El equipo fiscal del gobernador Alejandro García Padilla llegó a un acuerdo con un grupo de cooperativas para posponer, por un año, el pago de unos $33 millones que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) debió efectuar este lunes.

El acuerdo, supo El Nuevo Día, le da un respiro al sector cooperativo, pues durante los próximos 12 meses, el BGF continuará pagando intereses. Ello evitaría que decenas de cooperativas entren en un cuadro de insolvencia en cuestión de semanas o meses con un impago por parte del agente fiscal.

“La administración reconoce el papel fundamental que las cooperativas desempeñan para la recuperación económica del país. El Estado Libre Asociado está comprometido con el movimiento cooperativista y continuará trabajando incansablemente para atender sus necesidades financieras durante el proceso de reestructuración de la deuda pública”, indicó La Fortaleza en un parte de prensa.

Según fuentes de este diario, el Gobierno y el grupo cooperativo encontraron terreno común el pasado jueves, pero no fue hasta ayer que se completaron los trámites de la transacción.

Tras el acuerdo con las cooperativas, el pago de principal de $400 millones que el BGF tenía que hacer el próximo lunes se reduce en unos $33 millones.

Aunque el pacto con el llamado G25 quita algo de presión al sector cooperativo de Puerto Rico, otros bonistas del BGF, en especial los individuos que tienen deuda del agente fiscal, no necesariamente verán el mismo alivio.

Vivo el impago

Al cierre de esta edición, dos fuentes separadas de este diario aseguraron que los asesores en reestructuración del Gobierno, Jim Millstein y Richard Cooper, de Cleary Gottlieb, y el grupo de bonistas Ad Hoc del BGF (Ad Hoc-BGF) no habían llegado a un acuerdo para posponer el pago de $140 millones en notas del BGF.

Según las fuentes, Puerto Rico y el grupo Ad Hoc-BGF podría completar un acuerdo de indulgencia o “forbearance agreement” durante este fin de semana. Empero, dado que el agente fiscal no negocia con la totalidad de los acreedores afectados, el BGF incurriría, de todos modos, en un impago el próximo 2 de mayo, lo que El Nuevo Día reveló el pasado 26 de abril y  García Padilla confirmó al día siguiente.

El pago del BGF que vence el lunes próximo responde a una nota (un préstamo a corto plazo) que el agente fiscal emitió en 2011 como parte de una estrategia de la administración de Luis Fortuño que consistía en levantar capital para prestar a agencias de gobierno, auxiliar a corporaciones públicas que no podían emitir deuda entonces como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y asegurar suficiente liquidez al Departamento de Hacienda.

No obstante, por ser préstamos de corto plazo, solo en este año fiscal, el BGF tenía que desembolsar de sus arcas unos $876 millones a los bonistas, o casi el equivalente del 43% de su capital.

Aunque el BGF no pagará el principal que adeuda, El Nuevo Día supo que el próximo lunes, el síndico de la transacción –Wilmington Trust– remitirá el pago de $22 millones en intereses a las cooperativas y demás acreedores del agente fiscal.

Tras conocerse el acuerdo, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier, aplaudió la transacción.

“Nos alegra muchísimo. Hemos insistido en que las cooperativas tienen que tener salvaguardas y que la ruta de la negociación voluntaria es la que se tiene que seguir para evitar caer en impago. El país puede seguir creyendo en nuestras cooperativas, están sólidas y son una alternativa confiable”, dijo.

Por su parte, el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, indicó que si bien el acuerdo con las cooperativas evita un impago, “falta mucho por hacer pues, como mínimo, la administración actual tiene que lograr acuerdos similares con la mayoría de los acreedores de nuestras entidades públicas”.

“Es hora de actuar con la mayor celeridad, responsabilidad y efectividad por el bien de nuestro pueblo”, agregó el actual comisionado residente.

Comprando tiempo

Según las fuentes de este diario, el acuerdo las cooperativas no atiende del todo los problemas que encara el sector cooperativo y tampoco alivia la crítica posición de liquidez del agente fiscal.

“El acuerdo con las cooperativas lo que hace es prolongar el problema por un año, se compra tiempo para evitar una situación de iliquidez ahora, pero habrá que ver lo que sucede con el BGF y cómo a la larga se va a distribuir lo que queda en el BGF”, dijo una de las fuentes, que pidió que no se mencionara su nombre.

Según el parte de prensa de La Fortaleza, el intercambio de notas a un año está disponible para otras cooperativas que no forman parte del llamado G25, así como a otros inversionistas institucionales como serían las casas de corretaje en Puerto Rico.

“El BGF continúa negociando una transacción potencial relacionada con un intercambio de toda su deuda, lo que requeriría la participación de todos los acreedores del BGF, incluyendo las cooperativas”, indicó por su parte el agente fiscal en declaraciones separadas.

De acuerdo con las fuentes, aunque hay “buen ánimo” de parte del grupo Ad Hoc-BGF para llegar a un acuerdo, hasta anoche las negociaciones no se concretaban, pues no quedaba claro qué colateral dará el BGF para facilitar el intercambio que interesa.

La presión del tesoro

La semana pasada, El Nuevo Día reportó que el grupo Ad Hoc-BGF estaba dispuesto a intercambiar su acreencia actual por una nueva nota del agente fiscal que reflejaría un descuento de 50 centavos de dólar.

Dado que esta semana las notas del BGF llegaban a venderse en unos 20 centavos de dólar, la oferta del Gobierno representaría casi una ganancia o no pérdidas para los fondos de cobertura de riesgo que compraron a descuento.

Sin embargo,según las fuentes, hasta ayer la negociación continuaba llena de retos.

“En esto hay demasiadas manos e intereses envueltos”, explicó una de las fuentes.

Según la fuente, el equipo fiscal de García Padilla negocia con los acreedores mientras el Tesoro federal habría advertido a García Padilla que si se modifica la Ley de Moratoria o se pacta algún acuerdo significativo con los acreedores, se afectará el cabildeo en el Congreso. Esto, a fin de que se apruebe un mecanismo de resolución para la deuda pública de la Isla.

“Lo que complica la negociación es que el acreedor que acepte un recorte, va a pedir una colateral y en el BGF no hay activos saludables salvo la cartera de préstamos a municipios”, explicó el ejecutivo.

La Legislatura. “El Banco quedó mal por la propia Legislatura que el año pasado le quitó la asignación que se usaba para el pago de los distintos préstamos de las agencias”, agregó.

Según el ejecutivo, el año pasado, la Legislatura no asignó cerca de $200 millones para pagar los préstamos de distintas agencias con el BGF. Como resultado,  esos préstamos están fallidos y el BGF no puede ofrecerlos como  colateral.

La fuente también explicó que si el BGF utiliza los préstamos a municipios como colateral para un grupo de acreedores, otros inversionistas que no participan de las negociaciones, así como las agencias y municipios  que son depositantes en el BGF, podrían objetar ese tratamiento especial en los tribunales o buscarán “competir” por un pedazo de los pocos activos buenos que hay en el agente fiscal.

Respiro para cooperativistas

Aunque las fuentes coincidieron en que el pacto cooperativo, los esfuerzos del BGF para convencer a otros acreedores y la intención de pagar intereses por parte del agente fiscal son “soluciones temporales”, el acuerdo de ayer es particularmente útil para el sector cooperativo.

Al menos cuatro fuentes separadas de El Nuevo Día plantean que en las pasadas semanas, una vez se agudizó la crisis de liquidez en el BGF y García Padilla congeló los depósitos del agente fiscal, los socios cooperativistas han comenzado a retirar dinero de sus cuentas, aun cuando estas están aseguradas hasta $250,000. Las fuentes plantean que los retiros rondan unos $40 millones por semana.

Empero,  el saliente presidente de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec), Daniel Rodríguez Collazo,  dijo ayer que las cooperativas poseen reservas suficientes para hacer frente a las pérdidas en los bonos del Gobierno.

El funcionario no quiso confirmar si las cooperativas están perdiendo depósitos, pues habrá que esperar al fin del trimestre para determinar si los volúmenes de depósitos se han afectado.

El sector –que invirtió unos $1,300 millones en bonos del Gobierno– encara pérdidas no realizadas de unos $500 millones. De no haber llegado a un acuerdo con el BGF, ello se hubiera traducido en otra pérdida para el sector que ya sufre el impago de la Corporación para el Financiamiento Público.

Según la directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, Mildred Santiago, el sector está preparado y de surgir alguna situación, las cooperativas tienen la capacidad para absorber a otra cooperativa que pudiera quedar insolvente.

Sin embargo, antes de llegar a ese escenario, Santiago sostuvo que las cooperativas se mantienen sólidas y rechazó vehementemente expresiones de otros sectores que aseguran que el sector no tiene capital o reservas para enfrentar pérdidas millonarias.

Según Santiago, para que los socios dueños de las cooperativas se afecten, antes tendrían que agotarse las reservas y el capital de las cooperativas e incluso los fondos de Cossec.

“Antes aquí ha habido cooperativas que no han podido continuar y nunca eso ha costado un centavo en fondos públicos. El sistema tiene la capacidad para absorber a aquellas cooperativas que entran en alguna situación”, manifestó Santiago.