poner la casa en orden;   lunes 28 de marzo, 2016

Hernán Padilla

 

Antes de las elecciones, recordemos las decisiones fiscales de las administraciones de Calderón y Acevedo entregaron el gobierno en el 2009 con un enorme déficit presupuestario y deudas a millonarias a contratistas y suplidores sin recursos gubernamentales para pagarlas. Las agencias que establecen la clasificación crediticia clasificaron los bonos del gobierno como “chatarra”.

 

La recesión en PR comenzó bajo Acevedo en el 2006 y en mi columna de enero-2009 presenté un cuadro de “Un Gobierno Insolvente” porque existía un déficit operacional de alrededor de  $3,300 millones. Durante una recesión es necesario incentivar la empresa privada para que genere empleos, pero por el contrario el gobierno fracasó con el IVU, no redujo gastos y aumentó el gigantismo gubernamental.

 

En el 2009, el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica concluyó que la economía estaba inmersa en una de las peores crisis económicas de la historia de PR. La situación era tan seria que la alternativa de no hacer nada era inaceptable. El ELA estaba quebrado.

 

La administración Fortuño determinó que la gravedad de la crisis requería acción urgente y valiente. Redujeron los gastos operacionales y la inversión de capital y establecieron alianzas público-privadas. A cambio, el PPD desarrolló una campaña populista basada en promesas falsas. Atacaron el plan de Fortuño y en el 2012  engañaron a los electores.

Posteriormente hemos pagado las consecuencias de esa decisión electoral. Los 39 meses de este cuatrienio han definido un gobierno fracasado ya que no pueden implantar una política pública efectiva para resolver la crisis y estimular progreso. Recientemente un artículo de Joan González informó que las quiebras aumentaron un 13% en febrero del 2016 en comparación con el 2015 y un 9% comparando enero/febrero del 2016 con enero/febrero del 2015.

El Sistema de Retiro de Maestros  está al borde del colapso. El Departamento de Ecuación  no paga las aportaciones que deben hacer al Sistema de Retiro, porque utilizan esos fondos para gastos operacionales. La UPR, manipulada por el PPD para oponerse a las medidas de austeridad de Fortuño, ahora se encuentra en serias dificultades presupuestarias; y hasta el Consejo General de Estudiantes ha denunciado que la Administración ha otorgado Becas Presidenciales que confirman la cultura de amiguismo y nepotismo.

 

En solo un fin de semana asesinan a once y sigue aumentando la criminalidad y por falta de recursos la Administración de Tribunales ha ordenado cierres parciales o totales de los tribunales durante el resto del 2016.

 

Contrario a la parálisis en construcción de nuevas viviendas en PR, a nivel nacional se registra un aumento de 5.2% en febrero. Aquí simultáneamente, se informa de contratistas a quienes la AAA les debe $150 millones desde el 2014.

National Public Radio(NPR)  destacó que como consecuencia de los bajos salarios, la emigración de personal de la salud ha tenido un impacto devastador en los hospitales y clínicas. El propio García Padilla, que rechaza a EEUU como su nación, contradictoriamente acepta que bajo la colonia se reciben menos fondos federales y reclama que el Congreso nos trate como un Estado en los programas de salud, incluyendo medidas contra el Zika.

El colonialismo ha fracasado con un gobierno que ha sido incapaz de controlar gastos, evitar el despilfarro, reducir el gigantismo gubernamental y desarrollar la economía. Por primera vez en la historia de PR el Congreso considera imponer una Junta de Control Fiscal con poderes sobre la administración pública que exigirá reducir la nómina, supervisar contratos, obligar a honrar los sistemas de pensiones gubernamentales y reestructurar la deuda.

Mientras no tengamos los poderes políticos y la igualdad ciudadana con todos los derechos constitucionales que solo se logran con la estadidad, tendremos que aceptar la intervención del gobierno federal hasta que un nuevo gobierno ponga la casa en orden.

ELA requiere intervención federal  12 de abril, 2016 – Hernán Padilla

El Congreso considera el anteproyecto ‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) que crearía una Junta Federal independiente con poderes y autoridad para supervisar las funciones del gobierno insular y promulgar un plan y un presupuesto fiscal, si el gobernador y la Asamblea Legislativa fallan en hacerlo. También participará y colaborará en la restructuración de la deuda y ayudará a que PR tenga acceso al mercado de bonos bajo condiciones razonables.

Reconocemos que el ELA es un territorio colonial sin igualdad de representación congresional, voto presidencial y sin los poderes políticos de los estados. En donde más de la mitad de la población vive bajo los niveles de pobreza y subsiste de ayudas federales para salud, nutrición, vivienda, educación, y otros. Como resultado, un gran segmento de la población emigra en busca de empleos y diez municipios perdieron más de 10% de la población en los últimos cinco años.

 

La revista “Money” resaltó que cuando García Padilla anunció que la deuda era impagable la convirtió en la deuda impagable más grande en la historia de EEUU. Moody’s señaló que la deuda de $15,637 per cápita del ELA es diez veces mayor que la deuda promedio nacional y la más alta en la nación.

De acuerdo al Mercatus Center de George Mason, la economía de PR está muy por debajo de la de los 50 Estados y PR no tiene solvencia para cubrir obligaciones a corto plazo o para saldar las cuentas por pagar. Los ingresos presupuestados solo cubren el 74% de los gastos legislados. El colapso del BGF afectará la economía, los municipios y el gobierno central.

El fracaso del PPD para manejar la crisis fiscal obligó al Congreso a exigirles que presenten estados financieros auditados y expliquen que han hecho para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado, controlar y reducir los gastos del gobierno, pero García Padilla ha hecho caso omiso a esos requerimientos.

AGP solo ha presentado un llamado “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal” que pospone las soluciones y contiene un listado incongruente que incluye completar la imposición del IVA, aumentar el salario de los empleados exentos, solicitar una dispensa de 10 años para la aplicación local del salario mínimo federal y la nefasta moratoria del pago de la deuda que concede poderes cuasi-dictatoriales al Gobernador.

Ante la ausencia de un gobierno comprometido a resolver la crisis, la administración Obama reiteró que «PR necesita urgentemente la capacidad de reestructurar sus obligaciones financieras acompañada de supervisión independiente” y que “la legislación final debe proveerle a PR las herramientas para lograr una solución viable a esta crisis y crear un camino hacia la recuperación”.

Concurro con el Comisionado Pierluisi en que se debe delinear un proceso razonable que fomente acuerdos justos y equitativos que se puedan hacer cumplir en los tribunales de justicia. Respaldo también que el Gobernador y la Asamblea Legislativa conserven su función en el desarrollo de un plan fiscal, la elaboración de presupuestos y la toma de decisiones fiscales. Puerto Rico debe estar representado con voz y voto en la Junta Federal.

Las expresiones de AGP constituyen un obstáculo para resolver la crisis, pero confío que el Congreso apruebe un proyecto con las enmiendas necesarias, y que esta Ley no interfiera con nuestro derecho a determinar nuestro futuro estatus político, incluyendo usar los $2.5 millones autorizados para llevar a cabo una consulta avalada por el gobierno federal.

 

García Padilla y su gobierno-colonial han ignorado la decisión mayoritaria del pueblo que revocó el consentimiento al presente estatus territorial-colonial y aún no han podido articular su definición del ELA según requiere el proyecto aprobado por Obama y el Congreso para un plebiscito que resuelva el estatus de PR y la base para un crecimiento y desarrollo económico sostenible.

 

Crisis, deuda, moratoria y estatus; 25 de abril, 2016

Hernán Padilla

El “Speaker” Paul Ryan expresó que el proyecto de ley para establecer una Junta Fiscal Federal es constitucional, impone responsabilidades y trae orden a la restructuración de la deuda.  Aun así, existen áreas que requieren enmiendas para lograr apoyo bipartidista del Congreso y en el Senado, donde se percibe oposición bilateral comenzando con Orrin Hatch.

Si el gobierno federal no toma acción para ayudar a levantar la economía de PR será muy difícil crear condiciones para un futuro mejor. El Presidente del Comité a cargo de la Legislación, dijo que si no intervienen ahora con la crisis y la deuda pública de PR, habrá un impago total y que entonces sería necesario “considerar un rescate financiero (bailout)” que no tendría apoyo en el Congreso.

Concurro con el editorial de El Nuevo Día: “Un rechazo del Congreso en crear un organismo con autoridad para supervisar la administración de las finanzas locales y dar paso a la reestructuración de la deuda pública, convertiría en grandes perdedores al pueblo puertorriqueño, a los bonistas y al propio gobierno estadounidense”.

 

Estoy de acuerdo con otro editorial de ENDI, “Más allá de la Junta”, que expresa que  “Con este instrumento organizador y fiscalizador de las finanzas gubernamentales, PR podrá pagar su deuda, reestructurar su operación gubernamental y revitalizar su actividad económica, de manera que nuevos empleos en el sector privado impulsen el desarrollo económico y social”.

Pierluisi ha insistido en que  “La función principal de la  junta sea temporal para proporcionar una supervisión general de la política fiscal en PR”, que “de ninguna manera sustituirá a los líderes electos del territorio”, que  “provea un mecanismo de reestructuración de la deuda, le proporcione al gobierno un aplazamiento temporal en los litigios y pueda crear un ambiente para las negociaciones voluntarias con los acreedores”.

 

El economista Gustavo Vélez respalda la Junta Fiscal Federal porque la crisis requiere que “el Congreso provea incentivos y herramientas para rehabilitar la capacidad de crecimiento de la economía local y la atracción de inversión nueva a la isla”.

 

Si algún gobierno requiere y se merece una Junta de Control Fiscal, es el actual que ha llevado a PR al colapso fiscal, económico y político. El régimen de García Padilla, en vez de crear un mecanismo que nos provea los instrumentos para comenzar a resolver la crisis mediante acuerdos voluntarios con los acreedores, aprobó una ley para una moratoria unilateral y dictatorial del pago de las deudas.

La Junta Editorial del WSJ acusó a García Padilla de amenazar con un impago  e imponer una moratoria que tendrá graves consecuencias para PR en los mercados financieros y exhortó al Congreso a usar sus poderes para lograr una reforma fiscal y gubernamental en PR.

Pierluisi declaró que la “Ley de Moratoria” está reñida con nuestra Constitución y nuestras leyes y representa un ejercicio ilegítimo de poder”; Jenniffer González denunció que “le confiere al gobernador poderes totalitarios”; y Elías Gutiérrez dijo que “pone en peligro la economía, credibilidad y palabra de PR”.

 

La crisis fiscal tiene su base en un modelo político que promueve la dependencia, rechaza la igualdad, le niega a PR los poderes, derechos, beneficios y obligaciones de los cincuenta estados, incluyendo la representación proporcional con voto en el Congreso y el voto presidencial. En otro editorial de ENDI, aunque no menciona el triunfo de la estadidad en 2012, enfatiza que “El Congreso tiene que solucionar el estatus”.

 

A PR le esperan tiempos muy difíciles y las acciones del régimen territorial han  convertido el “paraíso en tierra de desesperanza”. Aun así, tenemos la expectativa de que el nuevo gobierno del 2017 cumpla los compromisos, rescate la economía y el crédito de PR, atraiga nuevas inversiones, desarrolle alianzas público privadas, detenga la pérdida poblacional, levante el nivel de vida, y exija la solución del estatus.

 

Notas sobre el autor

 

Hernán Padilla MD

 

DOB- 05/05/38  Mayagüez, Puerto Rico

 

Educación

Universidad- BS de la Universidad de Puerto Rico-1959

Medicina- MD de la Universidad de Maryland, Baltimore 1963

Internado y Residencia: Hospital Universitario, Centro Médico de PR- 1963-67

Certificación de Especialidades de Medicina Interna y Nefrología: (Board Certified in Internal Medicine and Nephrology)

 

Militar

Oficial retirado de la Reserva de los Estados Unidos

Rango de Coronel en el Cuerpo Médico, USAR

Guardia Nacional de Puerto Rico- 1954 al 1987, distintas etapas

US Army Reserves: Maryland, Fort Meade 1987-1993

Fue activado durante la Guerra del Golfo (Irak) y asignado a Walter Reed Army Hospital, Medallas por servicio (Military Achievement and Military Merit)

 

Servicio Público

Hospital Universitario- 1963 hasta 1985, varias etapas

Departamento de Medicina Interna, Nefrología, Hospital Universitario

Profesor Clínico Asistente en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, distintas etapas entre 1967 y 1985.

Cámara de Representantes de Puerto Rico- 1969-76

Portavoz de la Mayoría -1969-72

Portavoz Alterno de la Minoría 1973-76

Alcalde de San Juan 1977-1984

Delegado Alterno a la 37ma Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Public Delegate, US UN Mission) 1983

 

Política en Puerto Rico

Miembro Ciudadanos Pro Estado 51

Deponente ante Comisión del Status 1966

Se une a Luís Ferre en la fundación de Estadistas Unidos- 1967

Moción en Asamblea de Estadistas Unidos en Country Club para crear el PNP- 1967.

Electo Representante por Acumulación 1968 y 1972

Candidato a Gobernador PRP 1984

Participación activa en múltiples foros y conferencias sobre la Estadidad para PR

Fundador y Presidente de la Organización Igualdad, 2012 (para defender estadidad)

 

Trabajo en Medicina y Administración de Salud

Maryland en Diciembre 1985

Médico Internista en Anápolis-1985-87

Kaiser Permanente (KP) Área de DC/Maryland- Internista y Nefrólogo-1987-1999

Director Médico de centro de KP en Gaithersburg, Maryland-1992-95

Director de Área – KP- 1995-1997

Director de Servicios de Utilización Medica- KP 1998-1999

Vice-Presidente Medico de “Mid Atlantic Medical Services” 1999-2003

Retirado en Junio 2003

Profesor Clínico Asistente en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, distintas etapas entre 1967 y 1985.

Medico activo en Medicina Interna y nefrología- 1985- 2003: Maryland

Director Médico de Área, Kaiser Permanente; Maryland y Washington DC

Vicepresidente Medico de Mid Atlantic Medical Services, Maryland y Área noreste.1999-2003.

Retirado a Florida en junio del 2003

 

Otros Nombramientos

Nombrado al “Presidential Scholars Comisión” por el Presidente R. Reagan-1985

Miembro del “Nacional Advisory Committee for Innovations in State and Local Government”- 1985-88

Electo a la Junta de Directores de la “Liga Nacional de Ciudades”-1978

Electo primer presidente hispano de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos

(US Conference of Mayors)-1984

Invitado por el Vicepresidente Bush  a formar parte de la delegación de los Estados Unidos para la toma de posesión del Presidente de Ecuador- agosto 1984

Fundador y Presidente del US Council for Puerto Rican Statehood, Washington DC- 1996-2003

Orador principal varias actividades cívicas, como la celebración del Mes de la Hispanidad en Fort Meade, Maryland; Fort Jackson, South Carolina; Securities Exchange Comisión, DC.

 

Junta de Autoridad de Alianza Publico Privadas

Nombrado por el Gobernador Luis Fortuño a un término de cuatro años como miembro Director de la Autoridad de las Alianzas Publico Privadas en el 2009.

Columnista

El Nuevo Día, San Juan, Puerto Rico Mayo, 2008 al presente

El Sentinel, Sur de Florida, 2010

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