La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, defendió hoy, jueves, el apoyo que le ha dado a las manifestaciones en contra la Junta de Supervisión Fiscal ubicado en Hato Rey.

Además, comparó la iniciativa que involucra fondos públicos con otras actividades respaldadas por su municipio, como la Resolución 61 en favor a la excarcelación del preso político Oscar López, la Resolución 69 para objetar la aprobación de un 16% del IVA y la Resolución en contra de la fumigación del Naled.

Desde la sede de su comité de campaña y acompañada por los legisladores municipales del Partido Popular Democrático (PPD), Cruz detalló que el pasado lunes le ofreció servicios básicos para la actividad denominada Clamor a Dios.

“Estoy segura que algunos objetarán esta acción. ¿Y cuál es el interés público de apoyar una actividad como esta? Sencillo el derecho que tiene todo sanjuanero a que se respete su expresión y a recibir servicios básicos”, dijo Cruz.

La alcaldesa detalló que al campamento contra la junta fiscal federal se le ha suplido el recogido de basura, la limpieza de dos letrinas y el suministro de hielo.

“¿Dónde está el crimen en recoger basura? ¿Dónde está la ilegalidad en limpiar dos letrinas, y qué hay de malo en llevarles hielo hecho en el municipio?”, cuestionó.

Yulin envió a sus desquiciados peones a destruir propiedad pública, por eso debe ser encausada como cómplice.

“¿Por qué hacer esto es diferente a los servicios que se ofrecen en las marchas contra el Naled, en las marchas a favor de la dignidad de la comunidad LGBTT, en los servicios que se ofrecen a Clamor a Dios?”, agregó.

Cruz, nuevamente, indicó que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) supone una amenaza inminente para San Juan y constituye un daño real.

Añadió que debido a PROMESA, los tribunales de la Isla frenaron el pleiti judicial en contra del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), para que les desembolsara los fondos de la Contribución Adicional Especial.

“En el caso de San Juan estamos hablando de $17.1 millones de la gente de San Juan. Con este dinero se recoge la basura y se dan servicios de seguridad y salud a los sanjuaneros”, comentó.

“¿Quién nos da el derecho de decidir a quién sí y a quién no? San Juan es de todos: es de los que acuden a Clamor a Dios, es de los que marchan en contra del Naled, es de los que reclaman la dignidad de la comunidad LGBTT y es de los que protestan en ese campamento de la (avenida) Chardón de manera pacífica contra una ley que ya le ha causado daño a San Juan, y ya ha terminado con gran parte de la democracia en nuestro país”, concluyó.