Con PROMESA llega el primer de los estados financieros auditados

Con PROMESA llega el primer de los estados financieros auditados

Acompañado con el Indice de Actividad Económica                  

30/04/2016 San Juan, Puerto Rico. Fotos Nuevas de las fachadas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), El Capitolio y La Fortaleza. (Agustin Santiago/El VOCERO)

Agustin Santiago/El VOCERO

Con dos años en retraso y luego de la aprobación del proyecto federal, PROMESA,  el gobierno dio a conocer los estados financieros auditados de 2014, redactados por la firma de contabilidad Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG), los cuales evidencian que prácticamente la mayor parte del gobierno no podrá mantener su operación, siendo el Banco Gubernamental de Fomento una de dichas agencias, justamente la que subvenciona a los municipios del país.

Sin embargo, uno de los elementos más controversiales de estos estados financieros, es que el mismo refleja un déficit de $1.2 mil millones al cierre del año fiscal 2014, año en que justamente Puerto Rico colocó una emisión de bonos por la cantidad de $3,500 millones en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos, los mismos que hoy no pudieron ser pagados. Justamente, esta transacción es una que está bajo la mirilla del Congreso, ya que varios de los que fueron asesores del gobierno local en esta emisión eran ex-empleados de la Secretaria del Tesoro en los EE.UU., y se entiende debieron conocer de primera mano que dicha emisión tendría problemas para sostenerse ante la insolvencia del país, planteamiento que recientemente  fuese presentada  por la presidenta del Comité de Finanzas del Senado, Orrin G. Hatch a través de carta al Secretario del Tesoro para su investigación.

En ese mismo año, una auditoria de KPMG había estipulado que no habia ninguna garantía de que el Estado Libre Asociado y sus entidades públicas pudieran acceder a otras fuentes de financiamiento u obtener una financiación suficiente en cualquier momento para satisfacer los vencimientos de sus obligaciones. “Si estas otras fuentes de financiamiento no están disponibles, la situación financiera del gobierno y las entidades públicas podría deteriorarse aún más y su capacidad para pagar los préstamos que tienen con el Banco puede verse afectada negativamente”.

Otro elemento medular del informe, es la confirmación de lo reiterado, la descapitalización de los Sistemas de Retiro de Puerto Rico. La principal oficial financiera del gobierno y presidenta del BGF, Melba Acosta, indicó  que pese al delicado cuadro fiscal que presentan los estados financieros sobre los planes de pensiones, en el nuevo presupuesto se han aprobado medidas que destinan unas asignaciones en ese particular.

Ante este cuadro, el gobernador Alejandro García Padilla rechazó que a propósito retrasaron la divulgación de los estados financieros auditados del 2014 porque contenía información distinta a la planteada por su administración.

En este particular, la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, sostuvo que los auditores estaban pendientes al resultado de la aprobación del presupuesto del nuevo año fiscal y de otras legislaciones pendientes,  para saber cómo finalmente quedaba la situación de ciertas entidades, entre ellas el Banco Gubernamental de Fomento.

El cuadro económico es aún más complicado, ya que desde ese entonces hasta el cierre del año fiscal 2016, culminado ayer, la economía se ha deteriorado aún más, lo que se puede evidenciar con el Indice de actividad Económica (IAE) para el mes de mayo, revelado hoy, el cual elabora el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y representa las tendencias de la economía de la Isla. El IAE disminuyó en mayo 1.8%, hasta 123.8, tendencia sostenida a lo largo del año. El empleo asalariado no agrícola

AGP es Mentiras, Falsedades y Engaños porque el Pueblo se lo ha permitido.

decreció  1.2% con respecto al mismo mes del año pasado; las ventas de cemento disminuyeron 15%; y la generación de electricidad bajó 0.4%. Sin embargo, el consumo de gasolina se situó 3.5% por encima de la cifra del mes de mayo de 2015, cifra que no exactamente refleja el consumo actual verdadero reportado por los detallistas, sino que se basa en el impuesto basado por los importadores.

Otro elemento, que refleja la precariedad del estado económico del país es la aceptación por parte tanto el BGF como la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), de que la situación fiscal del Estado Libre Asociado el último día del año fiscal 2016 es severa,  esperando que terminen el mes de junio con aproximadamente $200 millones en efectivo en su cuenta operacional (dicha cuenta conocida como “Treasury Single Account” o “TSA”), y aproximadamente $150 millones en fondos que fueron desviados de ciertas corporaciones públicas conforme a las Órdenes Ejecutivas OE-2015-046 y OE-2015-049 a la “Cuenda del Clawback”).

Según se desprende del informe, que contiene 349 paginas, el BGF no obtiene fondos suficientes del gobierno central para el año fiscal 2017 y de no poder completar la renegociación de su deuda, o  acceder a fondos de otra forma o  arreglos con sus acreedores, el BGF no podrá continuar como una entidad viable y tendrá que dar paso a su resolución. Dicha premisa es una alarmante de cara a que de dicha entidad depende gran parte de la operación de los municipios del país.

El informe reconoce, que incluso con la implementación del proyecto PROMESA y la llegada de la Junta de Control Fiscal, llegarán unas medidas y recortes de fondos que promoverán más el deterioro de la actividad económica de la Isla.

Acorde con el informe financiero, el país cuenta con un déficit acumulado de $50 mil millones, deficiencias operacionales de $1.2 mil millones e insuficiencias actuariales en los sistemas de retiro de $33.7 mil millones. A ello se suma, la existencia de otras entidades individuales del gobierno que corren el mismo peligro que el BGF de no poder seguir funcionando de manera individual. Estas incluyen: la Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de los Puertos, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones y la Administración de Seguros de Salud.

Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

ILEANEXIS VERA ROSADO, EL VOCERO

Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.

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Leas escritos sobre los insultos de AGP – https://estado51prusa.com/?s=iNSULTOS&x=0&y=0

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Gobernador presenta cuadro alentador para la Isla

El mismo que no está avalado ni por los estados financieros ni por el Indice de Actividad Económica                           

Por Ely Acevedo Denis/ Especial para EL VOCERO

El gobernador Alejandro García Padilla aseveró el viernes que el país está en camino de ser recuperado por los ciudadanos al ser arrebatado a los acreedores, a solo horas de que emitiera dos órdenes ejecutivas en la que el Gobierno incumplió con el pago de ciertos vencimientos y que  el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el Puerto Rico Oversight, Management and Stability Act (PROMESA).

En una conferencia efectuada en La Fortaleza en la que estuvo acompañado por su equipo fiscal; la secretaria de la Gobernación, Grace Santana y el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda; el Primer Mandatario reiteró que por años Puerto Rico tomó financiamiento para cubrir déficits presupuestarios sin tener fuente de repago.

“Por mucho tiempo hubo gobernadores que nos dañaron el crédito. ¿Qué se hizo con eso? Hipotecaron nuestro futuro”, sentenció García Padilla.

Asimismo, reafirmó que el pago de la deuda pública era insostenible, por lo que avaló tanto las medidas adoptadas por su administración como la aprobación del proyecto federal que impone una Junta de Control Fiscal sobre la Isla.

Una de esas medidas equivalió que el gobierno no pagará hoy $911 millones de los cerca de $2,000 millones que se debían de pago de principal e intereses. Los vencimientos que no se pagaron son los $779 millones de obligaciones generales (GOs), $77.1 millones de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), $1.4 millones de la Corporación para el Financiamiento Público, $12.7 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y $11 millones de GOs retenidos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Asimismo, el gobierno solo emitió pagos parciales sobre otras deudas como, por ejemplo, $151.8 millones de uno de los vencimientos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que ascendía a  $176.9 millones;  $10 millones de los $10.7 millones de uno de los vencimientos de AFI y $100,000 de un vencimiento de $4.5 millones que tenía la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

A parte de la moratoria en el pago de dichas deudas hasta el 31 de enero de 2017, el Gobernador a través de las órdenes ejecutivas declaró en estado de emergencia a varias entidades gubernamentales, suspendió el pago de arrendamiento que le hacen a la AEP ciertas dependencias del Gobierno y paralizó la transferencia de algunos recaudos entre ellos el de los cigarrillos.

En su alocución,  el Primer Mandatario describió las medidas de su administración y la firma de PROMESA como el cierre de un ciclo donde escogió darle prioridad a la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía por encima de los acreedores, a la vez que el gobierno puede cumplir con el pago de sus obligaciones por medio de la reestructuración de la deuda pública que ahora buscará la Junta de Control Fiscal. De hecho, destacó que pese a la crisis fiscal del gobierno no despidió empleados ni paralizó la operación del gobierno.

De otro lado, rebatió los planteamientos de quienes alegaron que el retraso por más de un año de la publicación de los informes financieros auditados del año fiscal 2014 era porque contenían información distinta a la planteada por su administración.

En cuanto al reciente presupuesto aprobado por la Legislatura para el nuevo  año fiscal, aseveró que estaría inclinado a firmarlo tan pronto lo reciba.

Asimismo, Santana aclaró que los vencimientos de hoy de pago de principal e intereses ya estaban contenidos en el presupuesto del año fiscal 2016, y que los más de $1,000 millones que pagaron se debió a que el dinero ya estaba depositado en los fideicomisos.

También se dijo que el Gobierno mantiene en reserva alrededor de $170 millones correspondientes a la cuenta de clawback.

Más temprano, tanto el BGF como la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), indicaron mediante declaraciones escritas que la “situación fiscal del Estado Libre Asociado el último día del año fiscal 2016 es severa. A pesar de las medidas extraordinarias de manejo de efectivo y liquidez implantadas por esta Administración durante el último año fiscal, se espera que el Estado Libre Asociado termine el mes de junio con aproximadamente $200 millones en efectivo en su cuenta operacional (dicha cuenta conocida como “Treasury Single Account” o “TSA”), y aproximadamente $150 millones en fondos que fueron desviados de ciertas corporaciones públicas conforme a las Órdenes Ejecutivas OE-2015-046 y OE-2015-049 a la “Cuenda del Clawback”).  De cara a esta liquidez limitada, el Estado Libre Asociado enfrenta el 1 de julio aproximadamente $1 mil millones en obligaciones de servicio de la deuda de obligación general (“Obligaciones Generales”) y deuda garantizada por el Estado Libre Asociado que vencen y se hubieran pagado de fondos disponibles en el TSA, de manera directa o, en el caso de ciertas obligaciones garantizadas, como aquella que corresponde a la Autoridad de Edificios Públicos, indirectamente mediante apropiaciones presupuestarias (incluyendo pagos por concepto de arrendamiento) del TSA, que se hubiesen usado para el servicio de la deuda. Luego de contabilizar las reservas disponibles para el pago de   las Obligaciones Generales y la deuda garantizada por el Estado Libre Asociado que vence el 1 de julio, el Estado Libre Asociado proyecta que aún adeudará a los acreedores de las Obligaciones Generales y de obligaciones garantizadas por el Estado Libre Asociado sobre $800 millones el 1 de julio de 2016.  Incluso si el Estado Libre Asociado destinara cada centavo del TSA y la Cuenta de Clawback al pago de la deuda el 1 de julio, todavía adeudaría a los acreedores de la deuda pública cientos de millones de dólares”.

Agregaron, que tras tomar medidas extraordinarias, como el suspender los pagos a los suplidores y los reintegros a los ciudadanos, “en base a las proyecciones actuales de gastos e ingresos, el TSA agotará su balance de liquidez dentro de los próximos 30 a 60 días. Incluso después de la implantación de las medidas de las Órdenes Ejecutivas, aún se proyecta que el saldo en el TSA disminuya en aproximadamente $95 millones durante el remanente de este año.  Esta es una posición de efectivo peligrosamente baja para un gobierno que financia servicios a millones de puertorriqueños”.

Pese a tales aseveraciones,  el secretario del Departamento de Hacienda,  Juan Zaragoza aseguró que el gobierno cuenta con los recursos suficientes para poder operar.

De igual forma, el Ejecutivo confirmó que harán otro TRANs interno de $400 millones que saldrá de la Administración de Compensaciones por Accidentes (ACAA), la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE) y el Seguro de Incapacidad No Ocupacional.

Finalmente, ante el inicio del proceso de nominación de miembros para la Junta de Control Fiscal, García  Padilla expuso que quiere que el organismo este compuesto por “gente capaz y buena”. Pese a que expresó que ya ha hecho recomendaciones para nombramientos no quiso divulgar los nombres de las personas que refirió. Destacó que hay que asegurarse que los nominados no tengan conflicto de intereses y que puedan pasar el cedazo del Senado Federal.

De igual forma, rechazó las proyecciones de algunas personas que han planteado que la Junta le costará al gobierno local $370 millones en 10 años. En esa línea, tanto García Padilla como la principal oficial financiera del Gobierno, Melba Acosta, plantearon que la ley federal lo que dispone es un nivel de gasto de $2 millones mensuales.

REDACCION, EL VOCERO

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