Paralelo al juicio que se lleva a cabo contra cuatro supuestos cómplices del empresario Anaudi Hernández Pérez en sus esquemas de corrupción, un juicio político se ha formado en las afueras de la sala 3 del Tribunal Federal de Hato Rey, específicamente en el seno del Partido Popular Democrático (PPD).

Con cuatro renuncias ya y múltiples señalamientos, la Pava se tambaleó violentamente con el testimonio de Anaudi Hernández y de su socio Héctor Vargas, quienes pusieron en evidencia a varios políticos del partido rojo en materia de nepotismo, mala administración y hasta alegada corrupción.

La primera renuncia llegó con Eder Ortiz, uno de los nombres más sonados en el caso. Según lo que ha aflorado en el juicio, Ortiz era socio de Anaudi y tomó ventaja de sus conexiones políticas como ex-senador y ex-comisionado electoral del PPD, para agenciarse contratos para las empresas 3 Comm Global y Links Group.

Según Anaudi, el licenciado Ortiz era uno de los dueños ocultos de Links Group. Sus movidas consistían desde cabildear por nombramientos en el Senado – fue uno de los que se acercó a la senadora Mari Tere González para interceder a favor del nombramiento de Sally López Martínez para la dirección de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) – hasta redactar cartas para optar por $3 millones en fondos federales a nombre de Sally López para un proyecto de creación de empleos en coordinación con la Cámara de Representantes.

En el caso de Eder Ortiz, su aparente participación en los esquemas de corrupción es tan potente, que en las redes y los comentarios ciudadanos se ha repetido la pregunta: ¿por qué Eder no está llamado a testificar? Su estrecha relación con Anaudi parece haberse fragmentado cuando al empresario lo vincularon con el caso del juez convicto Manuel Acevedo.

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No obstante, públicamente Eder Ortiz se defiende. «Los líderes sabios, verticales y que defienden los derechos de sus semejantes, no deben caer en la tentadora trampoa de las especulaciones, rumores y mensajes torcidos o presiones del momento», manifestó en su carta de renuncia.

El mismo día en que Ortiz se retiró de la Junta de Gobierno, también renunció la licenciada Liza Ortiz Camacho a su puesto como directora de campaña del candidato a la Gobernación por el PPD, David Bernier. El pasado 26 de agosto, pocos días después que saliera a relucir que Ortiz formó parte del Comité de Finanzas del entonces presidente de la Cámara, Jaime Perelló, al cual también pertenecían Anaudi Hernández y Héctor Vargas, la licenciada decidió renunciar a su puesto.

«Alguien, con quien no tengo relación alguna, ha decidido mencionar mi nombre en el proceso judicial que se lleva a cabo en el Tribunal Federal, por razones o intereses que no entiendo a qué responden. En este país, desgraciadamente eso es suficiente para que algunas personas se sientan con la autoridad y poder de atacar, mancillar y difamar… Mientras atendía la prensa durante el día de ayer para aclarar la verdad de los hechos, me di cuenta que el yo permanecer dirigiendo su campaña crearía una distracción innecesaria, independiente que la mención sobre mi nombre no represente preocupación ni ilegalidad alguna», escribió Ortiz Camacho en su carta de renuncia. 

Tres días después, el 29 de agosto, renunciaría Jaime Perelló a la Presidencia de la Cámara de Representantes. Esto, luego de una intensa batalla que fracturó al Partido Popular entre su Junta de Gobierno liderada por el presidente del partido, David Bernier, y la mayoría de los representantes que apoyaban la permanencia de Perelló.

Aunque Perelló no ha sido acusado por ningún delito, su nombre ha salido a relucir en numerosas ocasiones durante el juicio federal. Anaudi y su socio Héctor Vargas pertenecían al Comité de Finanzas – Anaudi le recaudó entre $60,000 a $75,000 en donativos -. En su palacete de Aguadilla, el pudiente empresario le preparó múltiples actividades de recaudación de fondos. En el juicio, reconoció que todo lo preparó para penetrar en el partido y eventualmente hacer negocios con el Gobierno.

Precisamente, uno de los esquemas por los que ya se declaró culpable Anaudi Hernández ocurrió en la Cámara de Representantes. La compañía de Anaudi y sus socios, 3 Comm Global, amasó un contrato de $149,000 para encargarse de la instalación del cuadro telefónico de la Cámara, a pesar de que carecían del peritaje para así hacerlo.

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Sin embargo, sometieron una propuesta luego de alegadamente presentarse como «los amigos del presidente» Jaime Perelló. Así lo describió el exdirector de tecnología de la Cámara, Víctor Burgos, quien supuestamente se negó una y otra vez a firmarles el contrato pero fue presionado a ayudar a «los amigos» o a aquellos que hubiesen ayudado con la campaña política de Perelló. En aras de ganar el contrato frente a otras compañías, a la empresa de Anaudi le ofrecieron información interna para ajustar las cotizaciones dentro de la propuesta. Finalmente, firmaron contrato, pero el trabajo no fue realizado como se suponía.

A pesar de la resistencia de Perelló, luego de la Asamblea del partido, presentó el 29 de agosto su renuncia a la Presidencia, no así de su silla como representante ni de sus aspiraciones para el próximo cuatrienio. Bernier ha sido enfático en que no votará por Perelló en las elecciones, y por su parte, este insiste en votar íntegro bajo la insignia de la Pava.

La tercera renuncia corresponde a la senadora Mari Tere González, quien se acogió a la quinta enmienda del derecho a no autoincriminarse cuando en el juicio federal se le preguntó sobre una contribución de $2000 que apuntó Anaudi en su bitácora de regalos y aportaciones a funcionarios públicos y socios.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, ya había activado la Comisión de Ética para que investigara el caso de González. En el juicio ya había salido a relucir que Anaudi le había pagado a González gastos de su campaña política – $500 en Brother’s Printing para promociones de su candidatura – y le había organizado actividades de recaudación de fondos en su palacete.

Esta, por su parte, respondió a los pedidos de Anaudi para que la funcionaria Sally López Martínez pasara el filtro del Senado. Sentada en la silla de testigo, la senadora González admitió que conversó con otros senadores como Jorge Suárez para que votaran a favor del nombramiento de López Martínez, aunque defendió que esta estaba cualificada para el puesto.

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El mismo día de su testimonio, el pasado 7 de septiembre, la senadora renunció a su candidatura para la reelección en representación del distrito Mayagüez-Aguadilla. En su carta de renuncia, lamentó no poder aclarar la situación debido a la ley de mordaza que se ha impuesto en este caso.

“Más importante que mi interés personal, más importante que mi posición, es el bienestar de mi Partido Popular Democrático (PPD). Es por eso que hoy pongo a la disposición del Partido mi candidatura a la reelección. El Oeste y el País saben que siempre he ido de frente y he actuado guiada por mis convicciones, todas ingobernables, y eso incluye el anteponer mi interés personal por el bien colectivo. La impresión a veces parece realidad pero este no es mi caso. Al Oeste y al País les dejo claro que tengo mi conciencia tranquila y en paz  mi corazón», añadió en su carta de renuncia.

Otras figuras políticas han sido salpicadas en el Caso Anaudi, a pesar de que no se haya tomado una acción con ellas. Anaudi pertenecía también al Comité de Finanzas del gobernador Alejandro García Padilla, y le recaudó más de $250,000 a través

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de un esquema piramidal de recaudaciones ideado por Irving Faccio, director de campaña de García Padilla para la Gobernación. El vínculo se estrechó al punto de que Anaudi fue con la familia García Padilla a Francia una vez este ganó las elecciones. Luego, dejaría su compañía de celulares y se pondría a hacer negocios con el Gobierno.

A su vez, el hermano del Gobernador, Luis Gerardo «Gery» García Padilla enfrentó la controversia cuando una anotación de Anaudi en su «bitácora» señalaba que le había destinado$440 a una prostituta para «Gery». Más allá de eso, según Anaudi, el hermano del Gobernador tenía mucha potestad en los nombramientos durante el proceso de transición, por lo que acudió a él para acomodar personas en puestos estratégicos en el Gobierno, como Sonia Barreto, exdirectora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Sally López, entre muchos otros.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, también aparentemente tenía injerencia en el proceso de nombramientos para el nuevo Gobierno. Sin embargo, sentado a la silla de testigo, un pausado Ortiz se defendió diciendo que era parte intrínseca de su trabajo recibir recomendaciones, gestionar nombramientos, manejar resumés, y algunos referirlos y otros no.

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro Castro, también ha sido mencionado. Hasta el momento, no ha quedado del todo claro hasta qué punto Lázaro Castro tuvo presencia y poder discrecional en la otorgación de contratos a las empresas de Anaudi para el sistema de compras y el adiestramiento de nuevos empleados. A pesar de que aparecía en la lista de testigo, al parecer Fiscalía no lo sentará a declarar.