La semana pasada, la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) dio un gran paso hacia adelante en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Todos en Puerto Rico ganan si PROMESA se convierte en ley.

AGP incumcumplió con el Congreso y Casa Blanca al Definir al ELA en diez meses, y le faltó el respeto a Don Young y a su Comité. Eso no se perdona, esperamos no se la cobren con Puerto Rico.

Puerto Rico ya ha incumplido con algunos pagos importantes de bonos y adeudará otros $2,000 millones a principios de julio. La Isla se encamina hacia el desastre económico y político que tantas veces hemos visto en partes de América Latina y el Caribe en crisis. El Departamento del Tesoro de EE.UU. tiene razón en advertir acerca de una catástrofe inminente.

La gente perderá sus trabajos, el desempleo aumentará y los ingresos disminuirán a nivel general. Según se desmorone la infraestructura social, también sucederá con el turismo, lo cual propiciará una recesión económica aún mayor. El valor de los bienes raíces se desplomará.

Y más importante aún, el valor de las pensiones se deteriorará hasta que, dentro de poco, los pensionados no reciban pago alguno.

PROMESA acierta los puntos importantes. Bajo esta legislación, Puerto Rico podrá reestructurar (o sea, reducir) sus deudas de forma metódica. Cualquiera que diga que la reestructuración de la deuda no es necesaria en este momento se está mintiendo a sí mismo, o está obrando para mayor beneficio de unos cuantos fondos de inversiones que solo buscan llenarse los bolsillos, mientras evitan la recuperación económica.

PROMESA también creará una junta de supervisión fiscal federal para revisar los planes financieros preparados por el gobernador y adoptados por la legislatura. Este es un tema delicado, pero en Estados Unidos tenemos una larga tradición de que, cuando una élite política local fracasa por completo en proveer sustentabilidad fiscal, la autoridad superior (según definida en la Constitución) establece un sistema de supervisión. Para Detroit, esto fue Michigan. Para Puerto Rico, esto es el Congreso de los Estados Unidos.

Una situación similar surgió en el Distrito de Columbia (D.C.) en los años 90, y algunos de los puntos clave de PROMESA parten de lo que funcionó en D.C., donde se recuperó la estabilidad financiera, hubo una mejoría en administración y posteriormente se experimentó un crecimiento económico comunitario general.

Bajo PROMESA, el gobernador y la Legislatura de Puerto Rico retienen un poder sustancial. Ellos toman las decisiones pormenorizadas acerca de cómo se debe administrar el territorio y cómo se debe estructurar su presupuesto. La junta de supervisión es solamente eso: supervisión, con la expectativa de evitar que los políticos se descarrilen.

Por ejemplo, PROMESA permite que se reduzca el salario mínimo a la población más joven, pero solo si el gobernador decide hacerlo. Las posibilidades de que un gobernador quiera adoptar esta medida son muy bajas, pero, en todo caso, esta es y continuará siendo una decisión tomada por un funcionario electo, no por la junta de supervisión.

Los únicos en la Isla que podrían perder bajo PROMESA son aquellos políticos que han ayudado a llevar la economía de Puerto Rico a la ruina. Puede que algunos de ellos no disfruten de una supervisión de nombramiento federal, pero deberían en toda honestidad apreciar las posibilidades para los ciudadanos comunes lo suficiente como para dar la bienvenida a todo aquello que ayude a una mejor administración gubernamental.

Algunos dicen que las pensiones no están lo suficientemente protegidas bajo PROMESA. Esto es una malinterpretación de la medida. De hecho, PROMESA explícitamente requiere suficiente financiamiento para las pensiones de Puerto Rico, algo que debió de haber sucedido hace mucho tiempo.

La mayoría de las pensiones en Puerto Rico ya están muy reducidas. Si el gobierno no puede siquiera hacer estos pequeños pagos, muchos ancianos y sus familiares quedarán sumergidos en una mayor pobreza.

No se pueden atender y proteger las pensiones de manera aislada. A los pensionados les irá muy mal si PROMESA no se convierte en ley. La gente pobre y las personas de tercera edad siempre sufren lo peor en una crisis grave de deuda, y esto es lo que Puerto Rico encara hoy día.

PROMESA permitirá una reestructuración ordenada de la deuda de Puerto Rico y esta es una condición necesaria para regresar a una prosperidad económica universal en la Isla.