Por: Enrique “Kike” Cruz
Analista de NotiUno

Hace varios meses atrás una de mis fuentes me explicaba el porqué tanta intervención del gobierno federal en Puerto Rico. Usó varios ejemplos de países en Sur América y de cómo estos se convirtieron en narco estados. Me explicaba que todo comenzaba con actos de corrupción en el gobierno, luego la entrada de los juegos ilegales y la prostitución. De esa manera el dinero fluía a los políticos y las autoridades de ley y orden hasta llegar a la cúpula gubernamental. Una vez en la cúpula gubernamental ya podían dar el paso grande al narcotráfico.

En Puerto Rico podríamos decir que mucho de esto comenzó con la salida de la marina americana de Vieques y Ceiba.

También podríamos decir que más o menos para esa época se comenzaron a infiltrar las maquinitas de juegos de azar en cuanto colmadito y recoveco había. Los políticos hicieron su agosto y los donativos a las campañas no se hicieron esperar. Recuerdo que nuestro gobernador tuvo una actividad de recaudación de fondos para su campaña del 2012 en un restaurante en Isla Verde con dueños de estas maquinitas.

También recuerdo cómo comenzó en el Capitolio la intentona de hacer desaparecer el Negociado de Investigaciones Especiales, luego de los agentes del NIE haber hecho una extensa investigación que produjo el cierre de 13 centros de juego en el corredor de Cagüas a Humacao. Esta administración, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, planificaron esa desaparición del NIE.

AGaPito ahora es el Dictador Sin Ley Ni Constitución – Para bajar la criminalidad la escondió

Mientras todo esto ocurría, el FBI y la fiscalía federal trabajaban arduamente para que Puerto Rico no cayera en las manos del NARCO. Tal y como dijo la jefa de fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez en aquella famosa frase “Que se harían si no nos tuvieran”. Eso también fue durante esta administración.

Los pasos hacia el narco estado en Puerto Rico iban tal y según mi fuente me había explicado.

La policía ya había sido objeto de decenas de arrestos en lo que hasta hoy ha sido la operación más grande y compleja del FBI, “Guard Shack” en octubre del 2010.

En fin ya casi todos los niveles del gobierno habían sido infiltrados por algún tipo de actividad ilegal, pero todavía faltaba llegar a la cúpula del poder. Lugar desde donde se podía inclusive poner a un gobernante y/o miembros del gabinete.

El caso de Anaudi (no lo menciono por el narcotráfico ) es lo más cercano a la corrupción del ejecutivo en donde un grupo de personas con intereses de hacer negocio dentro del gobierno logra “nombrar” personas fieles y leales a estos en posiciones claves dentro del gobierno, con el objetivo de obtener contratos de manera ilícita. Ese es el primer paso, de ahí al narco estado ya la ruta estaba trazada, el camino estaba abierto.

Eso mismo lo hemos visto en la AEE, y como saben, la AAA. Los beneficiados se llevarían cientos de millones a costa del pueblo, a costa del precio de la luz y el agua. Mientras los sindicatos se callaban con beneficios y aumentos.

Las conversaciones en el departamento de justicia federal eran continuas a base del nivel de incremento que llevaba la corrupción en Puerto Rico. Definitivamente en algún momento había que intervenir, pues Puerto Rico se había ya convertido en una de las principales vías para introducir narcóticos en el continente americano.

Primero comenzaron con los derechos civiles de la policía de Puerto Rico y su oficial de probatoria.

Luego de la investigación de Anaudi y los arrestos, entonces vino la crisis de Alejandro y su administración con el “No puedo pagar”.

Esta crisis le presentó al gobierno federal la excusa perfecta para intervenir en nuestro “auto gobierno”. La corrupción, y los intereses personales de varios políticos habían ya trastocado las instituciones de ley y orden, el narco estado estaba a la vuelta de la esquina y había que intervenir.

Por eso la sección 204 del proyecto PROMESA, en donde la junta tiene el poder de examinar y revocar cualquier contrato de más de 100 mil dólares. Con la inteligencia de los corruptos me imagino que de ahora en adelante habrán maás contratos por menos de 100 mil.

La junta también tiene el poder de examinar legislación y si no cumple con el plan fiscal, revocarla.

El que nos impongan un junta de control fiscal es triste, es vergonzoso, pero lamentablemente es NECESARIO.

Puerto Rico está al garete en todo el sentido de la palabra y nuestros políticos han fallado en poner orden.