Firmado el contrato de 3 Comm Global por orden de Perelló
El ex-funcionario, quien se declaró culpable por este caso tras llegar a un acuerdo con la fiscalía federal, inició su testimonio describiendo como una experiencia «horrible» el año y tres meses que trabajó en la Cámara baja
Glenn Rivera Pizarro fue apuntado como uno de los que presionó para que se firmara el contrato del cuadro telefónico a favor de 3 Comm Global de Anaudi Hernández pues así se ayudaba al presidente de la Cámara. >Agustín Santiago/EL VOCERO
Aunque el sistema del cuadro telefónico y el servicio de informática en la Cámara de Representantes necesitaban ser cambiados debido a que estaban obsoletos, el proceso de contratación de la compañía 3 Comm Global de Anaudi Hernández Pérez, fue uno injusto, a juicio del exdirector de Informática del referido cuerpo legislativo Víctor Burgos Cotto.
El exfuncionario, quien se declaró culpable por este caso tras llegar a un acuerdo con la fiscalía federal, inició su testimonio describiendo como una experiencia “horrible” el año y tres meses que trabajó en la Cámara baja.
Burgos Cotto relató que cuando comenzó a laborar en e
l referido cuerpo legislativo, hizo una evaluación al sistema tecnológico y advino en conocimiento que era anticuado, que no permitía actualización y no estaba protegido ante los cambios en el voltaje. Afirmó que el sistema estaba poniendo en riesgo la pérdida de información y que no habían piezas de reemplazo.
Comentó que hizo la evaluación porque hacerlo siempre era su costumbre y que en la primera reunión ejecutiva que sostuvo con el convicto exadministrador de la Cámara Xavier González Calderón, se le solicitó.
“Los sistemas eran muy viejos, no se podían hacer upgrades”, destacó el testigo quien comentó que el cuadro telefónico había sido instalado hacía 24 años.
Señaló que le hizo una presentación al expresidente cameral Jaime Perelló del status del equipo y este lo instruyó a hacer los cambios.
“Comienzo a hacer diseños y ellos querían hacer lo contrario. No me permitían hacer las cosas de la manera correcta”, indicó.
Al ser cuestionado por el fiscal sobre si el proceso de contratación a 3 Comm Global había sido justo el testigo respondió que no.
“Ahí hubo movimientos de fechas, ellos sometieron una gran cantidad, bueno de diferentes propuestas. Algunas las vi y otras no las vi. Por eso entiendo que el proceso no fue justo”, apuntó Burgos Cotto quien mencionó que él no fue el que seleccionó a 3 Comm Global.
Afirmó que se enteró de que la referida empresa fue la seleccionada cuando Hernández Pérez le dijo “vengo a hacer el trabajo porque firmamos el contrato anoche”.
Aseguró que “nunca” hubiese contratado a 3 Comm Global para el reemplazo del cuadro telefónico. Manifestó que no sabía de la existencia de esa compañía y que tampoco conocía a la gente que la manejaba.
A preguntas de Henwood el exfuncionario narró que conoció a Hernández Pérez a pocos días de que concluyera el proceso de requisición de propuesta.
El testigo se disponía a salir de su oficina cuando se encontró a cuatro personas. “Nosotros somos los amigos del presidente y venimos a participar en la propuesta de telefonía”, relató.
Expresó que se sorprendió porque faltaba muy poco para que se cerrara la propuesta.
Llamó a González Calderón y este le dijo “sí, tienes que atenderlos, son amigos de nosotros, atiéndelos y dale las especificaciones”. “Les dije que estaban tarde, que tenían pocos días, que avanzaran “, dijo.
Hernández Pérez estaba acompañado por sus socios el convicto Héctor Vargas y Ramses Maldonado. Mencionó que el proceso de búsqueda de suplidores se inició en febrero del 2013 y se suponía que el cierre del periodo de propuestas finalizara en marzo.
El proceso de presentación de propuestas se extendió según una carta firmada por Rivera Pizarro el 9 de mayo. La extensión fue hasta el 16 de mayo del 2013.
Afirmó que Maldonado le enviaba las propuestas enmendadas “y muchas de ellas las ignoré pues a mi entender la fecha había pasado”.
Al ser cuestionado por el fiscal, Burgos Cotto indicó que se creó un comité de evaluación de las propuestas que era integrado por él, González Calderón, José Carrión y el licenciado Tirado (no lo identificó por su primer nombre).
“En realidad no se evaluó nada. Las reuniones fueron para presionarme y convencerme de que firmara con 3 Comm Global”, sostuvo.
Entre los aspectos a evaluar para escoger al proponente era que el precio fuera el más bajo, que removieran el equipo viejo y que ofrecieran servicio 24/7.
Sin embargo, la propuesta original de 3 Comm Global “además de ser la más cara, el servicio era de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y no trabajaban los fines de semana”.
Precisó que la empresa de Hernández Pérez proponía cobrar $1.00 por cada llamada de servicio.
“La descarté porque no cumplía con las especificaciones”, apuntó.
Su recomendación fue que se contratara a World Net.
“Glenn me dijo que yo no me estaba acostumbrando a ese ambiente de trabajo y que tenía que encontrar la manera de ayudar a los amigos”, comentó.
Tras una discusión con el acusado este alegadamente le indicó “que amigo era el que ayudaba al presidente (en la campaña). Le dije que no me importaba porque yo buscaba por equipo y calidad”
Posteriormente, tuvo una discusión con González Calderón, quien le dijo “tienes que obedecer, la cosa está difícil para conseguir trabajo. Yo me sentí amenazado y me fui de la oficina”.
Burgos Cotto continuó recibiendo correos electrónicos de 3 Comm Global a través de Ramses Maldonado. Ello, luego de concluir el periodo de la presentación de las propuestas.
Mantuvo que se negaba a firmar el contrato con la referida compañía porque carecían de la experiencia necesaria para instalar el cuadro telefónico.
“En las reuniones siempre tiraba un término técnico, complicado y en el caso de ellos no me podían contestar porque no tenían el conocimiento”, señaló.
El testigo rechazó que alguna vez revelara el precio que ofrecían otros competidores. “Eso no se puede hacer porque todos tienen que competir en igualdad de condiciones. No es ético revelar información de otros competidores. Toda la información que se somete es privilegiada para la Cámara de Representantes y no para los competidores”, acotó.
Mencionó que además de él, González Calderón, Rivera Pizarro, José Carrión y el licenciado Tirado sabían los precios propuestos por los licitadores.
El ex funcionario manifestó que se sentía incómodo con lo que estaba pasando porque el proceso había concluido y se supone que no tuviera que entregar ninguna propuesta corregida como tuvo que hacer con 3 Comm Global.
Indicó que en una de las propuestas 3 Comm Global cotizó 900 y pico unidades de teléfonos, cuando la cantidad solicitada había sido menor.
“Como ellos estaban cotizando una cantidad más alta, les solicité que corrigieran el dato”, detalló.
Afirmó que percibió que a 3 Comm Global se e iba a otorgar el contrato cuando se creó el comité de evaluación.
“Empezaron a presionarme para aprobar cosas que sabía que no iban a funcionar”, expresó.
Aludió a una avería que hubo en el sistema telefónico y la solución que ofreció fue rechazada por González Calderón.
Tras el incidente fue citado a una reunión con Perelló, en la que además estaba presente González Calderón.
En la misma Perelló le preguntó lo que había pasado y el testigo le explicó que no se le permitió hacer un servicio previo a que se dañara el servidor.
“Luego el presidente de la Cámara me preguntó qué pasaba con el cuadro telefónico, le dije que eso era Xavier y Xavier me miró. Entonces el presidente me dice ‘necesito que se firme ese contrato ya”, narró el testigo.
Se le preguntó la razón por la cual firmó el contrato con 3 Comm Global. Burgos Cotto contestó “por toda esa presión es que mi firma está ahí…si no firmaba el contrato me iban a botar”.
Posteriormente fue despedido por negarse a firmar una factura.
“Fueron meses de amenaza, de que era terco, que no seguía instrucciones, que no sabía hacer mi trabajo y todo el tiempo era ayudar a los amigos”, apuntó.
La testigo afirmó compañías Anaudi Hernández recibían trato preferencial y se les pagaba rápido
EL VOCERO / Agustín Santiago 13 de septiembre del 2016
La ex-administradora auxiliar de la Administración de Derecho Laboral (ADL), Heidie Rosado, afirmó que la coacusada ex-titular de esa agencia Sally López Martínez, le daba trato preferencial y se hacían pagos excesivos las empresas JM Professional Training Group y Links Group, de las cuales era socio el convicto empresario Anaudi Hernández Pérez para la obtención y cobro por los contratos que mantenía con la dependencia pública.
PPD: Medio Siglo de aumentos en taxes,agua, luz, sellos, permisos. licencias; con reducción de los servicios, quebrar a Puerto Rico y Sin Obras de Envergadura.
Rosado fue la testigo de cargo número 27 en el juicio que se sigue contra López Martínez; la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falcón; su hermana Marielis Falcón; y Glenn Rivera Pizarro, exayudante del exadministrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón, quien se declaró culpable por este caso.
Rosado indicó a preguntas del fiscal federal José Capó, que trabajó en la ADL desde noviembre del 2013 a abril del 2014.
Mencionó que en su primer día de trabajo se reunió con López Martínez, quien le le explicó sus responsabilidades. Entre estas, estaba a cargo del manejo de los fondos federales.
El 5 de noviembre del 2013 la testigo participó en una reunión con Hernández Pérez y Javier Muñiz (propietario de JM Professional y que se declaró culpable por este caso) para delinear el plan para la celebración de una feria de empleo a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones, la cual tuvo un costo de $40 mil.
Ante cuestionamientos del fiscal la testigo manifestó que la reunión estaba a cargo de Hernández Pérez y que López Martínez la co dirigía.
Rosado destacó que durante la feria de empleo, celebrada el 6 de noviembre del 2013, se percató de que habían dos mostradores que estaban sin terminar y le pidió a Hernández Pérez que los completara.
Empero, Hernández Pérez le contestó “tú no tienes autorización para dar instrucciones”.
La portavoz de prensa de la ADL Anushka Orlandi le comentó que “Anaudi era intocable”.
Posteriormente, Rosado se negó a firmar una factura con JM Professional por la realización de la feria de empleo Tipo I, por la cual se facturaba $45 mil, cuando en realidad la empresa organizó una feria Tipo III (por la que se cobra $13,850).
No obstante, la acusada le instruyó a que la firmara porque ya se había acordado otras tareas con JM Professional.
“Me negué a firmar la factura, pero Sally fue a la oficina y me pidió que la firmara”, expresó.
“Saber que la feria era Tipo III y querer que yo firmara la Tipo I, la diferencia en la cantidad…, se sentía mal”, afirmó la testigo a preguntas del fiscal Capó.
La testigo indicó que en una ocasión sustituyó a López Martínez en una reunión y al preguntar la razón por la que la acusada no estaba presente se le informó que estaba en la Cámara de Representantes para solicitar una asignación de fondos para una nueva feria e empleo.
Al regresar a la agencia, López Martínez le comunicó que se iba a realizar otra feria de empleo.
En el 2013, la ADL efectuó un total de 93 y 119 en el 2014.
JM Professional Training Group fue la empresa que organizó todas las ferias de empleo mientras la testigo trabajó en la agencia. Rosado pensaba que JM Professional era propiedad de Hernández Pérez.
El contrato con JM Professional fue enmendado en varias ocasiones para añadirle más fondos.
Otras compañías con las que la ADL tenía contratos eran Links Group y Waffle Avenue, las cuales Hernández Pérez era uno de los socios.
La ADL otorgó un contrato a Links Group para el adiestramiento de empleados de nuevo ingreso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los fondos fueron asignados bajo la Ley “Workforce Investment Act” (WIA).
Tras revisar el contrato, la testigo concluyó que era “demasiado difícil de auditar porque tenía muchas lagunas y demasiada información sin incluir”.
“Era un contrato con mucho riesgo y yo hice la recomendación de cancelar el contrato de Links a Sally López. Sally me dijo que no tenía ninguna autorización para cancelar o recomendar la cancelación del contrato”, relató.
Rosado insistió en que corrían el riesgo de perder los fondos para los adiestramientos, pero la acusada le dijo que el contrato se quedaba.
Señaló que mientras trabajó en la ADL no se canceló ningún contrato con las compañías vinculadas a Hernández Pérez.
“Le estaban dando un trato preferencial por instrucciones de Sally López. Las facturas se procesaban más rápido que las de otras compañías por instrucciones de Sally López”, apuntó.
A preguntas del fiscal sobre la razón por la que renunció a su puesto Rosado contestó “renuncié a mi trabajo porque estaba disgustada por lo que vi. Las razones por las que acepté ese puesto era porque quería servir como funcionaria pública”.
Agregó que había querido seguir el ejemplo de su padre que fue servidor público toda su vida. Indicó que su llamado era ayudar a los desplazados y eso no fue lo que encontró en la ADL.
Aseguró que López Martínez se esperaba su renuncia.
Rosado presentó su renuncia el 15 de abril, pero fue efectiva el 30 de abril.
Ante los cuestionamientos de Capó, la testigo manifestó que regresó al servicio público a un puesto de confianza en Banco de Desarrollo Económico.
Representante relaciona a David Bernier con caso de Anaudi Hernández
Cuestionó además si el Partido Popular Democrático (PPD) devolverá $800 mil que alegadamente recogió Hernández para la colectividad
>EL VOCERO/Archivo – 13 de septiembre del 2016
El representante novoprogresista Ángel Rodríguez buscó vincular al candidato popular a la gobernación, David Bernier, con el convicto federal Anaudi Hernández, al decir que le otorgó de manera expedita una autorización para que su compañía pudiera hacer negocio con todo el gobierno.
“Anaudi solicitó el cambio el 31 de marzo de 2014 y a las 3:44 p.m. del 31 de marzo, David firma el certificado de conversión. Un proceso que tarda semanas, para Anaudi Hernández en el Departamento de Estado solo tomó minutos”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa. “Es un documento para cambiar el propósito de hacer negocio de la corporación. Cambiaron para poder hacer todo negocio lícito permitido por las leyes de Puerto Rico. La compañía de Anaudi podía hacer desde sorullos hasta cohetes espaciales, todo lo que cupiera dentro de las leyes de Puerto Rico”.
Rodríguez cuestionó además si el Partido Popular Democrático (PPD) devolverá $800 mil que alegadamente recogió Hernández para la colectividad con esquemas como pirámide que han salido a relucir en el caso federal.
“¿Va David Bernier a devolver los $800 mil en efectivo que fue el diezmo que le pidieron a Anaudi Hernández para otorgarle $8 millones en contratos? ¿David Bernier ha expulsado a algún legislador involucrado en este esquema de corrupción? Porque Mari Tere sigue siendo senadora. El gobernador planifica una sesión para nombrar jueces y fiscales y David Bernier considera esto como caso cerrado”, dijo el también a alcalde del PNP en Toa Alta. “Con las malas mañas que se exhibieron en el Tribunal Federal, Mari Tere va a estar trabajando con nombramientos judiciales y fiscales y David Bernier considera eso como caso cerrado. Son preguntas que tenemos que hacer y que David Bernier tiene que contestar”.
Las matemáticas de Rodríguez lo llevaron a concluir que las compañías de Hernández consiguieron $8 millones en contratos en el gobierno. Incluyó sin embargo una compañía que pertenece a Ramón Crespo y que facturó $1 millón a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Rodríguez dijo que incluyó esta compañía en la lista pues Hernández era gestor de la entidad para facilitar que llegaran los pagos.
Al responder a los señalamientos del representante, el Partido Popular envió un comunicado de principios de septiembre pues, según dijeron, el PNP ya había hecho el señalamiento contra Bernier.
“Todo el mundo sabe que el proceso al que hace referencia este señor es uno automatizado y que en ningún momento el secretario interviene de manera personal en el mismo. Una mirada al propio documento que circula este señor delata a simple vista que se trata de una firma digitalizada. De hecho, esto se viene haciendo así desde que el secretario (Kenneth) McClintock implantó fases de mecanización de los servicios en el Departamento de Estado”, dijo en declaraciones escritas el subsecretario general del PPD, Rafael Juarbe.
You must be logged in to post a comment Login