Cuando los siete miembros de la Junta de Control Fiscal levantaron su mano para aprobar una lista preacordada de 25 entidades gubernamentales que, en adición al gobierno central, estarán sujetas a la ley federal PROMESA, estaban asumiendo el poder de restringir sus presupuestos y reducir sus gastos, así como la posibilidad de reestructurar su deuda.

Esto significa que el gobierno central, la Universidad de Puerto Rico, los Sistemas de Retiro del Gobierno, así como una veintena de corporaciones públicas y agencias que tienen que ver con los servicios básicos y el desarrollo económico de Puerto Rico, tendrán que ser incluidos en un plan fiscal que se rija por los parámetros que establezca la junta y su presupuesto pasará a ser controlado por esa autoridad territorial.

La ley federal dice que cuando la junta encuentre un incumplimiento con el plan y presupuesto aprobado –lo que puede ocurrir por la sencilla razón de que los ingresos y gastos no cumplan con las proyecciones– procederá entonces a reducir gastos de servicios, programas, nómina o compras gubernamentales, con la excepción de gastos del servicio a la deuda.

Las corporaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) califican como “entidades gubernamentales cubiertas”, que someterán planes fiscales independientes. En caso de que la junta encuentre incumplimiento, estas dos entidades les aplicará la reducción de gastos que no sean del servicio a la deuda, la congelación de reclutamientos y la prohibición de contratos.

La junta podrá en cualquier momento diseñar y exigir que se incorpore un plan de control de gastos de personal, cambiar la estructura del gobierno, modificar las estructuras de recaudos, agregar impuestos adicionales, modificar los tipos de servicios que ofrece el Estado, y privatizar y comercializar las entidades gubernamentales.

Las Mentiras, Engaños y Traqueteos Monumentales de AGP/Bernier/PPD llegaron a su fin con la Junta de Revisión Fiscal, la única Salvación para Puerto Rico.

Aunque la ley describe estos poderes como “recomendaciones”, lo cierto es que exige que el gobernador y la legislatura detallen cómo las van a implantar y las fechas en que se estará implantando. Si el gobernador y la legislatura rechazan la implantación de estas medidas, tendrán que someter una declaración al Presidente y Congreso de Estados Unidos explicando por qué rechazaron las “recomendaciones” de la junta.

El proceso de reestructuración de la deuda de estas entidades ocurriría bajo la discreción de la junta, por votación de una súper mayoría de sus miembros y únicamente después que hicieron esfuerzos por publicar sus estados financieros auditados.