Al afirmar que las medidas anticrimen tomadas por la Policía de Puerto Rico no están funcionando, el juez federal Francisco Besosa opinó que el superintendente José Caldero parece más interesado en conceder ascensos y en obstruir la reforma de la Uniformada que en luchar contra la criminalidad.

“Este año el número de asesinatos ha aumentado. Actualmente, hay 60 asesinatos más para esta fecha en comparación con el pasado año…de lo que la corte infiere, parece que el superintendente está más interesado en ascender oficiales antes de que concluya su administración y en obstruir la reforma de la Policía, en vez de combatir la horrenda tasa criminal en Puerto Rico”, expresó el juez durante la vista de re-sentencia por un caso de armas contra Anthony Soto Rivera, hijo del fenecido exsenador Antonio Soto, mejor conocido como “El Chuchin”.

“Tal parece que la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Puerto Rico no están funcionando”, afirmó Besosa.

Expuso que a pesar de que continúa vigente la iniciativa del “Task Force” contra las armas ilegales –integrado por agentes estatales y federales– son pocos los casos que este año han sido referidos al sistema federal.

“No sé por qué ocurre esto. Puede ser que las autoridades estatales no quieran compartir el crédito por alguna iniciativa anticrimen, pero eso no puede ser porque la iniciativa anticrimen, la cual fue anunciada por el superintendente de la Policía, no está funcionando”, apuntó el juez federal.

Apuntó que anteriormente, tanto él como el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston han destacado que la reducción en los asesinatos que se registró durante los pasados cinco años, se debió en gran parte a la iniciativa del “Task Force” contra las armas ilegales, establecida por la Fiscalía Federal en la Isla y por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Por su parte, Caldero indicó en declaraciones escritas que “desconocemos en qué contexto el juez federal emitió esas expresiones y, por lo tanto, respetando al honorable tribunal no emitiremos comentarios. Nuestro norte es seguir desarrollando estrategias para seguir bajando la criminalidad y traerle paz y seguridad a Puerto Rico”.

Caldero se dispone a conceder más de un centenar de ascensos en la Policía entre el 16 de agosto al 1 de septiembre. El jefe de la Policía dijo que está analizando con la Oficina de Gerencia y Presupuesto el impacto económico de los ascensos. Con la jubilación del coronel Leovigildo Vázquez Bonilla son varios los que se disputan la única plaza de coronel vacante, la que según fuentes de EL VOCERO, podría tener ya nombre y apellido, suponiéndose que sería un militante del Partido Popular Democrático (PPD).

El pasado 11 de julio, el monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, radicó su cuarto informe como parte del proceso de la Reforma de la Uniformada, en el que destacó irregularidades en el proceso de ascensos de los oficiales.

Incluso, en el documento, Claudio urgió a Caldero reconsiderar el ascenso que se le otorgó al jefe de la División de Drogas, el teniente coronel Juan José García.

“El TCA está sorprendido al conocer que el comandante (García) de esta División en particular, un teniente coronel, ha recibido su tercera promoción en menos de dos años a cargo de un grupo en un ambiente plagado con los arrestos de varios de sus oficiales y de personal a cargo, por violaciones de derechos civiles y humanos, conducta antiética y represalias. Esto es totalmente inconsistente con el buen orden y disciplina esperada de un agente de ley y orden”, señaló Claudio en su informe.

Caldero arremetió contra Claudio y anticipó que no iba a seguir las recomendaciones y defendió a García.

Días más tarde, el juez federal Gustavo Gelpí, quien preside el caso sobre la Reforma de la Policía le dio un tapaboca a Caldero al prohibirle que hiciera comentarios sobre el asunto fuera de las vistas de la Reforma de la Policía las cuales se llevarán a cabo el 1 y 2 de septiembre.

(Miguel Rivera Puig colaboró en este reportaje)