La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identificó al menos 3,460 plazas de empleos que serían eliminadas para que el gobierno reduzca $151.3 millones de los $525.7 millones necesarios para cumplir con sus obligaciones con los bonistas y mantener a flote los servicios esenciales, como parte de un ejercicio para la realización de un estudio que fue presentado a la Junta Federal de Control Fiscal.

Esta lista forma parte del informe de Estudios Técnicos sobre el impacto económico de reducir el presupuesto del Fondo General, que el gobernador Alejandro García Padilla puso sobre la mesa a la junta y que fue reseñado ayer en este diario.

La plazas identificadas son en las áreas de la legislatura, relaciones laborales, bienestar social, cultura, desarrollo económico, educación, administración, infraestructura, municipal y ombudsman.

“Es un ejercicio”, comentó el director de OGP, Luis Cruz Batista a preguntas de EL VOCERO sobre el desglose de empleados por área que aparece en el informe y que el presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, Juan Villamil, confirmó fueron ofrecidos por esta agencia. Cruz Batista dijo que el ejercicio se hizo como un proceso proactivo para comenzar la discusión informada, “no estamos diciendo alternativa a y b”.

Algunas de las agencias ya identificadas con personal no esencial son la Asamblea Legislativa, el Departamento del Trabajo, el Departamento de la Familia, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), el Departamento del Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Educación y la Oficina del Procurador del Ciudadano, entre otras (ver desglose en gráfica adjunta).

“Nosotros excluimos ciertos empleados públicos. Se excluyen policías, maestros, oficiales de corrección, bomberos, enfermeros, médicos, todo el personal que ofrece servicio directo, apoyo en el área de salud y protección, educación a los maestros se excluyen. No se tomaron en consideración a la hora de hacer el análisis”, explicó Cruz Batista. Agregó que el 70 por ciento de los empleados públicos que cobra del Fondo General son esenciales y que el restante 30 por ciento fue el que se utilizó para el análisis.

Sobre los $525.7 millones en los que se basa el estudio, cifra que Villamil confirmó fue brindada por OGP, Cruz Batista mencionó que es el “número que tenían sobre la mesa” en un momento determinado, para cubrir los obligaciones con los acreedores y a la vez ofrecer servicios esenciales a la ciudadanía, pero que en estos momentos podría ser mayor, no menor.

“El propósito (del estudio) era ver algo que hemos defendido y explicado, que la nómina de los empleados no era negociable sigue siendo uno de los pilares de política pública. Lo que queremos es medir el impacto de una reducción en nómina, un impacto negativo directo e indirecto porque si sacas dinero de la economía por reducción de jornada o despidos públicos, tiene efectos económicos y sociales negativos”, indicó Cruz Batista.

A pesar de que un cambio de gobierno se acerca por la celebración de las elecciones en noviembre, a juicio de Cruz Batista este informe sigue siendo útil para la junta porque “retrata el efecto” de imponer estas medidas de austeridad en práctica. Además de contemplar el despido de más de 3 mil empleados públicos, el informe de las consecuencias de las medidas de austeridad también evaluó una reducción de jornada laboral, que también fue rechazado por Cruz Batista.

Con sus propios planes ante la junta

Ante este escenario de que el estudio ya está en manos de la junta, los candidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, Ricardo Rosselló y David Bernier, respectivamente, presentaron sus propuestas.

Por un lado, Bernier indicó que presentará al país y ante la junta su plan fiscal y su propio análisis del impacto de medidas de austeridad, antes de las elecciones.

“Las visiones de los candidatos de los partidos principales son distintas. He sido enfático desde el día uno de ajustar la deuda como primer paso y de reestructurarla de manera responsable pero socialmente sensible dentro de un plan fiscal cinco años que incluye una reforma contributiva gubernamental e iniciativas específicas de desarrollo económico que van a enfatizar en un respaldo a empresarios. Esta ruta permite que la recuperación fiscal se dé teniendo un efecto mínimo o sin afectar a los sectores más vulnerables como los pensionados, servidores público, pequeños y medianos comerciante y los bonistas del patio y las cooperativas”, explicó Bernier.

De otra parte, Rosselló dijo que “en vez de hacer los ajustes necesario y eliminar los gastos innecesarios de Millstein y Lisa Donahue entre otros asesores que representan cientos de millones al erario, contemplan cortar afectando a los más vulnerables, nuestros servidores públicos”.

“Lo llevo advirtiendo hace varios años ya y se resisten, tenemos que reformar el gobierno y bajar el gasto operacional de la burocracia gubernamental, de lo contrario comenzará esta administración popular reduciendo jornada laboral y luego atentarán contra el propio empleo de los servidores públicos”, sostuvo Rosselló.
Dijo que su propuesta es “una reforma gubernamental enfocada en recortar la burocracia excesiva y no afectar el mayor activo con el que contamos, nuestro recurso humano. La función gubernamental debe girar alrededor del servicio que brindan los servidores públicos, no en hacer un andamiaje de agencias tan grande que consume el presupuesto”.