El brazo fiscal del gobierno ha estado trabajando desde hace al menos diez meses en un inventario de todos los fondos segregados creados por legislaciones a lo largo de medio siglo. El ejercicio resultó en el hallazgo de casi $2 mil millones que el gobierno no estaba maximizando por no tener entera visibilidad.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, ha identificado, junto al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, un total de 150 fondos segregados, algunos de ellos activos, otros no, pero que en su totalidad acumulaban $2 mil millones de dinero público que no necesariamente estaba siendo utilizado para los servicios esenciales que la administración considera prioritarios.
Es decir, que el ejecutivo ha excluido a estos fondos de las medidas de austeridad que se le han aplicado al Fondo General, a los
Sistemas de Retiro del Gobierno y algunas corporaciones públicas bajo la Ley 66 de 2014, la Ley 3 de 2013, la Ley 160 de 2013, la Ley 161 de 2013 y la Ley 21 de 2016, entre otras.

“Queremos tener todos los fondos bajo custodia máxima”, comentó Cruz Batista, en entrevista con EL VOCERO. “Que cuando vayamos al proceso presupuestario que históricamente sólo se habla del Fondo General, pues que también los legisladores pasen juicio de estos fondos”, agregó.
“Queremos darle la misma rigurosidad que hemos aplicado con el Fondo General a todos estos fondos, y tener mayor visibilidad de cómo ingresan y cómo se gastan”, indicó el CPA.
Los 150 fondos identificados son legislaciones que asignan dinero para un propósito particular, ya sea para brindar un servicio directo como el recogido de neumáticos o financiar una agencia como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, así como apoyar alguna tarea como la investigación de compañías de seguro o la reparación de propiedades públicas.

Aunque ese dinero pasa a una cuenta en Hacienda, nunca ha ingresado al Fondo General por estar restricto a los usos definidos por ley. El problema es que algunas de estas leyes datan de la década de 1960 o 1970 y nunca se ha pasado evaluación sobre ellas.

“Cuando se apruebe el presupuesto, habrá que evaluar si la ley sigue teniendo la misma vigencia hoy que tuvo cuando se aprobó. Lo que buscamos es que todo esto fluya de una manera u otra a través del cedazo del Fondo General y que cuando presentemos un presupuesto, se haga con todos los recursos que tiene el Estado”, contestó Cruz Batista.

El director de OGP explicó que de la totalidad de fondos que anualmente pasan por la caja del secretario de Hacienda, se encuentran $17 mil millones, de los cuales $7 mil millones provienen de fondos federales y sólo $8,987 millones representa el Presupuesto del Fondo General. “Eso te deja con cerca de $2 mil millones que fluyen por la caja del secretario, pero que nosotros no tenemos la misma visibilidad”, comentó.

El motivo por el cual estos fondos han estado pasando fuera del radar, según Cruz Batista se debe a que históricamente el gobierno ha fijado la mirada en el presupuesto del Fondo General sin prestar atención a los fondos segregados. Además, indicó que el sistema de contabilidad central es “medio artesanal” porque requiere que se recopile información de distintas agencias y corporaciones, lo que atrasa innecesariamente el proceso.

En junio de este año, los presidentes de las comisiones de Hacienda en Cámara y Senado, Rafael Hernández Montañez y José Nadal Power, radicaron un proyecto de ley para establecer que todos los fondos públicos de las dependencias ejecutivas se acreditarán al Fondo General, pero en el último día de sesión se quedó en la primera lectura del Senado.

Cruz Batista indicó que la aspiración es que este proyecto se retome en una sesión extraordinaria convocada por el gobernador Alejandro García Padilla, de podría ser que ocurra previo al fin de su mandato.