Aparte de ser el título de una novela latinoamericana, “Crónica de una muerte anunciada” se ha convertido en una expresión comúnmente utilizada para referirse a situaciones en las que el resultado negativo de una gestión en particular o de una decisión era más que asegurado. En otras palabras, la conocida frase de “te lo dije” que se utiliza a diario.

En efecto, no fue sorpresa que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarara inconstitucional la Ley de Quiebra Criolla promovida y aprobada por el gobernador Alejandro García Padilla. La votación fue de 5 a 2 en contra de dicha ley.

Esta decisión representa un duro golpe para las esperanzas del primer ejecutivo y de su equipo económico de encontrar una salida a la difícil situación fiscal que enfrenta Puerto Rico con el pago de $1,900 millones que vence en la próximas dos semanas y que el gobierno no incluyó en ninguna partida en el presupuesto 2017-2018 que estudia la Cámara de Representantes.

La peor parte es que el gobierno no tiene un plan B y si el impago es su alternativa, es la peor de todas las opciones que se pudieran contemplar.

El lunes, en horas de la tarde, se presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley de la co-autoría del presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael (Tatito) Hernández; de la portavoz de la minoría, Jenniffer González; y del presidente del cuerpo, Jaime Perelló en la que presentan una alternativa para intercambiar el total de los bonos de Obligación General mejor conocido como los GO’s con vencimiento inmediato para que se posponga el pago para dentro de 5 años. De esta forma le permitirían al gobierno actual y al entrante realizar una planificación adecuada y ejecutar un plan de desarrollo económico estructurado que lleve las finanzas públicas en ruta hacia una recuperación.

Este proyecto, plantea que se pagarán solamente los intereses semestralmente durante el período de esos 5 años y se asignarían los fondos correspondientes en el presupuesto general como es debido.

Claramente el objetivo de esta iniciativa bipartita es evitar caer en un impago mayor que traería nefastas consecuencias a la maltrecha economía como lo han vaticinado economistas y expertos en el tema.

Aparte de que el proyecto de ley del intercambio de bonos pudiera representar un alivio para el agobiado Fondo General pudiera significar el inicio de una potencial recuperación de la credibilidad perdida con los bonistas actuales y potenciales inversionistas que han dejado de ver a nuestra Isla como un mercado atractivo para realizar sus inversiones.

Es importante destacar de nuevo, como lo hemos hecho anteriormente, que los miembros del Congreso vuelven a unir esfuerzos sin importar su bandera política para tratar de encontrar soluciones a la difícil situación por la que atraviesa Puerto Rico. Este gesto no debe pasar inadvertido y debe servir de ejemplo para que a todos los niveles del gobierno se busquen alternativas racionales sin apasionamientos políticos y sin agendas particulares.

El análisis de este proyecto de ley debe ser ponderado seriamente y con el apoyo de todos los sectores que de una u otra forma impactan la actividad económica de la Isla para que el resultado sea cónsono con la realidad que se vive hoy en día. Si esta es la solución apoyémosla y si no la es aportemos para encontrarla; pero no entremos en politiquería barata porque tiempo no hay.