Washington, D. C. – Fue un mes de negociaciones intensas. Un mes de objeciones contínuas que prolongaban la parálisis legislativa. Un pulseo que aseguraba más atrasos a pesar de los llamados repetidos en Washington y en San Juan para que se actuara con urgencia.

El nuevo proyecto de ley congresional que busca permitirle a Puerto Rico reestructurar su deuda pública de $73 mil millones bajo la “supervisión” de una Junta de Control Fiscal recoge ese pulseo. Fue un toma y dame en que se movió relativamente poco de su posición y de su meta original.

Por una parte, de aprobarse en el Congreso, se va a poder reestructurar gran parte de la deuda pública de la Isla, ya sea por acuerdos voluntarios con acreedores o forzosamente por la vía judicial. Algunos acreedores, particularmente los llamados fondos buitres, querían evitar esto a toda costa y aún hoy están enfrascados en un cabildeo intenso a los republicanos antes de la sesión legislativa sobre el proyecto el próximo miércoles.

Pero lo dulce viene con lo amargo. El arreglo solo pasa con una Junta de Control Fiscal que tiene la última palabra sobre el plan fiscal y el presupuesto de la Isla, que puede crear un presupuesto si no les complace el elaborado desde La Fortaleza, y que puede vetar leyes que vengan del Capitolio si confligen con su plan fiscal. Entran como “capitanes” que sus críticos dicen convierten al gobernador Alejandro García Padilla y a la Legislatura en marineros, un precio que según García Padilla, es demasiado alto.

Líderes y congresistas republicanos y demócratas, y funcionarios del Departamento del Tesoro, lo catalogaron como un ejemplo vivo del proceso legislativo apropiado, cuando se negocia y se hacen concesiones para ponerse de acuerdo – algo que escasea muchísimo en un Washington polarizado desde hace unos años. Esto consuela poco a los que tildan la solución federal inmediata a la crisis fiscal en la isla como una “colonialista” que atenta contra la soberanía de Puerto Rico.

El representante Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara donde se elaboró el proyecto de ley, conoce de estas críticas que vienen desde San Juan y de muchos grupos en la diáspora puertorriqueña que se han manifestado en contra de la Junta.

“Ellos (el gobierno de Puerto Rico) no van a estar totalmente satisfechos con todo lo que esto establece,” afirmó Bishop. “No creo que nadie en ninguna de las partes va a estar completamente satisfecho con el proyecto.”

Ahora, de cara a la sesión legislativa que comienza con declaraciones iniciales el martes en la tarde y continúan con la discusión en pleno el miércoles, toda la discusión sobre la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) debe ser abierta y pública, según Bishop, dejando a un lado las negociaciones y conversaciones a puertas cerradas característico hasta ahora.

“Aún está abierto para el proceso de enmiendas y creo que vas a ver otra gente intentar someter enmiendas en este proyecto. Algunas serán exitosas. Otras no,” agregó Bishop.

Ya hay varios congresistas demócratas preparando propuestas para enmiendas a la nueva PROMESA. También se esperan enmiendas propuestas por republicanos conservadores, algunos de ellos expresando los intereses de los acreedores. Pero se espera que permanezcan los pilares principales del proyecto, la reestructuración de la deuda y las reformas fiscales de las que se encarga la Junta.

“Como con todo proceso de negociación y concesiones, (PROMESA) tiene cosas que a todos no les va a agradar del todo,” expresó el Secretario del Tesoro Jacob Lew en un aparte de prensa en la reunión del G7 en Japón. “Pero en general la estrategia provee herramientas factibles para reestructurar la deuda de Puerto Rico, una supervisión significativa de las políticas fiscales de Puerto Rico, y definitivamente tengo la esperanza de que el Congreso tomará acción pronto para aprobarlo,” agregó.

Los puntos y cambios principales en PROMESA a ser considerado la semana entrante incluyen los siguientes:

Junta de Control Fiscal

De la Junta de siete miembros nombrados por el Presidente Barack Obama, solo uno tendría que ser residente o tener su negocio principal en Puerto Rico. Esto no cambió en la nueva PROMESA. El Gobernador de Puerto Rico también es miembro de la Junta, con voz, pero sin voto. Algunos demócratas manifestaron estar preocupados que la Junta no tendría una representación efectiva de Puerto Rico y, según el trasfondo o la pericia profesional requerida, podría tener más en mente los intereses de los acreedores que los del gobierno o el pueblo que sufre los embates de la crisis fiscal.

La Junta busca imponer una disciplina fiscal en la Isla; reformar la manera de proyectar y administrar las finanzas públicas; y analizar y aprobar cuáles partes de la deuda pasarán a la reestructuración forzosa por la vía judicial si los acreedores no llegan a acuerdos voluntarios con el gobierno de Puerto Rico. Esto sigue el modelo de reforma fiscal que se utilizó para la ciudad de Washington, D.C. en los años 90, aunque se suavizó un poco para Puerto Rico en esta ocasión.

La Junta estaría encargada de elaborar, junto con el gobernador, un plan fiscal para la isla siguiendo criterios especificados en PROMESA que dictan todos los elementos a tomarse en cuenta, incluyendo proyecciones reales de ingresos y recaudos, la capitalización de las pensiones de empleados públicos, etc. Luego de varios intentos, si a la Junta no le parece adecuado el plan fiscal elaborado por el Gobernador, crearán un plan que suplantaría cualquier otro plan. Para elaborar el presupuesto anual de la Isla, se utiliza el mismo proceso. Si la Junta no queda satisfecha que el presupuesto concuerda con el plan fiscal, crean un presupuesto que el gobierno de Puerto Rico estaría obligado a implementar.

Además, la Junta podría vetar leyes aprobadas por la Legislatura que conflijan con el plan fiscal, y cambios al presupuesto que se le presenten a la Legislatura tendrían que ser aprobadas de antemano por la Junta. Cada tres meses, el Gobernador tendrá que ofrecer informes a la Junta que se está cumpliendo con el presupuesto y que los recaudos siguen como fueron proyectados. De haber alguna variación, se gasta de más y/o se recauda menos, la Junta le instruiría al Gobernador a reducir los gastos. De no hacerlo, la Junta puede, por su cuenta, reducir los gastos no relacionados a la deuda para ajustarse a la realidad presupuestaria. Esto incluye el congelar plazas en la nómina gubernamental, prohibir la firma de contratos de $100,000 o más y otras transacciones.

Además, la Junta puede ofrecerle “recomendaciones” al Gobernador y a la Legislatura sobre medidas a tomar para lograr la estabilidad financiera y mejorar la gerencia de los asuntos del gobierno, tales como la manera de reestructurar las agencias para que funcionen más eficientemente con menos personal, analizar qué servicios el gobierno debe ofrecerle al pueblo, y otros puntos. Para aquellas recomendaciones aceptadas, el Gobernador debe someterle a la junta un plan detallando la manera que que implementará la recomendación. Si no acepta la recomendación, el Gobernador y la Legislatura debe explicar por escrito las razones por su decisión y someterle esa explicación al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso federal.

Reflejando la filosofía conservadora de muchos de los grupos que se oponen al proyecto de ley, que impulsan la austeridad y las reformas fiscales que dictan una reducción en el gobierno, se le añadió en la nueva PROMESA que la Junta también podrían hacer “recomendaciones” sobre “la privatización y la comercialización de entidades dentro del gobierno”.

Reestructuración de la deuda

Excluido de leyes federales de quiebra desde el 1984, Puerto Rico había solicitado desde el año pasado que se le permita reestructurar su deuda. Congresistas republicanos, particularmente los más conservadores, han mantenido una férrea oposición a permitirlo y sostienen que el territorio no incorporado debe reformar sus finanzas, implementar más medidas de austeridad, y someterse a los litigios en caso de impago.

PROMESA busca que primordialmente el gobierno de Puerto Rico y sus acreedores lleguen a acuerdos voluntariamente para cambiar los términos de pago de la deuda. Pero de no llegar a un acuerdo, el proyecto de ley dicta que la Junta, representando al gobierno, dé paso a la reestructuración forzosa de la deuda por la vía judicial, acción a la que se oponen ferozmente algunos de los acreedores.

Para proceder a la reestructuración, aún se requiere que cinco de los siete miembros de la Junta lo aprueben, una súper mayoría al que se oponían funcionarios del Departamento del Tesoro. Pero parece que se logró reducir el requerimiento de que las 2/3 partes de los acreedores tuvieran que aprobar el resultado de un acuerdo voluntario. Sobre esto, el proyecto de ley no es tan preciso.

Para proteger los intereses de los acreedores de acciones relacionadas a la recién estrenada Ley de Moratoria en Puerto Rico, la nueva PROMESA prohibe las transferencias de bienes entre deudores, similar a lo ocurrido recientemente cuando fondos recibidos al cambiar el contrato de Metropistas se desviaron de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Además, la nueva PROMESA dicta que los tribunales tienen que tomar en cuenta “los mejores intereses del los acreedores” al requerirles considerar si las leyes no relacionadas a un proceso de reestructuración y si la Constitución de Puerto Rico resultaría en que los acreedores recobraran más dinero que lo propuesto en un plan de reestructuración.

Salario mínimo y reglas laborales

Los demócratas siguen opuestos a la provisión que le daría al gobernador de Puerto Rico la autorización para bajarle el salario mínimo federal a los empleados menores de 25 años de edad a $4.25 la hora. El proyecto también establece que las reglas emitidas por el Departamento del Trabajo federal sobre el pago de horas extra, clasificaciones de empleo y otras provisiones no aplicarán a Puerto Rico.

Pero la nueva PROMESA suavizó este mandato al dictar que los patronos no pueden cesantear, reducirle horas ni beneficios laborales a sus empleados para reemplazarlos con los que recibirían el salario mínimo menor. Y antes de que quede en efecto la exención del reglamento de horas extra, por ejemplo, el Contralor General de Estados Unidos y el Secretario del Trabajo federal tendrían que tardarse dos años en determinar y certificar que el no aplicar estas reglas laborales federales a Puerto Rico no tendrían un efecto negativo sobre la economía isleña. Llegar a esa conclusión es muy improbable, según muchos expertos, y al contrario perjudica la economía al alentar a más jóvenes a abandonar la isla.

Esto parece haber sido una concesión a los demócratas. Bishop ha dicho que el reducir el salario es un concepto “pro-crecimiento” importante en lugares donde se necesita crear empleos urgentemente. Es muy conocido que la reducción o la oposición al aumento en el salario mínimo federal es parte de la filosofía de política pública de algunos republicanos, y de instituciones y organizaciones sin fines de lucro conservadoras que han cabildeado contra el esfuerzo congresional para buscarle una solución a la crisis fiscal de Puerto Rico.

Pensiones

En otra aparente concesión a los demócratas, la nueva PROMESA establece una diferencia clara en el trato de la deuda y de las pensiones de los empleados públicos.

Los republicanos conservadores rechazaron el que se le diera un trato preferencial a los pagos de los sistemas de retiro de empleados públicos por encima de los pagos a los acreedores, particularmente la deuda referente a los bonos de obligaciones generales protegidos por la Constitución del ELA. El proyecto refleja la preferencia del Secretario del Tesoro Jacob Lew de no ligar las dos cosas y dejar en manos de la Junta, dentro del proceso presupuestario y de la elaboración del plan fiscal, el asegurar que los intereses de los jubilados “estén balanceados”.

Desarrollo económico

Varias versiones del proyecto de ley ha establecido la posición de Coordinador de Revitalización quien responde a la Junta y que sirve para trabajar con agencias federales y locales para aligerar la permisología y la realización de proyectos de infraestructura y de “proyectos críticos” para el desarrollo económico de la Isla. Aparentemente para atender las críticas de los demócratas y de funcionarios electos en Puerto Rico, la nueva PROMESA crearía un ‘task force’ congresional para estudiar de qué forma inciden las leyes federales en el desarrollo económico de la isla y propone que se analice cómo ciertos programas federales en pro de la empresas pequeñas puedan funcionar más efectivamente en Puerto Rico.

Sigue quedando fuera las recomendaciones del Departamento del Tesoro y de otros expertos en cuanto a desarrollo económico de ofrecerle equidad en los fondos de Medicaid a la Isla, entre otras medidas que se podrían implementar inmediatamente.

Vieques

En otra concesión a los demócratas, la nueva PROMESA eliminó la provisión de que 3,100 acres de los antiguos terrenos militares de Vieques se transfieran al gobierno de Puerto Rico, posiblemente para el desarrollo comercial. Algunos demócratas cuestionaron por qué se incluyó en el proyecto de ley, y afirmaron que era innecesario y que no ayudaría a resolver la crisis fiscal. El entregar terrenos públicos para usos privados y comerciales figura prominentemente en la agenda y la filosofía del comité bajo el liderato republicano. Bishop había dicho que Puerto Rico ya debería de tener y disfrutar de esos terrenos y pueden hacer “un trabajo más eficiente de manejarlo y puede ser un beneficio para la gente.”