Precisamente, cuando dos figuras vinculadas a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han señalado públicamente los problemas estructurales y de gobernanza que tiene el primer centro docente del país, surgen cuestionamientos de impunidad por cobros ilícitos y fraude por parte de investigadores, que han sido traídos a la atención del cuerpo rector sin mayores consecuencias durante diez años.

Así sucedió con un caso de un catedrático ascendido en dos ocasiones y nombrado a un puesto de confianza, incluso considerado por el Senado Académico para el puesto de rector del recinto de Bayamón, a pesar de que la Oficina de la Contralor le hizo señalamientos por fraude.

Aún luego de haber sido denunciado por compensación ilícita,

Estos son Jefes en el Gobierno de AGP/PPD

el doctor Javier Ávalos Sánchez, obtuvo ascensos tanto por la administración del pasado presidente Miguel Muñoz, como del recién destituido Uroyoán Walker, lo cual deja en evidencia los problemas de criterio gerencial y la impunidad que permea en la institución universitaria por la falta de supervisión adecuada.

Ávalos Sánchez fue nombrado director del departamento de física y decano interino de Asuntos Académicos del recinto de Bayamón, y posterior a eso logró los escalafones más altos como docente al obtener ascenso a catedrático asociado y catedrático en propiedad. Todo esto tras supuestamente retener $37,500 de fondos públicos del recinto de Bayamón, los cuales -ocho años después- no han sido recobrados.

Este es sólo uno de un total de 156 hallazgos que ha informado la Oficina de la Contralora, en un total de 33 informes sobre la UPR, de los cuales el 39% trata sobre la falta de controles administrativos e internos.

De hecho, pocos meses después de la designación de Walker como presidente de la UPR y del nombramiento de Jorge Sánchez como presidente de la Junta de Gobierno, la contralora, Yesmín Valdivieso, sostuvo una reunión con ambos, en la cual les advirtió de todas las fallas administrativas que debían corregirse, entre ellas la normativa y sistemas de información anticuados.

Ávalos Sánchez había sido nombrado Investigador del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería (CRCI), por el entonces presidente Miguel Muñoz. Sin embargo, siguió cobrando su salario de profesor en el departamento de Física con una carga de diez cursos.

Aunque la Coordinadora de Recursos Humanos en el CRCI, refirió el caso al Asesor Legal de la Administración Central, éste lo remitió

$7.2 Millones con la Tarjeta de Crédito de la UPR

a la rectora sin tomar acción legal por la doble compensación.

La Contralora identificó de parte del profesor Ávalos Sánchez los mismos señalamientos que identificó la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF) de parte de otros profesores en Río Piedras, como Brad Weiner, quien es su socio en el laboratorio diamante de investigación en nanotecnología.

Los profesores del CRCI habían sido señalados por un esquema de fraude en la compensación de las horas y esfuerzo reportado a la NSF, un caso que continúa bajo la investigación de la Oficina federal del Investigador General.

Ávalos Sánchez cobró simultáneamente un sueldo de $40,800 del Centro, mientras recibía un salario de $49,800 por servicios contratados como profesor. Recibió doble bonificación de Navidad y doble aportaciones de plan médico, sistema de retiro, seguro social federal y Fondo del Seguro de Estado, lo cual resultó en una pérdida de $37,600 de fondos públicos, según el informe de mayo de 2015.

“Nosotros recomendamos el recobro, pero no los podemos obligar al recobro, es el problema que tenemos”, señaló la contralora.

Más que una omisión, el informe detalla que el profesor mintió al llenar formularios en los que aseveraba que no tenía puesto en la UPR, ni en el gobierno de Puerto Rico. La situación también fue referida a la Oficina de Ética Gubernamental en 2013.

El investigador reconoció la falta como una “omisión” de su parte, por lo cual la entonces rectora se limitó a una amonestación escrita; ni siquiera evaluó la devolución de fondos. En el informe más reciente a la Contralora, la rectora actual, Margarita Fernandez Zavala, detalló en carta el 4 de febrero de este año, que la administración central contrató a una firma externa para comenzar a tramitar el recobro de dinero.

Este rotativo intentó conseguir la versión de Ávalos Sánchez, mas no respondió a nuestras llamadas.

En momentos en que se sustituye a los encargados de administrar la UPR, Valdivieso recomendó a la presidenta interina, Celeste Freytes y a la Junta de Gobierno a revisar todos las auditorías. “La UPR es una unidad grandísima. Tenemos una cantidad enorme de hallazgos”, lo que la contralora atribuyó a la inmensidad de la institución universitaria”,