Por: Santiago Tavara, corresponsal EL VOCERO

Washington, D.C., -Legisladores preparan la votación para hoy en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la medida bipartidista para la creación de una junta de supervisión fiscal para reestructurar la deuda de $70 mil millones de Puerto Rico.

En una audiencia ayer, el presidente del Comité, el republicano, Rob Bishop, sostuvo que la propuesta permitirá que la junta trabaje con el gobierno de Puerto Rico, audite las finanzas y desarrolle presupuestos fiscalmente responsables para cumplir con los acreedores y cumpla las necesidades humanas básicas. Además, restablecerá el acceso de la Isla a los mercados crediticios, revisará las leyes, regulaciones y gastos para asegurar el cumplimiento con los planes fiscales y tratamiento justo a los inversionistas. Bishop rechazó que se trate de un rescate, sino que al contrario, “estamos creando un futuro para Puerto Rico al proteger a los inversionistas actuales y asegurando inversiones futuras”.

Lo primero que la JCF debe hacer es investigar la corrupción. ay unos $15 Billones que AGaPito no ha dicho en qué los ha usado.

Raúl Grijalva, el demócrata de mayor rango en el Comité, también apoyó el proyecto al indicar que se trata de una crisis humanitaria y un sentido de urgencia. La legislación, que tendrá apoyo bipartidista, “es un compromiso que cuenta con la mejor posibilidad de aprobarse”, manifestó.

Fuentes de EL VOCERO indicaron que el proyecto pudiera sufrir decenas de enmiendas, pero la mayoría no tendría paso debido a que no estarían en la jurisdicción del Comité de Recursos Naturales.

La renovada legislación H.R. 5287 Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) gestionada entre el presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, y el gobierno de Barack Obama enfrenta la oposición tanto de grupos de presión que representan los intereses de los acreedores como de sindicatos que consideran muy perjudicial para los puertorriqueños. Una fuente por separado de este rotativo advirtió que pudiera ser cuesta arriba la aprobación en el pleno de la Cámara federal.

Por su parte, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, también salió a favor de la legislación PROMESA. “Hay una emergencia real en Puerto Rico. Yo respeto a los que tienen preocupaciones con algunos aspectos de este proyecto, pero les pido que lo vean de forma integral. Si lo hacen, estoy seguro de que se darán cuenta de que sus positivos sobrepasan sus negativos”, anotó.

“Cualquier funcionario público o candidato que se oponga a este proyecto tiene la responsabilidad de articular una opción alterna que tenga una posibilidad real de convertirse en ley. Yo estoy convencido de que no existe. En mi opinión, las opciones son entre este proyecto que es imperfecto pero es indispensable, o ningún proyecto. Y ningún proyecto es la peor opción para Puerto Rico”, recalcó.

El Comité necesita que 23 de los 44 miembros voten a favor. En caso de que se produzca una votación favorable, el pleno de la Cámara de Representantes tiene un día para considerarlo antes de un receso de una semana por el Día de los Caídos. La urgencia de acción debe ocurrir antes del 1 de julio, para evitar un impago de otros $1,900 millones en deudas. El pasado 1 de mayo, Puerto Rico no pudo pagar $422 millones de su deuda.

En el pleno, la medida enfrenta el rechazo del legislador Luis Gutiérrez, de origen puertorriqueño, quien en una carta a los miembros del Comité les indicó que no puede apoyarla porque “va en contra de los valores básicos de la democracia, la igualdad y la justicia”.

Gutiérrez cuestionó reducciones en el salario mínimo, exenciones en las regulaciones en el sobretiempo, protecciones cuestionables para las pensiones y la aceleración de aprobación de proyectos de energía y construcción sin las revisiones ambientales.

La legislación ha enfrentado a la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton, quien la respalda, con su contrincante Bernie Sanders, quien pidió a sus colegas en el Senado federal que la rechacen.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, expresó en un comunicado el lunes su oposición al proyecto PROMESA porque impone una “junta de control no elegida, con casi una totalitaria autoridad financiera” sobre la isla. “Me opongo a la H.R. 5287 no solo porque suspende la democracia en Puerto Rico, sino porque la junta de control fiscal no responde a asuntos urgentes como el inaceptable nivel de pobreza en la Isla” y su mandato es “extraer más dinero de la principalmente población pobre”, recalcó.

Yennifer Álvarez Jaimes colaboró en esta historia

El Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, solicitó hoy a sus compañeros congresistas que analicen de forma integral y voten a favor del proyecto de ley H.R. 5278, conocido como Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

“En este momento, los diferentes grupos interesados en este proyecto están halando cada cual para su lado, yo tengo que halar para el lado de Puerto Rico”, insistió Pierluisi.

Así se expresó Pierluisi durante su turno inicial en la vista de consideración del proyecto que celebró la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, presidida por el congresista republicano Rob Bishop.

“Hay una emergencia real en Puerto Rico. Yo respeto a los que tienen preocupaciones con algunos aspectos de este proyecto, pero les pido que lo vean de forma integral. Si lo hacen, estoy seguro de que se darán cuenta de que sus positivos sobrepasan sus negativos”, dijo Pierluisi.

“Cualquier funcionario público o candidato que se oponga a este proyecto tiene la responsabilidad de articular una opción alterna que tenga una posibilidad real de convertirse en ley. Yo estoy convencido de que no existe. En mi opinión, las opciones son entre este proyecto que es imperfecto pero es indispensable, o ningún proyecto. Y ningún proyecto es la peor opción para Puerto Rico”. Por todas estas razones, es que respetuosamente le pido a mis colegas que voten a favor de PROMESA”, añadió el Comisionado Residente.

En sus declaraciones, Pierluisi volvió a reiterar que el gobierno federal tiene responsabilidad compartida en la crisis porque es el resultado del trato desigual que recibe Puerto Rico a causa der el estatus territorial de la isla, y que la crisis, además de ser fiscal, es económica, de liquidez, de deuda, migratoria y de administración pública.

“Primero, este proyecto es necesario, pero no es suficiente. Muchos comentaristas, incluyendo a varios de mis colegas aquí en el Congreso, les gusta hablar solo de una de las causas de la crisis en Puerto Rico, específicamente el mal manejo de las finanzas públicas a nivel local. Pero escogen ignorar la otra razón principal de la crisis, la desigualdad a nivel federal a causa del estatus territorial actual de Puerto Rico”, dijo Pierluisi.

“Luego de décadas de desigualdad a nivel federal y mala administración a nivel local, el Gobierno de Puerto Rico está en crisis, sin poder cumplir con sus obligaciones a nuestros ciudadanos y acreedores. Miles de mis constituyentes se están mudando a los estados. Los que se quedan viviendo en la Isla enfrentan retos graves. Dondequiera que voy en Puerto Rico, veo la preocupación de nuestra gente. Sienten gran ansiedad por su situación económica, por su familia y por su futuro”, añadió.

El Comisionado Residente, en su mensaje, subrayó cinco razones por las que el proyecto merece ser aprobado. Entre éstas, destacó la responsabilidad del gobierno federal de atender la crisis, caracterizó la junta supervisora como una herramienta para enderezar el gobierno, y explicó que el mecanismo de reestructuración va a ser justo para todas las partes, especialmente para los empleados y retirados de los sistemas públicos de retiro de Puerto Rico.

“En una emergencia, el primer paso es estabilizar la situación. He concluido que la nueva versión de PROMESA puede ayudar a lograr ese objetivo. Combina un abarcador mecanismo de reestructuración de deuda, que tiene el visto bueno del Departamento del Tesoro, con una junta independiente de supervisión temporera para asegurar que el Gobierno de Puerto Rico actúe de forma responsable, transparente y disciplinada”, añadió.

“Nadie está más molesto que yo de que el Gobierno de Puerto Rico haya llegado al punto en el que se tenga que contemplar una junta supervisora. Después de todo, yo apoyo la Estadidad para Puerto Rico porque quiero que los ciudadanos americanos que yo represento tengan plenos derechos democráticos, no menos derechos. Esa es la razón principal por la cual entré al servicio público y por la cual aspiro a dirigir el gobierno. Por eso, aceptar una junta es difícil para mí. Pero, en este momento, es también lo correcto y lo necesario”, dijo Pierluisi.

De otra parte, señaló que luego de las intensas negociaciones el proyecto de ley establece una junta supervisora que es más razonable.

Sobre el mecanismo de restructuración, Pierluisi hizo énfasis en que nunca apoyaría el proyecto si autorizara un proceso supervisado por un tribunal que fuera injusto para los más de 330,000 empleados y pensionados de los sistemas públicos de retiro de Puerto Rico. “La verdadera amenaza a nuestros pensionados no viene de PROMESA, viene de la posibilidad de que no haya acción congresional. Aquellos que argumentan otra cosa, puede estar bien intencionados, pero se equivocan”, dijo.

Pierluisi volvió a expresar su oposición a la cláusula del proyecto que autoriza al Gobierno de Puerto Rico a permitir que ciertos jóvenes trabajadores puedan recibir menos que el salario mínimo federal mientras la Junta está en funciones.

Por otro lado, se opuso a la disposición del proyecto que permite que ciertos jóvenes trabajadores puedan recibir el mínimo federal, mientras la Junta está en funciones.

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