La disputa por la distribución del dinero de los municipios en poder del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) provocó que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, arremetiera nuevamente contra el equipo fiscal del gobernador Alejandro García Padilla.
Pero, esta vez, la exrepresentante fue más lejos al criticar las ejecutorias de Acosta c
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omo administradora. De hecho, durante una entrevista radial (Radio Isla), afirmó que esta pudo haber violado la ley aprobada en noviembre pasado y que creó un fideicomiso para manejar los fondos municipales.
La respuesta surge luego de que Acosta afirmara que ninguno de los alcaldes que reclamaron en El Nuevo Día su dinero acumulado en la Contribución Especial Adicional (CAE) han solicitado formalmente el desembolso. Entre esos alcaldes se encontraba Cruz.
“Yo no voy a entrar en dimes y diretes públicos con una persona que ha demostrado que no puede manejar los destinos del BGF y es la cabeza de un equipo fiscal que le ha faltado a Puerto Rico”, fue lo primero que planteó la alcaldesa.
Sin embargo, la exrepresentante popular sí explicó la disputa y planteó aspectos sobre la legalidad de las acciones de Acosta en la cabeza del BGF.
Comentó que el municipio no solo deposita en el banco los fondos generados por la Contribución Especial Adicional (CAE), sino que allí también ingresa el centavo correspondiente a los municipios del Impuesto de Venta y Uso (IVU).
“El chavito del IVU es con lo que los municipios damos el recogido de basura, la ayuda de las escuelas. Cuando la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses) ha quitado rutas, los municipios han asumido esas rutas, como lo es el municipio de Carolina”, planteó.
Añadió que “las declaraciones (de Acosta) admiten que el BGF no cumplió con la ley, que tomaron los dineros del municipio y lo utilizaron para otra cosa que no es para lo que los ciudadanos pagaron”.
Es que Cruz trajo a colación que se suponía que ese chavito del IVU estuviese disponible para los municipios, pues a su juicio estos deben estar depositados en el fideicomiso creado por ley el pasado año. Además, recordó que el récord legislativo establece que a los ayuntamientos no les aplicaba la Ley de Moratoria, que es la que plantea Acosta.
“El dinero no lo podían tocar y era para usar cuando los municipios lo pidan”, señaló.
Denunció, además, que “el gobierno central y las declaraciones de la presidenta Acosta, lo que acaba de demostrar es que de manera ilegal y contrario al fideicomiso que ellos firmaron en noviembre, el BGF utilizó el dinero de los municipios, y fíjate que ella te lo dice, también para las corporaciones, para cumplir con compromisos que el gobierno central no ha podido cumplir por los malos manejos del equipo fiscal de este cuatrienio”.
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