NUEVA YORK.- El déficit acumulativo
de Puerto Rico puede llegar a los $59 mil millones, alertó ayer el gobernador Alejandro García Padilla ante la Junta de Control Fiscal. “Si perdemos el actual apoyo federalmente legislado” como resultado de reducciones al sistema de salud y la eliminación de un impuesto local a los ingresos federales, el monto puede llegar a esa cifra, recalcó.

El gobernador presentó ayer una primera versión de su Plan de Ajuste Fiscal ante la junta creada bajo la ley Promesa para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, donde aludió a realidades como que para fin del 2017 se acabarán los $1,200 millones anuales en fondos de Medicaid otorgados por Obamacare, del que depende el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, además de que en 2018 se termina el crédito del Tesoro al impuesto sobre las ventas de las corporaciones foráneas, que actualmente le aporta a Hacienda unos $1,900 millones anuales.

El plan fiscal de La Fortaleza muestra proyecciones de un déficit en un plazo de diez años en la isla, que puede ascender a $34 mil millones.

Luego de la instrumentación de las medidas del plan fiscal, el déficit puede ser de $40 mil millones de dólares, sin embargo, incluso si se eliminan las deudas restantes, la isla puede seguir en rojo en $6 mil millones, explicó.

“El mensaje debe ser el siguiente: sin un cambio en la política federal y sin un cambio en la trayectoria de la economía de la isla, no habrá dinero ni para el servicio de la deuda ni para nada, sin amenazar la capacidad de la Isla de proporcionar servicios esenciales”, indicó el primer ejecutivo ante la junta.

El plan consiste de siete puntos para asegurar medidas de austeridad sin perjudicar el crecimiento, mejoras en los controles presupuestarios y transparencia financiera, así como la racionalización de políticas de gastos e impuestos para promover la eficiencia.

Asimismo, busca hacer competitiva a la isla para la inversión privada y el empleo, proteger a los más vulnerables, ajustar las deudas s niveles sostenibles y trabajar conjuntamente con el gobierno federal para impulsar el crecimiento económico de Puerto Rico.

García Padilla advirtió sobre el impacto en los más vulnerables de las medidas de austeridad para pagar la deuda y reimpulsar la economía de la isla. “Una estrategia basada en la austeridad solo privará a la economía de recursos para las inversiones públicas y privadas necesarias para generar el crecimiento económico”, señaló.

El documento enfatiza que “una mayor austeridad no es la solución”, sino que el territorio “debe estabilizar su base de ingresos, mejorar sus recolección de ingresos y racionalizar los gastos”, apuntó.

Explicó que el plan se debe enfocar en ganancias al dar prioridad a la recaudación de impuestos, la
consolidación de agencias con funciones que se duplican, reducir la fuerza laboral por medio de la jubilación y reducción gradual y la eliminación de incrementos automáticos de gastos donde se demuestre que no hay necesidad.

Para noviembre se espera la presentación en Puerto Rico de un informe revisado, con comentarios y recomendaciones de la junta, y tener listo el plan de ajuste fiscal final antes de fin de año.

Los miembros de la junta sostuvieron su segunda reunión, abierta al público y transmitida por Internet, en la sede de la Autoridad Metropolitana de Tránsito de Nueva York. (MTA).

El gobernador dijo a periodistas que había decidido asumir una actitud “responsable”, evitar hacer mayores préstamos y pedir incentivos para el sector privado.

Ante una pregunta sobre cómo se sentía de tener que viajar hasta Nueva York para presentar sus propuestas a la junta, respondió que no creía que estaba “rindiendo cuentas”, sino que cumplía con su obligación de presentar un plan fiscal que impulse la economía.

El gobernador debe enviar informes semanales de ingresos y gastos a los miembros de la junta.

El gobierno puertorriqueño ha insistido en la igualdad de los fondos federales para los programas de Medicare y Medicaid, las protecciones a los sistemas de retiro, así como los temas de salario y educación.

“El problema no es que es muy grande el gobierno, sino que el sector privado es muy pequeño”, anotó García Padilla sobre la necesidad de mayores inversiones en la economía para generar recursos.

El gobernador y su equipo fiscal y de consultores sostuvieron reuniones previas informales en Nueva York con miembros la junta.

En el viaje lo acompañaron el secretario de Estado, Víctor Suárez; la secretaria de Gobernación, Grace Santana; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz, y el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza.

Al menos tres de los candidatos a la gobernación desaprobaron ayer el mensaje que el gobernador Alejandro García Padilla presentó ante los miembros de la Junta Federal de Control Fiscal, en la que presentó su plan fiscal a 10 años.

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, catalogó la presentación hecha por el primer ejecutivo como “otra demostración vergonzosa que evidencia el descalabro de esta administración”.

“La falta de transparencia y seriedad en el manejo del fisco queda al descubierto al ser interrogado por la junta. Las premisas fiscales presentadas por la administración en su afán por presentar un cuadro de crisis humanitaria solo servirán para restarle al buen nombre del pueblo de Puerto Rico. La credibilidad de esta administración de García Padilla y David Bernier está tan lacerada que la propia junta da a entender que aguardará por una próxima administración para trabajar los asuntos apremiantes”, aseveró a EL VOCERO a través de declaraciones escritas.

La candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, por su parte, calificó como “patético” el papel que de-sempeñó de García Padilla, al tiempo que advirtió sobre los efectos adversos de la propuesta para impulsar la participación laboral y productividad.

“Si no se crea una situación de confrontación como la que debe generar la imposición de la dictadura que es la junta, entonces el papel del gobernador o gobernadora va a seguir siendo tan patético como el que desempeñó hoy en Nueva York el señor gobernador”, expresó la candidata del PIP a través de declaraciones escritas.

La también senadora independentista advirtió sobre el efecto adverso para la clase trabajadora los contenidos en la propuesta del gobernador.

“Una de las propuestas que se comenzó a manejar desde este cuatrienio bajo el actual Gobierno, incluso antes de que se aprobara Promesa, es una reforma laboral para crear lo que algunos llaman un ‘clima más favorable a los negocios’ pero que en realidad persigue facilitar los despidos, eliminar periodos probatorios y alterar la licencia de maternidad. Esas son las medidas que para el Partido Popular y la Junta de Control significan competitividad pero, en realidad, lo que representan es empobrecer aún más al pueblo de Puerto Rico”, opinó la legisladora pipiola.

Además, criticó que el gobierno que “desmanteló los sistemas de retiro de los empleados públicos, que impuso y aumentó el IVU y que todos los días violenta los derechos de los niños de Educación Especial” se presente ante la junta como un defensor de los sectores más vulnerables.

Por su parte, el candidato independiente a la gobernación Manuel Cidre indicó que las posturas asumidas por la administración actual son “bochornosas” y denotan la falta de capacidad administrativa con la que cuenta el gobierno de Puerto Rico, al no proponer un plan detallado, concreto y específico para manejar la situación fiscal de la isla.

El empresario señaló, además, que urge que la junta ordene una auditoria, ya que abre las posibilidades de que un experto en quiebras, como es el juez Arthur González, pueda trabajar alternativas satisfactorias de reestructuración de la deuda que estarían atadas a una auditoria de la misma.

Mientras, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, exhortó a la junta poner en marcha un proceso de reestructuración de deuda, al igual que lo hizo el comisionado residente Pedro Pierluisi.

“La posición seria de Pierluisi contrasta con la postura de Ricardo Rosselló, que mantiene un doble discurso diciéndole a los bonistas en Nueva York que va a pagar la deuda, llevando al matadero a los pensionados, a los empleados públicos y a los bonistas del patio, para luego decir en Puerto Rico, en un claro ejercicio de manipulación electoral, que va a “reestructurar la deuda”.

El comisionado residente actúa ejerciendo el verdadero liderato y no escudándose en consideraciones electoralistas. Esa es la conducta que el país espera de sus líderes políticos”, reaccionó Bernier.

De otra parte, Rosselló aseguró que llevará un plan coherente ante la junta, que dijo lleva años confeccionando “para sacar a Puerto Rico de la crisis y comenzar una transición hacia el progreso y la estadidad”. “Estamos preparados para enfrentar los retos y demostrarle al mundo entero que tenemos la capacidad de echar a Puerto Rico hacia adelante y de restablecer el buen nombre de los puertorriqueños”, sentenció.

Agencias públicas tendrán que presentar sus planes a la junta

Al menos seis agencias gubernamentales tendrán que presentar ante la Junta Federal de Control Fiscal un plan fiscal separado al que presentó ayer el gobernador durante la segunda reunión del ente creado bajo las disposiciones de la Ley Promesa.

El presidente de la junta, José Carrión, informó que las entidades que deben presentar dicho plan son la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (COSSEC) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Uno de los trabajos de la junta es revisar y aprobar los planes fiscales de Puerto Rico y sus instrumentalidades”, dijo Carrión, al tiempo en que señaló que el ente tiene la potestad de añadir más agencias a la que pueden solicitar el plan fiscal.

Además, el presidente dio detalles de la guía para las entidades sujetas a la Ley Promesa.

Las agencias detalladas en la reunión pasada bajo el manto de la junta son el Gobierno del Estado Libre Asociado Puerto Rico; el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, Sistema de Retiro de la Judicatura; el Sistema de Retiro para Maestros; la UPR; la AAA; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; la ACT; la Autoridad de Edificios Públicos; la AEE; la Autoridad de los Puertos; la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico; la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura; la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda; Autoridad para el Financiamiento Municipal; el Banco de Desarrollo Económico; el BGF; la Compañía de Fomento Industrial; la Compañía de Turismo de Puerto Rico; la Corporación de Financiamiento Público; la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; la Corporación del Fondo de Interés Apremiante; la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico; UPR Plaza Universitaria y el Fideicomiso de los Niños.

Carrión, además enfatizó ayer el poder que tiene la junta sobre estas agencias públicas.

“Es esencial que para que la junta pueda cumplir con su responsabilidad respecto a la supervisión de estas instrumentalidades y dado el hecho de que no tenemos un plan fiscal para dichas entidades consistente con Promesa, ninguna de las instrumentalidades cubiertas puede proceder con ninguna transacción fuera del curso ordinario de negocio o que pudiera tener un impacto fiscal sin la aprobación de la junta”, detalló Carrión.

El presidente aclaró que la transacción pudiera ser financiera, o no financiera, que incluya asuntos relacionados a la deuda, garantías, cambio, modificación, comprar, redimir o entrar en transacciones similares relacionadas con la deuda.

Como ejemplo, dijo que la transacción que intenta hacer Cossec para habilitar un intercambio de acciones entre un grupo de cooperativas, tiene que ser avalada por la junta. La propuesta involucra un intercambio de unos $400 millones del BGF, agencia que además debe autorizar la transacción. Aseguró, además, que serán críticos con las transacciones “fuera de lo normal y que pudieran impactar la condición financiera de
cualquier entidad”.

De otra parte, la junta indicó que estaría abriendo varias convocatorias (Request for Proposals) para contratar consultores financieros y legales, entre otros, proceso que será a través de su página de Internet.