A solo días desde que se hiciera pública la orden del juez federal Francisco Besosa, sobre la no aplicabilidad en la suspensión de litigios de varios grupos de bonistas contra el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (FAFAA) informó que no cumplirá con el pago de más de $20.8 millones en principal e intereses de diferentes emisores, pautados para este mes.

Las notificaciones de la FAFAA al mercado inversor aparecen registradas en el Electronic Municipal Market Access (EMMA) el miércoles 7 de septiembre, y corresponden a deuda garantizada constitucionalmente y emitida a nombre del gobierno del Estado Libre Asociado, del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

El pasado viernes el juez federal Besosa no le dio paso a la petición del gobierno, en su intención de evitar que siguieran su curso los litigios en su contra por grupos de bonistas, que cuestionan el uso de fondos consignados para pago de deuda, y redirigidos por el gobierno para otros usos. El gobierno se ampara en sus órdenes ejecutivas y lo que establece la ley federal PROMESA para manejar la crisis fiscal, la cual le puso un detente temporal a las demandas contra el ELA por razón de los impagos.

En el caso de la deuda del gobierno central, la notificación firmada por el director ejecutivo adjunto de la FAFAA, Fernando Oronoz, señala que aunque el Banco Popular (como fideicomisario) tenía calendarizado emitir el pago de $1.3 millones en intereses de los bonos de obligaciones generales al 1 de septiembre, el mismo no se podrá hacer. En su defecto, refiere a sus acreedores a leer la documentación previa colocada en EMMA, donde les había indicado de la paralización de pagos y el detente a la presentación de demandas contra el gobierno.

Mientras, por el lado del BGF, la deuda en impago de intereses al 1 de septiembre es de $9.9 millones, relacionada a ciertos bonos. Les aclara que el BGF solo podría haber hecho tales pagos si su liquidez se lo permitía y así lo autorizaba el gobernador, pero la junta del banco (ante las precarias finanzas) no lo solicitó al primer ejecutivo.

Para AFI, la deuda en impago a septiembre es de más de $10.6 millones en principal.