El aspirante a la alcaldía de Dorado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Waldemar Volmar, radicó sendas solicitudes de pesquisas ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), contra el incumbente Carlos López Rivera por alegadas irregularidades en donativos políticos por parte de contratistas y de empleados públicos.

“Consideramos que el señor López Rivera podría estar utilizando los deberes, las facultades y su autoridad como alcalde del Municipio de Dorado y/o los fondos públicos que administra como primer ejecutivo de dicho municipio, para obtener, ya sea directa o indirectamente, tanto beneficios económicos no permitidos por ley para su propia campaña política, como para sus contratistas donantes y/o los negocios y empresas de estos últimos”, reza la solicitud en poder de EL VOCERO.

“Ante la marcada dualidad de contratistas donantes en dicho municipio y la notable cantidad de estos, existe una gran posibilidad de que pudieran estarse otorgando contrataciones municipales pagadas con fondos públicos de manera preferente a ciertas empresas y/o individuos para promover la obtención de donativos políticos de estas empresas, negocios y/o individuos para posteriormente gratificarles con contrataciones municipales”, agrega el documento.

Asimismo, menciona que según la página en Internet “Abre Puerto Rico”, sobre donativos a campañas políticas, entre 2011 a septiembre de 2016, López Rivera ha recibido donativos políticos por un total de $454,540. “Una búsqueda realizada en los registros públicos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el Departamento de Estado refleja que la cantidad de $102,700 de esos donativos, un 22.59%, provienen de personas privadas con las cuales el Municipio de Dorado tiene o ha tenido contratos entre el 2013 al presente, por la cantidad agregada de $38,349,932”, menciona.Lo que en síntesis refleja es que uno de cada 4.42 donantes políticos del alcalde López Rivera, se han beneficiado y/o se benefician con contratos con el ayuntamiento.

El documento suministrado al FBI y a la OEG presenta una tabla que detalla los nombres de unos 40 contratistas, la cantidad de los contratos, el nombre del donante y la cantidad de los donativos.Entre estos figuran un contrato por $2,500 a la empresa Andrés Reyes Burgos, Inc., dedicada al recogido de desperdicios sólidos no peligrosos. Entre los donantes bajo esta empresa figuran en la tabla: Abilio Reyes Rivera con $3,000; Jesús Reyes Rivera $500; Juan Reyes Rivera $1,000; Benedicto Reyes Rivera $5,250 y Siria Reyes Rivera $7,500.Se destaca además la compañía R/O Rental Equipment, Inc., con un contrato por $15,295,107.

El donante es Ricardo Ortega Santiago, quien donó $3,500.Asimismo, se menciona que la empresa General Decor Mfg Corp,. a la cual el Municipio de Dorado le ha concedido $725,000 en contratos con el ayuntamiento desde 2013 al presente, es propiedad de Wilfredo Cubero Soto, donante político de López Rivera, acusado en el foro federal y estatal por tráfico sexual de menores.

“El alcalde no solo ha mantenido los contratos de dicha empresa luego de las acusaciones de su donante político, sino que durante los pasados tres años fiscales ha ido incrementando el monto de los mismos”, destaca el documento.

El escrito indica además que de una revisión de los registros públicos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y de “Abre Puerto Rico”, preliminarmente, se ha podido identificar nueve empleados públicos que ocupan posiciones claves en el Municipio de Dorado, quienes además de ser funcionarios públicos, han realizado donativos políticos al alcalde.Entre estos figuran como donantes el secretario de la Legislatura Municipal, Javier Solano Rivera con $2,500; el director de Finanzas, Luis Sierra Salgado con $2,500 y el administrador municipal, Orlando Vargas López con $2,000.

“La cantidad de donativos realizados por empleados-donantes del municipio que ocupan posiciones claves en el gobierno municipal a cargo de la dirección de funciones medulares como obras públicas, finanzas y recursos humanos, refleja que como mínimo un alto grado de activismo político por parte de servidores públicos a cargo de la administración municipal de Dorado que pudiera poner en tela de juicio la imparcialidad y la ausencia de conflictos de intereses electorales o la recaudación de donativos políticos para e alcalde y candidato a la reelección por el Partido Popular Democrático (PPD)”, indica la solicitud de investigación.Como parte de la denuncia, se incluye el informe de auditoría de la Oficina del Contralor al Municipio de Dorado del 4 de septiembre de 2014 en cuyos hallazgos se menciona la compra de esculturas de bronce por $338,000 sin haber cumplido con el requisito de realizar una subasta pública en violación a los artículos 10.001, 10.002 y 10.007 de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”.

“Las situaciones comentadas impidieron la libre competencia entre el mayor número de licitadores para que el Municipio mantuviera a su disposición varias alternativas para seleccionar aquellas que le ofrecieran mejores ofertas…propicia la comisión de irregularidades y dificulta que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”, indica el informe del Contralor.

En la misiva al director del FBI, Douglas Leff, se señala que en 1987 López Rivera fue acusado en el foro estatal por malversación de fondos públicos y que eventualmente tras llegar a un acuerdo, se declaró culpable por un delito menos grave. Este fue sentenciado a un año de probatoria y a
restituir $23 mil.

Se indica que el ejecutivo municipal ha sido acusado por violencia doméstica y amenazas.”Creo que durante el pasar de los años muy pocas personas han tenido el valor de empezar un proceso objetivo de investigación contra el alcalde. No queremos dañar su reputación, pero sus acciones hablan por sí solas. El país está enfrentando la crisis por el continuismo y no podemos permitir que personas con actitud déspota, falta de profesionalismo y etica administren el pueblo. Nosotros no estamos levantando un issue porque lo estemos inventando, es porque los documentos de la investigación preliminar que hemos hecho lo reflejan”, afirmó Volmar en entrevista con EL VOCERO.

Expuso que en las alcaldía es más difícil identificar este tipo de conducta. EL VOCERO intentó en múltiples ocasiones comunicarse con el contacto del alcalde, pero las gestiones resultaron infructuosas. Tampoco fueron atendidas las llamadas a las oficinas del alcalde y de comunicaciones en el municipio, luego ser transferidas desde el cuadro del ayuntamiento.