AGP/Bernier/PPD «Gobernaron» como Chavistas Quebrando Todas las Entidades Públicas y Tienen la Carcasa de querer mandar con sus caprichos irracionales a la JSF.

En apenas dos meses desde la designación de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, esta autoridad territorial ha protagonizado al menos tres choques en su interacción con el gobierno del archipiélago, mientras manifestó que prefiere recurrir al tribunal federal para obtener información fiscal de “mayor confiabilidad”.

El primero de estos choques fue, precisamente, cuando la junta utilizó su intervención en el pleito de cobro contra el gobierno, para pedir al juez federal, Francisco Besosa, que ordene al gobierno de Puerto Rico divulgar la información que le había solicitado hace un mes.

En declaraciones exclusivas a EL VOCERO,
la junta contestó que confía más en el descubrimiento de prueba de un proceso judicial porque “entre otras cosas, se produce bajo juramento”. Para sus miembros, el uso de mecanismos formales para obtener información mediante un pleito civil federal “no es algo extraordinario, sino común”, con lo cual dieron indicios de que acudirán al tribunal frecuentemente para imponer su autoridad.

De los seis hay cinco que por Separatistas No Saben Ni Pueden Comunicarse efectivamente con la JSF – Ni Piensan Ni Sus Creencias les permiten entenderse.

“No sería correcto decir que la junta haya confrontado escollos de comunicación con el gobierno. De hecho, el gobierno le ha facilitado a la junta acceso a sus asesores. No obstante, la información que se produce durante el descubrimiento de prueba en un proceso judicial brinda una garantía de mayor confiabilidad”, contestó a este diario.

Entonces, agregó: “la junta utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico le provea para cumplir con su obligación bajo la ley”.

En declaraciones previas, la Autoridad de

AGP/Bernier le paga sólo a sus Amigos del Alma – Trampea para coger de Bobos a USA/Congreso/JSF

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que dirige Víctor Suárez, había comunicado a este diario que someterían la información según esté disponible, pero que ya habían presentado “suficiente información financiera” como para que la junta -“igual que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Congreso- se convenza de que la deuda de Puerto Rico es impagable y es necesario reestructurarla”.

El reloj está corriendo, pero la junta parece que no se ha convencido de reestructurar la deuda, que alcanza $146 mil millones al contabilizar la deuda del sistema de retiro y los bonos de vencimiento fijo. “La junta está en proceso de analizar el plan fiscal y ha solicitado información adicional para poder concluir ese análisis”, contestaron. Asimismo, agregaron que trabajarán con la administración que resulte electa el 8 de noviembre, para realizar “los ajustes que fueran necesarios al plan

Sila/AAV Multiplicaron la Deuda de Puerto Rico Sin Obras – de $27 Billones a $69 Billones Sin Obras – Los Mayores Por Mucho Culpables del Desastre

fiscal”.

“El plan debe estar aprobado para el 31 de diciembre”, urgió, por su parte, el gobernador Alejandro García Padilla, en lo que se perfila como la segunda discrepancia.

García Padilla señaló que para hacer frente a la crisis fiscal “sin austeridad adicional ni impuestos adicionales”, hay que aplicar el Capítulo 3 de la ley federal Promesa para reestructurar la deuda, pero para ello se requiere un plan fiscal aprobado. “Es lo que conviene a Puerto Rico. La ley dice que tenemos hasta el 15 de febrero (cuando vence la paralización de litigios). Por lo tanto, hay que aprobar ese plan lo más pronto posible”, continuó.

Sin embargo, ayer surgió también una tercera discrepancia respecto al nombramiento interino de un Coordinador de Revitalización hasta que tome posesión el gobierno sucesor. “La Ley no permite un nombramiento interino. Es un nombramiento permanente. Es algo que le hemos comunicado a la junta en el día de hoy”, comentó García Padilla.

El gobernador calificó como un error o malentendido que en su comunicación, la junta haya sugerido un nombramiento interino del Coordinador de Revitalización, esto mientras la firma Heidrick & Struggles culmina un proceso de selección más robusto en enero o febrero de 2017.

La compañía Forculus Strategic Communication comunicó a este diario que la junta no emitirá comentarios en este momento, pues haría primero una consulta legal.

Aunque la ley Promesa no establece nada respecto a un nombramiento interino, permite a la junta remover al Coordinador de Revitalización “por cualquier motivo a (su) discreción”.

La junta le presentó al gobernador los nombres de Aaron Bielenberg, Joseph Fontana y Riz Shah como candidatos al puesto de Coordinador de Revitalización, que se supone evalúe las propuestas de desarrollo de infraestructura y conduzca un proceso expedito de otorgación de permisos ambientales. El Coordinador de Revitalización será quien recomiende a la junta si se debe considerar una propuesta como un “proyecto crítico”, y este cuerpo pasará entonces a aprobar o no el desarrollo del proyecto mediante voto mayoritario.

García Padilla dijo que pedirá el insumo de los candidatos a la gobernación, al reconocer que “esta persona va a trabajar unos meses conmigo, pero va a trabajar muchos meses con el próximo gobernador”. Estará enviando la comunicación entre hoy o mañana, indicó.

Bielenberg es socio asociado y experto en McKinsey & Co.’s Infrastructure Practice, con sede en Washington D.C. Fontana es el líder de electricidad y transacciones de utilidades en América para Ernst & Young, con base en Nueva York. Mientras, Shah es el líder del sector público nacional para la práctica de infraestructura de PwC’s Capital Projects & Infrastructure, en la oficina de Washington D.C.

Al menos dos de estas empresas no son ajenas al gobierno de Puerto Rico. Mckinsey & Company Inc. obtuvo en 2007 un contrato de $999,600 con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por “servicios relacionados con procesamiento electrónico de datos”, mientras Ernst & Young ha obtenido más de diez millones de dólares en contratos desde 2006 hasta este año fiscal por servicios de auditoría y consultaría a distintas corporaciones y entidades públicas.

Anoche, al cierre de esta edición, AAFAF no había aclarado cuáles documentos entregó a la junta en el plazo del 30 de octubre, que le habían solicitado.