De cara a la llega de la Junta Federal de Control Fiscal a la Isla, el Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico (CASS), solicita con urgencia un análisis del sistema de salud local ante la alegada falta de objetividad en los datos disponibles, y que pueden hacer la diferencia a la hora de solicitar y recibir ayudas.
El presidente del CASS, Ramón Alejandro Pabón, sostuvo que en Puerto Rico no hay datos fidedignos que presenten un cuadro real de la industria de salud. Comentó que hay enfoques vagos y confusos, que imposibilitan el establecer política pública.
Por ello, propone la creación de una junta independiente al sistema de salud, que se dé a la tarea de recopilar datos confiables, pueda eliminar burocracias del sistema y desarrollar una radiografía real de la situación en Puerto Rico. Opinó que esa junta debe ser multidisciplinaria, con poderes y alcances, para que pueda trabajar con los hallazgos e identificar las necesidades.
Dijo que es imprescindible que con la ayuda de la junta federal se pueda lograr la paridad de fondos, y el acceso a otras fuentes de ingresos para garantizar los mejores servicios a los pacientes, a la vez que la salud sea colocada entre las prioridades de trabajo.
Sin embargo, Pabón mostró una fuerte preocupación por el acceso de recursos a los paciente de la reforma de salud en Puerto Rico, debido a la diferencia entre las tablas de Medicaid que cubren a la Isla. Indicó, que si la junta exige que la reforma se limite a las tablas federales, alrededor de 150,000 pacientes pudiesen quedar fuera del plan. Esta salida, representaría un grupo amplio de personas sin seguro de salud, quienes ante cualquier problema necesidad acudirían a las salas de emergencias de los hospitales, donde por ley federal y derecho del paciente no se les puede negar servicio, así no tengan el modo de pago en el momento. Esta acción sugiere a la vez un problema serio, ya que estadísticamente se ha probado que más del 50% de los planes de pago que se le hacen a pacientes en las salas de emergencias, los hospitales tienen que tirarlo a pérdida, lo cual les representaría otro fuerte golpe económico.
“Una acción como esta, pone en peligro a pacientes que verdaderamente requieran atención médica inmediata, ya que habría una proliferación de pacientes en espera ante una mayor utilización de las salas de emergencias y un impacto económico fuerte a los hospitales, quienes ofrecerán el servicio sin recibir su justa paga. La junta no puede venir a la Isla con gríngolas financieras a cumplir, sino con el propósito de atender las necesidades apremiantes del país”, afirmó Pabón.
Como una alternativa para atajar esta situación, propone un proyecto basado en ´vouchers´ de Medicaid. El mismo consiste en eliminar la burocracia y desarrollar un andamiaje que consista en la entrega de ´vouchers´ mensuales al paciente por una cantidad determinada, que pueda utilizar para la compra de un plan de salud. “Esto desarrollaría competitividad y obligaría a los planes médicos a ofrecer mejores servicios y ampliar sus ofertas acorde con las necesidades. Igualmente ampliaría las opciones a los hospitales, permitiéndoles crecimiento económico y con ello el poder retener la clase médica que hoy está emigrando o yéndose a los HIPPAS por que reciben una mayor paga. Mientras este escenarios se da, los hospitales se ven obligados a cerrar pisos que no están utilizando, lo que finalmente termina afectando al paciente”, detalló.
Uno de los grandes reclamos de la organización, es la necesidad de trato igual con los estados. El programa Medicaid, desde sus comienzos, ha operado distinto a como ha sido diseñado para los estados. En vez de operar bajo el concepto de pareo de fondos como sucede con éstos, en Puerto Rico el mismo funciona bajo el concepto de un límite establecido por disposiciones federales; aquellas cantidades necesarias para financiar adecuadamente el funcionamiento del programa en exceso del límite establecido por ley federal tiene que salir de las arcas locales, creando un desfase que, con el paso de los años, incide grandemente en el déficit presupuestario que enfrenta la Isla.
La situación se agudiza porque aunque por disposiciones de la Ley ACA en el 2011 se recibe una inyección de fondos al programa Medicaid, no es menos cierto de que los mismos están en vías de agotarse a principios de 2018, sino antes. Comentó que este fin de fondos llevará al programa al precipicio y con él a cientos de miles de beneficiarios que no tendrán acceso alguno a servicios médicos. “Por supuesto, esto será altamente perjudicial para las instituciones al cuidado de la salud que se verán arrastradas también por esta vorágine. El sistema de salud y los cientos de miles de puertorriqueños que dependen de él no pueden quedar a merced de las consabidas inequidades a las que hemos estado sujetos por tiempos inmemoriales y que han contribuido a la crisis por la que atraviesa el Puerto Rico de hoy”, añadió Pabón.
De la junta hacerse eco del propuesto recorte para el 2017 de los dineros federales para el Medicare y el Medicaid, por la cuantía de $1,200 millones, representaría, según representantes de la industria de salud en la Isla, el colapso total del sistema de salud del país. En el servicio de Medicaid nada más, la Isla cuenta con 1.6 millones de usuarios.
Por otra parte, Pabón reconoció que su organización evalúa las plataformas de los aspirantes a la gobernación para determinar cuál de ellas realmente atiende con premura las necesidades del sector. Aceptó, que por el momento no tiene todas las propuestas en sus manos, pero las recibidas dan prioridad a la precaria situación del sector.
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