El Gobierno de Puerto Rico ha allanado el camino con las escasas herramientas que tiene de cara a su próximo impago de deuda en previsión de que Washington no le permita declararse en quiebra antes del 1 de julio.

Sin resolver el status no se puede planificar a mediano ni a largo plazo. La Junta PROMESA, lo primero que debe hacer es exigir se cumpla con la Ley Federal Descolonizadora que le requiere a las opciones se definan y consigan del Departamento de Justicia Federal sean legales y de acuerdo a la política pública de USA.

Miles de personas se concentran hoy en el mayor estadio de San Juan para protestar por el proyecto de Ley que prepara Washington para permitir al Gobierno de la isla declararse en quiebra, a cambio de que se someta al control de una junta federal de siete miembros que tendrá más poderes que el propio Ejecutivo local.

Aunque el Gobierno boricua también se opone a la imposición de esa junta, la considera como un mal necesario para que Washington le provea una vía legal, similar a la Ley federal de Quiebras, que le proteja de una avalancha de demandas cuando el 1 de julio incurra en su próximo impago.

En esa fecha vence la deuda por cerca de 2.000 millones de dólares que el Gobierno ya ha dicho que no puede pagar y que incluyen unos 700 millones en Obligaciones Generales (conocidas en inglés como GO’s).

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Aunque el gobernador Alejandro García Padilla lleva toda la semana en Washington tratando de presionar a los senadores para que aprueben el citado proyecto de ley, bautizado con el acrónimo de «Promesa», antes del 1 de julio, hay indicios de que el texto, que ya cuenta con el aval de la Cámara federal de Representantes, podría tardar en salir adelante.

Por ello, García ha emitido una orden ejecutiva para prolongar el estado de emergencia decretado sobre la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y ordenar la suspensión de todos sus pagos de deuda, al amparo de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, aprobada por el Gobierno el pasado abril.

Desde La Fortaleza informaron que esta medida es necesaria «ante la falta de acción congresional y de un acuerdo voluntario de reestructuración de la deuda con los acreedores del ELA (Estado Libre Asociado)».

Puerto Rico está en recesión desde hace ya una década y el 45 % de la población vive bajo el índice de pobreza, por lo que está viviendo además el mayor éxodo de su historia, protagonizado en su mayoría por jóvenes que emigran a EE.UU.

El gobernador instó al Senado federal a que «atienda el proyecto Promesa, ya que, aunque imperfecto, ofrece una solución con la que podremos hacerle frente a la emergencia fiscal que atravesamos de cara al 1 de julio».

Sin embargo, Promesa despierta una amplia oposición en Puerto Rico, donde la imposición de una junta integrada por delegados del presidente Barack Obama que controle al Gobierno, se considera un acto de colonialismo por parte de EE.UU., al tiempo que se teme que imponga duras medidas de austeridad.

Para mostrar ese rechazo esta tarde está convocada una concentración masiva en un estadio de San Juan, a la que se han adherido cientos de organizaciones locales. Incluso desde Nueva York, la diáspora puertorriqueña llamó hoy a la participación en esta concentración a través de la organización A Call To Action on Puerto Rico, que considera un acto de «dictadura» la imposición de la junta de control fiscal ante el que es necesario «educar al pueblo y desenmascarar a un imperio depredador».