Por: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés

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Iván, hemos dedicado ya varias columnas y foros a los temas de la deuda pública y de la legislación federal mejor conocida como PROMESA. Ello, no porque sea un tema agradable sino porque entendemos que el futuro de la Isla se verá impactado por muchos años por esos dos temas.

Muchos pensaron que PROMESA traería la paz y que evitaría las controversias con el famoso “stay” o paralización de litigios. Iván, como siempre dijimos, PROMESA traerá muchos litigios y controversias jurídicas ante el nuevo esquema legal creado. Al presente, en temas relacionados al manejo de fondos por la deuda, la corte estatal maneja tres casos, la Corte Federal de Distrito, nueve casos y otro más en la Corte de New York. Esto, solo es el comienzo y no ha llegado la Junta.

Destacamos que el 20 de julio, Lex Claims y otros demandantes demandaron al Gobierno de Puerto Rico en la Corte Federal. Estos acreedores impugnan el gasto del dinero público que debió ser destinado al pago de la deuda pública. Para ello, se cita la Sección 204(c) de PROMESA que impide que el Gobierno transfiera activos ilegalmente en incumplimiento con la Constitución. Los demandantes cuestionan la utilización de fondos públicos en contravención al mandato de prioridad del pago de la deuda constitucional, según establece la Constitución de Puerto Rico.

No es para menos, el 30 de noviembre de 2015, mediante la Orden Ejecutiva, el Gobernador retuvo todos los ingresos destinados a varias corporaciones públicas al amparo de la Constitución (“clawback”) para pagar la deuda constitucional. En ese entonces, se afirmó que esos “fondos se mantendrán en una cuenta segregada y que serán utilizados únicamente para el pago de la deuda pública”. Esto contrasta con la decisión, unos pocos meses después, de impago absoluto de la deuda constitucional. ¿Dónde está el dinero?

Bernier/AGP Casi Estadistas Pro-Voto Pres. Demostraron q «Soberanistas» PPD son poquitos gritones barriguistas http://ow.ly/i/lGN2t http://ow.ly/i/lGN5E http://ow.ly/i/lGN61 http://ow.ly/i/lGN7n

Todavía, la Isla sigue en confrontación con sus acreedores con el efecto nefasto que ello nos ocasiona frente a la economía globalizada. Mientras esta pugna continúe, se reduce la posibilidad de la Isla de atraer inversión local y foránea para generar crecimiento económico. Iván, ¿qué tú dices?

Lcdo. Iván Rivera
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Ramón el gran problema que tenemos con el asunto de la Ley PROMESA es que los funcionarios de la actual administración pujaron por la misma para conseguir el “Stay” al 1 de julio del 2016, aparentemente, bajo la premisa de que la última la pague el Diablo. Pero, la realidad es que la Ley PROMESA no es una que libere de toda responsabilidad al gobierno actual en cuanto al manejo de sus finanzas mientras dure el proceso de paralización.

La Sección 204(c) de PROMESA le impone la responsabilidad al Gobierno de Puerto Rico para que, en el periodo previo a que la Junta de Supervisión Fiscal quede finalmente constituida, maneje el tema de los ingresos del Estado de manera tal que no se afecte el orden constitucional respecto a la parte de la deuda que pueda ser reputada como del Estado. Ya en el Foro del 29 de junio del 2016, adelantamos sobre ese asunto y respecto al hecho de que PROMESA impone la responsabilidad de proteger el orden de prelación constitucional en cuanto al pago de la deuda. Incluso, adelantamos que esa parte de la Ley redundaría en litigios en la Corte Federal de Distrito de Puerto Rico que probablemente serían descargados mediante petición de certificación al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que sea interpretado cuáles partidas de la deuda son las protegidas constitucionalmente. Lex Claims es uno de los primeros, pero vienen más.

La realidad es que los fondos retenidos por el Gobierno de Puerto Rico mediante el mecanismo de “clawback” legalmente no debieron -y no deben- ser utilizados para otro fin que no sea emitir pagos a la deuda constitucionalmente protegida. Pero, Ramón, no te extrañe que con la cara de frescura que se han parado a decir que los furgones de Naled no estaban en Puerto Rico, aunque aún estaban en el muelle, ahora digan que el “clawback” fue instaurado con la Orden Ejecutiva No. 30-2016 y que, por lo tanto, no están violando PROMESA porque no se trata de aprobación de una Ley.