Insisto en que es fundamental que los funcionarios públicos estudien todos los detalles de la ley federal que creó la “Junta de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico”. Por ejemplo, el Capítulo 5 sirve para darle prioridad a proyectos necesarios para rescatar la economía y resolver situaciones de emergencia.

Después de leer la ley detalladamente, deseo compartir mi interpretación de ese importante capítulo. El mandato surge porque el gobierno ha fallado en su función primordial de darle prioridad a proyectos necesarios para reparar el deterioro de las estructuras físicas necesarias y vitales para el desarrollo económico y prestar servicios al pueblo. Entre ellos energía, agua, alcantarillados, desperdicios sólidos, carreteras, puertos y otros que representan altos riesgos a la vida, salud, seguridad pública y los ecosistemas.

La Ley PROMESA responde a la necesidad de revitalizar la infraestructura de Puerto Rico y acelerar proyectos críticos necesarios para resolver una emergencia que requiera aprobación e implementación urgente. Con ese propósito, el gobernador nombrará un coordinador de revitalización dentro de 10 días de haber sido nominados por la Junta de Supervisión. De no hacerlo, la Junta procederá con el nombramiento.

Cuando el gobierno o la empresa privada propongan un “proyecto crítico” deberán someter información sobre la disponibilidad de fondos públicos y/o privados para desarrollar, operar y mantenerlo, el costo a los usuarios, beneficios ambientales y económicos y los empleos que serán creados.

Los auspiciadores de proyectos de energía que son esenciales para fortalecer el desarrollo económico y apoyar las metas de reducir los costos para lograr tarifas favorables a los consumidores y negocios tendrán que someter información sobre: cómo reducir la dependencia del petróleo, mejorar la eficiencia de la infraestructura, adelantar la conversión a gas natural y fuentes renovables, promover el desarrollo y consumo de fuentes de energía existentes en Puerto Rico, y contribuir a la transición del proceso de generación de energía al sector privado.

Para lograr un proceso eficiente y acelerado, el coordinador, en consulta con el gobernador, identificará las agencias relacionadas al desarrollo del proyecto y les requerirá que implemente un proceso acelerado para expedir los permisos. Si las agencias no lo hacen, el coordinador, en consulta con el gobernador, redactará y asignará dicho proceso acelerado.

Cumpliendo con principios de buena gerencia, los proyectos críticos serán designados en orden de prioridad. El coordinador someterá un informe para cada proyecto crítico dentro de 60 días de sometidos. Cada informe incluirá una evaluación sobre el cumplimiento de requisitos y una recomendación del gobernador sobre si el proyecto debe considerarse “crítico”. Si el gobernador no somete una recomendación, su inacción equivale a concurrir con la recomendación del coordinador.

PROMESA protege y promueve la participación de las agencias relacionadas a los proyectos críticos. En el caso de la Junta de Planes, se requiere que determine si un proyecto afecta la implantación del Plan de Uso de Terrenos y de no ser consistente, el proyecto queda descalificado. Proyecto de energía que conecten con las líneas de transmisión de la AEE: requieren que la Comisión de Energía de determine si se afecta el plan integrado de recursos, y de afectarlo el proyecto será inelegible.

La Ley promueve la transparencia y participación de la ciudadanía. Tan pronto se complete la evaluación de cada proyecto, el coordinador publicará un informe para que los residentes de la isla sometan comentarios y posteriormente él someterá un informe a la Junta de Supervisión para que lo apruebe o rechace.

El mandato de PROMESA es para implementar un buen gobierno dentro del marco legal y gerencial federal. Para lograrlo, las estructuras políticas y el propio gobierno requerirán la transformación de la cultura administrativa y legislativa que ha sumido al país en una crisis fiscal y en un colapso económico.