En una movida sorpresiva que tiene un efecto similar al que tendría un caso de quiebra, la Junta de Control Fiscal (JCF) pretende utilizar los pleitos de cobro contra el Gobierno de Puerto Rico que ya están corriendo en el Tribunal Federal para: a) afianzar su rol como negociadores de la deuda de la Isla y b) darle peso judicial a las solicitudes de información que le han hecho al gobernador Alejandro García Padilla y que, hasta el jueves pasado, todavía no se han completado.

La estrategia está delineada en una moción sometida el viernes en la tarde en algunos de los casos que están ante el juez federal Francisco Besosa en los que distintos grupos de acreedores están buscando que se levante la suspensión de pleitos que trajo la ley federal PROMESA que establece la Junta.

El juez todavía tiene que decidir si acepta la solicitud de la Junta pero, de hacerlo, para todos los efectos estaría estableciendo en su sala un tipo de sindicatura bajo la cual la Junta realizaría su trabajo de negociación con acreedores y bajo la cual también tendría un brazo judicial para marronear a las partes, incluyendo al Gobierno, si no cumplen con los términos.

La Junta establece en su moción, la segunda que le han sometido a Besosa en estos casos, que los recursos del Gobierno y de la propia Junta deben estar dedicados a negociar planes fiscales y deuda en vez de defenderse de pleitos.

Por esto, le pide al juez que mantenga la paralización de pleitos que establece PROMESA y que le ordene al Gobierno: 1) dar cuenta de los usos que ya ha dado a los fondos que controla bajo la Ley de Moratoria y sus órdenes ejecutivas relacionadas, y de los traslados de fondos relacionados con el Banco Gubernamental de Fomento desde el 6 de abril de 2016, 2) dar a la Junta acceso inmediato y sin restricciones a los funcionarios financieros del Gobierno y asesores; 3) proporcionar a la Junta los protocolos de uso de dinero y la priorización que se ha seguido para realizar pagos; 4) producir inmediatamente el material que solicitaron en la primera reunión de la Junta, a más tardar el 30 de octubre; 5) y proporcionar a la Junta un protocolo de producción de información que establecerá los procedimientos y horarios para la producción de información, intercambio de información, el mantenimiento de la confidencialidad, y la resolución de cualquier disputa sobre la producción de información.

La Junta, además, pidió al juez que prohiba a Gobernador emitir más órdenes ejecutivas o ejecutar acciones adicionales bajo la Ley de Moratoria o PROMESA en ausencia de aprobación previa de la Junta, y que disponga de un periodo de 30 días para que las partes vuelvan al tribunal a reportar sobre el progreso de estas órdenes de Besosa.

En el plan sugerido por la Junta, el juez retiene poder para reactivar las peticiones de cobro si las circunstancias cambian.

*Publicado originalmente el 21 de octubre a las 8:00 pm.