Tan pronto como en sus primeras páginas, el resumen ejecutivo de la nueva legislación presentada ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, deja al descubierto que la junta de supervisión fiscal federal tendrá supremacía sobre cualquier ley del territorio puertorriqueño.

Se trata del H.R 5278, proyecto presentado al filo de la medianoche de ayer, que sustituirá al H.R 4900, aunque mantuvo el mismo nombre: ‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stabilization Act (PROMESA).

La nueva PROMESA establece que la junta de supervisión fiscal podrá ejecutar medidas para garantizar que el gobierno de Puerto Rico presente presupuestos balanceados. Al mismo tiempo, podrá vender propiedades del gobierno, consolidar agencias del gubernamentales y reducir la cantidad de empleados públicos.

Además, la junta de supervisión podrá intervenir con la ejecución de legislación, ordenes ejecutivas, reglamentos, y contratos que atenten contra las medidas de desarrollo económico.

Asimismo, el proyecto de ley indica que cualquier ajuste de la deuda debe respetar “las leyes y gravámenes aplicables por la Constitución, otras leyes, o acuerdos que estaban en efecto antes de que entre en vigor la ley. Los acuerdos de reestructuración deben ser voluntarios y provee una pared para los acreedores protegidos por la Constitución y las pensiones.

La Ley también provee para la suspensión de los litigios con la intención de crear un ambiente favorable para negociaciones consensuadas pero asegurando que el gobierno de Puerto Rico continúe pagando los intereses programados de las deudas.

Además, la medida permite que el gobernador exima del salario mínimo federal a los menores de 25 años contratados después de aprobada la ley.

En el resumen ejecutivo de 22 páginas en poder de EL VOCERO -debido a que durante esta madrugada la medida todavía no había sido divulgada- se deja claro que el alcance de la medida no representa un rescate ni el acceso para Puerto Rico al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. Asegura además que esta ley no podrá ser utilizada como precedente por otro algún estado de Estados Unidos.

El gobernador de Puerto Rico podrá ser un miembro ex oficio o designar un miembro en la junta de supervisión. Los integrantes tendrán términos de tres años.

Durante al menos tres días consecutivos había trascendido que la medida sería presentada formalmente para llevar a votación en el Comité. EL VOCERO supo que el tranque principal para la presentación de la legislación había sido la composición de la junta de supervisión o control fiscal y una fecha límite para nombrar a los integrantes de esta junta o de lo contrario quedaría sin efecto la ley.

Fuentes de este rotativo aseguraron que la fecha límite dispuesta era el 3 de enero de 2017 para evitar que un nuevo Senado – potencialmente dirigido por los demócratas – obtenga una mayoría en la junta que va a supervisar al gobierno de Puerto Rico. Al menos en el resumen ejecutivo no se pudo identificar esta disposición.

De inmediato, el comisionado residente Pedro Pierluisi, emitió declaraciones escritas y adelantó que “la nueva versión del proyecto de ley no es perfecta”.

“Como todo producto de una negociación bipartidista, aún contiene disposiciones a las que me opongo o que considero innecesarias, y mantengo la esperanza de que las mismas puedan ser modificadas o eliminadas a medida de que avance su trámite legislativo”, adelantó Pierluisi.

“No obstante, la esencia del proyecto—las secciones sobre reestructuración de deuda y la Junta de Supervisión—se han acercado al punto de cumplir con las estrictas condiciones que he establecido para poder apoyarlo”, agregó el congresista puertorriqueño.

Pierluisi agregó que durante los próximos días continuará “consultando con el liderato congresional y el Departamento del Tesoro antes de tomar la decisión final de si apoyaré o no este proyecto cuando vaya a votación en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal”.

“Espero que todo miembro del Congreso tenga en cuenta de que el colapso de este proyecto de ley podría significar el colapso del Gobierno de Puerto Rico.  La historia los juzgará severamente si no actúan con agilidad y sabiduría”, concluyó.

El presidente de la Cámara de Estados Unidos, Paul Ryan había puesto el tema de Puerto Rico en agenda para principios de año, pero luego de que se presentaron varias versiones de legislación, aún no se ha concretado uno que pueda lograr los votos necesarios. La idea central en los proyectos congresionales es establecer una junta de control fiscal federal con amplios poderes sobre la Isla y su presupuesto. Esto, con miras a que se pague la deuda pública de la Isla que sobrepasa los $70,000 millones.

De acuerdo a una publicación ayer de Politico.com, previo a la presentación de la medida los bonistas mantuvieron un intenso cabildeo en el Congreso para evitar que se reestructure la deuda o se facilite a Puerto Rico acogerse a una quiebra.

El portal indica que el representante Connie Mack, un republicano de Florida, es identificado como un “representante de la industria” de bonos.

Esta semana, Mack envió correos electrónicos a legisladores solicitando que se opongan a la reestructuración de la deuda de la Isla. Además, el congresista conservador Andy Barr, circuló una carta solicitando apoyo para un proyecto que prohibiría un rescate a la Isla o a cualquier estado o jurisdicción.

Para leer el resumen ejecutivo del nuevo PROMESA pulse aquí.