El PPD es experto en crear situaciones y aprovechar eventos para desviar o distraer la atención pública de los asuntos importantes, escandalosos y de crisis causadas por su propio gobierno. Todo con el fin de que estos pasen a un segundo plano que le permita al gobierno continuar operando en los niveles de ineficiencia y corrupción actuales como si todo estuviera normal. Para esto no tiene reparo en utilizar las instituciones públicas o privadas que se presten para esos fines.

El último ejemplo ha sido la exagerada recepción que se les organizó a los atletas participantes en las recién concluidas olimpiadas. La actual administración utilizó políticamente el evento olímpico que nos llenó de orgullo a todos: la muy merecida medalla de oro obtenida por Mónica Puig por su gloriosa gesta y la llegada a la isla de la delegación participante en las olimpiadas. No objeto -al contrario- que se reconozca el tesón, determinación y espíritu de sacrificio de nuestros atletas, pero ello con la debida moderación, dentro de la realidad de su actuación y las circunstancias que vivimos como pueblo. A mi juicio el evento perdió dignidad y careció de mayor participación de todos los sectores del pueblo debido a la burda exageración por motivaciones politiqueras.

Personas del exterior se comunicaron conmigo para inquirir respecto a la cantidad de medallas obtenidas por la isla en las olimpiadas pues escuchando el recibimiento por internet -ante la ruidosa celebración- recibieron la impresión de que debían ser docenas.

El gobierno popular planificó la utilización de este evento con el fin de desviar la atención pública y neutralizar el impacto de las recientes encuestas que recogen el sentir contundentemente mayoritario del pueblo por la estadidad. Para ello recurrieron a manifestar estridentemente un patriotismo mojigato y un nacionalismo obsoleto. Se planificó este evento también, para desplazar la atención pública del desastroso e inefectivo manejo de la actual epidemia del Zika que azota a nuestro pueblo y del inicio del juicio a los actores del acto de corrupción más burdo y escandaloso en la historia reciente de Puerto Rico: el caso Anaudi Hernández.

Ante la importancia de la epidemia del Zika, concentro en este escrito la atención sobre ese asunto. En otra ocasión dedicaré espacio a discutir los otros asuntos.

El gobierno de Puerto Rico ha dado un desastroso ejemplo de incompetencia en todo lo que tiene que ver con el manejo del Zika en la isla. Desde un principio trataron la situación con falta de transparencia e ineptitud, diciendo un día una cosa y al otro día lo contrario. Hablaron de asperjar con Naled como primera opción para luego retractarse optando por otro plaguicida pero sin hacer nada al respecto. Mientras tanto –negligentemente- desde temprano en la amenaza de la condición no hubo una campaña de prevención con actividades de intensa educación por los medios de difusión, remoción de escombros, de neumáticos y fumigación casa por casa. Ante esta ineptitud, la condición se ha salido de control al extremo de que hoy tenemos una epidemia tal que el Presidente Obama en su mensaje sabatino a la nación nos llamó la atención sobre la seriedad de la situación. Además de esto vino a la isla el Cirujano General para transmitirnos la necesidad de tomar en serio esta condición pues tendrá serias y devastadoras consecuencias en los próximos meses y años. Finalmente la Secretaria de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Sylvia M. Burwell, declaró a Puerto Rico en estado de emergencia de salud pública señalando que la actual propagación del Zika representa una amenaza significativa para las puertorriqueñas en periodo de gestación y sus fetos.

La pasada semana nos enteramos de que las máquinas que se usan para asperjar casa por casa se taparon y no se pueden utilizar. Nos enteramos además de que hay 128 casos de recién nacidos de madres infectadas con Zika, con cabecitas más pequeñas de lo normal. Aunque no han sido diagnosticados con microcefalia esto pudiera ser significativo a largo plazo. Se proyecta que para mediados del próximo año podrían nacer de 100 a 270 bebes con microcefalia. Cada caso de microcefalia grave costaría $10 millones atenderlo durante los primeros 40 años de vida. Esta epidemia que ya le ha representado al turismo una pérdida de $45 millones tiene visos de constituirse en la crisis de salud más grave en la historia de la isla. La actual Secretaria de Salud local quién ha sido evidentemente responsable por esta situación por su ineptitud, desde hace tiempo debió haber sido fulminantemente destituida.

Ante este desastre, el gobierno nos distrae con baile, botella y baraja.