Carlos Antonio Otero y Yennifer Álvarez Jaimes, El VOCERO

Doce fondos de inversión demandaron al gobernador Alejandro García Padilla, al Departamento de Hacienda y al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), al reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de Moratoria y por haber decretado un estado de emergencia sobre el BGF del Estado Libre Asociado el pasado 8 de abril.

Alegan que el efecto de la ley y la orden ejecutiva del gobernador resulta confiscatoria de los recursos del BGF para poder cumplir con sus acreedores y, además, se privilegió a acreedores locales, en clara alusión al acuerdo de pago de intereses a las cooperativas financieras en la Isla. El pasado 6 de abril el gobernador aprobó Ley de Moratoria para proteger las inversiones de las cooperativas en bonos del BGF.

La demanda presentada en el Tribunal Federal en San Juan este viernes, surge a un mes desde que el BGF anunció haber logrado un acuerdo con un grupo de bonistas, que habrían aceptado no levantar reclamos legales mientras continuaban las conversaciones, frente al impago del pasado 1 de mayo.

Se trata de la enmienda a una demanda inicial presentada hace un mes por los mismos fondos de inversión, cuando buscaban detener los alegados pagos selectivos y transferencias de activos del BGF, y entonces anticiparon que radicarían una demanda enmendada si se convertía en Ley una enmienda a la Ley de Moratoria dirigida a transferir los fondos municipales bajo la custodia del banco.

El mismo grupo, que incluye a los fondos Brigade Leveraged Capital Structures Fund, Brigade Distressed Value Master Fund, Tasman Fund LP, Claren Road Credit Master Fund, Claren Road Credit Opportunities Master Fund, LTD., Fore Multi Strategy Master Fund, Sola LTD, Ultra Master LTD y Solus Opportunities Fund 5, había presentado la demanda original el pasado 4 de abril.

La Ley 21 de Moratoria fue enmendada con la Ley 40 el pasado 5 de mayo de 2016 y, de acuerdo a los demandantes, estos cambios al estatuto priorizan los derechos de ciertos tenedores de bonos del BGF sobre otros.

Según la demanda, la Ley 21 viola la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico porque menoscaba derechos negociados y provee trato preferencial a ciertos acreedores lo que es de su faz discriminatorio. Además, se alega que ciertos aspectos de la Ley de Moratoria tienen conflicto con el Código de Quiebras.

Según la exposición de motivos, la Ley de Moratoria permite que el primer ejecutivo declare en estado de emergencia alguna dependencia pública para asegurar el pago de los servicios esenciales y provee para una moratoria temporera de los pagos al servicio de la deuda.

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