El reciente estado financiero auditado del año fiscal 2013-2014, divulgado finalmente por la firma Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG), es de acuerdo a varios contadores públicos, evidencia de la insolvencia total que vive la Isla en el 2016, por lo que no descartan una ola de ajustes que se tendrá que poner en vigor la Isla, casi de manera inmediata.

Entre los ajustes pudiese figurar la flexibilidad laboral, consolidación de agencias, merma en las aportaciones gubernamentales, reducción de consultores y de gastos gubernamentales, merma en servicios esenciales, y despidos, entre otras medidas donde impuestos adicionales no están del todo descartados. Sn embargo, para los contadores públicos, opciones como cesantías o impuestos adicionales en nada abonan a un crecimiento económico, ya que habría menos dinero discrecional en la calle y menos ingresos entrando al fondo general.

El CPA Kenneth Rivera, fue enfático en que los estados financieros reflejaron un alza en ingresos de más de $1,000 millones, no obstante, la Isla todavía mantiene insolvencia en la

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mayoría de sus agencias y corporaciones, lo que afirmó denota el que no se hicieron los ajustes necesarios para reducir los gastos. Entiende, que los estados financieros faltantes deberán reflejar una merma en la deuda, ante los pagos efectuados y los acuerdos que se puedan llegar con los acreedores, sin embargo, entiende que el deterioro fiscal del país debe ser uno más alarmante que el que se presentaba en ese entonces.

Mencionó además, que solo existen tres opciones para incrementar los ingresos: tomar prestado, aumentar los impuestos y reducir el gasto, de los cuales uno no es posible en el momento y los restantes dos no parecen haber dado el resultado necesario. “De cara a esa realidad, es de esperarse una nueva combinación de impuestos y reducción del gasto. Esto a su vez representa menos servicios por parte del gobierno, pero más eficientes de cara al futuro. Los números evidencian la incapacidad del gobierno para poder pagar. Definitivamente, el gobierno no puede seguir operando de la misma manera. Ahora cambiará el entorno económico, político y cultural del país”.

Para Rivera, el comparar la situación de la Isla con otros países o estados que han estado pasando por situaciones económicas similares y se les ha impuesto una Junta de Control Fiscal no es posible, ya que Puerto Rico tiene una realidad muy única. “Se trata de otra época, otro entorno, otra realidad política y nadie ha contado con PROMESA antes. Por ello, la realidad de la Isla es única y de esa manera la tienen que trabajar”.

En tanto, el contador Kermit Lucena entiende que los números registrados en los estados financieros auditados reflejan claramente que la situación de la Isla cada día empeora y se dirige a un precipicio fiscal. “Un negocio tradicional con esta realidad económica garantiza un cierre seguro, pero el gobierno no lo puede hacer. A ellos les corresponde garantizar salud, seguridad y educación. Sin embargo, no descarto cesantías, reducción de jornada y de servicios, consolidación de agencias, eliminación de otras y la aceleración del retiro. Aunque ésto también suele ser peligroso, porque mientras menos personas trabajan, se reduce la base contributiva. Igualmente se incrementa la migración, lo que agudiza aún más la precariedad en la partida de ingresos al fisco, porque tampoco crece el consumo”.

Para ambos profesionales, los estados financieros faltantes, de los años 2014-2015 y 2015 – 2016, no consideran reflejen cambios significativos, al más reciente presentado, ya que la economía sigue en abierto deterioro.

Según los estados auditados del año fiscal 2013-2014, ante el cuadro financiero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la UPR, la tarjeta de salud, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es casi imposible que puedan continuar operando como hasta ahora, ya que por años han estado operando en insolvencia, siendo subvencionados por el gobierno central.

Una nueva demanda contra el gobierno de Puerto Rico en la que se impugna la constitucionalidad de la Ley de Moratoria, fue radicada en el Tribunal Federal.

Una treintena de individuos y corporaciones que son dueños de bonos, solicitaron al juez federal Francisco Besosa que emita una sentencia en la que declare inconstitucional el referido estatuto.

Entre la treintena de demandantes figuran los empresarios Federico Stubbe, Dionisio Trigo, First Medical Health Plan y la compañía Northshore Management.

Los demandantes solicitan una indemnización de $100 millones.

El recurso legal es contra el gobernador Alejandro García Padilla; el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza; la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, y el secretario de Estado, Víctor Suárez, entre otros.

El escrito, radicado por el abogado Ettiene Totti, alega que los demandados negociaron con un grupo de inversionistas del BGF para discutir términos y transferencias “preferenciales” que no le fueron ofrecidas a estos.

El pasado 21 de junio otros 12 fondos de inversión también demandaron al gobierno de Puerto Rico para reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de Moratoria.

Al igual que en esta nueva demanda, los demandantes alegan que el estatuto resulta confiscatorio de los recursos del BGF para poder cumplir con sus acreedores y que además, se privilegió a acreedores locales, en alusión al acuerdo de pago de intereses a las cooperativas financieras en la Isla.

La Ley de Moratoria fue firmada por García Padilla el pasado 6 de abril para proteger las inversiones de las cooperativas en bonos del BGF.