La Universidad de Puerto Rico tiene un presupuesto consolidado de alrededor de $1,400 millones anuales. En una isla con una extensión de terreno de 35 millas de ancho por 100 millas de largo se ubican 11 recintos de la institución. La mayoría de ellos con una estructura administrativa y académica similar. Con un Rector, Decanos de Asuntos Académicos, de Estudiantes, de Administración con oficinas de Finanzas, Presupuesto, Recursos Humanos (Personal), etcétera. Gran número de ellos con programas académicos duplicados. Muchos de estos recintos están ubicados a distancias de menos de media hora por automóvil. De acuerdo al estado financiero auditado del 2015 la institución está en quiebra. Esto lo corrobora la Junta de Supervisión o Control Fiscal cuando junto a otras corporaciones públicas la califica como insolvente. Debido al evidente deterioro institucional ya la UPR no

Mal usó $7.2 Millones con la Tarjeta de Crédito de la UPR – Incluso en botellas de vino de $1,000.00 con fondos públicos.

se encuentra entre las primeras 1,000 universidades del mundo. Ante este cuadro es necesario que la institución pase por un proceso de reorganización y reestructuración el que han rehusado internamente llevar a cabo.

En la antesala de lo que aparenta ser un triunfo del Dr. Ricardo Rosselló en las próximas elecciones y la toma de posesión de una nueva administración, surge un grupo de llamados líderes y egresados de la UPR ubicados fuera de la isla quienes reconociendo a la institución como uno de nuestros grandes tesoros y esperanzas, con gran interés y preocupación han firmado un documento titulado “La diáspora por la Universidad”. En este, se pretende dictarle cursos de acción a la nueva administración respecto a la UPR. Le solicitan a nuestro liderato político que se respete la autonomía universitaria y se “desliguen los cambios de cuadros directivos y planes universitarios de trabajo del resultado de las elecciones”. Estos universitarios tendrán buenas intenciones, pero desconocen o convenientemente soslayan los hechos sobre la manera en que recientemente ha ocurrido la nefasta intervención de la política en la UPR que la ha llevado al deterioro que hoy

UPR-Est-Izq

experimenta.

Esta iniciativa de Margarita Benítez, ex rectora del Recinto de Cayey de la UPR, de redactar un documento a esos fines, conseguir el apoyo al mismo y ser portavoz del grupo, nos lleva a pensar… ¿por qué esta iniciativa no ocurrió durante el cuatrienio anterior? Particularmente cuando funcionarios universitarios, como Antonio García Padilla -considerado autor intelectual de la pasada violenta huelga universitaria del 2010-, los estudiantes -en aquel momento- Carlos Pagán, Arturo Ríos Escribano y Manuel Natal junto a la mentirosa alcaldesa revolucionaria Carmen Yulín Cruz , motivados ideológica y políticamente diseñaron y lideraron aquella huelga. Todos estos fueron compensados por la actual administración del PPD con posiciones políticas o Becas Presidenciales.Tampoco vimos un llamado similar o de censura cuando la actual administración al asumir el poder en el 2013, de la manera más burda y atropellada, descabezó de golpe y porrazo toda la administración universitaria imponiendo un nuevo cuerpo directivo, La Junta de Gobierno. De igual manera, no vimos pronunciamiento alguno cuando se derogó por la políticamente impuesta Junta de Gobierno, la cuota establecida para allegar necesarios recursos externos adicionales a la institución. Esto llevó a las agencias evaluadoras de crédito a degradar a chatarra el crédito institucional. Tampoco vimos pronunciamiento alguno cuando en un sesgado, amañado e irregular proceso de selección de un nuevo presidente de la UPR, se nombró a Uroyoán Walker Ramos para presidir la institución.

De igual manera no vimos pronunciamiento alguno durante la escandalosa intervención de “arriba” -refiriéndose a Antonio García Padilla- en la reciente adjudicación de las Becas Presidenciales en crasa violación de normas, reglamentos y leyes que resultó en la destitución y/o renuncia de toda la cúpula directiva de la Universidad. Y más recientemente en la recomendación de la Oficina de Ética Gubernamental de imponerle multas por $190,000 al expresidente Walker en lo que ha sido el escándalo más grande en la historia de la institución.

Estamos de acuerdo en que es “necesario salvaguardar la autonomía universitaria frente a los avatares electorales”, pero tenemos que cuestionarnos si este grupo firmantes es el más llamado a exigir tal defensa pues aparenta asumir a destiempo una posición acomodaticia y poco sincera dada la inacción antes señalada.

La UPR necesita reestructurarse y habrá de ocurrir por iniciativa de una nueva administración o por la Junta de Control Fiscal. Les pedimos a los distinguidos universitarios miembros de la “diáspora” que antes de firmar documentos como el que endosaron conozcan bien la situación institucional y a no caer en agendas ideológicas. Si de verdad quieren contribuir efectivamente a mejorar la institución, los invitamos a venir a vivir aquí junto a los que sufrimos la falta de empleos, escaseces, agobiantes impuestos, y compartiendo nuestros temores y ansiedades sudemos juntos la patria. ¡Desde la distancia es un mamey!