Desde hace tiempo los populares saben que los Estados Unidos no deseaban seguir el juego de la truculenta y acomodaticia indefinición del estatus de Puerto Rico, pero no contaban con que la metrópoli se expresara en la forma clara y contundente como lo ha hecho. Desde hace varios años todos los informes de la Casa Blanca han expresado la necesidad de tomar acción definitoria respecto a nuestro estatus colonial. Unos lo dijeron claramente y otros diplomáticamente pero los populares lo soslayaban, apostando a que la mayoría del pueblo no leía los informes y por consiguiente no se enteraba de que la intención de la metrópoli era que había que decidir y terminar con el presente estatus colonial. Ahora la metrópoli habló claramente, sin dejar lugar a dudas. Primero lo dijo el Procurador General pero los populares no hicieron caso cifrando sus esperanzas en que los casos ante el Tribunal Supremo dirían otra cosa. Pues el Tribunal Supremo resolvió claramente que somos una colonia bajo los poderes plenarios del Congreso. Inmediatamente el Congreso lo reafirmó contundentemente al aprobar PROMESA. Así pues, los tres poderes federales han dicho lo mismo. El juego se acabó. La metrópoli no va a permitir seguir estirando la sabana.

Forzado por estos acontecimientos, David Bernier, convocó a una reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad para, supuestamente definir el ELA del futuro. Luego de cinco horas de discusión la reunión culminó sin definir el ELA. En su lugar, apoyaron impulsar para el próximo año una consulta estadidad sí o no, como mecanismo para “encaminar la discusión sobre el futuro político de Puerto Rico”. Proponer una consulta de estadidad sí o no sin aval congresional para el próximo año es una pérdida de tiempo. Estaría además predicada en la posibilidad que triunfe el PPD en las elecciones. Al mismo tiempo Bernier enfatizó que la prioridad para el PPD en estos momentos es mantener la estabilidad política del País y promover la actividad económica. O sea, que “el estatus no está en ‘issue’”.

Rechazaron así la posibilidad de ir a un plebiscito vinculante, con aval congresional como el propuesto por el presidente Obama –para el cual ya hay asignados $2.5 millones– que contenga opciones de estatus aprobadas por el secretario de Justicia federal, que sean constitucionalmente validas, estén a tono con las leyes y política pública de la nación y sea para resolver el problema del estatus.

Proponer la consulta estadidad Sí o No es una estrategia para generar una innecesaria controversia y distraer la atención del pueblo. En lugar de hablar claro respecto a cuál es la opción de estatus que le proponen al pueblo y llevarla al plebiscito propuesto por Obama, el PPD intenta continuar el discurso vago y ambivalente de estatus hasta las elecciones de manera que queden ocultas sus verdaderas intenciones: traer la independencia mediante la libre asociación. No se definen desde ahora pues saben que se dividirían de tal manera que la derrota electoral sería aparatosa. De triunfar en las elecciones descartarían la consulta que hoy proponen e impondrían una amañada asamblea constituyente que es lo que verdaderamente desean. Los estadistas no debemos caer en esa trampa. Cualquier consulta futura debe ser entre estadidad o independencia / libre asociación.

Mientras tanto, hablarán de “una relación no colonial ni territorial basada en la soberanía del pueblo, que buscará ampliar el ámbito de gobierno propio de los puertorriqueños, preservar la ciudadanía estadounidense y al mismo tiempo la identidad nacional puertorriqueña, y promoverá desarrollar la presencia internacional de la Isla”.

Con esa jeringonza ilusoria pretenden vendernos la independencia mediante la libre asociación ya que el ELA fuera de la cláusula territorial no existe. Fuera de la cláusula territorial solo existen la independencia y la estadidad.

Tome nota el pueblo porque con la libre asociación/independencia se pondría en riesgo la ciudadanía americana, no habría Medicare ni Medicaid, no habría Becas Pell, ni existiría el programa de Ayuda Nutricional (PAN) y tampoco el WIC para alimentar a las familias de recursos limitados, especialmente madres y niños. Se perderían las ayudas federales de Head Start para niños de edad pre-escolar. Se perderían los fondos federales para el Departamento de Educación que forman 1/3 parte de su presupuesto. Las familias de recursos limitados no tendrían acceso a los subsidios de vivienda de la Sección 8. Perderíamos la protección de nuestros derechos civiles y libertades bajo la Constitución de los Estados Unidos, la protección del FBI, la presencia de la Fiscalía Federal y el Tribunal Federal de Puerto Rico que garantiza nuestros derechos como ciudadanos americanos. ¡Piénsalo bien! Nos va la vida.