Por: Ely Acevedo Denis  –  Especial para ELVOCERO

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, reconoció que Puerto Rico no podrá cumplir con el pago total del vencimiento de la deuda de $2,000 millones de este viernes 1 de julio, lo que hasta el momento afirmó que podría desembocar en la radicación de más demandas en contra del gobierno.

La postura de una de los miembros principales del equipo financiero de la administración de Alejandro García Padilla se da tras un infructuoso proceso de negociación voluntaria con los acreedores.

No obstante, la funcionaria no pudo detallar a EL VOCERO qué otros efectos podría traer para el país el impago del viernes, aparte de la radicación de demandas en contra del gobierno.

Más bien, se limitó a señalar que la radicación de demandas representa un escenario negativo porque los acreedores podrían acudir al tribunal para pedirle a un juez que congele cuentas del Departamento de Hacienda.

“Si al Secretario de Hacienda se le congelan las cuentas tú sabes los efectos que esto puede tener en todo el gobierno en la prestación de servicios”, puntualizó la funcionaria.

Según Acosta Febo, la Orden Ejecutiva que emitirá el gobernador lo que establece es que no se podrá cumplir con el pago de $2,000 millones conforme a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.

Sin embargo, fue evasiva en abundar sobre las medidas de ajustes que tomará el gobierno. Se ha dicho que la Orden Ejecutiva reiteraría que la prioridad del gobierno es la prestación de servicios a la ciudadanía.

Mientras tanto, la presidenta del BGF destacó que el propuesto presupuesto para el próximo año fiscal plantea recortes en el gasto gubernamental, a la vez que se continúa negociando para la reestructuración de la deuda pública.

La funcionaria abogó por la pronta aprobación del proyecto federal Puerto Rico Oversight, Management and Stability Act (PROMESA), que permite a la Isla reestructurar toda la deuda pública, promueve un proceso de negociación en consenso, paraliza los litigios hasta febrero de 2017 y establece unos jueces que atenderán este tipo de casos.
“PROMESA no cambia la realidad fiscal (de Puerto Rico). PROMESA sí puede cambiar la realidad legal”, sentenció Acosta Febo.

De aprobarse PROMESA por el Senado federal, la Junta de Control Fiscal sería el organismo a cargo de la reestructuración de la deuda.

Por otra parte, durante su presentación ante los llamados bonistas del patio, en una actividad efectuada en el Centro de Convenciones, Acosta Febo, reafirmó que Puerto Rico no tenía la capacidad para pagar todas sus obligaciones y explicó las tres propuestas presentadas a los acreedores para reestructurar la deuda pública.

Asimismo, argumentó que la nueva propuesta es beneficiosa tanto para el gobierno como para los acreedores. Por un lado, le permite al gobierno manejar su deuda de una manera sostenible al emitir una moratoria de cinco años para el pago del principal, lo que les da la posibilidad de destinar recursos para impulsar el crecimiento económico o para atender el problema deficitario de los planes de pensiones gubernamentales. Y, por otra parte, los bonistas tienen la certeza de que se les va a pagar.

Finalmente, adelantó que espera que en los próximos días se divulguen los estados financieros auditados de 2014.