lunes, 20 de junio de 2016
Año de elecciones plebiscitarias
La decisión del Tribunal Supremo Federal confirmando la del Supremo de Puerto Rico en el caso de Sánchez Valle y en contra de la posición del gobierno de Puerto Rico apelando la misma, confirmó que Puerto Rico no tiene los poderes ni soberanía separada, como ocurre con la de los estados de la Unión y que no puede radicar cargos contra un acusado por la misma causa radicada a nivel federal. Bajo el ELA, según Sánchez Valle, la Constitución de Puerto Rico fue solo para asuntos internos, siempre supeditados al Congreso.
Simultáneamente, SCOTUS resolvió además otro caso pendiente, que la Ley de Quiebras Criolla es inconstitucional porque el Congreso es el único que puede tomar acción al amparo de Clausula de Supremacía de las leyes federales.
El periodista Torres Gotay afirmó que “la decisión de SCOTUS y la aprobación de la Junta Fiscal Federal asestan un duro golpe al ELA. SCOTUS confirmó que “la última fuente de soberanía reside en el Congreso”. La decisión tampoco sorprendió al Congresista Serrano, quien ha argumentado que Puerto Rico no puede ser soberano bajo el ELA y que tampoco puede existir un ELA-soberano.
Los populares apelaron al tribunal federal amparándose en el poder y la soberanía que corresponde a los estados para defender la doble exposición a pesar de que al someterse a la Corte Suprema federal aceptaban que las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico están sujetas a la autoridad federal.
La decisión de SCOTUS confirma que la Constitución de Puerto Rico estableció un gobierno colonial propio que no sustituyó el estatus territorial, que tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación, y que el “pacto bilateral” que alegó el PPD fue otro engaño. A pesar de esto, el gobernador García Padilla irá a la ONU a quejarse ante sus amigos de Cuba de que SCOTUS estableció que el ELA-colonial no tiene soberanía propia.
El presidente del PPD expresó que el ELA no es alternativa de futuro, pero ahora finge sorprenderse de que SCOTUS confirme que el ELA no tiene soberanía propia. Pretende que el liderato popular haga una revisión “de la estructura de la relación entre Puerto Rico y EE.UU.” para definir el futuro del ELA como sugiere Cármen Yulín: “una relación no territorial y no colonial que no incluye al ELA que está incapacitado de servir de cara al futuro”.
La indefinición del ELA es la causa principal de los problemas que afectan a Puerto Rico. La 
decisión de SCOTUS reafirmando que la autoridad reside en el Congreso inicia la solución del estatus de Puerto Rico para que se le aplique la Constitución federal en toda su extensión en condiciones de plena igualdad.
Puerto Rico cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”
para ser admitido en la
Unión. Las Cortes Federales le han extendido a los ciudadanos que residen en Puerto Rico la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales.
Las decisiones de SCOTUS reafirman la mentira del ELA. Sometieron al pueblo a un fraude que se reveló con la opinión del Supremo, y mentiras que se desinflan con la Junta Fiscal Federal. El 
Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo nos han dicho repetidamente que somos un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso.
Como territorio no incorporado, la igualdad que garantiza la Constitución no se ha hecho extensiva a Puerto Rico. La Constitución federal solo se aplicará en toda su extensión en condiciones de igualdad cuando Puerto Rico se convierta en un Estado. Eso nos obliga a resolver el estatus.
Las próximas elecciones deben ser plebiscitarias, para que el pueblo le extienda al nuevo gobierno un mandato para resolver la crisis fiscal y que usen todos los recursos legales para encaminar a Puerto Rico hacia la plena igualdad como estado.
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