WASHINGTON.- El Grupo de Trabajo Bipartidista del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico expresó ayer en un informe preliminar su preocupación sobre la falta de “datos confiables” de la economía de la isla que son necesarios para superar la crisis financiera que enfrenta y que le ha impedido cumplir con sus acreedores.“Al igual que otros observadores, el Grupo de Trabajo está preocupado por la relativa falta de datos confiables sobre determinados aspectos de la situación económica, financiera y fiscal de Puerto Rico, los cuales son necesarios para un análisis productivo conducentes a elaborar recomendaciones razonables de política pública”, indicó.

Indicó que los legisladores que integran ese organismo se proponen “analizar el grado en que los productos estadísticos

USA Nunca Le Ha Fallado a Puerto Rico – Este es el momento de demostrar tu disposición al sacrificio por la Igualdad

federales que miden la actividad económica y financiera de los estados podrían proporcionar también información equivalente para Puerto Rico y otros territorios” y que buscan “explorar maneras en que se pueda subsanar responsablemente cualquier laguna en los datos”.

El informe preliminar, emitido en cumplimiento con la Sección 409 de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), detalla información que el Grupo de Trabajo ha recopilado hasta la fecha y delinea otros asuntos que está considerando.

Los legisladores indicaron en una declaración conjunta que, como jurisdicción de Estados Unidos, Puerto Rico se ve afectado por las leyes federales aprobadas por el Congreso y administradas por las agencias federales.

“Consecuentemente, el Grupo de Trabajo, con el fin de cumplir con sus encomiendas bajo PROMESA, requerirá el insumo y cooperación de varias agencias y oficinas federales. El personal del Grupo de Trabajo continuará comunicándose con enlaces congresionales de las agencias y oficinas federales para programar reuniones y facilitar el intercambio de información”, puntualizó.

El personal del Grupo de Trabajo se ha comunicado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos,

El Congreso es el que Manda en la Colonia del ELA

incluyendo los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, así como con funcionarios de los departamentos federales de Comercio, Trabajo, Tesoro y Vivienda y la Administración de Pequeños Negocios para abordar temas como la exclusión de la isla de medidas económicas comúnmente utilizadas para evaluar las actividades económicas y financieras en los estados.

Los miembros del Grupo de Trabajo instan a todas las agencias y oficinas federales contactadas a reconocer en la brevedad posible una “respuesta rápida” a las solicitudes de información y la disposición de reunirse a la para proporcionar información de trasfondo y materiales de referencia. Por otra parte, los miembros del Grupo de Trabajo hacen hincapié en la necesidad de cooperación bipartidista para llegar a sus conclusiones y recomendaciones.
Algunos miembros del Grupo de Trabajo que fueron contactados por EL VOCERO, como los senadores Orrin Hatch, Robert Menéndez y Marco Rubio, evitaron emitir comentarios adicionales.

En contraste, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, enfatizó los avances de los legisladores.

“Estamos examinando muy de cerca el trato que recibe Puerto Rico bajo una amplia gama de programas y políticas federales y procurando el insumo de expertos en y fuera del gobierno. Además haremos recomendaciones positivas y concretas que conduzcan a la toma de medidas por parte del Congreso y las agencias federales”, indicó.

Pierluisi sostuvo que “ahora es cuestión de que nuestro equipo de trabajo conjunto termine de analizar y recopilar todas las opciones reales que tienen el Congreso y la Rama Ejecutiva del Gobierno federal para asistir a Puerto Rico en el tema económico y el área de salud para que entonces podamos deliberar y llegar a un consenso. Continúo positivo en cuanto al desenlace de los trabajos del Task Force”.

El analista y consultor puertorriqueño Federico de Jesús, quien está radicado en Washington, expresó, sin embargo, su decepción con el informe.

“El informe de progreso de hoy no provee información nueva y dado el limitado calendario congresional, la ventana de oportunidad para atender legislación de envergadura será en la sesión de noviembre a diciembre. PROMESA intercede indebidamente con la democracia puertorriqueña y este Grupo de Trabajo tiene la oportunidad de al menos proveer algunas herramientas económicas para que Puerto Rico pueda crecer su economía; que es la única forma de salir de la crisis”, manifestó.

“Las áreas que se deben atender con mayor urgencia son: un incentivo contributivo para la manufactura, paridad en programas de salud y un alivio temporero en las retenciones del Seguro Social que pudieran inyectarles cerca de $700 millones a la economía del país. Esperemos que el grupo de trabajo cumpla su responsabilidad”, agregó Federico de Jesús quien fue portavoz hispano de la campaña presidencial de Barack Obama en 2008 y también fungió como subdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington

El Grupo de Trabajo señaló espera beneficiarse de la ayuda de oficinas de apoyo del Congreso disponibles, especialmente el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos (JCT), la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), y el Servicio de Investigación Congresional de la Biblioteca del Congreso (CRS).

Informó que se ha comunicado con el JCT, el cual llevará a cabo próximamente una sesión informativa para discutir la aplicación de la política pública de impuestos federales en Puerto Rico, así como las propuestas contributivas sobre individuos, corporaciones y otras, presentadas en los últimos años por partes interesadas en Puerto Rico y en el Congreso. Asimismo, el personal se ha comunicado con los investigadores del CRS para recibir actualizaciones sobre informes anteriormente relacionados a Puerto Rico, y han programado sesiones informativas sobre una serie de asuntos pertinentes.

La ley PROMESA requiere también que el Grupo de Trabajo consulte con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico y el sector privado.