Puerto Rico tiene siete nuevos regentes. Cuatro puertorriqueños y tres estadounidenses fueron nombrados, por el presidente de Estados Unidos Barack Obama, para ocupar las sillas de la Junta Federal de Control Fiscal.
Por el lado demócrata fueron designados: Arthur González, José Ramón González, y Ana Matosantos.
Mientras, desde el ala republicana, fueron nombrados: Carlos García, Andrew Biggs, David Skeel y and José Carrión III.
El gobernador Alejandro García Padilla, designó en su puesto –con voz pero sin voto– a Richard Ravitch como su representante ante la Junta Federal de Control Fiscal. Según García Padilla, por los pasados tres años, Ravitch, ha ofrecido sin remuneración alguna asesoría fiscal a su administración.
Obama aseguró, mediante comunicación escrita, que “con una amplia gama de habilidades y experiencias, estos funcionarios tienen la amplitud y profundidad de los conocimientos que se necesitan para hacer frente a este complejo desafío y poner primero el futuro del pueblo de Puerto Rico”.
“Con el fin de tener éxito, la supervisión financiera y Consejo de Administración tendrán que establecer un proceso abierto para trabajar con el pueblo y gobierno de Puerto Rico, y los miembros tendrán que trabajar en equipo para lograr el consenso de sus decisiones. La tarea por delante para Puerto Rico no es fácil, pero estoy seguro de que Puerto Rico está preparado para el desafío de estabilizar la situación fiscal, el restablecimiento del crecimiento, y la construcción de un futuro mejor para todos los puertorriqueños “, sentenció Obama.
Por su parte, García Padilla dijo tener “reservas en cuanto a algunas de las personas seleccionadas” pero consideró que “no es el momento apropiado para la discusión de las mismas”.
“Ya he dicho antes y repito ahora, PROMESA tiene una cualidad positiva; nos permite primero detener y luego canalizar ordenadamente los reclamos de los acreedores de Puerto Rico, a los que administraciones pasadas le tomaron prestados miles de millones que no podemos pagar. No obstante, PROMESA usurpa poderes democráticos que le corresponden al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador anoche en declaraciones escritas.
El primer ejecutivo apuntó además que “el presidente Obama sigue siendo responsable por las decisiones que tome la junta”.
EL VOCERO adelantó hace varias semanas que entre las personas que estaban siendo consideradas estaban Carrión III y Matosantos.
Carrión III es puertorriqueño y parte de la firma de seguros Carrión, Laffitte & Casellas, Inc. Carrión III, jefe de finanzas del Partido Republicano en la Isla, dijo en entrevista previa con este rotativo no estar disponible para el puesto de director ejecutivo, por ser un cargo con grandes responsabilidades sobre las finanzas del País.
“Yo no estaría disponible para director ejecutivo (de la junta). Yo no creo que es algo para mí, ni me interesaría”, dijo Carrión hace unas semanas a EL VOCERO. Carrión III es cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi pero este rotativo supo, mediante fuentes, que la relación entre ambos no es tan cercana.
Mientras, Matosantos, puertorriqueña, fue directora del Departamento de Finanzas de California entre 2009 y 2013, y antes se desempeñó como directora adjunta de presupuestos. La consultora en temas financieros fue parte de una controversia en 2011 luego que presentó su renuncia ante el gobernador Jerry Brown tras ser arrestada en Sacramento, California manejando bajo los efectos del alcohol, suceso que fue reportado ampliamente por la prensa de este estado. Brown no aceptó la renuncia de la funcionaria que luego aceptó su responsabilidad y dijo que había sido un error de juicio.
Entretanto, los expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos García y José Ramón González completan la lista de boricuas miembros del nuevo organismo federal. García fue presidente del BGF durante la administración del exgobernador Luis Fortuño y fue ejecutivo de
Santander Securities. Es fundador de BayBoston Capital, una firma de capital de riesgo, que presta servicios principalmente a entidades financieras. García experimentó un periodo tenso cuando la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), de la cual formó parte como presidente del BGF, anunció en septiembre de 2009 el despido de miles de empleados públicos.
En tanto, José Ramón González fue presidente del BGF durante la administración del exgobernador Rafael Hernández Colón entre 1986 a 1989. En la actualidad, es presidente del Federal Home Loan de Nueva York.
De otro lado, Biggs es académico del American Enterprise Institute y se ha especializado en temas de planes de pensiones.
Arthur J. González es de Brooklyn y es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Además, es juez retirado especializado en casos de quiebra. Según su biografía colgada en el portal cibernético de NYU, el exjuez estuvo a cargo de casos de quiebra tan significativos como WorldCom, Enron y de viabilizar la reestructuración Chrysler.
Por último, Skeel es profesor de derecho corporativo y quiebra de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania.
Los nombramientos a la Junta Federal de Control Fiscal surgieron mientras en San Juan se desarrollaba una protesta en contra del organismo federal y un día antes de que venciera la fecha límite que establece la Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para que el presidente de Estados Unidos designara su candidato al organismo federal.
Los congresistas ofrecieron una lista al presidente de seis nombres: dos recomendados por el presidente de la Cámara federal, dos por el líder de la mayoría en el Senado y otros dos recomendados por los líderes de minoría en Cámara y Senado.
La Junta Federal de Control Fiscal tiene siete miembros que, entre otras cosas, deben ser expertos en finanzas, pero no pueden ser funcionarios electos ni designados en la Isla ni tener conflictos de interés. El gobernador de Puerto Rico es el octavo miembro, con voz pero sin voto, puede designar a un representante, y podrá ser excluido de cualquier reunión que los miembros en propiedad entiendan pertinente.
Al menos una persona tiene que ser residente en la Isla o mantener aquí su negocio primario. El organismo tendrá un director o directora ejecutivo que operará una oficina en la Isla.
El costo de la Junta Federal de Control Fiscal alcanza $2 millones mensuales que tendrán que ser depositados todos los días cinco.
Cada miembro de la Junta de Control fue nombrado por un término de tres años. Los miembros de la Junta de Control servirán sin paga, pero podrán recibir reembolsos por cualesquiera gastos necesarios y razonables incurridos por razón de su servicio en el organismo.
La Ley PROMESA establece que ni el gobernador ni la Legislatura podrán ejercer ningún control, supervisión, control, fiscalización o revisión de las actividades de la Junta de Control Fiscal Federal y sus actividades.
You must be logged in to post a comment Login