Tiene un bachillerato en comunicación pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en periodismo de Indiana University. Lleva más de 15 años como periodista.
La ex-administradora auxiliar de la Administración de Derecho Laboral (ADL), Heidie Rosado, afirmó que la coacusada ex-titular de esa agencia Sally López Martínez, le daba trato preferencial y se hacían pagos excesivos las empresas JM Professional Training Group y Links Group, de las cuales era socio el convicto empresario Anaudi Hernández Pérez para la obtención y cobro por los contratos que mantenía con la dependencia pública.
Rosado fue la testigo de cargo número 27 en el juicio que se sigue contra López Martínez; la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falcón; su hermana Marielis Falcón; y Glenn Rivera Pizarro, exayudante del exadministrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón, quien se declaró culpable por este caso.
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Rosado indicó a preguntas del fiscal federal José Capó, que trabajó en la ADL desde noviembre del 2013 a abril del 2014.
Mencionó que en su primer día de trabajo se reunió con López Martínez, quien le le explicó sus responsabilidades. Entre estas, estaba a cargo del manejo de los fondos federales.
El 5 de noviembre del 2013 la testigo participó en una reunión con Hernández Pérez y Javier Muñiz (propietario de JM Professional y que se declaró culpable por este caso) para delinear el plan para la celebración de una feria de empleo a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones, la cual tuvo un costo de $40 mil.
Ante cuestionamientos del fiscal la testigo manifestó que la reunión estaba a cargo de Hernández Pérez y que López Martínez la co dirigía.
Rosado destacó que durante la feria de empleo, celebrada el 6 de noviembre del 2013, se percató de que habían dos mostradores que estaban sin terminar y le pidió a Hernández Pérez que los completara.
Empero, Hernández Pérez le contestó “tú no tienes autorización para dar instrucciones”.
La portavoz de prensa de la ADL Anushka Orlandi le comentó que “Anaudi era intocable”.
Posteriormente, Rosado se negó a firmar una factura con JM Professional por la realización de la feria de empleo Tipo I, por la cual se facturaba $45 mil, cuando en realidad la empresa organizó una feria Tipo III (por la que se cobra $13,850).
No obstante, la acusada le instruyó a que la firmara porque ya se había acordado otras tareas con JM Professional.
“Me negué a firmar la factura, pero Sally fue a la oficina y me pidió que la firmara”, expresó.
“Saber que la feria era Tipo III y querer que yo firmara la Tipo I, la diferencia en la cantidad…, se sentía mal”, afirmó la testigo a preguntas del fiscal Capó.
La testigo indicó que en una ocasión sustituyó a López Martínez en una reunión y al preguntar la razón por la que la acusada no estaba presente se le informó que estaba en la Cámara de Representantes para solicitar una asignación de fondos para una nueva feria e empleo.
Al regresar a la agencia, López Martínez le comunicó que se iba a realizar otra feria de empleo.
En el 2013, la ADL efectuó un total de 93 y 119 en el 2014.
JM Professional Training Group fue la empresa que organizó todas las ferias de empleo mientras la testigo trabajó en la agencia. Rosado pensaba que JM Professional era propiedad de Hernández Pérez.
El contrato con JM Professional fue enmendado en varias ocasiones para añadirle más fondos.
Otras compañías con las que la ADL tenía contratos eran Links Group y Waffle Avenue, las cuales Hernández Pérez era uno de los socios.
La ADL otorgó un contrato a Links Group para el adiestramiento de empleados de nuevo ingreso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los fondos fueron asignados bajo la Ley “Workforce Investment Act” (WIA).
Tras revisar el contrato, la testigo concluyó que era “demasiado difícil de auditar porque tenía muchas lagunas y demasiada información sin incluir”.
“Era un contrato con mucho riesgo y yo hice la recomendación de cancelar el contrato de Links a Sally López. Sally me dijo que no tenía ninguna autorización para cancelar o recomendar la cancelación del contrato”, relató.
Rosado insistió en que corrían el riesgo de perder los fondos para los adiestramientos, pero la acusada le dijo que el contrato se quedaba.
Señaló que mientras trabajó en la ADL no se canceló ningún contrato con las compañías vinculadas a Hernández Pérez.
“Le estaban dando un trato preferencial por instrucciones de Sally López. Las facturas se procesaban más rápido que las de otras compañías por instrucciones de Sally López”, apuntó.
A preguntas del fiscal sobre la razón por la que renunció a su puesto Rosado contestó “renuncié a mi trabajo porque estaba disgustada por lo que vi. Las razones por las que acepté ese puesto era porque quería servir como funcionaria pública”.
Agregó que había querido seguir el ejemplo de su padre que fue servidor público toda su vida. Indicó que su llamado era ayudar a los desplazados y eso no fue lo que encontró en la ADL.
Aseguró que López Martínez se esperaba su renuncia.
Rosado presentó su renuncia el 15 de abril, pero fue efectiva el 30 de abril.
Ante los cuestionamientos de Capó, la testigo manifestó que regresó al servicio público a un puesto de confianza en Banco de Desarrollo Económico.
“Estoy orgullosa de regresar”, afirmó Rosado.
Lea Notas del Juicio: http://elvocero.com/aniquilador-testimonio-contra-acusada-sally-lopez/
Perelló queda retratado con empresa de Anaudi
Prueba. Evidencia surgida en corte federal desmiente testimonio de que el ex-líder cameral no firmó contrato de 3Comm.
PUBLICADO : Hoy 06:02 h. OBED BETANCOURT Inter News Service
El expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló le dijo el 16 de octubre de 2015 al Gran Jurado federal que no firmó ni un solo contrato de la empresa 3Comm, de Anaudi Hernández Pérez, ahora convicto por corrupción en hechos relacionados con un fraude en ese cuerpo legislativo.
La semana pasada, a preguntas de la agencia Inter News Service (INS), William Díaz Natal, jefe del cuerpo ejecutivo de la Cámara, afirmó con inusitada vehemencia que Perelló no firmó ninguno de los contratos con 3Comm.
No obstante, ayer surgió en corte el contrato con 3Comm, en el cual aparece la firma de Perelló.
Cuando el fiscal José Capó Iriarte le pidió a Perelló que explicara al Gran Jurado cómo es que no veía un conflicto de intereses en otorgarle un contrato a Anaudi, cuando esta persona era miembro de su comité de finanzas, la persona que ayudó a Sally López a conseguir su puesto, que a su vez benefició a Perelló porque nombró a su esposa como ayudante especial, la persona que le conseguía a Perelló miles de dólares para su campaña, el entonces presidente cameral contestó que lo explicaría “sin ningún problema”.
Perelló le dijo que no hizo arreglo alguno para que López fuera designada al puesto, no negoció nada con López para que designara a su esposa como ayudante especial, con un mejor salario, y que no firmó los contratos con 3Comm.
Cuando contestó Perelló a la explicación que se le pidió, el fiscal lo interrumpió para decirle
que necesitaba que un intérprete le hiciera esa pregunta en español. Perelló hasta entonces las escuchaba en inglés y las con
«Atornillados» Sin Fondos/ Sin Pagos Constitucionales Ilegal/Nulos: Bathia Desesperado Promoviendo Ilegalidades?
testaba en español.El fiscal insistió y dijo que “es muy importante que la parte en que dice que él no firmó eso (el contrato) es necesario que quede en el récord”.
“Y no firmé eso (el contrato). Eso es firmado por el administrador de la Cámara luego de un proceso en el que han tenido que competir para llegar a ser el licitador más bajo para lograr el contrato”, le reiteró Perelló.
Sin embargo, ahora surgió un contrato con la firma de Perelló.
La agencia INS había revelado desde agosto que Perelló podría ser acusado por favorecer a Anaudi, que su testimonio ante el Gran Jurado había sido contradictorio con la evidencia en poder de la fiscalía federal y que había calmado a Anaudi al decirle que ese contrato sería suyo.
El testimonio de ayer en corte federal de Víctor Burgos, exdirector de informática de la Cámara, reveló que, en un momento en que este se resistía a firmar el contrato, Perelló se dirigió directamente a él en una reunión y le habría dicho: “Necesito que se firme ese contrato ya”.
El enconces secretario de la Cámara, Xavier González, ya le había dicho a Burgos que había que ayudar “a los amigos”.
El contrato que firmó Perelló lo firmó también José Rodríguez, por parte de 3Comm. Anaudi no aparece como dueño de la empresa. Sin embargo, Perelló sabía que lo era.
La fiscalía le llegó a preguntar específicamente a Perelló cómo sabía que esa empresa era de Anaudi si este no aparecía en los papeles ni firmaba nada. Perelló no logró contestarla.
El ayudante de González entonces, Glenn Rivera, está acusado también del fraude. Es el único que no ha hecho alegación de culpabilidad.
Este no es el único testimonio de Perelló ante el Gran Jurado que ha sido contradicho por la evidencia en poder de la fiscalía federal.
Mentir a un Gran Jurado o durante una investigación pudiera resultar en el delito de perjurio, que conlleva una pena de cinco años de cárcel por cada ocasión que se logre evidenciar una mentira.
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