L a ley federal Promesa que, entre otras cosas, establece una Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, es ya una realidad, por lo que es indispensable que todos en la Isla comprendan el rol de la Junta y se enfoquen en cooperar con ella para lograr echar a Puerto Rico hacia delante.

En primer lugar, la Junta creada por Promesa tiene la autoridad de encaminar la reestructuración de todas las deudas públicas de Puerto Rico. Esto es así, ya que es innegable que gran parte de esas deudas tienen que ser reestructuradas para que el gobierno de Puerto Rico obtenga un alivio sustancial y cumpla con sus obligaciones. Para facilitar la reestructuración, Promesa establece una moratoria en los litigios de cobro contra nuestras entidades públicas en lo que se negocian acuerdos con los acreedores del gobierno. Dado que esa moratoria es temporera, es indispensable que las negociaciones con los acreedores se lleven a cabo sin demora y con la mayor buena fe de todas las partes.

Asimismo, la Junta tiene el deber de supervisar la gestión fiscal del gobierno de Puerto Rico hasta que restaure su credibilidad y logre manejar adecuadamente sus finanzas. Específicamente, la Junta aprobará el plan fiscal y los presupuestos a ser elaborados por el gobierno, y asegurará que los ingresos y los gastos públicos se ajusten a los presupuestos aprobados. Si los funcionarios del gobierno hacen su trabajo correcta y diligentemente, y colaboran con la Junta, Puerto Rico podrá enderezar sus finanzas y volver a tener acceso a los mercados financieros en el menor tiempo posible.

Por otro lado, Promesa también crea el Grupo de Trabajo Congresional sobre el Desarrollo Económico de Puerto Rico, al cual fui nombrado junto a mis colegas Nydia Velázquez, Sean Duffy y Tom MacArthur, así como los senadores Orrin Hatch, Marco Rubio, Bill Nelson y Bob Menéndez. Este Grupo de Trabajo bipartidista deberá someter un informe al Congreso en o antes del 31 de diciembre de este año describiendo impedimentos en las leyes federales que afectan el desarrollo económico de Puerto Rico y recomendando cambios legislativos y administrativos que promuevan crecimiento económico, creación de empleos y reducción de pobreza infantil en la Isla.

El Grupo de Trabajo está autorizado a llevar a cabo audiencias públicas y deberá consultar con el sector privado de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Para ese fin, se establecerá un mecanismo para que todos los sectores interesados puedan someter sugerencias, propuestas e ideas a ser consideradas por el Grupo de Trabajo de forma tal que pueda cumplir con el mandato de ley.

Mi visión es que el informe del Grupo de Trabajo le brinde una guía clara y sencilla al gobierno federal que identifique programas y políticas públicas en las que Puerto Rico es tratado de una manera injusta, tales como las disparidades en Medicaid y Medicare, y la falta de acceso a los programas de créditos contributivos federales, y que proponga medidas que incentiven nueva inversión y creación de empleos en la Isla.

En vista de la crisis que enfrentamos y de las herramientas que nos da la ley federal Promesa, no hay tiempo que perder. No es momento de retórica política. Es momento de que todos los sectores en Puerto Rico, incluyendo la administración actual y los candidatos a posiciones electivas, dirijan sus esfuerzos a cooperar con el Grupo de Trabajo de Desarrollo Económico y a trabajar en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal hasta que tengamos un gobierno estable y confiable. Es momento de cumplir con Promesa.