Al tiempo en que la administración de Alejandro García Padilla insistía públicamente en el discurso de austeridad y planificaba la moratoria del pago de obligaciones, el gobernador negociaba en reuniones privadas la aprobación de una Resolución Conjunta para asignar $17 millones del Fondo General para construir infraestructura vial y eléctrica, que beneficiaría el desarrollo de un centro comercial en Guaynabo.

El gobernador logró ese cometido el 16 de marzo de este año cuando ambos presidentes legislativos firmaron la Resolución Conjunta del Senado 518, para asignar $13 millones para el remozo de la intersección conocida como La Muda en Guaynabo y otros $4 millones para construir una nueva subestación de energía eléctrica en ese mismo sector, en los predios de la Subestación El Buen Pastor.

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Con el propósito de viabilizar el proyecto de infraestructura propuesto por la Rama Ejecutiva, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ingresó una serie de asignaciones vencidas por la cantidad de $16.8 millones al Fondo Especial 301, informó el director Luis Cruz Batista, en su ponencia ante la Comisión de Hacienda de ambas cámaras legislativas.

Este Fondo se nutre de las asignaciones para mejoras permanentes que permanecen más de tres años sin que sean desembolsados. Las asignaciones vencidas identificadas totalizaron exactamente la misma cantidad que la resolución disponía para realizar estas obras en el Municipio de Guaynabo.

La erogación de fondos públicos beneficiará la construcción y desarrollo de un centro comercial de 900,000 pies cuadrados, propuesto por la empresa venezolana Sambil, propietaria de varios de los principales centros comerciales en el país suramericano, según había publicado previamente EL VOCERO. En Puerto Rico, los desarrolladores están incorporados como LAIF, LLC, por el licenciado Rafael R. Vizcarrondo Toro, donante conocido del Partido Popular Democrático (PPD).

El centro comercial incluiría cines, restaurantes y un área con establecimientos de comida rápida. Además, se construirían cuatro locales independientes, un hotel de 200 habitaciones, un espacio de oficinas de 120,000 pies cuadrados y 180 unidades de vivienda, proyectos que han estado en planificación desde 2009 en que se realizó el estudio de viabilidad.

Aunque en un principio hubo resistencia, fuentes en la Legislatura informaron que la Cámara le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 518, luego de semanas de presión del gobernador al liderato de la conferencia legislativa en las reuniones en La Fortaleza. “Era consistentemente… todas las reuniones que se daban en La Fortaleza, siempre estaba el tema. Eso fue un trato VIP en el seguimiento que hubo a eso”, contó la fuente a EL VOCERO.

Este rotativo solicitó una reacción a la Oficina de Prensa de La Fortaleza, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

La asignación de $17 millones surge al tiempo en que el gobierno adeuda aproximadamente $700 millones del Fondo General a sus suplidores de servicios por obras ya realizadas, incluyendo mejoras permanentes. Para diciembre de 2015, el gobierno adeudaba $1,800 millones entre trámites pendientes de pago, facturas pendientes de aprobación y obligaciones contractuales del gobierno, según el plan fiscal y económico. Entre los suplidores de servicios se encuentran los terapistas de educación especial, entre otros.

El licenciado Vizcarrondo Toro, asesor legal de LAIF, ha aportado durante años a las campañas de García Padilla, del presidente del Senado, Eduardo Bhatia; y del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, a quienes en conjunto ha donado más de $17,000 en el transcurso de 16 años.

El proyecto pasó el cedazo del Senado en noviembre de 2015, nueve meses después de que el Ejecutivo lo presentó. No fue sino hasta marzo de este año, cuatro meses después, que la Cámara lo aprobó con informe positivo de la Comisión de Hacienda.

La directora de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Carmen Villar, indicó en su ponencia escrita que el proyecto generaría una inversión de alrededor de $400 millones y crearía 3,000 empleos.
Celebró la Resolución Conjunta porque asignaría del Fondo General dinero con el que no cuenta la corporación para realizar estas mejoras permanentes.

El memorando de acuerdo establece que, de ser necesario, cualquier aportación adicional de fondos para completar el proyecto recaerá en la ACT y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ambas corporaciones que han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones.

En tanto, el Municipio Autónomo de Guaynabo aportaría $700 mil para construcción de la infraestructura. LAIF, LLC -desarrolladores del centro comercial Sambil- y otra corporación identificada como Hugo Neu Enviromental aportarían $3.7 millones y $1 millón, respectivamente.

EL VOCERO intento comunicarse con el licenciado Vizcarrondo para obtener la reacción como portavoz de LAIF y conocer el estatus del proyecto pero al cierre de esta edición no se logró respuesta.