Por Ely Acevedo Denis/ Especial para EL VOCERO
El gobernador Alejandro García Padilla aseveró el viernes que el país está en camino de ser recuperado por los ciudadanos al ser arrebatado a los acreedores, a solo horas de que emitiera dos órdenes ejecutivas en la que el Gobierno incumplió con el pago de ciertos vencimientos y que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el Puerto Rico Oversight, Management and Stability Act (PROMESA).
En una conferencia efectuada en La Fortaleza en la que estuvo acompañado por su equipo fiscal; la secretaria de la Gobernación, Grace Santana y el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda; el Primer Mandatario reiteró que por años Puerto Rico tomó financiamiento para cubrir déficits presupuestarios sin tener fuente de repago.
“Por mucho tiempo hubo gobernadores que nos dañaron el crédito. ¿Qué se hizo con eso? Hipotecaron nuestro futuro”, sentenció García Padilla.
Asimismo, reafirmó que el pago de la deuda pública era insostenible, por lo que avaló tanto las medidas adoptadas por su administración como la aprobación del proyecto federal que impone una Junta de Control Fiscal sobre la Isla.
Una de esas medidas equivalió que el gobierno no pagará hoy $911 millones de los cerca de $2,000 millones que se debían de pago de principal e intereses. Los vencimientos que no se pagaron son los $779 millones de obligaciones generales (GOs), $77.1 millones de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), $1.4 millones de la Corporación para el Financiamiento Público, $12.7 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y $11 millones de GOs retenidos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Asimismo, el gobierno solo emitió pagos parciales sobre otras deudas como, por ejemplo, $151.8 millones de uno de los vencimientos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que ascendía a $176.9 millones; $10 millones de los $10.7 millones de uno de los vencimientos de AFI y $100,000 de un vencimiento de $4.5 millones que tenía la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
A parte de la moratoria en el pago de dichas deudas hasta el 31 de enero de 2017, el Gobernador a través de las órdenes ejecutivas declaró en estado de emergencia a varias entidades gubernamentales, suspendió el pago de arrendamiento que le hacen a la AEP ciertas dependencias del Gobierno y paralizó la transferencia de algunos recaudos entre ellos el de los cigarrillos.
En su alocución, el Primer Mandatario describió las medidas de su administración y la firma de PROMESA como el cierre de un ciclo donde escogió darle prioridad a la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía por encima de los acreedores, a la vez que el gobierno puede cumplir con el pago de sus obligaciones por medio de la reestructuración de la deuda pública que ahora buscará la Junta de Control Fiscal. De hecho, destacó que pese a la crisis fiscal del gobierno no despidió empleados ni paralizó la operación del gobierno.
De otro lado, rebatió los planteamientos de quienes alegaron que el retraso por más de un año de la publicación de los informes financieros auditados del año fiscal 2014 era porque contenían información distinta a la planteada por su administración.
En cuanto al reciente presupuesto aprobado por la Legislatura para el nuevo año fiscal, aseveró que estaría inclinado a firmarlo tan pronto lo reciba.
Asimismo, Santana aclaró que los vencimientos de hoy de pago de principal e intereses ya estaban contenidos en el presupuesto del año fiscal 2016, y que los más de $1,000 millones que pagaron se debió a que el dinero ya estaba depositado en los fideicomisos.
También se dijo que el Gobierno mantiene en reserva alrededor de $170 millones correspondientes a la cuenta de clawback.
Más temprano, tanto el BGF como la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), indicaron mediante declaraciones escritas que la “situación fiscal del Estado Libre Asociado el último día del año fiscal 2016 es severa. A pesar de las medidas extraordinarias de manejo de efectivo y liquidez implantadas por esta Administración durante el último año fiscal, se espera que el Estado Libre Asociado termine el mes de junio con aproximadamente $200 millones en efectivo en su cuenta operacional (dicha cuenta conocida como “Treasury Single Account” o “TSA”), y aproximadamente $150 millones en fondos que fueron desviados de ciertas corporaciones públicas conforme a las Órdenes Ejecutivas OE-2015-046 y OE-2015-049 a la “Cuenda del Clawback”). De cara a esta liquidez limitada, el Estado Libre Asociado enfrenta el 1 de julio aproximadamente $1 mil millones en obligaciones de servicio de la deuda de obligación general (“Obligaciones Generales”) y deuda garantizada por el Estado Libre Asociado que vencen y se hubieran pagado de fondos disponibles en el TSA, de manera directa o, en el caso de ciertas obligaciones garantizadas, como aquella que corresponde a la Autoridad de Edificios Públicos, indirectamente mediante apropiaciones presupuestarias (incluyendo pagos por concepto de arrendamiento) del TSA, que se hubiesen usado para el servicio de la deuda. Luego de contabilizar las reservas disponibles para el pago de las Obligaciones Generales y la deuda garantizada por el Estado Libre Asociado que vence el 1 de julio, el Estado Libre Asociado proyecta que aún adeudará a los acreedores de las Obligaciones Generales y de obligaciones garantizadas por el Estado Libre Asociado sobre $800 millones el 1 de julio de 2016. Incluso si el Estado Libre Asociado destinara cada centavo del TSA y la Cuenta de Clawback al pago de la deuda el 1 de julio, todavía adeudaría a los acreedores de la deuda pública cientos de millones de dólares”.
Agregaron, que tras tomar medidas extraordinarias, como el suspender los pagos a los suplidores y los reintegros a los ciudadanos, “en base a las proyecciones actuales de gastos e ingresos, el TSA agotará su balance de liquidez dentro de los próximos 30 a 60 días. Incluso después de la implantación de las medidas de las Órdenes Ejecutivas, aún se proyecta que el saldo en el TSA disminuya en aproximadamente $95 millones durante el remanente de este año. Esta es una posición de efectivo peligrosamente baja para un gobierno que financia servicios a millones de puertorriqueños”.
Pese a tales aseveraciones, el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza aseguró que el gobierno cuenta con los recursos suficientes para poder operar.
De igual forma, el Ejecutivo confirmó que harán otro TRANs interno de $400 millones que saldrá de la Administración de Compensaciones por Accidentes (ACAA), la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE) y el Seguro de Incapacidad No Ocupacional.
Finalmente, ante el inicio del proceso de nominación de miembros para la Junta de Control Fiscal, García Padilla expuso que quiere que el organismo este compuesto por “gente capaz y buena”. Pese a que expresó que ya ha hecho recomendaciones para nombramientos no quiso divulgar los nombres de las personas que refirió. Destacó que hay que asegurarse que los nominados no tengan conflicto de intereses y que puedan pasar el cedazo del Senado Federal.
De igual forma, rechazó las proyecciones de algunas personas que han planteado que la Junta le costará al gobierno local $370 millones en 10 años. En esa línea, tanto García Padilla como la principal oficial financiera del Gobierno, Melba Acosta, plantearon que la ley federal lo que dispone es un nivel de gasto de $2 millones mensuales.
You must be logged in to post a comment Login