Es un fenómeno recurrente en la historia política de Puerto Rico que, tal vez, tiene sus orígenes en la década del veinte del siglo pasado. Su primer teórico fue José Tous Soto, que lo planteó en su, casi desconocido, libro, El Futuro Status Político de Puerto Rico, publicado en los años treinta. Tous Soto, con Miguel Guerra Mondragón y Antonio Barceló habían sugerido la fórmula de Estado Libre Asociado al congresista por Kansas, Phillip Campbell, que luego lo presentó como proyecto. Fue en 1922, mismo año de la fundación del Partido Nacionalista y del triste caso de Balzac v Porto Rico.

Durante los años cincuenta el Partido Popular desarrolla la tesis de la simbiosis, ciudadanía americana y cultura puertorriqueña. Se fundan el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el programa de DIVEDCO en el, entonces, Departamento de Instrucción Pública y se le rinde homenaje a la ciudadanía americana en aquel discurso memorable de Luis Muñoz Marín del 25 de julio de 1956. El voto presidencial volvería por sus fueros varios años después cuando en vistas congresionales en 1960 para la Enmienda XXIII que otorgaría derecho al voto presidencial a los ciudadanos de Washington D.C., Muñoz favoreció que se extendiera a todos los ciudadanos americanos, no importa su lugar de residencia. Eso incluyó al ELA. Años después, ante la realidad política de su partido, rectificaría.

En 1970, el gobernador Luis Ferré crea el famoso Comité Ad Hoc para el Voto Presidencial. Compuesto por personas designadas por él y por el presidente Richard Nixon, el comité se da a la tarea de investigar y escuchar a distintos deponentes sobre esta figura. El saldo neto, como en comités y proyectos anteriores, incluyendo el proyecto de Estadidad de Santiago Iglesias Pantín de 1935, quedan olvidados. La vorágine política colonial se lo traga todo. No hay vomitivo ni exorcismo que valga para sacar las impurezas de esta condición centenaria.

Por casi dos décadas no se oyó del voto presidencial hasta mediados de los ochenta, cuando sale a la superficie nuevamente. Hubo relativa discusión pública. Roberto Rexach Benítez presentó legislación al respecto. Jaime Benítez aporta a la discusión planteando, correctamente, que se necesitaría una enmienda constitucional, como sugirió Tous Soto en los años veinte. Al surgir en 1989 la discusión en Washington del tema del estatus político de Puerto Rico, por recomendación expresa del presidente Bush, se olvida del todo el tema. Votar por el presidente es consustancial con una de las alternativas de estatus; la estadidad.

A finales de los años noventa, el abogado Gregorio Igartúa de la Rosa retoma el asunto y le da curso a través de los tribunales. Presenta un recurso legal ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico. Igartúa de la Rosa gana el caso y el tribunal ordena celebrar elecciones presidenciales en Puerto Rico. La CEE imprime las papeletas con retratos de George Bush y Al Gore. Tiempo después la Corte del Primer Circuito en Boston revoca la opinión del Juez Pieras en dicho caso. Debemos consignar que en el 2000 ya José Hernández Mayoral admitió este derecho como parte del crecimiento del ELA.

Este planteamiento, pendular en el tiempo, con claro y amplio arraigo en el electorado, regresa a nuestros días con la propuesta de David Bernier. Sin embargo, ésta subyace en el inconsciente colectivo de nuestra clase política que, como una ola, va y viene en el devenir histórico. Y la adoptó en su programa de gobierno Hillary Clinton y el Partido Demócrata, que claramente reconoció, no solo sus atributos, sino que únicamente es posible mediante enmienda constitucional.