Con votación de ocho a favor y dos abstenidos, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó ayer la destitución inmediata del presidente de la institución, Uroyoán Walker Ramos, por haber estado implicado directamente en el mal manejo de las Becas Presidenciales, cuyo desembolso total ascendió a más de $224 mil en el año académico 2015-2016, de los que más de una tercera parte se otorgaron contrario al reglamento.
La determinación, sin precedente en la historia del primer centro docente del País, surge tras la entrega de una auditoría que reveló que funcionarios de la alta jerarquía institucional violaron reglamentos y leyes internas al intervenir a favor de dos becados, cuyas áreas de estudio no eran de interés primordial para la UPR.
Previo a que los diez miembros de la Junta de Gobierno – incluido el recién juramentado Frank Cátala Morales– deliberaran sobre el asunto, el licenciado José Andreu Fuentes envió una comunicación a la secretaria del organismo en la que exigía que se detuviera la reunión hasta tanto se diera oportunidad de escuchar a Walker Ramos.
Así las cosas, se permitió la entrada de Walker Ramos a la reunión, quien aprovechó para solicitar a la Junta un tiempo adicional –previo a la deliberación– para replicar los hallazgos de la investigación de la cual se le entregó copia el martes sin las 8 mil páginas de anejos a las que se hace referencia. Insinuó además que la investigación se basaba en alegaciones de terceros; no en datos evidenciados. Previo a su entrada a la reunión, catalogó la pesquisa como una “cacería de brujas” e insistió que se mantendría en su cargo.
De inmediato, los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR clarificaron que las posiciones de confianza consisten de un privilegio revocable. Aunque aún no tengan los elementos de juicio para pedir la devolución del dinero, el informe evidencia que hubo unas actuaciones contrario a las reglas, reiteró la profesora Gloria Butrón.
De la cantidad total otorgada, el informe cuestionó el desembolso de $88,200, que fueron entregados al licenciado Carlos Pagán Cuevas –exasistente de Antonio García Padilla, hermano del gobernador Alejandro García Padilla–,al licenciado Arturo Ríos Escribano –exasesor de Asuntos Laborales del gobernador García Padilla– y a la arquitecta Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez, quien renunció la semana pasada, justo antes de votar a favor de un alza en el costo de la matrícula estudiantil.
El representante estudiantil, Gilberto Domínguez, citó directamente del informe que el presidente Walker Ramos había relatado a la comisión investigadora que él y su director ejecutivo llamaron al becado Pagán Cuevas para preguntarle “cuánto exactamente necesitas… porque los $65,000 está cab…”, tono coloquial que denotaba la confianza con el candidato. Inmediatamente, acordaron la cantidad de $40,000.
El representante de interés público, Juan Aponte, destacó las páginas que revelan el favoritismo hacia los becados, al punto que ese mismo día de la llamada, los beneficiarios firmaron el contrato, se envió el contrato firmado a la Oficina de Asesoría Legal, se solicitó el pago, se hizo el desembolso, y se depositó el dinero en las cuentas sin que el presidente de la UPR hubiera tan siquiera firmado el contrato.
“El informe es realmente devastador”, reaccionó el nuevo miembro de la Junta de Gobierno, Cátala Morales. “Aunque no leas los anejos, es devastador”, coincidió la profesora Butrón.
La evaluación inicial del informe estuvo a cargo de un subcomité con representación claustral, estudiantil y del representante de interés público, quienes por decisión unánime optaron por destituir a cinco funcionarios en puestos de confianza.
Fueron destituidos el rector de Río Piedras de la UPR, Carlos Severino; y el decano de la Facultad de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli; así como la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia Camacho; y la decana de Asuntos Estudiantiles, Palmira Ríos; aunque ambas presentaron su carta de renuncia previo a la determinación de la Junta de Gobierno.
El secretario de Educación y miembro exofficio, Rafael Román, y la representante de interés público nombrada por García Padilla, Ana María García Blanco, se abstuvieron de la decisión. El primero porque consideró que no se le dio oportunidad de réplica a los implicados y la segunda porque consideró a la Junta de Gobierno también culpable por su falta de supervisión.
La Junta de Gobierno certificó a Celeste Freytes como presidenta interina, quien fuera vicepresidenta bajo la administración de Antonio García Padilla cuando presidió la UPR. Freytes, según acordado por el organismo rector, tendrá a su cargo dirigir una investigación más sobre los procesos de cada una de las becas en las distintas unidades, así como el análisis legal de los procesos de desembolso de fondos. También tendrá a su cargo tomar las acciones de personal pertinentes con otros empleados implicados en el informe.
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