Asistidos por su derecho a protestar y expresarse libremente, decenas de personas se congregaron el pasado 31 de agosto frente a un hotel del Condado donde se llevaba a cabo una conferencia sobre la ley federal PROMESA, y su retoño, la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, la protesta degeneró en una orgía de pedradas, chorros de agua e insultos, cuando los manifestantes trataron violentamente de impedir que personas que pagaron por asistir al foro pudieran tener acceso al mismo.

Estos hechos se produjeron pocos días después de un incidente donde otro grupo de manifestantes bloqueó las salidas de un periódico de circulación general. Asimismo, el pasado lunes, una ruidosa protesta invadió los pasillos de la tienda WalMart en Santurce, interrumpiendo las operaciones allí por varias horas.

Como medio de comunicación somos los primeros en defender el derecho de cualquier persona o grupo a expresar sus opiniones. Censuramos, sin embargo, la violencia en todas sus manifestaciones, y aunque es responsable de sus actos solo aquel que tira la piedra y esconde la mano, es un hecho irrefutable que cuando los controles de seguridad son deficientes, se abre el espacio para que ocurran actos vandálicos como los reportados en la protesta del Condado.

Nuestro gobierno tiene el deber de proteger el derecho del Pueblo a la libre expresión, pero también tiene la obligación de velar porque otros ciudadanos con ideas diferentes no sean agredidos en el transcurso de estas manifestaciones. Los políticos también pueden ayudar a transmitir el mensaje de rechazo a la violencia y el respeto a las opiniones de los adversarios. Sin embargo, nuestra clase política no deja de sorprendernos.

El pasado 8 de abril, la Legislatura Municipal de San Juan autorizó a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y al presidente del organismo a buscar la forma de evitar cualquier imposición de la Junta Federal de Control Fiscal, así como a promover la moratoria en el pago de la deuda y la celebración de un referéndum para que el pueblo se exprese sobre la reorganización de la deuda, entre otros asuntos. En esa encomienda, se le permitió a la alcaldesa utilizar “los recursos necesarios razonablemente” para realizar aquellas actividades cónsonas con la resolución.

Abordada por la prensa el pasado lunes, la primera mandataria municipal dijo sobre este tema que “estoy avalada por la Asamblea Municipal de San Juan para utilizar recursos municipales para apoyar los movimientos para educar a la gente sobre lo que nos viene pa’encima, que es el abuso de una junta que viene a pagar a bonistas, quitarle el dinero a la gente para saciar la sed de los buitres”. Se desconoce cuál ha sido el total de los desembolsos públicos realizados para actividades de manifestación en contra de la Junta de Control Fiscal, con excepción de unos $20 mil que la alcaldesa admitió haber destinado para la celebración de una “Asamblea de Pueblo” realizada en junio pasado. También se sabe que personal del Municipio de San Juan se encarga de limpiar las letrinas, recoger la basura y, a veces, llevar hielo a los que habitan en el campamento de protesta ubicado frente al Tribunal Federal.

La contralor, Yesmín Valdivieso, no perdió tiempo en salir públicamente a censurar la inversión de fondos públicos en dichos menesteres y dejó entrever la posibilidad de una investigación.

Y es que cuando se trata de fondos públicos, hay que ser rigurosos y justos en la manera en que estos se distribuyen. No estamos en desacuerdo en que se financien actividades educativas donde se discutan los efectos supuestamente nefastos como resultado de la imposición de la Junta de Control Fiscal. Pero también se tienen que apoyar foros donde se inviten aquellas voces con opiniones diferentes sobre la junta. Después de todo, los defensores de la junta también pagan contribuciones y, por lo tanto, también tienen derecho a que el gobierno proteja su libertad de expresión y a que sus ideas sean escuchadas en aquellos foros financiados con dinero público.

Así funciona la democracia.