El presidente del Consejo General de Estudiantes(CGE) del recinto de Río Piedras, Guillermo Guasp Pérez, denunció que el atraso en la publicación del informe de las becas presidenciales puede tener el efecto de que prescriban los posibles delitos acometidos en el proceso de otorgar las becas presidenciales.

El estudiante hizo énfasis en que no se justifica la lentitud en tomar acciones cuando de la investigación desarrollada por tres abogados seleccionados por la junta de gobierno surge que hubo violación a las leyes y reglamentos.

“Hemos visto como desde el primer día que se denunció el esquema de las becas presidenciales se trató de proteger a ciertos funcionarios universitarios que usaron las becas presidenciales para beneficiar a sus amigos y familiares”, dijo el portavoz.

Añadió que “la segunda parte de esa estrategia fue dilatar el informe para ver si se olvidaba y la comunidad universitaria no reclamaba acción. La tercera parte de esa estrategia fue no divulgar el informe, mientras se castigó al estudiantado por haber denunciado la aparente corrupción en la otorgación en esas becas”.

Según Guasp Pére, “la última pieza en ese rompecabeza es ver si algunos de esos delitos prescriben”.

La comisión investigadora está integrada por Samuel Céspedes Soto, Dora Monserrate Peñagarícano y Juan Casillas Fernández.

De acuerdo con el presidente del CGE, “la comisión señaló en la transmisión de la reunión de la junta de gobierno que como resultado de su investigación pudieron demostrar que hubo incumplimiento con los reglamentos universitarios, con las leyes, y claros privilegios concedidos a los becarios de Río Piedras”.

Al respecto, indicó que pese a este entecedente “la junta de gobierno decidió actuar con la mayor tranquilidad en el proceso, lo que puede ser adjudicado a un interés de encubrir los delitos señalados por la comisión investigadora, en especial cuando está cerca de haber pasado un año de haberse dado el proceso irregular de las becas presidenciales”.

Guasp Pérez destacó que le parece inconcebible que el presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, sea quien recomiende personas para ocupar la junta de gobierno de la institución sin que se haya tomado una decisión final sobre la investigación en curso.